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Por: Johana Acosta.- La tarde de ayer fue aceptado el incremento de 1.50 pesos de la tarifa de transporte Público en el Municipio de Benito Juárez. La sentencia fue emitida durante la Octava Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento, por la Sala Constitucional y Administrativa del Poder judicial de Quintana Roo, al ser aceptada por el cabildo en unanimidad de votos.

A pesar de que los transportistas habían solicitado un incremento de cuatro pesos, poniendo como argumento el incremento de los combustibles, el Cabildo llevo a cabo una negociación donde se determino que solo sería de 1.50 pesos la cantidad pactada, quedando de la siguiente manera, el costo para el Transporte Público Urbano será de 9.50, mientras el de la zona hotelera de 12 pesos.
Este reajuste, pretende traer el incremento de la economía del sector transportista, sin causar un impacto económico mayor a la población que hace uso del servicio, además con esto se exigirá a las empresas concesionarias el mejoramiento de las unidades, implementando autobuses limpios, con tecnologías avanzadas en materia ambiental, y que satisfagan las necesidades de todos los benitojuarences.
Además, se gestionara el incremento de becas de trasporte para jóvenes estudiantes y personas con discapacidad.
Es así como la Comisión Mixta Tarifaria de la sentencia definitiva emitida por la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, acatará el cumplimiento del aumento de la tarifa de transporte público.

INSTRUYE REMBERTO ESTRADA ACCIONES PARA QUE SE RESPETE TARIFA ACTUAL DE TRANSPORTEINSTRUYE REMBERTO ESTRADA ACCIONES PARA QUE SE RESPETE TARIFA ACTUAL DE TRANSPORTE
• El Presidente Municipal Remberto Estrada reitera que la tarifa vigente actual es de 8 pesos para la zona urbana y 10.50 pesos en ruta a la zona hotelera, hasta que no se publique en el Periódico Oficial del Estado y en dos diarios de circulación local.
CANCÚN, Q. Roo, a 16 de junio de 2017.- El gobierno municipal que encabeza Remberto Estrada Barba escucha las demandas ciudadanas y en atención a sus reclamos y en protección al bolsillo de los  benitojuarenses, instruyó acciones para hacer respetar la tarifa vigente del transporte público.
Por ello, ya se efectúan operativos y revisiones de la Dirección de Transporte y Vialidad, para que se haga respetar la tarifa actual vigente del servicio de transporte público concesionado en Benito Juárez y que se sancione a las empresas que estén transgrediendo la normatividad municipal vigente.
“Desde temprana hora y para dar respuesta inmediata a los usuarios de ese medio de transporte, el Ayuntamiento de Benito Juárez está vigilando que se respete debidamente la tarifa vigente que hasta el momento es de 8 pesos en la zona urbana y 10.50 pesos en la ruta a la zona hotelera, con inspecciones aleatorias para que choferes y empresas cumplan la ley”, afirmó.
Recordó que el Ayuntamiento de Benito Juárez respeta a las instituciones y la legalidad, por ello acató la sentencia definitiva emitida por la Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial de Quintana Roo, para que el ajuste de costo en el pasaje quedara en 1.50 pesos, y no la petición inicial que fue de cuatro pesos más a lo que ya costaba.
“Desde un inicio, yo he venido rechazando la alza al transporte de manera puntual y particular, para los benitojuarenses, desde la primera demanda que hicieron el grupo de concesionarios y transportistas. Siempre, desde que asumí la responsabilidad de llevar las riendas de este municipio, voy a velar por los bolsillos de los benitojuarenses”, afirmó.
Reiteró que la regularización del servicio del transporte en la ciudad debe ser el adecuado, con calidad y para ayudar en la economía familiar, se mantendrá la gestión para aumentar las becas de transporte a los grupos en situación de vulnerabilidad como son estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores.   De igual forma, reiteró que las mesas de trabajo entre la Dirección de Transporte y Vialidad, con autoridades estatales y concesionarios, para tratar el tema de movilidad han sido permanentes, en atención al crecimiento exponencial de número de automóviles, camiones y personas, por lo cual ha sido necesario buscar opciones alternas de transporte para mejorar la calidad de vida de los usuarios, al alcanzar tiempos menores de traslado entre los trabajos, escuelas y hogares.

Puerto Morelos, Quintana Roo.- La presidenta municipal Laura Fernández Piña encabezó esta mañana la puesta en marcha de la Unidad Móvil de Mastografía del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en este municipio, con el objetivo de detectar de manera oportuna el cáncer de mama en mujeres portomorelenses.

“Es muy importante que nos cuidemos. El IMSS viene a la puerta de nuestra casa y nos da la oportunidad de realizarnos este estudio que nos brinda tranquilidad y la seguridad de que estamos sanas. Las mujeres somos el pilar de la casa, porque muchas de nosotras somos mamás y papás a la vez”, indicó la primera edil.

Acompañada por el delegado del IMSS en el Estado, Flavio Carlos Rosado, y la diputada federal Sara Latife Ruiz Chávez, agradeció que esta unidad móvil llegue por vez primera a Puerto Morelos municipio, para realizar hoy la mastografía a 100 mujeres derechohabientes de la localidad.

“Vamos a seguir generando esas sinergias a favor de las mujeres y de las familias de Puerto Morelos. Otro día los invito a que acudamos a la delegación de Leona Vicario para realizar esta prueba allá”, pidió Laura Fernández al funcionario federal.

Por otro lado, la Presidenta Municipal destacó que el IMSS atiende casi al 70 por ciento de la población en Quintana Roo y a la tercera parte de los habitantes de Puerto Morelos. “Nos gustaría que en un futuro cercano se ofrezcan más servicios médicos en la Unidad del IMSS en esta cabecera municipal”, comentó.

“Tenemos 5,400 habitaciones de hotel en Puerto Morelos, pero está proyectado para crezca a 8,000 en corto tiempo, lo que nos augura que habrá más derechohabientes del IMSS en nuestro municipio. Actualmente 9,500 habitantes están afiliados al Seguro Social”, comentó.

Por su parte, Flavio Carlos Rosado formuló un reconocimiento a Laura Fernández por preocuparse por la salud de los habitantes del municipio más joven de México, al gestionar la llegada de este mastógrafo móvil a Puerto Morelos.

“La primera causa de muerte de mujeres en el IMSS es el cáncer de mama, por eso la importancia de que este vehículo esté hoy aquí para realizar aproximadamente 100 mastografías, para cerrar, el día de hoy, con 2,900 realizadas en el Estado de un programa de 5,100 que hemos proyectado”, indicó.

En tanto, la diputada federal Sara Latife Ruiz Chávez destacó que la Unidad Móvil salvará muchas vidas en Puerto Morelos, gracias a la sensibilidad y el gran trabajo de la Presidenta Municipal, en alianza con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por Johana Acosta.- Aproximadamente a las 17:00 horas del día de ayer fue entregado a sus familiares, el vehículo de Héctor Cacique, así como la camioneta que Yaskade Fernández, madre de Héctor, conducía antes del trágico suceso.
Al llegar al lugar, propiedad de Grúas Abimerhi, donde tenían los automóviles pertenecientes a la familia, nos encontramos con una Yaskade destrozada, desolada por la pérdida de su hijo y frustrada al saber que hacía una semana justamente aun podría abrazar a “su niño” como ella lo llama.
Con lágrimas en los ojos Yaskade, quien se hizo cargo del trámite para la liberación de los vehículos, se queja de la mera en la que se hicieron entrega, pues al llegar se encontraron con la sorpresa de que el coche de su hijo contaba con impactos de bala, y su camioneta con fallas en el motor.
Al verificar el vehículo de Héctor Cacique Fernández, se hizo del conocimiento que contaba con más de 15 impactos de bala a lo que Yaskade dice “no sé si quisieron cambiar la escena, todos sabemos que mataron a mi hijo adentro de un restaurant, y estas viendo cuantos balazos tiene, todo adentro lo destrozaron, hasta el estéreo tiene balazos, los asientos, se llevaron la ropa que traía mi hijo ahí, porque venía de viaje, se llevaron absolutamente todo. ¿Que tenía que tener balazos el carro el carro, si a mi hijo lo mataron, lo asesinaron dentro del restaurant? ¿Qué querían? ¿Cambiar la escena?”
Además la madre menciona que la prepotencia con la que las autoridades la trataron durante este proceso fue denigrante, e incluso después de rendir declaraciones ella y sus familiares recibieron amenazas de muerte a sus teléfonos celulares.
También toma queja de los responsables de Grúas Abimerhi, pues a pesar de habérseles entregado los permisos correspondientes para la liberación de los vehículos, se les negaba dicha liberación, por lo que tuvieron que acudir al 911 y a la queja publica ante los medios de comunicación.
Dentro de la cajuela del coche se encontraron tres maletas, con algunas prendas de ropa, un casco de motociclista y otros objetos perteneciente Héctor y a su acompañante de nombre Moisés, como menciona la familia. Así como elementos balísticos ya detonados.
Con esto Yaskade reafirma la idea de que el asesinato de su hijo, se evidencia como un caso de abuso poder, pues declara que quien detuvo el vehículo fue Martín Pérez Olguín a quien tiene interpuesta una demanda, y las autoridades que llevan el caso son las mismas que torturaron a su hijo en el 2013.

(NOTICARIBE) Por Gonzalo Zapata – CANCÚN, MX.- A siete días de la ejecución de Héctor Casique Fernández y su acompañante, Oscar Damasco Contreras, en un restaurante de mariscos aledaño a la delegación de Alfredo V. Bonfil, la madre de éste, Yazkade Fernández, mantiene su postura de que fueron los ‘judiciales’ quienes lo mandaron asesinar.

Refirió que fue un crimen de estado, y aseguró que al igual que su hijo, ella y su familia ya han recibido amenazas.

Incluso, aseguró que el Fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pech Cen “ya se embarró de mierda”, al igual que los anteriores procuradores Gaspar Armando García Torres y Arturo Álvarez Escalera, a quienes dijo, los tiene demandos.

Entrevistada a su llegada a las oficinas de la Vicefiscalía General de la zona norte, con sede en Cancún, Yazkade Fernández, señaló que días después del asesinato de su hijo, la Secretaría de Seguridad Pública ahora sí pretende asignarles escoltas.

“Ahora nos quieren dar protección, ustedes creen que le voy a aceptar protección al estado, cuando son ellos los responsables de la muerte de mi hijo”, refirió.

Aseguró que desde que Héctor estaba en la cárcel temían por su integridad.

Yazkade Fernández descartó la versión de la Fiscalía de que los detenidos, el mismo 9 de junio, y quienes presuntamente participaron en el secuestro de una persona estén involucrados en la ejecución de su hijo y su acompañante.

Relató que el día del asesinato, la primera versión que le dieron fue que Héctor se encontraba en una de las casas de seguridad cateadas la semana pasada por elementos del Ejército Mexicano y personal de la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que de inmediato se dirigió al lugar.

Minutos después, continuó, supo que lo habían ejecutado en la marisquería “Las Koras”.

Carlos Salinas de Gortari ha acudido al apoyo de su pupilo Roberto Borge Angulo. En su cumpleaños 69, el 3 de Abril el ex gobernador estuvo en la mesa de los invitados. Esa amistad lo refleja en lista de 29 visitantes autorizados por Roberto Borge en El Renacer. Incluye a dos abogados de la familia Salinas de Gortari. De acuerdo al portal Noticaribe, en la lista a puño y letra del preso 254 están Juan Ramón Collado Mocelo, de la firma Collado y Asociados, que ha llevado los casos del ex Gobernador quintanarroense Mario Villanueva Madrid, el empresario de origen argentino Carlos Ahumada y fungió como representante legal de Raúl Salinas de Gortari.
Además, es abogado personal del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
En tanto, el jurista Antonio Collado Mocelo, quien presta sus servicios a la familia Salinas de Gortari, también fue incluido en el equipo legal de Borge Angulo

La defensa del ex mandatario estatal está conformada por prominentes litigantes panameños y mexicanos, que han defendido a personajes de la política y el espectáculo de ambos países.
Entre los nombres sobresale el panameño Carlos Carrillo Gomila, que es parte del despacho “Carrilloley” que se encarga desde hace un par de años de defender al ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, detenido el pasado lunes 12 de junio en Miami, Florida y sobre quien pesan los cargos de violación del derecho a la intimidad y peculado.
Carlos Carrillo ha sido también abogado del ex ministro de Educación de Panamá, Belgis Castro, así como de la ex presentadora de televisión Mingthoy Giro, a la cual señalaron del robo de 43 piezas de bronce cuando dirigió Proyectos Especiales del despacho de la Primera Dama durante la administración del presidente Martín Torrijos (2004-2009).
Otro integrante de la defensa de Borge es el jurista Arturo González Baso, quien se desempeñó por un corto lapso en 2013 como director de la Lotería Nacional de Beneficiencia (LNB) en el gobierno de Ricardo Martinelli.
De igual manera, González Baso llevó el expediente de otro mexicano, Ángel Francisco López Morán, conocido popularmente como DJ Angel Dust, quien fue sentenciado por el delito de tráfico de drogas, pena que cumple en el Renacer, vecino de Borge(con información de Noticaribe y Luces del Siglo).

(La opinión Qr.).- Se trata de tres consejeros, entre ellos la presidenta Mayra San Román, acusados por violencia política de género en contra de la consejera Claudia Carrillo

El Instituto Nacional Electoral los emplazó, y les dio cinco días para presentar pruebas en contra de esas acusaciones

Es el segundo procedimiento de remoción que enfrentan; el otro es por uso indebido de las listas nominales

Es un golpe directo a lo que queda del borgismo, nada más y nada menos que en el órgano electoral del estado

El emplazamiento también incluye tres funcionarios del Ieqroo, y a los representantes del PRI, Panal y PT ante el organismo

Hugo Martoccia

El Instituto Nacional Electoral (INE) emplazó a tres consejeros y tres directores del Instituto Electoral del estado (Ieqroo) para que se defiendan de las acusaciones por violencia política política de género en contra de la consejera de ese mismo organismo, Claudia Carrillo Gasca.

El INE cumple así con lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en enero pasado, en el juicio electoral SUP-JE-107/2016, para que el organismo electoral nacional investigue los 32 puntos que la consejera Claudia Carrillo había presentado para demostrar la violencia en su contra.

Con este emplazamiento, los consejeros del Ieqroo Mayra San Román Carrillo Medina, que es la consejera presidenta; Thalía Hernández Robledo, y Juan Manuel Pérez Alpuche, enfrentan un proceso ordinario sancionador, que podría concluir con su remoción.

En la misma situación están los funcionarios Alfredo Figueroa Orea, titular de Comunicación Social; José Luis González Nolasco, director de Partidos Políticos, y Luis Alberto Alcocer Anguiano, director de Organización.

También están incluidos los representantes de los partidos Armando Miguel Palomo Gómez, del Panal; Juan Alberto Manzanilla Lagos, del PRI, y Mauricio Morales Beiza, del PT.

El documento en cuestión fue emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, del Instituto Nacional Electoral, y se trata del Expediente 54/2016. Fue recibido en el Ieqroo este jueves 15 de junio.

El citado documento ordena emplazar a los consejeros, funcionarios y representantes de los partidos ya mencionados, “para que un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la legal notificación del presente acuerdo, expresen lo que a su derecho convenga respecto a las conductas que se les imputan y aporten las pruebas que consideren pertinentes”.

Según el mismo documento, la acusación es por: “La supuesta realización de acciones dirigidas a menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político electorales de Claudia Carrillo Gasca, o de las prerrogativas inherentes al cargo público que ostenta como Consejera Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, conductas que a su juicio podrían constituir un presunto ejercicio de violencia política por razones de género, discriminación, aislamiento y acoso, así como por la probable violación a los principios de la función electoral, profesionalismo, independencia y autonomía”.

EL OTRO PROCESO ABIERTO

Los tres consejeros electorales mencionados, Mayra San Román Carrillo Medina, Thalía Hernández Robledo, y Juan Manuel Pérez Alpuche, más él consejero Jorge Armando Poot Pech, enfrentan otro proceso de remoción por la manipulación de las listas nominales de manera irregular.

En este caso, la denuncia dice que abrieron bodegas selladas antes de que concluyera el pasado proceso electoral, y tomaron indebidamente datos de los listados nominales.

Cualquiera de los dos procesos que avance y llegue a la destitución de los consejeros, sería un duro golpe para el remanente del borgismo en ese organismo.

EL ESTLIO DEL BORGISMO

Entre las muchas acusaciones que incluye la denuncia por violencia política, hay una que llama la atención.

Es el relato que hace la consejera Claudia Gasca de su encuentro con el entonces Presidente del Tribunal Electoral, Víctor Vivas Vivas.

La consejera dijo que sus compañeros denunciados la llevaron allí engañada, diciéndole que había un evento público, pero lo que había era una reunión para tratar de alinearla.

El hecho sucedió el 6 de noviembre de 2015, meses antes de las elecciones a gobernador. En la reunión, Víctor Vivas le dijo que su designación era gracias a él, al magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Lima Carvajal, y al entonces gobernador, Roberto Borge, “por lo que solicitaba su apoyo para beneficiar al PRI” en la elección de junio de 2016.

(RT).- El periodista mexicano Pedro Canché se reencontró en un centro penitenciario de Panamá con el exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge. El informador, a quien investigar la gestión del estado le llevó a la cárcel, relata a RT cómo fue la conversación que mantuvieron.

El periodista Pedro Canché Herrera fue encarcelado por un delito de sabotaje desde el 22 de agosto de 2014 al 28 de mayo de 2015 cuando realizaba una tarea informativa en el estado de Quintana Roo. Documentaba las movilizaciones contra la instalación y cobro de agua potable en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, situación que muchos medios de comunicación catalogaron como “un abuso a la comunidad maya”.

El único delito de Canché fue documentar las irregularidades de la administración estatal, encabezada por el entonces mandatario Roberto Borge Angulo, quien actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Renacer, en Panamá, acusado de un delito de lavado de dinero y también de la venta irregular de más de 10.000 hectáreas de reserva territorial en Quintana Roo a sus familiares y amigos.

Canché estuvo preso durante casi nueve meses y aseguró que su reclusión se debió a una “venganza política” del ahora exgobernador. A juicio del informador, durante la administración de Roberto Borge “hubo una época oscura, en donde no se podía opinar”. “Lo que tú tenías que decir como periodista era lo que el mandatario te dictaba”, asegura en entrevista con RT en Español. Y agrega: “El trabajo de Borge consistía en hacer cómplices a los medios de comunicación y destrozar el periodismo crítico del estado”.

Irónicamente, ahora Pedro Canché está libre y Roberto Borge se encuentra en la cárcel. Debido a la falta de rigor informativo en la prensa panameña y mexicana, fue que el periodista maya decidió viajar hasta aquel país para conocer tanto el estado de salud como jurídico del exgobernador de Quintana Roo, quien años atrás ordenó –según el entrevistado– encarcelarlo por “decir lo que yo pensaba”. Esta es la historia.

Cortesía Pedro Canché

De ‘poderoso’ a ‘limpiabaños’

“Cuando vi a Roberto Borge en la prisión, fuera de su país, sin sus amigos ni nadie que lo visitara, sentí esa solidaridad entre prisioneros, ese apoyo que se le puede dar a un desconocido”, dice Pedro Canché del otro lado de la línea telefónica. “Por eso le llevé ropa y comida, se lo ofrecí de corazón. Sin embargo, cuando lo vi físicamente y me di cuenta que es un tipo soberbio y prepotente, mi sentimiento cambió. Fue de lástima”, remata el activista maya.

RT: ¿Por qué visitaste al exgobernador, qué mensaje querías darle?

PC: Visité al exgobernador porque la información que publicaban en Panamá e, incluso en México, era muy escasa. Y nosotros que padecimos las tropelías del exgobernador de Quintana Roo necesitábamos saber en qué condiciones estaba y cuál era su situación jurídica. Pero más que una visita o dejarle un mensaje, yo quería entrevistarlo, quería pedirle que me respondiera: ¿Qué siente después de haber tenido todo el poder y ahora estar lavando baños?,¿cuál es su sentimiento hacia sus amigos y hacia aquellos a los que benefició con mucho dinero, y que ahora le han dado la espalda?, ¿cuál es su mensaje para los cómplices que le ayudaron a saquear el estado?, ¿qué piensa acerca de su destino como persona y como político, en medio de un país donde prevalece la impunidad? Y, finalmente, hacerle la pregunta más importante: ¿Es usted culpable, Roberto Borge Angulo?

RT: ¿Qué diferencias significativas hay entre el Centro de Retención Preventiva de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón y el Centro Penitenciario Renacer, ambos en Panamá, donde ha estado encerrado el exgobernador de Quintana Roo?

PC: En Ancón, los presos están bajo techo, en celdas asignadas; en el caso del exgobernador Borge, estaba en una celda olvidada. Era el lugar ocupado por otros reclusos para orinar y defecar, según información de un exprisionero con el que pude platicar. Y en el caso de Renacer, es un rancho o una escuela de retiro, tiene una buena vista, se encuentra frente al Canal de Panamá, es decir, hay una cierta actividad visual; además de que este centro penitenciario, se encuentra al interior de una reserva ecológica conocida como el Parque Nacional de Panamá, en la región de Gamboa. Dentro de la cárcel de Renacer existen trabajos de huerto, de crianza de ovejas, los presos pueden caminar por los pasillos, tienen un campo de futbol y una cancha de básquet. Y en específico, la celda que compró Roberto Borge –porque no se puede entender de otra manera– cuenta con televisor de plasma, cama y hasta un colchón. Es como un pequeño hotel exótico.

Pedro Canché arribando a las instalaciones del Centro Penitenciario Renacer, en Panamá / Cortesía Pedro Canché

RT: ¿Crees que Roberto Borge será puesto en libertad?

PC: Yo creo que es posible porque tiene cómplices como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que según documentos publicados por varios medios mexicanos, le entregó 201 millones de pesos (más de 11 millones de dólares) para financiar la campaña de Mauricio Góngora, excandidato por este partido a la gubernatura de Quintana Roo, en 2016. También se dice que Roberto Borge entregó mucho dinero a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en 2012, se cree que le entregó 500 millones de pesos (más de 27 millones de dólares) para financiar su ascenso al poder. Yo creo que sí, con todos estos recursos, podría conseguir la impunidad.

RT: ¿Que significó la administración de Roberto Borge en términos de libertad de expresión?

PC: Fue un regreso al oscurantismo, ya que Borge se gastaba 700 millones de pesos al mes para comprar a periodistas locales y nacionales, para que todos aplaudieran los supuestos logros de su administración. Su mandato fue hacer cómplices y destrozar el buen periodismo del Estado. Borge se comió la libertad de expresión, a las personas y a sus conciencias. Nadie, absolutamente nadie, podía opinar acerca de él.

RT: Finalmente, el exgobernador de Quintana Roo se suma a la lista de militantes del PRI que han sido expulsados de sus filas. ¿Cómo percibes al partido, débil o con un ánimo de justicia ante casos de corrupción, lo que presupone lo haría más fuerte?

PC: Borge fue expulsado pero eso no significa que el PRI ya se haya limpiado, el partido sigue siendo corrupto. Recientemente, lo vimos en el estado de México, en las pasadas elecciones del mes de junio, en el que se destinaron recursos para poder conseguir los votos necesarios y continuar en el poder. Es decir, tenemos cientos de ‘Borges’ al interior del PRI.

José Luis Montenegro

ATICO
Su destino está en manos del despacho mejor cotizado de Panamá

TITULAR
Costaría 4 millones USD
defensa de Roberto Borge

SUMARIO
Hasta el momento ni el abogado más prestigiado pudo evitar su prisión

AGUSTÍN AMBRIZ
PANAMÁ.- Con más de 35 años de experiencia, el abogado Carlos Eugenio Carrillo Gomila goza de buen prestigio por su larga trayectoria de triunfos en diversos juicios a favor de sus clientes, lo que lo ha convertido en el litigante más cotizado de este país centroamericano.
Por esa gran fama que lo caracteriza, su despacho Carrilloley fue contratado para llevar a cabo la defensa del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, en su espinoso juicio de extradición hacia México y por el cual terminaría pagando al menos 4 millones de dólares en caso de triunfar, de acuerdo con la lista de honorarios mínimos prorrateada por el Colegio Nacional de Abogados de Panamá.
No obstante su reputación de triunfador, Carrillo Gomila no es un abogado infalible, como es normal en esta profesión. También cuenta en su agenda con reveses jurídicos, particularmente en algunos casos polémicos de extradición que han pasado por su despacho.
Entre estas derrotas se contabiliza la malograda defensa del ciudadano iraní, Farajollah Mordechai Banayan, cuya extradición no pudo evitar luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia panameña determinara entregarlo en septiembre de 2004 a la justicia de Estados Unidos, que lo había requerido para que respondiera por una serie de manejos fraudulentos mediante la venta de seguros médicos por la cantidad de 70 millones de dólares.
En su momento el abogado Carrillo Gomila interpuso, sin éxito, un Incidente de Objeciones contra la Resolución No. 61 del 19 de enero de 2004, dictada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, la cual concedió la extradición.
Otra extradición que no pudo frenar fue la del ciudadano cubano americano Antonio Adolfo Bechily Crreno, en febrero de 2014, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concediera su envío a España donde era buscado por la comisión de delitos de Blanqueo de Capitales procedentes del narcotráfico.
En este caso, el abogado Carrillo Gomila formuló un Incidente de Objeciones contra la Resolución Ministerial No. 771 de 27 de junio de 2012, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, pero el recurso fue desechado.
La misma suerte corrió el ex asambleísta ecuatoriano Tito Galo Lara Yépez, a quien en octubre de 2013 el Gobierno panameño le había concedido asilo territorial temporal debido a que manifestó persecución política de su país.
El Gobierno de Ecuador buscaba a Lara Yépez por complicidad en un triple asesinato ocurrido en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, el 4 de agosto del 2011.
De acuerdo con la investigación de momento, se comprobó que el ex asambleísta depositó grandes cantidades de dinero en la cuenta de Carolina Llanos, quien participó directamente en el asesinato de la pareja Llanos-Parco y su hijo de tres años.
Ante tales hechos, en noviembre de 2014, la Corte Suprema de Justicia terminó concediendo al Gobierno de Ecuador la extradición de Lara Yépez.
Ahora, el abogado Carrillo Gomila está frente a la prueba de fuego de impedir al Gobierno de México la extradición del ex gobernador Borge Angulo, quien no pudo evitar la prisión a pesar de que su defensor alegó que se violaron sus derechos al habérsele arrestado a bordo de un avión de bandera francesa, por lo que cuenta ya con poco menos de 60 días para evitar ser extraditado.
Paralelamente a este caso, el prestigiado litigante deberá impedir que el gobierno de Estados Unidos extradite a otro de sus clientes, el ex presidente panameño Ricardo Martinelli, capturado el lunes pasado en Miami luego de una denuncia que enfrenta en su país por el presunto delito de espionaje.