XVLegislatura

SEMÁFORO: 17 diputados privatizan el cobro del alumbrado público, ¿cuánto les dio Celsol?

CelSol SAPI SA de CV por 15 años cobrará por el alumbrado público en Cancún  a iniciativa de Remberto Estrada y 17 diputados del PAN,PRI y PRD de la XV Legislatura que para eso de los bisnes se pintan solos.

¿Cuánto recibieron los diputados para aprobar ese atraco? Se habla que se embolsaron 500 mil pesos por cabeza, incluido los que no votaron para simular debido a las elecciones en 2018 donde suspiran por huesos más grandes.

El aguinaldo a costa de los atontados cancunenses.

 

Aprueba Congreso concesión de luminarias para Cancún

AGENCIA SIM

Chetumal.- Con el voto en contra únicamente de los diputados María Eugenia Solis Córdoba y Emiliano Ramos Hernández, la XV Legislatura avaló concesionar el servicio de alumbrado público en Benito Juárez.
La empresa Celsol S. A. P. I. de C. V. brindará este servicio durante los próximos 15 años.
Esta iniciativa, desde antes de su aprobación en Cabildo, había causado controversia, pues sus detractores aseguran que generará beneficios y dividendos a la empresa, no a los usuarios. Sin embargo, el Ayuntamiento de Benito Juárez ha alegado que no tienen capacidad financiera para renovar todo el sistema de luminarias de la ciudad.
En la sesión de este viernes, la Legislatura avaló por mayoría la concesión de este servicio, en un convenio que obliga a la empresa a prestar servicio de calidad, de lo contrario será sujeta a penalizaciones.
Los diputados cancunenses Ramos Hernández, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Solis Córdoba, de Acción Nacional (PAN), mantuvieron su postura en contra, pues alegaron que la empresa tiene antecedentes negativos en otras entidades, además que se ha demostrado que la privatización de los servicios no los hacen más eficientes.

Congreso respeta autonomía del Tribunal

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Respeto al Poder Judicial del Estado: Martínez Arcila

AGENCIA SIM

Cancún.- El presidente de la Gran Comisión del Congreso Local, Eduardo Martínez Arcila calificó como un error pensar que hubiese algún tipo de línea en la sucesión del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), con la salida de Fidel Villanueva Rivero.

Destacó que es un poder del estado que tiene completa autonomía, pero que esperan que sea un proceso donde los integrantes del Tribunal se puedan poner de acuerdo y nombrar así a quien será el próximo presidente o presidenta.

Aunque reconoció que en la anterior administración el Tribunal pasó una etapa crítica, sin embargo en esta etapa se espera que se marque la diferencia con los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo estatal; que en la facultad de los Magistrados está decidir quién quieren que los presida. “Me parece que es el poder que no había cambiado, que por ley cambiará ahora en agosto”, detalló.

Al preguntarle sobre la situación del proceso de Roberto Borge, Martínez Arcila dijo que no conoce el expediente, pero que en los juzgados primeros y quinto, sean estos los que resuelvan los asuntos del borgismo de manera favorable.

Eso sí, dijo que se presentaron los recursos legales en contra de las decisiones de estos jueces, por medio del recurso de queja, que no es otra cosa sino inconformarse con el procedimiento, en contra de las resoluciones, no contra el Consejo de la Judicatura Federal.

Entrevistado la mañana de este jueves en un restaurante de la ciudad, Martínez Arcila concluyó al decir que “La inconformidad es por las decisiones que han tomado los jueces, principalmente el quinto y el sexto”.

XV Legislatura avala a ex tesorero de Borge: Somos tus ojos

LEGISLATURA PIDE A JUEZ DESECHAR JUICIO POLÍTICO CONTRA EX TESORERO DE ROBERTO BORGE

CANCÚN, MX, 22/01/2017 .- La actual Legislatura del Congreso de Quintana Roo pidió a un juez federal confirmar el desechamiento del juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, ex Tesorero de Roberto Borge Angulo, interpuesto por el desvío de 1,464 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje.

Congreso protesta corrupción

El 25 de abril de 2016, “Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo”, interpuso una demanda de juicio político en contra del entonces Secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, por el desvió de 1,464 millones de pesos provenientes del Impuesto al Hospedaje, aportando 17 pruebas documentales.

El 29 de agosto la XIV Legislatura notificó su resolución, determinando desechar la demanda de juicio político, por lo que Somos Tus Ojos interpuso un amparo, el cual quedó registrado bajo el expediente 725/2016 mismo que se encuentra en trámite ante el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Chetumal.

Como parte del procedimiento, correspondió a la XV Legislatura rendir ante el Juez federal su informe justificado, lo cual hizo Lizandro Landeros Lima, director de apoyo Jurídico del Poder Legislativo del estado de Quintana Roo, quien reiteró el criterio de la legislatura borgista, en el sentido de desechar del juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, aduciendo que no se cumplía con un requisito de procedibilidad:

“(…) no asiste la razón a la parte quejosa, ya que los actos de mi representada no violentan derecho alguno de ésta, en virtud a que en particular la Comisión de Justicia de la H. XIV Legislatura de Estado, únicamente cumplió con sus obligaciones y en apego a sus facultades (…) determinó de manera previa el desechamiento de la denuncia de juicio político en contra del C. Juan Pablo Guillermo Molina, atendiendo a que tal y como consta en el dictamen de fecha 10 de junio de 2016, en su punto marcado como primero, consideró que no se satisface el requisito de procedencia que exige el artículo 14 en relación con el artículo 6, fracciones XI y XIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Quintana Roo, siendo evidente que el acto de la autoridad es fundado y motivado”.

El Director de apoyo Jurídico del Poder Legislativo de Quintana Roo insistió en que “(…) el dictamen de fecha 10 de junio de 2016, emitido por la Comisión de Justicia de la H. XIV Legislatura del Congreso del Estado, se realizó en apego a sus facultades y en el marco de su competencia”.

El referido amparo fue interpuesto por Somos tus Ojos fundado en el hecho de que el dictamen de la Comisión de Justicia de la XIV Legislatura del Congreso de Quintana Roo no se limitó a pronunciarse sobre si la denuncia cumplía con los requisitos de procedibilidad, como lo establece la ley relativa, sino que invadió las funciones que corresponden a la Comisión Instructora, que es la encargada “de estudiar, analizar y determinar la procedencia de la denuncia en cuanto al fondo del asunto planteado”. Es decir, la Comisión de Justicia solo debía revisar si la denuncia reunía los requisitos de procedimiento, pero no entrar al fondo del asunto, siendo que para desechar la demanda, “analizó” los documentos presentados por Somos Tus Ojos, lo que en estricto sentido le corresponde a la Comisión Instructora.

Como parte del procedimiento, el Juez federal solicitó a la actual Legislatura y a la Secretaría de Finanzas, a cargo de Juan Vergara, proporcionar el domicilio de Juan Pablo Guillermo Molina para que fuera llamado como tercero interesado en el juicio de amparo, negando estas instancias conocer el domicilio del ex Secretario de Finanzas de Roberto Borge, por lo que el Juez ordenó girar oficio a todas las dependencias estatales y federales a fin de que pudiera ser notificado, lográndose así ubicar sus diversos domicilios, por lo que una vez que sea notificado, se tiene previsto que en febrero próximo se realice la audiencia constitucional.

Congreso, sin voluntad para combatir la corrupción

Somos Tus Ojos lamenta la falta de voluntad de combatir la corrupción y la impunidad, así como el doble discurso de los integrantes del Poder Legislativo, como el presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, el panista Eduardo Martínez Arcila, que por una parte insiste en que el órgano legislativo promoverá demandas de juicio político en contra de ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, y por la otra, la Legislatura pretende desechar el juicio político interpuesto en contra del ex secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina.

Como se recordará, el pasado 27 de diciembre Martínez Arcila aseguró, en conferencia de prensa, que interpondrían demandas de juicio político en contra el ex gobernador Roberto Borge y sus funcionarios, con el objetivo de inhabilitarlos.

“Aquí hay que ser muy claros, ningún secretario firma, transfiere recursos, asigna presupuestos, quita recursos, autoriza obras, si no tienen el consentimiento del titular del Ejecutivo estatal, que en este caso era el gobernador Roberto Borge”. (…) “No hay venganza, sólo hay que hacer justicia. El juicio político depende de las denuncias que se presenten. Yo les puedo decir que por lo que vemos van a venir denuncias de juicio político. Los diputados como tal no pueden presentarla, tendría que ser en su calidad de ciudadano”, afirmó el diputado panista.

 

ARGUMENTOS DE LOS LEGISLADORES:

1.- En la pasada Legislatura la C. Fabiola Cortés Miranda, representante de la asociación “somos tus ojos por la transparencia de Quintana Roo” presento ante esa XIV Legislatura juicio político en contra del sujeto en cuestión Pablo Guillermo Molina, dandole trámite el 10 de junio de 2016 la Comisión de Justicia de esa entonces Legislatura misma que desechó la denuncia presentada por la c. Fabiola Cortés Miranda.
2.- El 11 de noviembre de 2016 un juez le ordena (dentro del amparo indirecto 725/2016, ante el juzgado sexto de distrito) a esta XV Legislatura, rendir un informe sobre el procedimiento que se realizó en la legislatura pasada y hacer públicos los argumentos con los que se rechazó avanzar en el juicio político en contra del ex funcionario, por ello se presenta el informe y se exhiben los argumentos con los que la Comisión de Justicia de la pasada Legislatura no determinó proceder contra el ex funcionario.
3.- Esta Legislatura le entrega al juzgador un reporte con los pormenores del caso y los argumentos que en su momento se presentaron para desechar la demanda de juicio político. La presente Legislatura no puede presentar nuevos argumentos ni avalar o rechazar, ante el juzgador, los que se emplearon en la Legislatura pasada.

Esta XV Legislatura del Estado se avocó exclusivamente a referir lo actuado por aquella Comisión de Justicia de la XIV Legislatura del Estado, constriñéndose a describir lo actuado por el órgano colegiado e informando los actos llevados a cabo.

Lo anterior se hizo en total cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente a la fecha.
4.-Las interpretaciones que se le dan a la respuesta legal que hace la XV Legislatura no son precisas. Con la rendición del informe solicitado por el juzgador, el Congreso de Quintana Roo cumple con hacerlo público, pero no interviene en ninguna medida ni en ningún momento, sobre los argumentos con los que se determinó en la Legislatura pasada rechazar el juicio político.
5.-El Congreso del Estado no avala automáticamente los argumentos presentados en la pasada legislatura. Lo único que se está haciendo es que, de acuerdo con la Ley de Amparo, se está entregando un reporte pormenorizado.
6.- Cabe señalar que la responsabilidad legal de un servidor público no concluye con el fin de su encargo o encomienda. La ley contempla que puede ser sujeto de responsabilidades en su comisión hasta un año después de hacer dejado su puesto.