Juanpabloguillermomolina

Por petición de Félix González el gobernador Rolando Zapata oculta a borgistas en Yucatán

Publicado en
/

Por Pedro Canché

Cuando la policía ministerial de Quintana Roo ubicó a Elieser Villanueva Lanz en un fiesta en Mérida, lanzó un operativo el domingo 2 de Julio para detenerlo. El cerebro financiero de Félix González Canto y Roberto Borge, logró huir en complicidad con la policía yucateca que le dio protección.

Felipe Saidén, jefe policiaco de Yucatán obedeció órdenes de su jefe el gobernador Rolando Zapata Bello. Una fuente afirma que Elieser Villanueva Lanz le dio a Saidén 10 millones de pesos en efectivo en agradecimiento.

El senador Félix González Canto, jefe de Roberto Borge, pidió al gobernador yucateco todo el apoyo para los 19 borgistas con órden de aprehensión. Priista al fin, Zapata Bello aceptó ocultar a los más destacados criminales del borgismo.

Por ejemplo, Eduardo Alonso Ovando se pasea en Chicxulub Puerto con la protección de Zapata Bello. Cada semana acude a comprar pescado y otras delicias del mar.

Y hay más. Juan Pablo Guillermo se codea con la alta sociedad yucateca. Esta semana se lo vio de etiqueta en la fiesta de los Molina, los de la franquicia de la pepsi cola y sus barcos en Cozumel- Playa del Carmen. Juan Pablo Guillermo sabe que goza de la protección de la temible casta yucateca y del gobernador.

Estos tres bandidos que saquearon Quintana Roo no les importa nada. Rolando Zapata Bello se convierte pues en un criminal por encubrir a estos delincuentes. Hay que abrirle un expediente a la voz de ya.

Los oficios de la Fiscalía General del Estado para coordinar acción contra estos hijos de Félix, terminan en el baño de Rolando Zapata Bello. Ya no le hace falta comprar papel sanitario.

 

 

Congreso busca a Juan Pablo Guillermo para comparecer

Publicado en

Congreso llama a comparecer a Juan Pablo Guillermo; ahora falta que lo encuentren
Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas del gobierno de Roberto Borge, fue será citado a comparecer ante el Congreso para que explique las diversas irregularidades durante su gestión, principalmente por los 220 millones correspondientes al cobro de impuestos al hospedaje, los cuales no fueron canalizados a los fideicomisos de promoción turística.
El presidente de la comisión Instructora de Análisis sobre la determinación del juicio político en contra del exfuncionario en el Congreso local, Emiliano Ramos Hernández, informó que la cita de la comparecencia está programada para el próximo 10 de julio.
Juan Pablo Guillermo será notificado en su domicilio legal, aunque la ley también prevé que pueda comparecer por escrito. En caso de no hacerlo, el exfuncionario habrá renunciado a su derecho de audiencia, la cual es una garantía constitucional que sirve para poder defenderse.
También será citada ese mismo día, pero en un horario diferente, la presidenta de la asociación civil Somos tus Ojos, Fabiola Cortés, como promotora de la denuncia de juicio político en contra de Guillermo Molina, y a , así como a personal de la Auditoría Superior del Estado para que proporcionen información sobre este caso.
Sin embargo, surge una duda, si en realidad el exresponsable de las finanzas públicas del gobierno de Roberto Borge recibió la notificación en su domicilio, pues según reportes periodísticos, no se sabe del paradero de Juan Pablo Guillermo.
El 26 de junio pasado, el Juzgado Primero de Distrito no otorgó los amparos solicitados a varios exfuncionarios, entre ellos al propio Juan Pablo Guillermo.
El temor de una posible fuga se fundamenta en que Guillermo Molina tenía una audiencia judicial para el análisis de su solicitud, a la que no se presentó y ni siquiera envió una declaración escrita a través de su abogado, con lo que prácticamente daba su causa como perdida y, por ende, se cree que probablemente haya huido.
Avalan ayuntamientos reforma anticorrupción
Con el aval de los ayuntamientos Lázaro Cárdenas, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Othón P. Blanco y José María Morelos, avanzan las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, que darían pie a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.
A través de un comunicado, el Congreso estatal explicó que se trata de las iniciativas de Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo, y de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
La primera iniciativa pretende expedir una Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo, en la cual se incorporan aspectos preventivos contra la corrupción mediante el establecimiento de principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos.
También se propone incorporar al sector privado que interactúa con el sector público y que participen en actos de corrupción, al régimen de responsabilidades y podrán estar sujetos a sanciones económicas, inhabilitaciones para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como indemnización por daños y perjuicios a la hacienda pública, quedando como instancia responsable de estas sanciones el Tribunal de Justicia Administrativa.
Y se propone incorporar la figura de denuncia anónima y establece que se debe mantener en carácter de confidencial la identidad de personas que denuncien actos de corrupción.
La segunda iniciativa busca realizar adecuaciones al Código Penal para que el ministerio público pueda sancionar los actos de corrupción, para lo cual es necesario delimitar las reglas generales para determinar la comisión de delitos de corrupción y la regularización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con el objetivo de mitigar la impunidad que suele caracterizar a los delitos de corrupción.

Sí habrá juicio político contra Juan Pablo Guillermo, determina la Comisión de Justicia del Congreso

Publicado en

 

*Determina Comisión de Justicia, que sí hay elementos para iniciar juicio político contra ex titular de SEFIPLAN*

• Con esta determinación de la Comisión de Justicia, se da cumplimiento a la resolución del juez sexto de distrito quien ordenó la reposición del procedimiento.
• La Comisión de Justicia de la pasada Legislatura, había desechado la solicitud.

Chetumal, Quintana Roo. – La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Quintana Roo determinó que hay elementos suficientes para iniciar un proceso de juicio político en contra del ex secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de la administración pasada, Juan Pablo Guillermo Molina y acordó proponer ante el Pleno Legislativo, se dé inicio a este procedimiento.

En sesión privada –con fundamento en el primer párrafo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo- los integrantes de la Comisión de Justicia dieron cumplimiento a la determinación del juez sexto de distrito, quien la semana pasada ordenó dejar sin efectos el resolutivo que emitió la Comisión de Justicia de la Decimocuarta Legislatura, la cual desechó la petición hecha por la agrupación civil “Somos Tus Ojos Por la Transparencia de Quintana Roo” en contra del ex titular de SEFIPLAN.

El pasado 27 de marzo el Juzgado Sexto de Distrito en Quintana Roo resolvió el amparo a favor de la organización “Somos Tus Ojos” y con ello instruir también al Congreso del Estado para que “con libertad de jurisdicción y cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, dicte otro siguiendo los lineamientos de este fallo, el cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero fundando y motivando su determinación”, señala uno de los resolutivos.

El diputado Fernando Levín Zelaya, secretario de la Comisión de Justicia, informó al término de la reunión, que se determinó concluir con un dictamen en donde se le da procedencia al juicio político en contra del ex servidor público a partir de la denuncia interpuesta por “Somos Tus Ojos”.

“El día de hoy ya se tiene con libertad de jurisdicción la posibilidad de poder dictaminar este caso y, con base en ello, se resolvió hacer del conocimiento del pleno legislativo que existen elementos suficientes que configuran la posibilidad de abrir un juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo, acuerdo que será puesto a consideración del pleno seguramente en la siguiente sesión”, dijo el legislador.

El siguiente paso, de aprobarse este acuerdo propuesto por la Comisión de Justicia, es avanzar en la integración de la Comisión Instructora, la cual deberá revisar este caso, escuchar a las partes y emitir un dictamen con el que se concluya si existen elementos suficientes para el juicio político que deberá ser también revisado y discutido en el pleno del Congreso del Estado.( Con información del Congreso del Estado).

–O–

XV Legislatura avala a ex tesorero de Borge: Somos tus ojos

Publicado en

LEGISLATURA PIDE A JUEZ DESECHAR JUICIO POLÍTICO CONTRA EX TESORERO DE ROBERTO BORGE

CANCÚN, MX, 22/01/2017 .- La actual Legislatura del Congreso de Quintana Roo pidió a un juez federal confirmar el desechamiento del juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, ex Tesorero de Roberto Borge Angulo, interpuesto por el desvío de 1,464 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje.

Congreso protesta corrupción

El 25 de abril de 2016, “Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo”, interpuso una demanda de juicio político en contra del entonces Secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, por el desvió de 1,464 millones de pesos provenientes del Impuesto al Hospedaje, aportando 17 pruebas documentales.

El 29 de agosto la XIV Legislatura notificó su resolución, determinando desechar la demanda de juicio político, por lo que Somos Tus Ojos interpuso un amparo, el cual quedó registrado bajo el expediente 725/2016 mismo que se encuentra en trámite ante el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Chetumal.

Como parte del procedimiento, correspondió a la XV Legislatura rendir ante el Juez federal su informe justificado, lo cual hizo Lizandro Landeros Lima, director de apoyo Jurídico del Poder Legislativo del estado de Quintana Roo, quien reiteró el criterio de la legislatura borgista, en el sentido de desechar del juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, aduciendo que no se cumplía con un requisito de procedibilidad:

“(…) no asiste la razón a la parte quejosa, ya que los actos de mi representada no violentan derecho alguno de ésta, en virtud a que en particular la Comisión de Justicia de la H. XIV Legislatura de Estado, únicamente cumplió con sus obligaciones y en apego a sus facultades (…) determinó de manera previa el desechamiento de la denuncia de juicio político en contra del C. Juan Pablo Guillermo Molina, atendiendo a que tal y como consta en el dictamen de fecha 10 de junio de 2016, en su punto marcado como primero, consideró que no se satisface el requisito de procedencia que exige el artículo 14 en relación con el artículo 6, fracciones XI y XIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Quintana Roo, siendo evidente que el acto de la autoridad es fundado y motivado”.

El Director de apoyo Jurídico del Poder Legislativo de Quintana Roo insistió en que “(…) el dictamen de fecha 10 de junio de 2016, emitido por la Comisión de Justicia de la H. XIV Legislatura del Congreso del Estado, se realizó en apego a sus facultades y en el marco de su competencia”.

El referido amparo fue interpuesto por Somos tus Ojos fundado en el hecho de que el dictamen de la Comisión de Justicia de la XIV Legislatura del Congreso de Quintana Roo no se limitó a pronunciarse sobre si la denuncia cumplía con los requisitos de procedibilidad, como lo establece la ley relativa, sino que invadió las funciones que corresponden a la Comisión Instructora, que es la encargada “de estudiar, analizar y determinar la procedencia de la denuncia en cuanto al fondo del asunto planteado”. Es decir, la Comisión de Justicia solo debía revisar si la denuncia reunía los requisitos de procedimiento, pero no entrar al fondo del asunto, siendo que para desechar la demanda, “analizó” los documentos presentados por Somos Tus Ojos, lo que en estricto sentido le corresponde a la Comisión Instructora.

Como parte del procedimiento, el Juez federal solicitó a la actual Legislatura y a la Secretaría de Finanzas, a cargo de Juan Vergara, proporcionar el domicilio de Juan Pablo Guillermo Molina para que fuera llamado como tercero interesado en el juicio de amparo, negando estas instancias conocer el domicilio del ex Secretario de Finanzas de Roberto Borge, por lo que el Juez ordenó girar oficio a todas las dependencias estatales y federales a fin de que pudiera ser notificado, lográndose así ubicar sus diversos domicilios, por lo que una vez que sea notificado, se tiene previsto que en febrero próximo se realice la audiencia constitucional.

Congreso, sin voluntad para combatir la corrupción

Somos Tus Ojos lamenta la falta de voluntad de combatir la corrupción y la impunidad, así como el doble discurso de los integrantes del Poder Legislativo, como el presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, el panista Eduardo Martínez Arcila, que por una parte insiste en que el órgano legislativo promoverá demandas de juicio político en contra de ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, y por la otra, la Legislatura pretende desechar el juicio político interpuesto en contra del ex secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina.

Como se recordará, el pasado 27 de diciembre Martínez Arcila aseguró, en conferencia de prensa, que interpondrían demandas de juicio político en contra el ex gobernador Roberto Borge y sus funcionarios, con el objetivo de inhabilitarlos.

“Aquí hay que ser muy claros, ningún secretario firma, transfiere recursos, asigna presupuestos, quita recursos, autoriza obras, si no tienen el consentimiento del titular del Ejecutivo estatal, que en este caso era el gobernador Roberto Borge”. (…) “No hay venganza, sólo hay que hacer justicia. El juicio político depende de las denuncias que se presenten. Yo les puedo decir que por lo que vemos van a venir denuncias de juicio político. Los diputados como tal no pueden presentarla, tendría que ser en su calidad de ciudadano”, afirmó el diputado panista.

 

ARGUMENTOS DE LOS LEGISLADORES:

1.- En la pasada Legislatura la C. Fabiola Cortés Miranda, representante de la asociación “somos tus ojos por la transparencia de Quintana Roo” presento ante esa XIV Legislatura juicio político en contra del sujeto en cuestión Pablo Guillermo Molina, dandole trámite el 10 de junio de 2016 la Comisión de Justicia de esa entonces Legislatura misma que desechó la denuncia presentada por la c. Fabiola Cortés Miranda.
2.- El 11 de noviembre de 2016 un juez le ordena (dentro del amparo indirecto 725/2016, ante el juzgado sexto de distrito) a esta XV Legislatura, rendir un informe sobre el procedimiento que se realizó en la legislatura pasada y hacer públicos los argumentos con los que se rechazó avanzar en el juicio político en contra del ex funcionario, por ello se presenta el informe y se exhiben los argumentos con los que la Comisión de Justicia de la pasada Legislatura no determinó proceder contra el ex funcionario.
3.- Esta Legislatura le entrega al juzgador un reporte con los pormenores del caso y los argumentos que en su momento se presentaron para desechar la demanda de juicio político. La presente Legislatura no puede presentar nuevos argumentos ni avalar o rechazar, ante el juzgador, los que se emplearon en la Legislatura pasada.

Esta XV Legislatura del Estado se avocó exclusivamente a referir lo actuado por aquella Comisión de Justicia de la XIV Legislatura del Estado, constriñéndose a describir lo actuado por el órgano colegiado e informando los actos llevados a cabo.

Lo anterior se hizo en total cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente a la fecha.
4.-Las interpretaciones que se le dan a la respuesta legal que hace la XV Legislatura no son precisas. Con la rendición del informe solicitado por el juzgador, el Congreso de Quintana Roo cumple con hacerlo público, pero no interviene en ninguna medida ni en ningún momento, sobre los argumentos con los que se determinó en la Legislatura pasada rechazar el juicio político.
5.-El Congreso del Estado no avala automáticamente los argumentos presentados en la pasada legislatura. Lo único que se está haciendo es que, de acuerdo con la Ley de Amparo, se está entregando un reporte pormenorizado.
6.- Cabe señalar que la responsabilidad legal de un servidor público no concluye con el fin de su encargo o encomienda. La ley contempla que puede ser sujeto de responsabilidades en su comisión hasta un año después de hacer dejado su puesto.