(El país).- Tras luchar contra el miedo y su propio periódico, una redactora de Guanajuato logra una condena contra el alcalde que ordenó darle una paliza. México es uno de los países del mundo más peligrosos para los periodistas
Las agresiones contra periodistas están llenas de historias de fracaso. Lo son los asesinatos de Javier Valdez o Cecilio Pineda, quien contaba con protección oficial, o el de la propia Fiscalía especial para delitos contra la prensa, incapaz de resolver un solo caso en el país más criminal para los periodistas, por ejemplo.
Hay, sin embargo, desde hace un mes, un caso de éxito.
Se trata de Karla Silva Guerrero, una redactora de 27 años de un pequeño periódico de Guanajuato que ha bregado con las autoridades, con su periódico y con su bolsillo hasta lograr el encarcelamiento de las seis bestias que casi la matan a patadas en la redacción. La joven periodista casi ha roto la tradición que dice que de los 110 periodistas asesinados en la última década, prácticamente ningún caso ha llegado a una condena.
A primeros de septiembre de 2014, Karla, de aspecto fràgil, acababa de terminar sobre el teclado las papas fritas de su almuerzo. Escribía un correo cuando escuchó su nombre a gritos en la redacción del El Heraldo de León.
-Karlaaaa
-Soy yo, ¿qué quiere?
En ese momento un tipo al que apodaban El Buda se le acercó y le dio el primer puñetazo en la cara. Los 43 kilos de Karla cayeron al suelo y entonces comenzó una lluvia de patadas en la cabeza, en el vientre y en la cabeza de nuevo. Como pudo se arrastró hasta el hueco de su escritorio donde esperó a que pararan los golpes.
Otros dos hombres vigilaban la entrada y amenazaban a otra redactora con un cuchillo.
Aquellos tipos le dejaron la cara de porcelana destrozada, dos coágulos en el cerebro y dos frases que resumen una etapa: “Para que le bajes de huevos a tus notas” o “sigue publicando tus pendejadas”, dijeron antes de salir de la redacción por la puerta principal.
El encargo lo había hecho el alcalde del municipio de Silao, Enrique Solís Arzola (PRI), una población rural de Guanajuato de 175.000 habitantes. El alcalde se lo ordenó a su jefe de seguridad quien, a su vez, contrató a tres de sus policías para que ejecutaran la paliza. Por todo ello recibirían 5.000 pesos, unos 260 dólares, según se supo en el juicio.
En los pueblos es donde se dan la mayoría de las agresiones y asesinatos de periodistas pero casi todos prefieren callar
Unas semanas antes Karla había publicado dos noticias que lo habían sacado de quicio. La primera tenía que ver con una empresa de seguridad, envuelta en un escándalo con un perro. Un asunto menor hasta que descubrió que la empresa ni siquiera estaba dada de alta. Fue la gota que derramó el vaso de una lista de denuncias que hasta entonces versaban sobre coladeras que no funcionaban o la utilización de dos plazas de estacionamiento prohibido para que el alcalde dejara su coche. Cosas de pueblo.
Los autores fueron detenidos y durante los últimos tres años Karla ha asistido a un calvario que incluye 80 audiencias y careos hasta conseguir la condena de los seis implicados el mes pasado. ”Claro que tenía miedo pero si buscas justicia debes dar la cara a tu verdugo”, resume con aplomo. Paralelamente surgieron los problemas en su periódico, y para poder acudir al juzgado tenía que canjearlo por días vacaciones “Hasta que el Ministerio Público obligó al periódico a facilitarme las declaraciones”, recuerda.
Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y más de 100 comunicadores han sido asesinados en la última década en México. Con 11 periodistas asesinados, este año terminará como el más mortífero para la prensa en las últimas décadas. El último, la semana pasada, fue Edgar Esqueda, fotoperiodista de San Luis Potosí cuyo cuerpo apareció en un páramo después de que un grupo de hombre armados lo sacara de su casa.
“En los pueblos es donde se dan la mayoría de las agresiones y asesinatos de periodistas pero casi todos prefieren callar”, explica Karla, quien recuerda las dificultades que enfrentó desde el principio “porque no tenía dinero para contratar a un abogado y ni siquiera había uno en todo Guanajuato que supiera llevar un caso de periodistas”.
Finalmente ayudaron a Karla asociaciones de Derechos Humanos como Las Libres, que trabaja con mujeres que sufren violencia, más activas y organizadas que las de periodistas “Ellas me dieron el ánimo y la fuerza necesaria para saber que se podía”, recuerda por teléfono. El Centro de Investigaciones CIDE y Articulo 19, se centraron en los reclamos al Estado.
La agresión es reconocida como un caso de “éxito” entre los colegas, pero pone de relieve las miserias estructurales.
Karla se creyó la profesión en un pueblo donde la supervivencia es la publicidad oficial. Tres años después de la paliza, el alcalde está en libertad y ella sigue comiendo papas sobre el teclado y cobrando menos de 300 dólares mensuales.
