(Formalprision.com) A casi un mes del crimen de Emma Gabirels Molina Canto, este jueves será presentado ante el juez del caso el presunto autor intelectual Martín Alberto Medina Sonda.
Cómo está preso en Tabasco, será presentado ‘a distancia’, en una teleudiencia, la primera que se realizará desde que se instituyó el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Yucatán.
Comparecerá ante el juez de control Luis Edwin Mugarte Guerrero, acusado del delito de feminicidio, perpetrado contra quien fuera su ex esposa Emma Gabriela Molina Canto.
Será imputado virtualmente por dicho ilícito, luego de que la Fiscalía yucateca ejercitó, en las primeras horas del miércoles, una orden de captura en su contra por su probable participación intelectual en este ilícito.
Dicha orden fue cumplimentada en el reclusorio tabasqueño, donde se encuentra recluido desde el 2015, recientemente sentenciado a 12 años y 6 meses de cárcel por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La teleaudiencia será por la mañana, en el Centro de Justicia Oral de Mérida.
Por este caso, como hemos informado, están presos los autores materiales del crimen, dos jóvenes tabasqueño, y un sujeto que los guió en Mérida, mismo que fue el que ‘quemó’ a Medina Sonda como el autor intelectual del crimen.
FABIÁN HERRERA MANZANILLA FUE ELECTO CRONISTA DE CIUDAD CHETUMAL
Chetumal, Q. Roo,19 de abril.- El Consejo de Selección para la Designación del nuevo Cronista de la Ciudad, encabezado por el secretario general del Ayuntamiento, Roger Peraza Tamayo, dio a conocer que, de manera unánime, Fabián Gaspar Herrera Manzanilla, fue electo para ocupar esa encomienda.
El consejo esta integrado por Roger Peraza Tamayo y los regidores Laurentino Estrella Chan, Sara Esther Musa Simón, Gabriela Eugenia Cortez Talamantes y Gabriel Eduardo González Soto.
El documento firmado por los integrantes de Consejo de Selección fue enviado al presidente municipal de Othón P. Blanco, Luis Torres, para su conocimiento.
Será en sesión de Cabildo cuando se analice la determinación del consejo sobre la designación del nuevo cronista de la ciudad.
FISCALÍA GENERAL DE QUINTANA ROO ENVIÓ AL CONGRESO DEL ESTADO INICIATIVA DE DECRETO
Chetumal, 19 de abril del 2017.- La Fiscalía General del Estado informa que el departamento jurídicos de la institución, envió al Congreso del Estado, por instrucción del titular, Miguel Ángel Pech Cen, la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de la Fiscalía General del Estado, y se expide el reglamento de la Dirección de la Visitaduría General, así como el Reglamento Interior del Órgano de Control y Evaluación Interna de ésta institución.
En la iniciativa se puntualiza que por Decreto del Congreso del Estado, número 413, de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, publicado en el periódico oficial del Estado en fecha cinco de julio del propio año, se expidió la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, como un organismo autónomo que responde a las exigencias de nuestra sociedad, contando con una estructura acorde y que brinda la posibilidad de que los retos que representa la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado puedan ser atendidos con oportunidad, con un nuevo marco normativo acorde, que permita a esta institución brindar servicios de mayor calidad a la sociedad quintanarroense.
Sin embargo, dicho ordenamiento dejó lagunas jurídicas, tanto sustantivas como adjetivas, que dificultan la consecución de los objetivos de la función pública de esta Institución, debido a lo anterior el proyecto de decreto propone la corrección de los obstáculos legales que la actual ley presenta, así como la ampliación de facultades para el eficaz desempeño de la función Ministerial, Policial y Pericial.
· CAMBIO DE NIVEL DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE INVESTIGACIÓN A DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE INVESTIGACIÓN
La Ley de la Fiscalía respecto de la Dirección de la Policía Ministerial de Investigación limita su ampliación presupuestal respecto de las áreas directivas que deben conformarlo o que en mediano plazo resulte necesario crear.
Por tal razón, el presente proyecto propone modificar la denominación de dicha dirección para quedar como Dirección General de la Policía Ministerial de Investigación, para efecto de que la clave presupuestal correspondiente permita su ampliación hacia sus áreas subordinadas, con el objetivo de que el Fiscal General pueda instrumentar, crear y designar las direcciones policiales respectivas, dependientes de aquella, tendientes a lograr una mejor operatividad.
· CREACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS POR RAZONES DE GÉNERO, IDENTIDAD DE GÉNERO Y CONDICIÓN SEXUAL
La Fiscalía General del Estado está comprometida con los derechos humanos, el desarrollo integral de las personas, la igualdad sustantiva y la no discriminación, por lo cual se propone la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género la cual estará facultada para conocer de las denuncias y querellas que se presenten por hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos del fuero común cometidos por razón de género, identidad de género y condición sexual.
· CREACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Toda vez que el decreto Constitucional estableció la obligatoriedad a los Estados y entidades autónomas para adecuar sus normas en materia de responsabilidad administrativa a partir de que el Congreso de la Unión expidiera las leyes federales reglamentarias respectivas, lo cual ocurrió el 18 de julio de 2016, en consecuencia esta Fiscalía General, como Órgano Constitucional Autónomo se encuentra en posibilidad, y más aún, en la necesidad de establecer una unidad ministerial especializada en combate a la corrupción.
Por tal razón, la presente Iniciativa propone crear la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción como una unidad administrativa adscrita jerárquica y directamente al Despacho del Fiscal General, para la investigación y persecución de los delitos previstos por en el Código Penal del Estado contra la administración pública cometidos por servidores públicos, por el desempeño irregular de la función pública; abuso de funciones públicas; tráfico de influencias; promoción de conductas ilícitas, cohecho y distracción de recursos; evasión de presos, quebrantamiento de penas no privativas de libertad y medidas de seguridad; delitos contra los principios del sistema penal acusatorio; incompatibilidad de labores; delitos contra el buen despacho de la administración; coalición indebida; infidelidad de la custodia de documentos; irresponsabilidad en el desempeño de empleo, cargo o comisión; abandono de empleo; negligencia en el desempeño de función o cargo; irresponsabilidad de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública del Estado; delito de abuso de autoridad; aprovechamiento ilícito del poder; delito de responsabilidades por lucro indebido, así como de aquellos delitos relacionados con el ejercicio indebido de la función pública, manejo de recursos públicos del Estado y corrupción, que sean tipificados en ordenamientos diversos y que atribuyan competencia jurisdiccional a los tribunales del Estado, en concordancia con el Sistema Nacional Anticorrupción y el sistema local en la materia.
Es prudente señalar que se dispone que la Titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción deberá recaer en un ciudadano de probidad y prestigio destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y será designado o removido por el Fiscal General, con la aprobación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, pudiendo escuchar propuestas de la sociedad en general.
· MODIFICACIÓN DE LA SEDE DE LA VICE-FISCALÍA DE LA ZONA NORTE
Atendiendo a la carga dinámica de trabajo operativo y administrativo así como a la disposición geográfica de nuestro Estado, el proyecto propone modificar en la Ley de la Fiscalía la designación de la Sede de la Vice-Fiscalía de la Zona Norte, para establecerla en la ciudad de Cancún, en vez de la ciudad de Playa del Carmen, como lo señala originalmente la Ley en reforma.
· FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
Se plantea la ampliación de las facultades y obligaciones de la Dirección de Administración y Planeación, para recabar la documentación necesaria a efecto someter a consideración del Fiscal General la imposición y aplicación de sanciones en materia laboral a los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, en apego a las leyes laborales y condiciones generales de trabajo aplicables a la Institución.
· SE AMPLÍAN LAS FACULTADES DEL FISCAL GENERAL
El personal que integra la Fiscalía General se vincula a dicha Institución en dos regímenes, a saber: el laboral y el jurídico- administrativo, en donde el primero se regula por las disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo Ejecutivo y Judicial y de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, por virtud del artículo Séptimo Transitorio del Decreto 413 publicado el 5 de julio de 2016 por el que se expidió la Ley de la Fiscalía General del Estado; mientras que el segundo rige al personal considerado sustantivo por su desempeño en la función del Ministerio Público, Policial y Pericial.
En ese sentido, si bien las Condiciones Generales de Trabajo prevén un catálogo de sanciones para el personal laboral por conductas que no ameriten baja ante el tribunal laboral respectivo, resulta que dicho instrumento, ni ningún otro establecía la facultad a funcionario público alguno de esta Fiscalía, para imponer tales medidas.
En ese sentido, la presente Iniciativa propone dotar al Fiscal General para imponer las sanciones respecto de conductas que no requieran procedimiento laboral ante los tribunales, en términos de las Condiciones Generales de Trabajo y las leyes laborales aplicables. Para efectos de seguridad jurídica al respecto, en la misma iniciativa se impone facultades y obligaciones a la Dirección de Administración y Planeación, para recabar la documentación necesaria; y a la Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional, para emitir dictámenes y opiniones, respecto de conductas susceptibles de imposición y aplicación de sanciones en materia laboral a los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, en apego a las leyes laborales y condiciones generales de trabajo aplicables a la Institución, a efecto de que el Titular pueda dictar a cabalidad lo conducente.
Baja y destino final de bienes patrimoniales.
Asimismo, la Ley de la Fiscalía General en vigor resulta omisa respecto de facultades y mecanismos para administrar la baja y destino final de los bienes que, siendo patrimonio de esta Institución, ya no cumplen con su cometido o representan una inutilidad y perjuicio por su estado de conservación.
Por tal razón, en la presente iniciativa se propone ampliar las facultades del Fiscal General, otorgándole la de emitir normas para la administración y destino final de bienes patrimoniales de la Fiscalía y archivos; imposición de sanciones en materia laboral acorde a los ordenamientos en la materia; y la de determinación de consulta para archivo del no ejercicio de la acción penal respecto del sistema procesal tradicional y los recursos respectivos.
Conservación, certificación y destino final de documentación.
La actual Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública impone a la Fiscalía General, como sujeto obligado, varios principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información pública. A efecto de establecer los mecanismos que permitan la correcta atención de tales directrices, la presente iniciativa propone facultades y obligaciones a los titulares de los órganos de la Fiscalía General del Estado, para certificar la existencia de la documentación que emita en ejercicio de sus funciones, así como la que deba archivar y resguardar, y expedir las constancias certificadas en términos de ley.
· ESTABLECER UN RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LA FISCALÍA
En aras de otorgar claridad y seguridad jurídica al personal vinculado a esta Fiscalía General, la presente iniciativa propone definir el régimen laboral y jurídico administrativo aplicable al personal administrativo y sustantivo de la Fiscalía, especificando que el personal considerado de base debe atenderse bajo las disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, en lo conducente, así como en las Condiciones de Trabajo aplicables, en tanto que el personal que desempeñe la función sustantiva característica del ejercicio del Ministerio Público, Policial y Pericial, deberá regularse por un régimen especial, que la misma iniciativa propone, conforme a la Constitución Federal.
A tal efecto, se establece un catálogo de obligaciones, facultades y responsabilidades a cargo del personal sustantivo de esta Institución, y que refieren específicamente a aquellas derivadas de la función que desempeñan, tales como integración de expedientes, deberes en las investigaciones, oportunidad en la presentación de cargos ante la autoridad jurisdiccional, operatividad eficiente de la policía ministerial, lineamientos para el respeto a los derechos humanos, profesionalismo y debida diligencia en la función pericial, y en general, diversos dispositivos orientados a eficientar y legalizar el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Fiscalía General por conducto de dichos servidores públicos.
· SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
Siguiendo el principio de autonomía otorgado constitucionalmente a esta Institución, la presente iniciativa propone establecer un catálogo de responsabilidades aplicable a todo el personal de la Fiscalía General, basado en la doctrina en materia administrativa, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas a las que refiere el Sistema Nacional Anticorrupción
Atendiendo a ello, se establece un catálogo de obligaciones del personal administrativo y sustantivo de la Fiscalía, clasificándolo de tal forma que permita establecer claramente las competencias del Órgano de Control y Evaluación Interna, y del Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia para sancionar y remover al personal de la Fiscalía General, atendiendo a la naturaleza de sus funciones. En dicho catálogo de conductas, se distinguen aquellas que se consideran graves por el perjuicio en la correcta función del ejercicio ministerial, pericial y policial, y que constituirán causa de terminación del Servicio Profesional de la Carrera Ministerial, Pericial y Policial.
· DIRECCIÓN DE LA VISITADURÍA GENERAL
El ejercicio del Ministerio Público, la actividad Policial Investigadora y la labor científica de los Peritos de esta Fiscalía, requieren una supervisión y vigilancia especial, que permita controlar su desempeño y mejorar los procesos ya establecidos, e implementar los que requiera de acuerdo con la modernidad y los objetivos de esta nueva etapa en la Institución.
Por tal razón, esta iniciativa propone la creación de la Dirección de la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado, como un órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control del Personal Sustantivo en lo que se refiere a las funciones que realicen en ejercicio del Ministerio Público, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Órgano de Control y Evaluación Interna.
· REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE LA VISITADURÍA GENERAL
En el Reglamento respectivo, que se propone en el mismo decreto cuya Iniciativa se presenta, se establece que dicha Dirección tenga facultades en materia de Visitas, Procedimientos, Proyectos y Evaluación Técnico Jurídica, comprendiendo funciones de fiscalización, supervisión, proceso, resolución, análisis y evaluación técnica de la función ministerial, policial y pericial.
En ese sentido, se propone que dicha Dirección esté conformada por cuatro Departamentos, a saber: Departamento de Visitas, Departamento de Procedimientos, Departamento de Proyectos y Departamento de Evaluación Técnico Jurídica, dotadas de personal jurídico y administrativo, que deberán realizar las funciones de fiscalización, supervisión, proceso, resolución, análisis y evaluación técnica de la función ministerial, policial y pericial.
De igual forma, con el apoyo del Departamento respectivo, se establece a la Dirección de la Visitaduría General, como un órgano auxiliador del Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia respecto de los procedimientos de Terminación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, cumpliendo de tal forma con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Seguridad Pública.
En este particular punto, cabe destacar que la única taxativa impuesta por dicha Ley federal, refiere a la facultad de este tipo de instancias colegiadas para conocer y resolver controversias relacionadas con los procedimientos de carrera policial y régimen disciplinario. Así, el proyecto contempla una vista procedimental que el Titular de la Dirección de la Visitaduría General debe de hacer al Fiscal General como Presidente del Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia, para hacer de su conocimiento la causa administrativa incoada, así como el mecanismo adecuado para que el proyecto final de resolución sea sometido al análisis, discusión y sanción de dicha instancia colegiada, cumpliendo así con los dos requisitos de aquel precepto federal: conocer y resolver.
Se garantiza de tal modo, una economía procesal, al concentrar en una sola Dirección, las facultades procedimentales que anteriormente, a la luz de la legislación de la extinta Procuraduría General de Justicia, detentaban la Visitaduría General y el Órgano Auxiliar de Instrucción, quienes ejecutaban procesos similares, pero con el doble de recurso humano y material, siendo que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no exige que la substanciación de los procedimientos disciplinarios policiales deban de ser instruidos por un órgano exclusivo del Consejo.
Finalmente, se propone un Departamento de Evaluación Técnica, que deberá hacer evaluaciones de las visitas realizadas e implementar medidas para corregir y eficientar la labor sustantiva de la Fiscalía General, dando un seguimiento puntual, constante, correctivo y preventivo de lo implementado, a fin de obtener un ejercicio óptimo de la función. Tal Departamento también estará dotado de facultades para realizar análisis técnico jurídico y consultas respecto de los temas que le sean sometidos para tal efecto por el Fiscal General.
· AMPLIACION DE FACULTADES Y REGLAMENTACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA
El artículo Tercero Transitorio del Decreto 007 del Congreso del Estado por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial de Estado en fecha veintiocho de octubre del propio año, otorgó facultades al Fiscal General para crear al Órgano de Control y Evaluación Interna adscrito a esta Institución. Sin embargo, tal facultad delegada no resultó suficiente respecto de atribuciones para instruir procedimientos administrativos orientados a investigar y sancionar conductas por infracciones de tipo administrativo y patrimonial.
En ese sentido, la presente Iniciativa propone ampliar, siempre mediante el régimen transitorio, las facultades que esta honorable Legislatura delegó al Fiscal General, a efecto de que dicho Órgano de Control pueda contar con facultades disciplinarias, sancionadoras y fiscalizadoras más precisas y eficaces en el cumplimiento de sus funciones y objetivos, cuidando en todo caso armonizar con las disposiciones de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.
· REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA
Mediante el Artículo Tercero del presente Decreto, se expide el Reglamento Interior del Órgano de Control y Evaluación Interna adscrito a la Fiscalía General del Estado. Para tal efecto, en este Decreto se establece un artículo transitorio Sexto en donde se amplían las facultades del Órgano de Control y Evaluación Interna adscrito a la Fiscalía General del Estado, en complemento a las establecidas en el artículo Transitorio Tercero del Decreto 007 del Congreso del Estado por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha veintiocho de octubre del propio año, contará, para efecto de que dicho Órgano cuente con facultades específicas y detalladas para fiscalizar, auditar, controlar, vigilar e inspeccionar los actos y la función de los servidores públicos de esta Fiscalía, así como para instruir y resolver los procedimientos en materia de responsabilidad administrativa por incumplimiento a las obligaciones en materia administrativa y patrimonial.
EL COYOTE
Jesus Arturo Ortiz: El coyotaje es de los pocos vicios que se han combatido eficientemente desde el ámbito federal. Mimenza no estaba enterado.
Nadie da un paso sin guarache, pero si hubiera una excepción a esa regla, no sería el polémico empresario inmobiliario Carlos Mimenza Novelo, un personaje ampliamente vinculado con el poder político, del que ha sacado enormes beneficios económicos.
Hace unos días trascendió una lista de sus propiedades. Tan solo en el municipio de Solidaridad Mimenza Novelo es dueño de 57 predios de entre 45 y 388,000 metros cuadrados que suman casi 190 hectáreas. El propio Mimenza Novelo precisó después que en total son 77 predios de alta plusvalía.
No importa la cantidad que sean, 10 o 20, 70 u 80. Se trata de extensiones con un valor inimaginable en dólares. Una fortuna de ese tipo no la obtiene ni el mejor vendedor de bienes raíces de la zona hotelera de Cancún sin la ayuda del poder político, del que Mimenza gozó ampliamente durante 18 años.
A Mimenza se le acabó el tiempo. Sus tierras de gran valor no fueron revaloradas aún más con cambios de uso de suelo, porque Mauricio Góngora Escalante, con quien continuaría recibiendo los mismos beneficios de años atrás, perdió las elecciones a gobernador.
Y lo peor para Mimenza es que a esa campaña le invirtió 10 millones de pesos, según afirman quienes conocen de esos movimientos.
Mimenza ha pretendido presentarse como un paladín de ley y de la justicia, como protector de niñas maltratadas. En realidad es un falso redentor que busca manipular a la opinión pública para defender sus intereses particulares, los suyos y los de sus socios, todos ellos vinculados con negocios inmobiliarios poco claros en las principales ciudades del estado.
La llamada cruz de servicios, en el “corazón” de Playa del Carmen, es uno de los desarrollos de donde Mimenza Novelo se ha visto beneficiado con acciones promocionadas desde el poder político.
Ávido de más poder y riqueza, Mimenza Novelo pretendía ser beneficiado por el Gobierno de Carlos Joaquín. Como un tramitador cualquiera, como vil “coyote”, propuso a la actual administración estatal que una empresa en particular, con la que tiene ligas, se encargara de renegociar la deuda. Obviamente no se la aceptaron.
Tampoco le aceptaron al no menos polémico abogado Leonardo Mukul, presunto defensor de derechos humanos, para que sea propuesto como fiscal.
De modo que ambos elementos y la negativa para otorgarle cambios de uso de suelo a sus predios prendieron la mecha y explotara como el presunto defensor de la ley y la justicia en el estado.
A lo largo de su vida Mimenza ha pretendido engañar a sociedades enteras.
Por ejemplo, en noviembre de 2009 anunció la creación de la Fundación Villa de la Esperanza en Mérida. Nunca supo explicar de dónde obtendría los recursos para financiarla, pero desapareció más rápido que tarde, cuando se supo que en Colombia funcionaba un organismo con el mismo nombre.
Recientemente denunció que recibió un sobordo de $5 millones por parte del Senador Félix González Canto y que ese dinero lo donaría a Casa Crisal, una institución que protege a diñas maltratadas de entre 13 y 17 años de edad en Mérida.
Sin dejar de lado el hecho de que violentó la ley al no reportar esa cantidad al SAT, Casa Crisal no reporta haber recibido la mencionada donación.
Pero a pesar de sus pifias, Mimenza cree que puede seguir engañando a la sociedad quintanarroenses con su imaginación. No se da cuenta que ya está en el descrédito.
El coyotaje es de los pocos vicios que se han combatido eficientemente desde el ámbito federal. Mimenza no estaba enterado. —
Once agentes ministeriales que fungían de forma irregular como escoltas del ex gobernador Roberto Borge, se rehusán a presentarse a trabajar. Ya se les ha llamado desde la semana pasada, pero aún no se han incorporado, dijo el Secretario de Gobierno, Francisco López Mena. La Fiscalía General de Justicia( FGJ) es ahora un órgano autónomo y no prestará los servicios de escoltas, eso lo hará la Policía Estatal como lo marca la Ley de Seguridad Pública, comentó el también presidente del Comité de Autorización de Escoltas (CAE).
Román Quian, cuando era secretario de gobierno con Borge, autorizó por adelantado otros seis años de escoltas, vehículos y armas al ex gobernador Félix González Canto seis meses antes de concluir la era borgista. A partir de darse la autonomía de la FGJ, en este gobierno de Carlos Joaquín no habrá agentes ministeriales para los funcionarios, solamente policías estatales y municipales. Amparándose en los Artículos 51, 52 y 53 de la Ley de Seguridad Pública , el Secretario de Gobierno, Francisco López Mena, quien preside El Comité de Autorización de Escoltas, autorizó 2 guardaespaldas al ex senador Félix González Canto y le quitó 14 agentes.
El Comité de Autorización de Escoltas integrado por Francisco López Mena, el Fiscal Miguel Ángel Pech Cen, el Secretario de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, el oficial mayor, Manuel Alamilla y por parte de la Secretaría de Finansas y Planeacion, Jaime Cetina acordaron también analizar la situación del ex gobernador Roberto Borge para reducir sus acompañantes ya que cuenta con 44 y 12 vehículos. “Tiene 11 custodios de la Fiscalía, eso es irregular. La FGJ es autónoma y no puede otorgar escoltas. Ya el titular Miguel Ángel Pech Cen mandó a llamar a los ministeriales pero aún no acuden al llamado hasta ahora”, dijo López Mena. Ley de Seguridad Pública del Estado de QRoo dice en sus artículos 51, 52 y 53: Artículo 51.- El Gobernador del Estado tendrá derecho a continuar con la protección, de manera automática; así como, para su cónyuge e hijos, una vez que haya concluido el encargo. Artículo 53.- Los ex servidores públicos para gozar del servicio público de escolta requieren haber desempeñado el cargo durante dos años como mínimo. La protección se otorgará por un tiempo igual al que se estuvo en funciones, prorrogable por un término igual, en tanto que el interesado acredite ante el comité correspondiente que subsista la necesidad.
Artículo 54.- El número de personal, equipo, vehículos y demás instrumentos para la protección de los ex servidores públicos, no será mayor de la mitad de los que éstos contaban
mientras desempeñaron el encargo.
COMUNICADO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Recupera el Comité de Autorización de Escoltas para Ex Servidores Públicos 14 custodios del exgobernador, Félix González Canto.
*Se busca recuperar custodios del anterior mandatario estatal, Roberto Borge.
*Solo se otorgará el derecho de acuerdo a lo establecido por la ley.
Chetumal.- En sesión del Comité de Autorización de Escoltas para Ex Servidores Públicos celebrada en la sala de juntas de la Secretaría de Gobierno este medio día, los Secretarios de Seguridad Pública, Rodolfo del Angel Campos; de Gobierno, Francisco López Mena; el Oficial Mayor Manuel Alamilla; el Contador Jaime Cetina, en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación; así como el Fiscal General del Estado, Miguel Angel Pech, se tomaron los siguientes acuerdos.
1. Autorizar únicamente 2 escoltas de las 16 con las que actualmente cuenta el exmandatario estatal, Félix González Canto, en virtud de que el propio exgobernador envió a este comité una solicitud en ese sentido.
2. Analizar la situación del exgobernador Borge debido a que actualmente tiene 44 escoltas asignados de los cuales 11 provienen de la Fiscalía General del Estado, una situación que resulta irregular, además de contar con 12 vehículos oficiales.
El Comité seguirá realizando un análisis de cada uno de los casos a fin de corregir el excesivo número de escoltas asignadas y las irregularidades que a este respecto incurriera la pasada administración, en cumplimiento al compromiso que el Gobierno del Estado tiene con la ciudadanía por su seguridad y el correcto manejo de sus recursos.
Qroo.gob.mx/segob
Detonaciones de arma de fuego y movilizaciones policiacas se dieron está tarde en la Avenida Hacienda de la Ciénega, del Fraccionamiento Hacienda Real del Caribe. Circula una imagen de un hombre baleado. Info en desarrollo.
Siete escoltas agentes de la policía ministerial le fueron quitados al periódico Novedades de Quintana Roo, informó el Fiscal Miguel Ángel Pech Cen. 29 agentes ministeriales se incorporaron ayer en la Vicefiscalia de Cancún y 24 en la Fiscalía General en Chetumal. Pech Cen dijo en un comunicado que ex gobernadores, ex fiscales y ex funcionarios y dueños de periódicos gozaban de esos privilegios, armas y vehículos incluidos, lo que permitirá haya más personal al servicio de la seguridad de la ciudadanía. Andrés, Alejandro y Gerardo García Gamboa, herederos de Novedades de Quintana Roo se enojaron al perder estos privilegios y atacaron al fiscal Pech Cen en su primera plana de ayer. El Fiscal distribuyó un comunicado donde dijo que recurrirá a las instancias correspondientes para detener los infundios.
El berrinche de los Juniors fue porque Novedades de Quintana Roo cuenta desde hace dos sexenios con el grupo de polijudiciales para el servicio no de sus periodistas sino para ellos y sus consortes. Comunicado de la FGJ SE REINCORPORAN A LA FGEQROO 54 AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE INVESTIGACIÓN COMISIONADOS COMO ESCOLTAS
-Los agentes que recién se incorporaron a las labores operativas se encontraban asignados a ex gobernadores, ex procuradores, ex fiscales y directivos de medios de comunicación.
-Con fecha 17 de abril, 25 agentes de la Policía Ministerial de Investigación se reincorporaron en Chetumal y 29 en Cancún.
Chetumal, 18 abril del 2017.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que por instrucción del titular de la institución, Maestro Miguel Ángel Pech Cen se reincorporaron al trabajo operativo 54 agentes de la Policía Ministerial que se encontraban comisionados como escoltas de ex funcionarios y directivos de medios de comunicación.
Congruente con el proyecto de trabajo instaurado por el Fiscal General se detectó que 54 agentes de la Policía Ministerial de Investigación se encontraban asignados como escoltas de ex funcionaros, entre los que se encuentran ex gobernadores, ex procuradores y ex fiscales, así como directivos de medios de comunicación lo cual generaba un perjuicio para la institución, pues estaban siendo desviados hacia ese sector, recursos humanos y tácticos (armamento).
Debido a lo anterior y con la finalidad de que la partida presupuestal del Congreso del Estado, sea aplicada en favor de los quintanarroenses y los recursos humanos y materiales sean empleados en beneficio de la sociedad, el Fiscal Pech Cen ordenó la reincorporación a labores operativas de los 54 agentes.
Con fecha 17 de abril y previa notificación por oficio, 25 Policías Ministeriales de Investigación se presentaron a las instalaciones de la Fiscalía en Chetumal y 29 en la Vicefiscalía de la Zona Norte, con sede en la ciudad de Cancún, de los cuales siete estaban asignados al periódico Novedades de Quintana Roo, por lo que tras su reincorporación fueron canalizados a áreas operativas y de investigación.
Es importante mencionar que, desde que asumió el cargo en diciembre del 2016 el Fiscal Pech Cen, ha realizado diversos ajustes en la estructura administrativa de la institución que permitieron ubicar a personas que engrosaban la nómina de la institución percibiendo onerosas compensaciones sin presentarse a trabajar y quienes estaban realizando labores diferentes a las señalaba sus nombramientos, por lo que en éste último supuesto fueron reintegrados a sus áreas.
El Fiscal General, Maestro Miguel Ángel Pech Cen refrenda su compromiso con la sociedad al realizar un manejo transparente de los recursos humanos y materiales con los que cuenta la institución con la finalidad de que sean utilizados para el beneficio de los Quintanarroenses.
Un reportaje de la Jornada Maya muestra el miedo del ex gobernador Félix González Canto de ser asesinado. Por lo que solicita no solamente escoltas sino vehículos de lujo, 14 armas de alto poder y equipo de comunicación sofisticado para otro periodo de 6 años y Roberto Borge se lo concede. Hoy el gobernador Carlos Joaquín le ha quitado esos privilegios. Hoy sesiona el Comité de Autorización de escoltas para legalmente eliminarle esos servicios, y hay presión del senador para que se quede con al menos una parte de los privilegios. Borge regaló periodo de escoltas a Félix González
Guardias y equipos de radiocomunicación para él y su familia
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Lunes 17 de abril, 2017
Trece días antes de que concluyera la administración de Roberto Borge Angulo, el 12 de septiembre de 2016, el Comité de Autorización de Escoltas a Ex Servidores Públicos, presidido por el entonces secretario de gobierno, Román Quián Alcocer, autorizó por seis años más, un segundo periodo de servicio de 18 escoltas, mismo número de armamento y equipos de radiocomunicación, así como el uso de siete vehículos particulares, entre ellos dos Suburban de reciente modelo, al ex gobernador y actual senador, Félix González Canto.
De acuerdo con el acta de la sexta sesión de ese comité, que se llevó a cabo en la sala de juntas de la Secretaría de Gobierno el pasado 12 de septiembre de 2016 a las 10 horas, estuvieron presentes, el entonces secretario de gobierno, Román Quián, en su calidad de presidente; y como miembros: el ex secretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina; el ex oficial mayor, Víctor Viveros Salazar; el ex secretario de Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader Rodríguez y el entonces fiscal general, Carlos Arturo Álvarez Escalera.
Fungiendo como secretario el ex fiscal general, se dio lectura al texto, suscrito por el senador, Félix González, en el que solicitó “continuar con el estado de fuerza que tiene asignado para la prestación del servicio público de escolta en términos de lo establecido en los artículos 51 y 53 de la Ley de Seguridad Pública del Estado”.
Aunque el lapso de seis años del servicio de escoltas al que tuvo derecho tras su periodo como gobernador venció el pasado 5 de abril de 2017 (a seis años exactos de la toma de protesta de su sucesor, Roberto Borge), a sabiendas de la posibilidad de que le fuera negado, el senador adelantó su petición.
En el escrito citado, el cual fue entregado a la secretaria de Gobierno el nueve de septiembre del mismo año, y cuya copia está en manos de la redacción de La Jornada Maya, el senador refiere el Artículo 51 de la Ley de Seguridad Pública que fue reformado el 29 de junio por la XV Legislatura, y cita que: “el gobernador del estado, tendrá derecho a continuar con la protección de manera automática, así como para su cónyuge e hijos, una vez que haya concluido el encargo”.
González Canto aclara que dicho artículo no menciona un periodo de tiempo para continuar como ex gobernador, pero sí menciona que éste será de manera automática al concluir su periodo, “sin embargo, si la interpretación fuera de manera limitativa al mismo periodo de tiempo que duró la gestión de mi administración, la cual fue de seis años”.
“Solicito a ustedes, miembros del Comité de Autorización de Escoltas a Ex Servidores Públicos, ser acogido dentro de los términos del Artículo 53 de la Ley de Seguridad Pública que a la letra dice: ‘Los ex servidores públicos para gozar del servicio público de escolta, requieren haber desempeñado el cargo durante dos años como mínimo. La protección se otorgará por un tiempo igual al que se estuvo en funciones, prorrogable por un mismo término, en tanto que el interesado acredite ante el Comité correspondiente que subsista la necesidad’”.
El senador cita como justificación a su petición que, durante su gestión, se tomaron “decisiones de manera conjunta con los otros niveles de gobierno, para enfrentar las distintas expresiones de la delincuencia organizada en el estado, lo cual representará un riesgo permanente personal y familiar durante un tiempo indefinido”.
“Ejemplo del riesgo permanente que implica en estos tiempos ser un ex gobernador, están los casos del atentado y muerte del ex gobernador, Jesús Silverio Cavazos de Colima o del asesinato del hijo del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, como dos de muchos ejemplos conocidos ampliamente”, establece.
“Como es de su conocimiento, actualmente soy Senador de la República, donde participo en distintas actividades que me hacen viajar a lo largo y ancho del país, incrementando el riesgo de algún tipo de atentado o agresión hacia mi persona, cónyuge e hijos”, abunda en el documento.
Por esos motivos, el ex gobernador solicita le autoricen un segundo periodo del estado de fuerza que presta el servicio público de escolta “es sólo lo indispensable para mis requerimientos de movilidad en diferentes partes del país y, sobre todo, menos de la mitad de lo que un servidor utilizaba cuando fungía como gobernador”.
Tras la lectura del escrito del Senador, Román Quián se dirigió al resto de los miembros del Comité, para afirmar que el ex gobernador “no está libre de la delincuencia que impera en el país y que sus viajes constantes por el cargo que ostenta como senador, hacen que el riesgo se incremente, tanto para él como para su familia”, motivo por el cual pide le sea autorizada su solicitud.
“Este Comité, se da por enterado del total de elementos, armas de cargo, equipos de radiocomunicación y vehículos que constituyen el servicios público de escolta con que cuenta el licenciado Félix González Canto, cónyuge e hijos para su protección”.
El acuerdo, fue aprobado de manera unánime por todos los miembros del Comité.
Personal, equipo y vehículos
En los documentos, se lee un listado en el que se detalla el número de personal que brinda el servicio de escolta al ex gobernador: 16 hombres y dos mujeres, 15 de ellos con equipos de radiocomunicación marca Motorola, y 14 con armas tipo carabina y fusil; además de siete vehículos: dos Suburban modelo 2015, un Malibú 2014, un Traverse 2014, un Cruze 2014 y una Jeep Cheroke 2011.
Analizan irregularidades del comité
Sin embargo, el acuerdo podría derogarse, pues no existe reglamentación para las sesiones de dicho comité, por lo que desde la secretaría de Gobierno de la administración de Carlos Joaquín González, se ordenó una revisión en los procedimientos.
El secretario de Gobierno, Francisco López Mena, aseguró que el próximo martes se reunirán los actuales integrantes del comité para corregir las irregularidades en que incurrieron sus anteriores miembros.
López Mena dijo que en el caso del senador Félix González Canto “simple y sencillamente aplicaremos la ley, ni más ni menos”.
Concentran elementos
Desde el pasado miércoles, el gobierno estatal está concentrando en sus respectivas corporaciones, a todos los elementos comisionados con ex funcionarios o empresas de comunicación que legalmente no tengan derecho a este beneficio.
Los escoltas que fueron requeridos para reincorporarse son 40 de seguridad estatal, 50 de la Fiscalía, 90 del municipio Benito Juárez y 24 de Solidaridad. En total son 204 elementos sin incluir los 36 que de acuerdo con la ley obliga a que siga teniendo el ex gobernador Roberto Borge.
Francisco López Mena, sostuvo que deben ser los quintanarroenses quienes realmente merecen contar con más elementos que estén pendientes de su seguridad.
Todos los escoltas que están siendo recuperados serán incorporados a actividades operativas a fin de garantizar mayor seguridad para los ciudadanos, dijo.
Reformas recientes
La designación de escoltas está enmarcada en la Ley de Seguridad Pública, señalada claramente en su artículo 50:
“El servicio público de escolta tendrá dos órganos de decisión respecto del otorgamiento de la protección a servidores y ex servidores públicos: El Comité de Autorización de Escoltas a Servidores Públicos y el Comité de Autorización de Escoltas a Ex Servidores Públicos”.
El Comité de Autorización de Escoltas para Ex Servidores Públicos se integra con el secretario de Gobierno, secretario de Finanzas y Planeación y el Oficial Mayor del gobierno del estado, presidiendo el primero. Concurren solamente con voz al comité referido, el secretario de Seguridad Pública y el fiscal general.
Las reformas aprobadas por la XIX Legislatura, el 29 de junio de 2016, contemplaban escoltas por 15 años para ex gobernadores, esposa e hijos de manera irrevocable y automática; además señalaba que el número de escoltas no podría ser menor al que tuvieron cuando estaban en funciones.
El presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, Eduardo Martínez Arcila recordó que se echaron abajo esas reformas y aprobó modificaciones a la Ley de Seguridad Pública para reducir el número de escoltas, para que se asignen por petición en el caso de ex servidores públicos vinculados a tareas de gobierno o seguridad pública y se acotó su temporalidad, pues únicamente podrán tener escolta por el mismo número de años que colaboraron en el servicio público.
Una columna en El País, de España, pone su caso como ejemplo de impunidad
Medios de México también lo incluyen como parte de la “Generación Podrida” del PRI
(La Opinión QRoo).
El caso de Roberto Borge es tomado como uno de los mayores ejemplos de impunidad dentro de la denominada “Generación Podrida” del PRI.
En una columna escrita para el diario El Pais, de Madrid, el periodista mexicano Jorge Zepeda Patterson utiliza a Borge como ejemplo de la impunidad de la que gozan algunos ex gobernadores.
Dice la columna: “Son tan obvios los excesos de algunos políticos que sus pecados terminan siendo documentados y denunciados ante la opinión pública. La mayor parte de la veces, por desgracia, eso no significa que sean llevados ante la ley, a menos que eso convenga a un grupo político en el poder. El caso de Roberto Borge, en Quintana Roo, exhibido una y otra vez, forma parte de los 10 gobernadores que, pese a la evidencia en contra, no han sido procesados por tribunal alguno”.
El hecho tiene un impacto especial porque se trata de una columna política en el diario de mayor circulación de España, y el sitio de internet de noticias más visitado de habla hispana en el mundo.
La columna se titula “Robar no es pecado”, y también hace referencia al ex gobernador Mario Villanueva Madrid.
Además, Borge ha sido objeto de análisis en la revista en línea Sin Embargo, de la cuidad de México, que incluye al ex mandatario estatal como parte de la “Generación Podrida” de ex gobernadores priistas que han cometido parte de los mayores actos de corrupción en la historia de México.
Allí se explica que a pesar de tener seis denuncias en contra, cuatro federales y dos estatales, Borge aún no tiene ninguna orden de aprehensión en su contra.
Aquí la columna completa en El País:
Robar no es un pecado
Jorge Zepeda Patterson
El debilitamiento gradual del presidencialismo en México tuvo un efecto secundario deplorable: hizo de cada Ejecutivo estatal un reyezuelo. Con la detención de Tomás Yarrington en Italia la lista es ya aterradora: seis exgobernadores en la cárcel, dos que ya han estado entre las rejas, tres prófugos y 10 con escándalos de corrupción (la recopilación es de Georgina Morett). En total 21 gobernadores y sus riquezas inexplicables han sido exhibidos en los últimos años.
Un récord si consideramos que sólo hay 32 entidades federativas en México. Prácticamente desde siempre convertirse en gobernador garantizaba hacerse millonario, gracias a las prerrogativas discrecionales que gozan estos monarcas locales.
En los últimos años también equivale a convertirse en delincuente. El debilitamiento gradual del presidencialismo en los últimos 20 años, aplaudido por todos, tuvo un efecto secundario deplorable: hizo de cada Ejecutivo estatal un reyezuelo. Consultoras especializadas (entre ellas las del exministro Pedro Aspe) desarrollaron estrategias financieras que permitieron a las tesorerías locales superar sus topes históricos de endeudamiento.
En muy poco tiempo los mandatarios locales nadaban entre fortunas ingentes y escasos contrapesos. Desde entonces los excesos y abusos en una escala sin precedente han sido la norma.Todos estos escándalos y aprehensiones no obedecen, por desgracia, a una mejora del desempeño de tribunales y autoridades en materia de combate a la corrupción.
No es que el sistema se esté corrigiendo a sí mismo; el sistema sigue estando tan corrupto como siempre, o más. La élite política mantiene la complicidad de antes en lo tocante a proteger a uno de los suyos sin importar las infamias que haya cometido.La persecución contra los excesos de los gobernadores procede de tres fuentes: la primera y más importante, la alternancia política.
Un nuevo partido político toma el poder y presenta cargos contra el gobernador saliente: es el caso de Andrés Granier de Tabasco, Guillermo Padrés de Sonora, César Duarte de Chihuahua o Javier Duarte de Veracruz, entre otros.
La nueva Administración prefiere exhibir al responsable del boquete en las finanzas públicas que encuentra, para no ser ella la que pague los platos rotos. En otras ocasiones la denuncia está alimentada por el encono personal. Es tal el empeño de los gobernadores en conservar el poder, heredándolo a un hombre de su confianza, que las elecciones estatales se han convertido en sinónimo de guerra sucia. Consecuentemente, todo candidato de la oposición que logra el triunfo termina siendo un gobernador vengativo y justiciero.
Otra fuente de denuncia procede de la acción combinada de las redes sociales y la prensa. Son tan obvios los excesos de algunos políticos que sus pecados terminan siendo documentados y denunciados ante la opinión pública. La mayor parte de la veces, por desgracia, eso no significa que sean llevados ante la ley, a menos que eso convenga a un grupo político en el poder. El caso de Roberto Borge, en Quintana Roo, exhibido una y otra vez, forma parte de los 10 gobernadores que, pese a la evidencia en contra, no han sido procesados por tribunal alguno.
Finalmente, hay un protagonista que adquiere relevancia de vez en vez en materia de fiscalización de gobernadores: Estados Unidos. Cuando el poderoso vecino tiene evidencia de que un mandatario es pieza importante del engranaje del narcotráfico suele intervenir sin ningún miramiento respecto de las facciones políticas en México.
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fue aprehendido gracias a la documentación recabada por la DEA y otras agencias estadounidenses, y fueron ellos los que presionaron a las autoridades italianas para su detención. Con pocas variantes es el mismo caso de Mario Villanueva de Quintana Roo y de Édgar Veytia, fiscal de Nayarit.
La aprehensión de Yarrington ha puesto a temblar a una parte de la élite política. La PGR poseía un expediente formal en contra del tamaulipeco, pero estaba claro que el Gobierno mexicano no tenía interés en ponerlo tras las rejas. Por lo mismo, hoy carece de argumentos jurídicos para pedir su extradición al Gobierno de Italia, en comparación con el documentado alegato que presentan los estadounidenses.
Así que, todo indica, Yarrington terminará siendo procesado en un tribunal del país vecino. Algo que quita el sueño a muchos. ¿Qué estará dispuesto a confesar el exgobernador a cambio de un atenuante en su condena?Y por lo demás, el asunto tiene que ver con narcotráfico, no con corrupción. Me temo que la única moraleja que los gobernadores obtendrán de esto es que robar no es un pecado, meterse con la DEA sí.
• Compromiso del Gobernador Carlos Joaquín dotar de más y mejores servicios básicos a las familias
• Soluciona en los primeros seis meses de la administración añejo problema por falta de agua potable
Cozumel.- Después de más de seis años de no contar ni siquiera con la mínima infraestructura, más de 780 familias de la colonia Félix González II podrán ya tener servicio de agua potable pues en menos de seis meses el Gobernador Carlos Joaquín resolvió el problema a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
En estos seis meses se instaló el sistema hidráulico y pronto fluirá el agua a todos los domicilios, declaró el representante de la Seduvi en Cozumel, Géner Hernández Maldonado, quien desde temprano recorrió la colonia acompañado de los vecinos para verificar que los poliductos ya instalados estén debidamente cerrados y próximamente la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) pueda abrir las válvulas de distribución y confirmar que el líquido fluya sin el menor problema.
Colonos y personal de la Seduvi se reunieron para dejar todo listo en sus terrenos y permitir que la CAPA pueda avanzar en los trabajos para dotar del servicio de agua potable en próximos días, una vez que los beneficiarios hayan realizado sus contratos.
“Es un compromiso del Gobernador Carlos Joaquín fortalecer la infraestructura urbana e implementar servicios básicos de calidad para las familias, anteponiendo el respeto a la Ley y la protección a los recursos naturales y el medio ambiente, para que las familias disfruten de más y mejores oportunidades”, finalizó Géner Hernández Maldonado.