Mario Marín y Joan Sebastian: Una amistad marcada por la pederastia
– Foto: Salvador Rugerio
El Universal. Las acusaciones contra Marín por pederastia sucedieron en 2006, en medio del escándalo de Lydia Cacho, mientras que ayer El Universal presentó una denuncia en la que involucran al cantante en el mismo delito en 2009, año en que ambos celebraron fiestas en Casa Puebla.
Por Osvaldo Macuil / @OsvaldoMacuil / 03.03.2017 / Puebla, Puebla
La amistad entre el ex gobernador de Puebla, Mario Marín y el cantautor Joan Sebastian era un secreto a voces en los círculos de la política poblana. Fiestas, alcohol y bohemias con palomazos del interprete eran escenas normales en Casa Puebla. A dos años de la muerte del “poeta del pueblo”, estos personajes ahora comparten algo más: son señalados por sus nexos con redes de trata de personas y pederastia. 
Las acusaciones contra Marín sucedieron en 2006, en medio del escándalo de Lydia Cacho, mientras que ayer El Universal presentó una denuncia en la que involucran a Joan Sebastian con el mismo delito en 2009, año que en que ambos celebraron fiestas en Casa Puebla.
En el sexenio marinista, José Manuel Figueroa –el nombre real del cantautor– era asiduo de Puebla. Incluso ofrecía conciertos gratuitos en los que llamó al votó en favor del proyecto de continuidad marinista con la candidatura de Javier López Zavala en 2010.
Porque Marín ama a su pueblo”, fue una frase que lanzó públicamente en el Complejo Cultural Universitario el compositor de “Tatuajes” y “Secreto de Amor”, una tarde de mayo de 2010, en un concierto que ofreció en el marco del ya desaparecido Festival Internacional de Puebla (FIP).
Este miércoles 2 de marzo El Universal publicó que el cantautor contrataba los servicios de prostitución infantil del grupo delincuencial Los Rojos en Guerrero y Morelos
Joan Sebastian le decía a las chicas que ellas eran sus princesas y él las cuidaría como su papá”, publicó el rotativo nacional de acuerdo a una declaración de una mujer ante la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la PGR.
Marín y Kamel Nacif
En febrero de 2006 se destapó la ya multicitada historia del Góber Precioso. En medios nacionales se dieron a conocer los audios en los que se reveló que Marín daba protección a una red de pederastia encabezada por el empresario textil, Kamel Nacif. La investigación a cargo de la periodista Lydia Cacho le costó ser secuestrada y amedrentada por el gobierno de Puebla.
“Tú eres el héroe de esta película, papá”, fue la frase célebre que el textilero le lanzó por teléfono al gobernador poblano.
“Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente”, respondió Marín.
El Universal publicó la historia de prostitución de “Amanda”, la cual inició en 2009 cuando apenas tenía 12 años. La menor en su declaración ministerial reveló los negocios entre el artista y el grupo delictivo Los Rojos, pues el cantautor pagaba por tener a su disposición a las niñas que eran prostituidas por la organización delincuencial.
Justo en ese año Marín y Joan Sebastían realizaban fiestas en Puebla, a las que incluso invitaban al entonces director técnico del Puebla, José Luis Sanchez Solá.
El periodista Rodolfo Ruiz, en su columna La Corte de los Milagros, documentó uno de estos encuentros. En junio de 2009, tras asistir al partido Puebla-Pumas de la UNAM se dio el encuentro:
Después del juego, el gobernador Mario Marín se dirigió a Casa Puebla en compañía del canta autor Joan Sebastian, y estando allí se comunicó vía celular con el Chelís para que se integrara a la bohemia (…) Y así, entre viandas, algunos tequilas y uno que otro palomazo del cantante y compositor de temas como Amor sin maquillaje, Juliantla y Tatuajes, el gobernador le dijo al Chelís que ahora él y los candidatos del PRI requerían de su apoyo y de su popularidad para ganar las elecciones”, publicó el director del portal de noticias e-consulta.
Durante el sexenio marinista, cada mes de noviembre se realizaba el Festival Internacional de Puebla con eventos culturales y artísticos de talla internacional. Pero en 2010, justo el año que se renovó la gubernatura, se dio un cambio y el evento se realizó en mayo, dos meses antes de la elección.
El marinismo trasladó las presentaciones al CCU de la BUAP –con Enrique Agüera como su rector– para que asistiera más gente, pues el cartel incluyó artistas populares, entre ellos Joan Sebastían.
El 23 de mayo fue la presentación del originario de Juliantla, Guerrero. Marín estaba en primera fila y el cantautor sacó su priismo más recalcitrante.
Si quieren que sigan este tipo de conciertos ya saben por dónde va la cosa. Porque Marín ama a su pueblo”, fue el mensaje que lanzó en apoyo al proyecto de continuidad marinista.
Joan Sebastían cierra campaña de Agüera
El 1 de julio de 2013 fue la última vez que Joan Sebastian tuvo un evento público con el priismo poblano. Cantó en el cierre de campaña del candidato fallido a la alcaldía, Enrique Agüera Ibáñez, vinculado con Mario Marín.
Para los medios poblanos no fue desapercibo el concierto del también conocido “Huracán del Sur”, pues abrió con su canción “El perdedor”, que al final se convirtió en un pronóstico para los priistas.
Un total de 22 hombres y 9 mujeres, al parecer indocumentados cubanos, fueron asegurados anoche en una casa de la colonia “Lombardo Toledano” y entregados a la Comandancia de la PFP.
Por esa razón fue el segundo operativo policíaco-militar, del día en Cancún. El primero fue en la tarde cuando hombres armados intentaron “levantar” o “rescatar” a un paciente internado en el hospital Playa Med de la avenida Náder.
Cuando ya casi eran las cero horas, los ocupantes del domicilio de la Lombardo fueron trasladados a bordo de un autobús amarillo de pasajeros a la Comandancia de la Policía Federal, ubicada frente a Bomberos, en la esquina de las avenidas Chichén-Itzá y Tulum.
Apenas faltaban unos minutos para el viernes cuando se informó que fueron asegurados 31 indocumentados, al parecer cubanos.
Ya casi a media noche, policías municipales, ministeriales, federales y militares, montaron un operativo acordonando la zona cercana al domicilio ubicado entre entre la avenida Portillo y bulevar Bonampak.
Paciente
Personal de la clínica privada, ubicada a unas cuadras de Palacio municipal, hizo una llamada de emergencia cuando sujetos armados ingresaron preguntando por uno de los pacientes , del cual no se supo el nombre, solo que está internado por heridas de bala y en calidad de “detenido”.
Al final no se supo si la intención de los empistolados era “rescatar” o “levantar” al paciente. En un principio se rumoró que el herido era el gerente del hotel Terra Caribe –atacado a balazos en la recepción del centro de hospedaje a principios de semana-, pero más tarde se informó que éste había sido atendido en el Galenia, pero no se había quedado internado porque solo tenía una herida leve en el pómulo.
Por esa razón policías y militares mantuvieron la custodia del paciente y del nosocomio.
Disparos
También ayer por la noche, pero en Chetumal se reportaron disparos con arma de fuego en la calle Cuba, entre Nizuc y Sacxan, los cuales fueron hechos por un hombre que se dio a la fuga en una motocicleta.
No hubo lesionados y la Policía Federal Preventiva únicamente encontró dos ojivas.
Droga
En la mañana, el Ejército aseguró 32 kilogramos de cocaína, envueltas en mallas, en la costa oriental de Cozumel, los cuales fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR). (Marcrix)
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios, aplicables a los combustibles en los próximos siete días.
Mediante un acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia señaló que del 4 al 10 de marzo, el apoyo gubernamental en la gasolina menor de 92 octavos (Magna) será de 22.69 por ciento, y en el diésel de 24 por ciento.
En cuando al monto del estímulo fiscal en pesos por litro, la SHCP indicó que serán de 97 centavos para la gasolina Magna y de un peso con 13 centavos para Diésel.
Mientras que la gasolina mayor o igual a 92 octanos (Premium) y combustibles no fósiles no recibirá algún estímulo fiscal.
Asimismo, la Secretaría apuntó que la cuota disminuida es de tres pesos con 32 centavos por litro de gasolina Magna, de tres pesos con 64 centavos en el caso de la gasolina Premium y de tres pesos con 59 centavos por litro de Diésel. (24-horas.com)
Detenido y acusado de fraude
Comparecenciahoy por un litigio sobre propiedades
Previa orden girada desde 2016 por el Juzgado 2o. Penal, agentes ministeriales detuvieron al señor Ermilo Castilla Ponce, contra quien pesa una denuncia por fraude y falsificación de documentos que promovió su madre, la señora Margarita Ponce Díaz, de acuerdo con datos obtenidos en ese tribunal.
(Diario de Yucatán). Los abogados que promovieron la denuncia declinaron informar sobre los hechos, aunque se averiguó que la mañana de hoy viernes el acusado rendirá declaración preparatoria ante el juez Luis Felipe Santana Sandoval.
En la denuncia se involucra a Ermilo Castilla Roche, padre de Castilla Ponce y quien, como publicamos, está en libertad gracias a un amparo que promovió contra la orden de detención.
De acuerdo con nuestros archivos, en 2016 se expidieron las órdenes de detención, pero Castilla Roche promovió un amparo, compareció en ese juzgado y tras negar los cargos se retiró.
Cuando publicamos la comparecencia, el inculpado acudió al Diario y reiteró su inocencia, al mismo tiempo que informó que su hijo Ermilo Castilla Ponce estaba en el extranjero estudiando.
Unos días después, en las redes sociales el ahora detenido, de 23 años, publicó un remitido en el que niega los cargos en contra suya y de su padre y hermanos. Habla además de otras circunstancias familiares, de un poder recibido para administrar bienes de su madre y las relaciones con el gobierno.
En su denuncia, la señora Margarita Ponce indica que con base en documentos falsos la despojaron de varios terrenos en Yucatán y Quintana Roo, cuyo valor ascendería a $87 millones.
La detención fue en un hotel, aunque no se precisó si fue en esta ciudad o en Progreso.— Megamedia. Pleito familiar por millonaria herencia en Yucatán
El conflicto involucra a la hija, los nietos y el ex yerno del dueño de Bepensa, que agrupa a 33 empresas, entre ellas distribuidora de Coca Cola en la región.
Un pleito marital que data de 2013 y que involucra a dos de las familias económicamente más poderosas ha trascendido tras la publicación de un remitido que circula en internet.
En el conflicto participan los ex esposos Ermilo Castilla Roche y Margarita del Pilar Ponce Díaz, hija del multimillonario Fernando Ponce García, propietario de Fomento Corporativo Peninsular SA de CV (Bepensa) que agrupa a unas 33 empresas, entre ellas la marca Coca Cola.
La disputa se centra en la herencia en acciones, ahorros bancarios y más de cien inmuebles adquiridos por la mujer en copropiedad con hermanos y primos.
Bajo el título de “Dueños de la Coca Cola me quieren meter a la cárcel por defender a mi papá”, uno de los hijos de la pareja, Ermilo Roger Castilla Ponce, envió un remitido al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Rolando Zapata Bello donde solicita “su inmediata intervención para poner un alto a todas las violaciones y actos de barbarie ultrajantes y de agresión, terror psicológico, desprecio y acciones legales que han sido cometidos por mi madre Margarita del Pilar Ponce Díaz, por su padre, mi propio abuelo, Fernando Ponce García; por su hermano, mi propio tío, Juan Manuel Ponce Díaz, en contra un servidor, de mis hermanos Margarita Castilla Ponce y Genaro Castilla Ponce y de mi padre, Ermilo Castilla Roche”.
En el documento Ponce Castilla señala el origen del pleito fue en 2013, cuando sus padres se encontraban separados y durante las negociaciones que sostenían, Margarita del Pilar Ponce Díaz otorgó un poder notarial irrevocable para Actos de Dominio, individual, respecto de cinco inmuebles que su padre, Ermilo Castilla Roche, adquirió con sus propios recursos y que los puso a nombre de su madre.
Según Castilla Ponce, no le interesan ni la herencia ni las acciones de “Bepensa”, ni los ahorros, ni los más de cien inmuebles, los cuales abarcan miles de hectáreas, que mi madre Margarita del Pilar Ponce Díaz, adquirió a su nombre o en copropiedad con su hermanos y con sus primos, con sus recursos propios o familiares”.
“Herencia la cual, desde el día de hoy, aclaro, que si algún día llegasen a ser propiedad de un servidor y de mi hermana, nos comprometemos a donarlas en su totalidad, para la creación de una Organización No Gubernamental (ONG), con los fines de proteger los derechos y la libertad de los incontables ciudadanos mexicanos, que como nosotros, son víctimas de ataques de individuos, que por su posición económica, piensan que están sobre la Ley y los preceptos más básicos de nuestra Carta Magna”.
En su remitido denunció que por el poder económico de su abuelo, Fernando Ponce García, “ninguno de los periódicos en la entidad brindó su anuencia para exponer la situación”.
A continuación el texto íntegro del documento:
REMITIDO
Merida, Yucatan, a 9 de Mayo del 2014
Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Arely Gómez González, Procuradora General de la República.
Luis Raul Gonzalez Perez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade Martinez
Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán.
Marcos Alejandro Celis Quintal, Presidente del Poder Judicial del Estado de Yucatán y del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán.
Ariel Francisco Aldecua Kuk, Fiscal General del Estado de Yucatan.
Por medio de la presente, un servidor, Ermilo Roger Castilla Ponce, mexicano, de 22 años de edad, nacido en Mérida, Yucatán, México, el día 12 de Diciembre de 1993, con residencia permanente en el Casco Hacienda Dzodzil Casa 27, Col. Dzodzil Norte, Mérida, Yucatán, 97115, Mexico; con fundamento en todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás tratados internacionales de la materia aplicables al caso, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todas las Leyes Federales vigentes de la República Mexicana, así como en todas las Leyes vigentes del Estado de Yucatan, solicito su inmediata intervención para poner un alto a todas las violaciones a mis derechos humanos, que están cometiendo autoridades judiciales federales y del Estado de Yucatan.
El 25 de febrero del 2016, el Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatan, dictó una orden de aprehensión en contra de un servidor y de mi padre, Ermilo Castilla Roche, mediante oficio numero 803-BIS/2016, del expediente numero 9/2106, con la finalidad de hacernos comparecer a un juicio basado, en su totalidad, en una serie de documentos apócrifos, principalmente correos electrónicos que fueron obtenidos ilegalmente, o que fueron creados por la parte denunciante, mi propia madre Margarita del Pilar Ponce Díaz y por la Fiscalía General del Estado de Yucatan, ya que de manera ilegal intervinieron cuentas de correo electrónico, de un servidor, de mi padre y de algunos de nuestros asesores legales, obteniendo, tergiversando y difundiendo las comunicaciones contenidas en estos, a pesar de que para poder intervenir cualquier comunicación, verbigracia, cualquier cuenta de correo electrónico, se requiere obtener la autorización de cualquiera de los únicos siete Jueces facultados para ello por la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, por mandato constitucional, siendo estos los Jueces de Distrito Penales Especializados en materia de Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones con sede en la ciudad de México y con Competencia en toda la República, de donde se sigue que el citado mandato de captura resulta violatorio de los preceptos Constitucionales y legales que protegen las comunicaciones privadas de las personas.
A raíz del conocimiento de las ilegales intervenciones perpetradas por mi madre, Margarita del Pilar Ponce Díaz, quien a merced de su deficiente asesoría legal, compareció ante el Ministerio Público del Fuero Común a exhibir un documento con diversas cuentas de correos electrónicos y sus respectivas contraseñas, y quien también en forma personal, contando con la participación de la Policía Judicial Cibernética del Fiscalía General del Estado de Yucatán, ilegalmente se introdujo a las citadas cuentas y manipuló una serie de misivas electrónicas; mi padre interpuso una denuncia ante la delegación de la Procuraduría General de la República, haciendo del conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos criminales y antisociales cometidos en perjuicio de un bien jurídico que tutela la sociedad en su conjunto: las comunicaciones privadas, su intimidad y confidencialidad.
Sin embargo, la citada representación social, subyugada por mi Familia Ponce Diaz, declinó su ‘competencia’ para conocer de los hechos denunciados, los cuales, ahora que son del conocimiento del Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, por ministerio de ley, deberán turnarse de oficio ante la autoridad ministerial.
Por lo tanto, solicito su inmediata intervención para poner un alto a todas las violaciones y actos de barbarie ultrajantes y de agresión, terror psicológico, desprecio y acciones legales que han sido cometidos por mi madre Margarita del Pilar Ponce Diaz, por su padre, mi propio abuelo, Fernando Ponce Garcia, por su hermano, mi propio tío, Juan Manuel Ponce Diaz, en contra un servidor, de mis hermanos Margarita Castilla Ponce y Genaro Castilla Ponce y de mi padre, Ermilo Castilla Roche.
Desgraciadamente mi madre Margarita del Pilar Ponce Diaz se encuentra completamente engañada y manipulada por Fernando Ponce García, por Juan Manuel Ponce Díaz y por el asesor legal que le impusieron, Jose Rafael Menéndez Medina, quienes le han obligado a suscribir todas una serie de demandas penales, civiles y mercantiles, con el propósito de evitar que exista una sana y feliz convivencia entre mis hermanos y mi padre, de lograr la ruina económica de un servidor y de mi padre, quienes somos el sustento de nosotros mismos y de mis hermanos menores y de lograr nuestro completo desprestigio en el ámbito social y empresarial, mediante una serie de campañas de desprestigio.
Tanto un servidor, como mi hermana Margarita Castilla Ponce hemos sido amenazados, por nuestra propia madre, Margarita del Pilar Ponce Díaz, por nuestro propio abuelo Fernando Ponce García y por nuestro tío Juan Manuel Ponce Díaz de ser desheredados del patrimonio de mi madre; el cual comprende, entre otros bienes, su tenencia accionaria en la sociedad “Fomento Corporativo Peninsular”, conocida comercialmente como “Bepensa”, sus ahorros y más de cien inmuebles que posee en su nombre o en copropiedad con sus hermanos y primos. Herencia la cual, desde el día de hoy, aclaró, que si algún día llegasen a ser propiedad de un servidor y de mi hermana, nos comprometemos a donarlas en su totalidad, para la creación de una Organización No Gubernamental (ONG), con los fines de proteger los derechos y la libertad de los incontables ciudadanos Mexicanos, que como nosotros, son víctimas de ataques de individuos, que por su posición económica, piensan que están sobre la Ley y los preceptos más básicos de nuestra Carta Magna.
El origen de todos los actos de agresión física, terror psicológico, desprecio, acciones legales y campañas de desprestigio, que día con día se dirigen en nuestra contra, se debe exclusivamente a que un servidor y mi hermana Margarita Castilla Ponce no hemos sucumbido ante las constantes amenazas de ser desheredados por nuestra madre, Margarita del Pilar Ponce Díaz, no alinearnos con sus intereses y los de Fernando Ponce García y Juan Manuel Ponce, en contra mi padre y porque en todo momento nos hemos conducido con ética, moralidad, equidad y justicia en todos los asuntos relativos a la separación de nuestros padres y en la búsqueda de una convivencia equitativa de mi hermano menor Genaro Castilla Ponce con un servidor, con su hermana Margarita Castilla Ponce y con mi padre.
En el año 2013, cuando mis padres se encontraban separados, durante las negociaciones que sostenían entre ellos, mi madre Margarita del Pilar Ponce Díaz me otorgó un poder notarial irrevocable para Actos de Dominio, individual, respecto de cinco inmuebles que mi padre adquirió con sus propios recursos y que los puso a nombre de mi madre. Un servidor, actuando con estricto apego a derecho, realicé la enajenación de dos de esos cinco inmuebles, para poder hacer frente a los gastos universitarios de un servidor y de mi hermana en el extranjero, así como para solventar nuestra defensa legal.
Aclarando, ante ustedes y la opinión pública en general, que ni acciones de “Bepensa”, ni los ahorros, ni los más de cien inmuebles, los cuales abarcan miles de hectáreas, que mi madre Margarita del Pilar Ponce Díaz, adquirió a su nombre o en copropiedad con su hermanos y con sus primos, con sus recursos propios o familiares, bajo ningún precepto han sido ni enajenados, ni gravados, ni comprometidos, por un servidor o por mi padre. Repudiamos contundente y públicamente la ambición económica y la falta de valores, ética y moral que ha dado motivo a todas las acciones emprendidas por nuestra propia madre, Margarita del Pilar Ponce Díaz, en nuestra contra.
Así las cosas, de esta inédita devaluación de valores humanos sin freno, emerge, triste pero inevitablemente, lo que más allá de una pregunta, deviene en un reclamo de los pilares que sostienen a la sociedad Meridana: Qué es lo que se requiere para saciar el apetito y voracidad sin precedente ni horizonte de la demandante y sus asociados? Para encausar su ira al camino del remedio y la bondad, en sustitución de la alineación parental y el daño moral hacia sus propios hijos? El egocentrismo y la ignorancia, conjugados con el poder cuasi tirano, solamente han resultado en la desunión familiar y destrozo emocional para mí, como para todos mis hermanos.
Así mismo aprovechamos denunciar y solicitar la intervención de la Secretaría de la Función Pública, del Consejo de la Judicatura Federal y del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán, ya que tanto nuestra madre Margarita del Pilar Ponce Díaz, como sus asesores constantemente, nos han amenazado explicándonos como con su poder y sus recursos económicos han subyugado a las autoridades en cuyo criterio y sentencias se encuentra el destino de la convivencia con mis hermanos y mi padre, así como nuestro destino económico.
Expuesto lo anterior, solicito que se vigile que la resolución que mañana lunes, 9 de Mayo, se sirva decretar el Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, se dicte conforme a derecho, particularmente en atención a que toda la supuesta evidencia está basada en documentos falsos creados u obtenidos sin la autorización correspondiente, conforme lo prescribe el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y bajo este mismo esquema, que no pase inadvertido para el citado Juez de lo Penal, que en términos del citado artículo 16 constitucional y sus leyes reglamentarias, en su resolución tome en consideración que la intervención de comunicaciones privadas sin autorización de la autoridad judicial competente, se encuentra sancionada por el Código Penal Federal, con una pena que va de los 6 a los 12 años de prisión, así como también por la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y por ende, se encuentra obligado a dar parte de esos hechos criminales al Ministerio Público de la Federación.
Ermilo Roger Castilla Ponce declaró hace una semana que fue secuestrado por Borge y Lima Carbajal para quedarse con Predios http://www.pedrocanche.com/2017/02/23/borge-lima-carvajal-ahora-denunciados-secuestro/
A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.-
En relación a la nota periodística publicada en fecha 27 de Febrero de 2017, relativa a un inmueble propiedad de la sociedad RANCHO LA POSADITA S.A.P.I. DE C.V., en la cual se menciona la existencia de unas “instalaciones de lujo” y que fuera comprada por la sociedad a precio de remate, por este conducto nos permitimos precisar lo siguiente:
1. RANCHO LA POSADITA S.A.P.I. DE C.V. , pertenece a un fondo inmobiliario 100% privado e institucional, integrado por familias empresarias de distintas partes del país, dedicado a incentivar el desarrollo de comunidades urbanas y turísticas, con más de 15 años invirtiendo y desarrollando en el Estado de Quintana Roo, así como en otros estados del país de forma permanente.
2. RANCHO LA POSADITA S.A.P.I. DE C.V., mediante Contrato de Compraventa celebrado con un Grupo Hotelero mexicano totalmente privado, adquirió la propiedad de un inmueble con instalaciones hoteleras en estado ruinoso derivado de un fenómeno meteorológico.
3. Tal como se menciona en el párrafo anterior, las instalaciones hoteleras se encontraban en condiciones ruinosas, y es en el transcurso de este tiempo, que la sociedad realizo un proceso de restauración y habilitación de villas, para darles el uso que a su interés convenga.
4. Ahora bien, en virtud que dicho inmueble carecía de una cercanía a las vías de comunicación existentes, es que RANCHO LA POSADITA S.A.P.I. de C.V., buscó adquirir los inmuebles rústicos aledaños para comunicar el inmueble al acceso más cercano, por lo que adquirió 213 Has. de terreno rustico en breña, mediante Contrato de Compra Venta celebrado con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través del IPAE, quien tasó el precio de dicha venta, en un valor 3 veces mayor que el valor catastral de la zona, ya que es de advertir que el inmueble hotelero se encontraba rodeado por predios totalmente rústicos propiedad del Instituto, los cuales carecen de cualquier acceso a carretera, infraestructura básica y servicios, y cuya superficie además en su mayor parte es totalmente inutilizable por sus condiciones naturales, aunado a que el poblado más cercano donde se pueden encontrar algunos servicios básicos se encuentra a 15 kilómetros de distancia y algunos otros servicios públicos básicos se localizan a más de 100 kilómetros de distancia. Aclaramos puntualmente lo anterior, para evitar falsas percepciones y confusión ante los momentos de la actual situación política y mediática en el estado de Quintana Roo.
5. Por último, es nuestro deseo manifestar que el Fondo Inmobiliario de Rancho La Posadita S.A.P.I. de C.V., es una empresa seria y 100% privada, con inversiones importantes de muchos años atrás en el estado, en la edificación y habilitación de proyectos turísticos en el Caribe y que rechaza rotundamente cualquier vínculo con personas y actos contrarios a la ley, la moral y las buenas costumbres.
Atentamente.-
Lic. José Manuel Caballero
Representante Legal de
Rancho La Posadita S.A.P.I. de C.V.
El 1 de marzo de 2017, al resolver el amparo en revisión 1422/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte determinó que son los jueces federales y no los locales quienes deben enjuiciar los delitos cometidos en contra de un periodista. La decisión supone un avance importante en la protección de los derechos de los periodistas, quienes pueden sufrir abusos en el ejercicio de su libertad de expresión e información, dijo la Suprema Corte en su comunicado 166/2017. 
“En el ámbito de protección establece que si cualquier comunicador, periodista o gráfico es atacado o impedido para ejercer su oficio – sin importar si el ataque o represion viene de una particular, policía, guardia de seguridad, funcionario público de cualquier nivel- entonces deberá presentar su denuncia en la delegación de la PGR donde se llevará a cabo la investigación y el juicio posterior será ante tribunales federales”, señaló la abogada defensora de periodistas y enlace en Cancún de Article 19, Aracely Andrade Tolama. Añadió: “Esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta ser un parteaguas en la protección de las y los comunicadores además de garantizar el derecho a la libertad de expresión”.
La Primera Sala, a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar, consideró que cualquier definición del término periodista debe partir del contexto de inseguridad que enfrentan los comunicadores en el ejercicio de su actividad. Por lo tanto, los mecanismos de protección de periodistas deben incorporar a todos aquellos que, de alguna manera, cumplan con la función de informar a la sociedad. De igual manera, se consideró patente la necesidad de tomar en cuenta los distintos y cambiantes modos con los que se ejerce el periodismo. -Por otro lado, esta histórica resolución, define claramente a quien se le puede considerar como comunicador/ a, periodista, etc, añade Andrade Tolama-Dice claramente que no es necesario contar con ninguna acreditación, permiso o credencial.
La Suprema Corte determinó que no es necesario que una persona acredite trabajar para algún medio de comunicación, o que presente un título profesional para justificar su carácter de periodista. La Sala tomó en cuenta que los periodistas pueden ejercer sus funciones mediante una gran diversidad de canales de comunicación (privados o públicos; impresos o radioeléctricos; digitales o de imagen), que pueden desempeñar su tarea de manera independiente o asociada, y de forma permanente o habitual. Esto es, que el periodismo debe calificarse desde una perspectiva funcional, atendiendo a las actividades que comprende y al propósito al que sirve: informar a la sociedad.
En ese sentido, la Primera Sala determinó que la víctima desempeña regularmente funciones periodísticas, y en consecuencia, revocó el fallo del tribunal unitario, para que las acusaciones del periodista sean enjuiciadas en tribunales federales. La abogada explicó que esta histórica resolución a favor de la Libertad de Expresión echa por tierra nuevamente la corta definición que hace la ley de protección a periodistas hecho a modo por el ex gobernador Roberto Borge y tanto los delitos contra la libertad de expresión del Código Penal del Estado, como las definiciones de esta pseudo ley de protección a periodistas, pasan a tener la categoría de derecho vigente pero no de derecho positivo, es decir, no se aplicarán. -Las y los comunicadores, de cualquier nivel y fuente, podrán imprimir y mostrar esta resolución en cualquier evento o suceso que quieran cubrir como noticia y nadie deberá impedirles el acceso, señaló la abogada.
La Auditoría
Superior de la Federación (ASF),
en su informe de la Cuenta
Pública 2015, pidió al Gobierno
de Quintana Roo que aclare y
entregue documentación que
justifique gastos por 67 millones
de pesos que fueron ejercidos por
la Secretaría de Desarrollo Social
e Indígena (Sedesi).
En sus conclusiones, la ASF
revela un probable daño a la
Hacienda Pública Federal y
por ello pide documentos que
demuestren la aplicación de
esos recursos que fueron o no
ejercidos; en caso de no tener
la justificación, la dependencia
deberá reintegrarlos a la Tesorería
de la Federación, informó
Julián Ricalde Magaña, titular
de Sedesi.
En esa cantidad se incluye un
probable perjuicio a la Hacienda
por un monto de tres millones
222 mil pesos, por no haber aplicado
la totalidad de los recursos
disponibles al 30 de abril de 2016
del Fondo de Infraestructura
Social (Fise) 2015.
Para agravar la situación, los
programas Reciclando Basura
por Alimentos y las Brigadas
del Bienestar, utilizados por
la administración de Roberto
Borge Angulo como estandarte
del apoyo a grupos vulnerables,
se encuentran hoy “congelados”
por la ineficiencia de la anterior
administración al aplicar las
partidas y por no realizar mediciones
y estadísticas del nivel de
pobreza en la entidad.
Esos recursos, explicó el titular
de Sedesi, fueron asignados
por el Gobierno Federal para
esos programas de apoyo social,
pero los funcionarios borgistas
de Sedesi lo desviaron para otros
fines y hasta el momento siguen
sin comprobar el uso o destino
que les dieron.
“La Auditoría en su dictamen
se refiere a programas como Prospera
y pregunta si tuvo o no los
alcances para quitar el hambre
a su población; el asunto es que
no hubo claridad y transparencia
en la aplicación de los recursos.
“Además, los programas
deben ser asertivos para ver
si impactamos o no en algún
rubro y la respuesta es negativa,
no hubo impacto positivo en la
población; por el contrario, sólo
hubo campañas disfrazadas con
despensas y ahora la prueba es
que estamos demandados por
Liconsa, porque no se pagaron
las grandes cantidades de leche
que se pidieron para el programa
y se desviaron recursos para un
partido político”, agregó Ricalde
Magaña.
El funcionario comentó que
el porcentaje de carencia por
hambre nunca fue medido aunque
saben que aumentó en los
últimos años, pues una de cada
tres personas de Quintana Roo
son pobres y siete por ciento
viven en situaciones extremas
de condiciones mínimas de satisfacción
en alimentos, vivienda,
educación, seguridad.
El análisis e investigación de
los recursos de lo que entregó la
anterior administración está en
manos de la Gestión Pública y
las observaciones con las sanciones
correspondientes ya están
en trámite.
Según datos del Consejo
Nacional de Evaluación de Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval),
la carencia por acceder a
los alimentos aumentó más del
5%, pues en 2012 la tasa era de
18.6% y en 2014 de casi 24%, lo
que implica un total de 80 mil
personas con carencias.
El gobierno municipal de Cancún pagó 4.5 millones de pesos a la empresa foránea “Control Operativo de Hoteles
y Restaurantes” para elaborar 16 mil roscas de Reyes de dos kilos, que debieron entregarse el seis de enero pasado,
sin que se sepa hasta la fecha cuándo se repartieron, en dónde, a quiénes y cuáles fueron los parámetros de entrega, informa el diario El Universal.
La cantidad invertida en comprar las ‘roscas VIP’, casi alcanza los cinco millones de pesos que la misma administración
del alcalde Remberto Estrada pagó a la empresa “Grupo Empresarial Urfisa”, por la renta de un lote de 97 vehículos
para operar como patrullas, durante poco más de 40 días, conforme a una licitación lanzada en diciembre pasado,
cuyos detalles se mantuvieron ocultos hasta febrero pasado.
Conforme al contrato MBJOFMDRM0982016, para la adquisición de las 16 mil Roscas de Reyes, firmado por el
titular de Oficialía Mayor, Héctor Contreras Mercader, el tesorero Rogelio Díaz Ramírez y la directora de Desarrollo
Social, María Jimena Pamela Lasa Aguilar –por la comuna y la representación legal de empresa, cada pieza de dos
kilos costó 280 pesos, haciendo un total de cuatro millones 480 mil pesos, sin IVA.
La empresa fue constituida en Yucatán, el 3 de agosto de 2015, acto del cual dio fe el notario 69, Hugo Wilbert Evia
Bolio, pero fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entidad
gobernada por Manuel Velasco, militante del Partido Verde (PVEM), al que también está afiliado el alcalde de Cancún.
De acuerdo con el objeto social de la compañía, ésta se dedica a la compra, venta y distribución de toda clase de
mercancías nacionales y extranjeras, principalmente de insumos para la elaboración de comida, bebidas y todos los
artículos necesarios para el mantenimiento de centros turísticos.
2/3/2017 Alcalde de Cancún pagó 4.5 mdp por roscas de reyes
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/03/2/alcaldedecancunpago45mdpporroscasdereyes 2/2
La autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del municipio, para lanzar la
licitación, ocurrió el 30 de noviembre pasado, como parte del proyecto 10020101003 3.1 del programa “Integrando y
Transformando Familias”, solicitado por la Secretaría municipal de Desarrollo Social y Económico, con cargo a recursos
municipales del ejercicio fiscal 2016.
La convocatoria para la licitación se lanzó en diciembre pasado y el fallo se dio el 26 de ese mismo mes, fecha en que
inició la vigencia del contrato, con término al 15 de enero pasado.
Funcionarios del gobierno de Estrada Barba, y el propio edil, mantuvieron oculta la información durante dos meses y
medio, hasta hoy que la Unidad de Transparencia municipal respondió a la solicitud hecha por Humberto Aldana,
militante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
“No sabemos cómo se entregaron las roscas. Tampoco cuándo, ni a quiénes. Por otro lado, cada rosca costó 280
pesos, valor que bien se pudo haber conseguido en cualquiera de los establecimientos que vendían roscas de Reyes
aquí en Quintana Roo, sin necesidad de pasar por una compañía específica, que ahora sabemos es de Yucatán.
“Habría que ver cómo se le asignó el contrato. También tenemos dudas sobre el fallo. ¿Cómo fue? ¿Cuántos
concursaron? También nos parece excesivo el pago, porque las roscas pudieron adquirirse de manera directa con
proveedores locales sin necesidad de pasar por concurso”, expresó Aldana, quien acudió hoy a recibir la respuesta de
la Unidad de Vinculación y Transparencia.
*El Gobernador felicita a su homólogo de Guanajuato por los avances alcanzados durante los cinco años de administración, como lograr que la economía de la entidad sea la sexta del país
*Indica que comparte las políticas públicas enfocadas a generar más oportunidades a los ciudadanos y procurar un mejor nivel de vida
Guanajuato.- El Gobernador Carlos Joaquín asistió al quinto informe de actividades de su homólogo de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, donde atestiguó los avances en los rubros de crecimiento económico, calidad de vida, educación, salud, infraestructura carretera y obra pública.
Al término de la ceremonia realizada en la explanada principal del Parque Guanajuato Bicentenario, Carlos Joaquín felicitó al gobernador por los logros alcanzados durante los cinco años de administración en los que ubicó a la economía de la entidad como la sexta del país y obtuvo el cuarto lugar en generación de empleos.
En turismo, dijo, es el sexto estado más visitado de la República, después de los destinos de sol y playa de Quintana Roo, que son los más importantes de México y América Latina.
Sobre las políticas públicas del gobierno de Guanajuato, el Gobernador manifestó que comparte la visión de gobierno, toda vez que está enfocada a generar más oportunidades a los ciudadanos y procurar un mejor nivel de vida.
Indicó que así como en Guanajuato, en Quintana Roo la gente es el centro de las políticas públicas implementando acciones y programas de gobierno que disminuyan las desigualdades generadas en administraciones pasadas.
Al evento asistió, en representación del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, el secretario de Salud, José Narro Robles; el presidente del Comité Directivo del PAN, Ricardo Anaya; el gobernador de Morelos y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Graco Ramírez; el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera; el político Diego Fernández de Ceballos; gobernadores, legisladores, deportistas e invitados especiales.