Actualidad- Pagina 1627

*Brigadas recogen basura y cacharros en el parque y calles de San Juan.
*La comunidad tiene un potencial turístico, afirma.
*Invita a la ciudadanía a unirse a estas labores.
TULUM, 16 de Julio de 2019.-Con el propósito de contar con un “Tulum Verde y Limpio”, el presidente municipal, Víctor Mas Tah, encabezó la Jornada de Limpieza en la comunidad de San Juan de Dios, la cual cuenta con las calles y el parque libre de basura y cacharros, acciones que se realizarán en todos los poblados de las zonas Maya, Transición, Riviera Tulum y Punta Allen.
“Las calles de las comunidades deben estar limpias y sanas en materia ambiental, para que un mayor número de personas acuda a visitarlas y en el caso San Juan de Dios, tiene un potencial turístico en su zona arqueológica y cenotes, por lo que se estarán impulsando importantes proyectos en la materia, para que estén llegando numerosos turistas nacionales y extranjeros”, enfatizó.

Ante decenas de pobladores, empleados municipales y funcionarios, precisó que es necesario ofrecer un lugar bonito y espacios dignos para los visitantes. “Hay mucho que hacer todavía, seguiremos trabajando de manera coordinada entre las dependencias municipales y los habitantes de las comunidades de Tulum”, agregó.
Indicó que se irán incorporando nuevas brigadas de dependencia municipales a estas labores de limpieza, de tal manera que las acciones se realicen en el menor tiempo posible, por ello, es importante invitar a la ciudadanía para que se involucren y contar con espacios públicos más cuidados.
Por otra parte, dio a conocer que en las próximas semanas iniciará un proyecto de dignificación de las fachadas de las casas que se encuentran en los alrededores de los parques de las comunidades, por ello, se dotará de pintura a los dueños, ya que la idea es que los lugares donde vivan sean bonitos y agradables visualmente.
Después de la jornada de limpieza, los habitantes de la comunidad de San Juan, empleados municipales y funcionarios, convivieron en el domo municipal y acordaron continuar impulsando acciones conjuntas en beneficio de los tulumnenses y aprovechó para escuchar las peticiones de las familias, entre las que se destacaron un campo de béisbol, láminas para sus techos para cubrirse ante la temporada de lluvias, materiales de construcción y servicios públicos.
Por último, el presidente municipal, Víctor Mas Tah, sostuvo una reunión con delegados y subdelegados de las zonas Maya y Transición, quienes le plantearon las necesidades que enfrentan en sus comunidades, las cuales señaló que serán atendidas a la brevedad posible para que mejoren sus condiciones de vida.

Escrito por Maciel Calvo

Además, sembraron y alteraron evidencias para inculpar a las víctimas.

El organismo pide investigación y sanciones para los elementos de la CES participantes de los hechos ocurridos en un domicilio del municipio de Temixco.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que elementos de la Comisión Estatal de Seguridad al mando de otrora titular, Alberto Capella Ibarra, no sólo perpetraron una “ejecución arbitraria” de seis miembros de una familia en el municipio de Temixco la madrugada del 30 de noviembre de 2017, sino que sembraron y alteraron evidencias para inculpar a las víctimas.

Las calumniosas afirmaciones de @cuauhtemocb10 ayer demuestra que no entiende de leyes, ni de procedimientos y su desprecio a estos. En tribunales deberá acreditar sus afirmaciones que se suman a las anteriores. El apellido de mis hijos lo voy a defender hasta mi último suspiro.

— Alberto Capella (@kpya) July 16, 2019

Al emitir la recomendación 21VG/2019 por violaciones graves a derechos humanos ocurridas durante y como consecuencia de tres operativos policiales de la CES en los límites de Temixco y Cuernavaca, el organismo nacional informó que, tras realizar una investigación de los hechos, obtuvo elementos para acreditar que personal de la CES “incurrió en allanamientos a las casas habitación en que estaban las víctimas; detenciones arbitrarias en agravio de 7 personas, incluido un adolescente; uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 6 personas, incluidas dos personas menores de edad”

Además, “trato cruel, inhumano y/o degradante derivado de las lesiones a 4 personas, incluidos 2 infantes; dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común en Cuernavaca, Morelos, y colocación deliberada del arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima”.

Según la versión oficial sostenida por el gobierno de Graco Ramírez y el otrora titular de la CES, Alberto Capella, una denuncia ciudadana alertó de una supuesta casa de seguridad donde había personas privadas de su libertad en la calle Francisco I. Madero de la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temixco.

Al llegar a la casa (que habitaba José Valdez Chapa y su familia), los policías aseguraron que fueron agredidos con armas de fuego y comenzó la refriega con el supuesto grupo criminal que se extendió por más de dos horas.

El saldo fue de cinco detenidos (que luego fueron liberados por un juez al no haber indicios de la comisión de un delito) y seis personas muertas (cuatro mujeres, un bebé y un menor de 13 años que se resguardaron en un baño), presuntamente en el “fuego cruzado”.

La versión de los deudos y posteriores investigaciones periodísticas revelaron que los policías irrumpieron en el domicilio y atacaron a sus ocupantes. Incluso, la propia familia acusó que las víctimas habrían sido ejecutadas al recibir el tiro de gracia, pero la fiscalía estatal, que entonces dirigía Javier Pérez Durón, sobrino político de Graco Ramírez, rechazó esa versión.

De acuerdo con la recomendación de la CNDH, que consta de 368 fojas, existen serias irregularidades tanto en las indagatorias como en la integración de las diversas carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

En su investigación, el organismo nacional echó abajo la teoría del “fuego cruzado” y que una de las víctimas disparó contra los policías desde el baño en el que se resguardaron.

Al analizar las versiones, la CNDH concluyó que no existe concordancia entre lo declarado por los agentes policiales con lo analizado en el lugar de los hechos; se corroboró que las puertas de la casa fueron abiertas con violencia, al encontrar “huellas de violencia mecánica y destrucción de cerraduras”; los daños producidos por proyectiles por arma de fuego, así como el resultado de los indicios balísticos localizados en el interior y exterior del domicilio, no existen elementos que permitan establecer que se haya producido “fuego cruzado” entre las víctimas y los elementos policiales”; los análisis químicos aplicados a las víctimas resultaron negativos y existe alto grado de probabilidad de que no accionaron armas de fuego.

“Los agentes policiales precisaron que sus agresores realizaban disparos de arma de fuego desde el interior de la casa, y que sentían como caían los vidrios de las ventanas ante los impactos, sin embargo, en las paredes y piso exteriores, que forman parte del inmueble, cochera y pasillos de acceso, no se observaron daños que pudieran haberse producido por el impacto de los proyectiles, lo que en opinión de expertos de este Organismo Nacional contradice el dicho de los servidores públicos en cuestión”.

Además, el análisis químico aplicado a la vestimenta de las víctimas reveló que, al menos una de ellas recibió un disparo a quemarropa; el análisis aplicado a las balas encontradas en la zona del baño, donde se resguardaron las víctimas, por lo menos se utilizaron cuatro armas de fuego calibre 9 milímetros y ninguna corresponde a la supuesta arma encontrada a un costado de la víctimas, lo que descartó la versión de que haya atacado a los policías.

“En opinión de criminalistas de este Organismo Nacional, tomando en cuenta que las víctimas se agruparon para protegerse en la esquina nororiente del baño, el muro norte de dicha habitación les impedía la visión para ubicar donde se encontraban los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, por lo que es poco factible que desde la posición en la que se encontraban hubiesen efectuado disparos, pues no contaban con espacio y ángulo de tiro”, estableció la CNDH y recalcó en su investigación que, en las pruebas aplicadas a las víctimas y algunos detenidos, no se identificaron elementos de plomo y bario producto de la deflagración de un arma de fuego.

También estableció que se hizo uso excesivo de la fuerza letal que derivó en la ejecución arbitraria de las víctimas; que no fueron identificados todos los elementos de la CES que privaron de la vida a las seis víctimas y participaron en los hechos, ya que también intervinieron policías vestidos de civiles; y que, conforme a los protocolos y leyes, se incurrió en una ejecución extrajudicial o arbitraria.

“Debido a las inconsistencias que se observaron en el Informe Policial Homologado que suscribieron, AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6 y AR7, así como en las declaraciones ministeriales que rindieron dichos servidores públicos, este Organismo Nacional no pudo determinar el grado de intervención de todos y cada uno de los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad que intervinieron en el operativo en cuestión, sin embargo existen indicios para establecer que algunos participaron directamente en la ejecución arbitraria de MV4, MV5, V5, V6, V7 y V8, y otros toleraron dicha situación, lo que deberá de ser investigado por la autoridad ministerial a fin de deslindar las responsabilidades que correspondan”, fue parte de las conclusiones de la investigación de la CNDH.

CNDH pide investigación y sanciones

Derivado de las graves violaciones a los derechos humanos en este caso, la CNDH recomendó al Gobernador de Morelos que, en coordinación con la Comisión Estatal de Víctimas (CEAV) brinde a los familiares de las víctimas de ejecución arbitraria y a las personas que resultaron lesionadas la reparación integral del daño; reparación integral a los propietarios de los inmuebles que resultaron dañados por esos hechos, y que los familiares de las víctimas privadas de la vida sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas y la homóloga del estado de Morelos.

Pidió colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos que, respectivamente, se inicien ante la Fiscalía General y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad para determinar la identidad de los agentes que intervinieron en las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, así como de quienes en la cadena de mando que, en su caso, ordenaron, autorizaron o toleraron los hechos, y contra los médicos por las imprecisiones en los dictámenes que emitió respecto de las lesiones que sufrieron dos adolescentes, y contra el personal de la Unidad de Rescate Urbano, Atención a Siniestros y Urgencias Médicas que omitió certificar las lesiones infligidas a cuatro personas menores de edad.

De igual manera, deberá colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos que, respectivamente, se inicien ante la Fiscalía General y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad contra el personal involucrado en la dilación en la puesta disposición de los detenidos ante la autoridad ministerial y los elementos de esa corporación policial que de manera deliberada colocaron el arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima.

Además, deberá implementar acciones mediante políticas públicas para solucionar y combatir los índices de violencia y criminalidad imperantes en Morelos; fortalecer, con las autoridades municipales de la entidad, mecanismos de participación ciudadana para escuchar a la población y atender problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad social, prevención del delito, violaciones a derechos humanos y acceso a la justica, acorde con los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

Al fiscal general, Uriel Carmona Gándara, recomendó continuar con la integración de las investigaciones de los homicidios de seis personas, entre ellas dos menores, para que se identifique, localice, detenga, procese y sancione a los responsables y las víctimas accedan a la justicia; y colaborar con la CNDH en la queja que presente ante la Visitaduría General de esa Fiscalía General, por las omisiones en la integración de las carpetas de investigación del caso, y contra el perito médico forense, por imprecisiones en las necropsias a las seis personas privadas de la vida.

Fuente: La Unión

Por Martín G. Iglesias

Senadores en campaña

La efervescencia política en el Senado está a todo lo que da, los especuladores de candidaturas ya se apresuran a formar los equipos de campaña para promover la imagen de quien quisieran se quedara con la tan deseada posición en los estados.
Quintana Roo no podía quedar fuera de esta ola de aspiraciones y es así, que los tres senadores con los que cuenta el estado, Freyda Marybel Villegas Canché (Morena), Mayuli Latifa Martínez Simón (PAN) y José Luis Pech Várguez (Morena), aprovechen el “receso” en el Senado para hacer actos de presencia en las comunidades y municipios de la entidad con cargo al erario público que les pertenece a todos los mexicanos.

Los tres senadores antes mencionados, son los que desean participar como candidato o candidata a la gubernatura en el 2022 de su respectivo partido; así que hacen todo lo necesario para que los votantes los vean, bajo la premisa que “santo que no es visto no es adorado”. Pero estos tres equivocan la estrategia y con sus visitas a las comunidades polarizan a los quintanarroenses, les explico por qué.
En el caso de Marybel Villegas Canché no tiene otro discurso que no sea el de golpeteo político al gobierno del estado, con la cantaleta que se deben de transparentar los recursos federales otorgados en el 2018 para el combate al sargazo. Pero Marybel no dice cuál ha sido su trabajo como senadora; ¿cuál es el beneficio que le trae a Quintana Roo que ella esté en una curul en la Cámara Alta?, sería una respuesta interesante por parte de la senadora.
En lugar de dividir y polarizar a las habitantes del estado, lo que debe hacer la senadora es promover la unión para enfrentar los problemas de inseguridad, del sargazo, de la falta de promoción turística, que hay que recordarle que es en este gobierno federal morenista que se eliminó de tajo esa actividad al liquidar el Consejo de Promoción Turística de México.
Tenemos muchos problemas en los municipios, las 11 comunas enfrentan problemas de recorte presupuestal por parte de la federación y los senadores no han dicho nada, no hay gestoría por parte de ellos para que las y los presidentes puedan cumplir al cien por ciento con la operatividad de la administración pública, puesto que es el Municipio el primer contacto que tiene el ciudadano con una autoridad.
En el caso de la senadora panista Mayuli Latifa Simón Martínez debe de dejar de andar haciendo campaña en contra de la construcción del Tren Maya y dedicarse a promover el ecoturismo, pues en una reunión en días pasados en Felipe Carrillo Puerto, específicamente en el restaurante “El Faisán y el Venado”, la senadora se dedicó a despotricar en contra del gobierno Federal, pero llevándose entre las patas las buenas acciones que hace la federación; principalmente por el trabajo que traerá la construcción del Tren Maya.
Pero el que sí anda perdido de los problemas que enfrenta el estado, es el senador José Luis Pech Várguez, quien en una visita de “campaña” en Cozumel no supo responder preguntas tan básicas como la desaparición del Consejo de Promoción Turística; menos lo que pasará con la “Quinta Maya”, y qué decir del desconocimiento del tema de seguridad.
No es inmoral que los senadores de Quintana Roo aspiren a la candidatura al gobierno del estado en el 2022, lo que es inmoral es que utilicen los recursos públicos para hacer campaña; es inmoral que en su afán de llevar agua para su molino, polaricen a la sociedad; pero más inmoral es que no gestionen beneficios en todos los sentidos para que la calidad de vida de los quintanarroenses sea mejor.
SASCAB
Se empieza a ver la mano de Arturo Abreu Marín, el “súperdelegado” en Quintana Roo; pues intervino en el conflicto de José María Morelos con la Comisión Federal de Electricidad; además de la gestoría ante la federación para combatir el incendio que asola a Sian Ka’an.

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Señor, Felipe Carrillo Puerto, domingo 14 de julio.- El delegado del gobierno federal en Quintana Roo, Arturo Emiliano Abreu Marín se reunió este domingo con el General Maya, José Isabel Sulub y con Dignatarios mayas.
Y es que los Dignatarios Mayas expusieron varios temas, entre ellos ofrecieron su respaldo al General Maya, de quien señalaron ha sido desplazado de varios eventos oficiales, desde que en noviembre pasado acudió a la Toma de Protesta de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México para entregar el Bastón de Mando.

En el encuentro, efectuado en la comunidad de Señor, municipio de Felipe Carrillo Puerto, estuvieron también
el diputado local independiente, Luis Mis y el diputado electo de Morena, Hernán Villatoro Barrios.
En la reunión los dignatarios solicitaron apoyos al gobierno federal, como es que ellos sean quienes apliquen los Censos del Bienestar y así ver que los apoyos lleguen a gente de las comunidades mayas sin importar su filiación política.

Cancún.- Dos hombres, integrantes del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, fueron heridos a balazos esta mañana cuando iban en un vehículo esta mañana en el cruce de las avenidas Nichupté con Tulum; uno de ellos falleció en el hospital.
Los dos sujetos iban en un taxi, un modelo Nissan Tsuru con número económico 3311, pero al llegar a la intersección mencionada, se les emparejaron dos sujetos que abrieron fuego en su contra. El copiloto recibió tres disparos en el rostro, en tanto que quien iba al volante acabó con una bala en la espalda.

Paramédicos de la Cruz Roja los llevaron de urgencia a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la avenida Cobá, donde uno después de permanecer internado en estado grave, hombre que iba de copiloto falleció.
Agentes policiacos se movilizaron al lugar del ataque, pero los responsables no lograron ser capturados.

Chetumal.- Hasta 100 millones de pesos es lo que pudo haber sido desviado de las arcas del Ayuntamiento de Othón P. Blanco en la administración de Luis Torres Llanes, recién nombrado titular de la Sedarpe, según determinó una auditoría externa, reveló el actual presidente municipal, Otoniel Segovia Martínez quien ya instruyó a que se presenten las denuncias pertinentes.

“El presidente, Hernán Pastrana, en su tiempo, solicitó un despacho de auditores externos; ya se hizo una auditoría, nos dieron un dictamen y observamos unas cantidades de retenciones a trabajadores, de seguridad social, algunas cuentas con financieras, pero que no se trasladaron a donde corresponde”, expuso el edil en entrevista. “Lo que hicimos, al revisar el dictamen, es solicitar a la Sindicatura y a la Contraloría que inicien procedimientos, por estos más de 100 millones de pesos”,
Es decir, estos recursos no ingresaron a las arcas de la Comuna durante la anterior administración que encabezó Luis Torres Llanes.
“Es muy grave, porque es el recurso del pueblo, que con mucho sudor y entusiasmo contribuye para que sus ciudades cambien para mejor, y si no lo aplicas y te lo llevas para tu casa, es un delito grave, actualmente”, indicó.
Dice que la investigación ya arrojará quienes serían los responsables, pero reitera que la auditoría se le practicó a la anterior administración.

REGULANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL
Por otro lado, se le cuestionó si es cierto que exista un “terrorismo fiscal”, tal como denunciaron unos comerciantes, a quienes se les ha exigido cambiar sus licencias de funcionamiento. Un ejemplo fue un comerciante con una tienda de abarrotes, quien como también vende tortas se le pidió hacer lo anteriormente expuesto. El edil respondió que lo que hacen es regularizar.
“Esto tiene una razón: si tienes permiso de abarrotes, pero vendes alimentos, la Secretaría de Salud y la Coferpis te dicen que tienes que sacar una licencia para el manejo de alimentos; y lo que hace es que se le informa al comerciante, que no lo recibe con agrado, pero es la regulación que tiene que haber para el sustento de las personas, pero tienen que respetar las reglas”, apuntó.
Dijo que primero se les exhorta, se les notifica, se les da un tiempo y ya las multas son al final, si es que la gente hace caso omiso a los señalamientos previos.
Sobre la revocación de mandato que promueve el dirigente local del PAN, Segovia Martínez dijo que no le preocupa, porque él y los miembros del Ayuntamiento están trabajando. Como ciudadano, él está en su derecho y ya las instancias serán las que decidan si proceden estas solicitudes o no.
“Trabajamos con recursos limitados, pero hay un equipo que entiende que esta es una oportunidad de ayudarnos, porque también somos ciudadanos de acá”, subrayó.
Finalmente recordó que hay ciertos compromisos que el Gobierno del Estado no ha cumplido, como el de ayudar con el problema del basurero municipal y el equipo para recolectar la basura; desconoce por qué no se han podido concretar los apoyos prometidos desde abril, que acepta no son una obligación, pero fue lo que les prometieron.

*Se atenderán las necesidades de la ciudadanía cuando se construyan el Tren Maya, Libramiento Vial y Relleno Sanitario.
*Avanzadas negociaciones con la SCT y Fonatur, afirma.
*Los ejidatarios dispuestos ceder los derechos de paso del Tren Maya y Libramiento.
TULUM, 15 de Julio de 2019.-El Ayuntamiento de Tulum realiza una planeación integral para atender tres importantes proyectos de infraestructura en los próximos meses, como son el Tren Maya, el Libramiento Vehicular y la construcción de un nuevo relleno sanitario, informó el presidente, Víctor Mas Tah.
Indicó que se encuentran avanzadas las negociaciones entre representantes del gobierno del estado y del municipio de Tulum con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), así como con autoridades ambientales, por lo que se trabaja de manera coordinada para aterrizar estos importantes proyectos a la brevedad posible.

“En las próximas semanas se estará emitiendo la información de las fechas para el inicio del Libramiento Vial y del Relleno Sanitario, mientras que la del Tren Maya dependerá de los acuerdos que se logren entre todos los sectores involucrados, aunque en Tulum, se han logrado acuerdos con los ejidatarios para que otorguen los derechos de paso”, afirmó.
Comentó que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su apoyo a la construcción del libramiento, ya que la infraestructura es vital para el crecimiento de Tulum, así como las propuestas que están prosperando con el titular del Fonatur, Gustavo Jiménez Pons y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, lo cual redundará en una mejor circulación y se desahogará el tránsito en el centro de este destino turístico.
Por último, el presidente municipal, Víctor Mas Tah, indicó que se busca tener la mejor planeación posible cuando se realicen estas tres importantes obras de infraestructura, ya que busca contar con una visión a futuro y lo planeado repercuta de manera positiva en la ciudadanía y en beneficio de los turistas nacionales y extranjeros.

Chetumal.- La XV Legislatura alista un nuevo periodo extraordinario, probablemente su último, al estar a 45 días de terminar su trienio, en el que se atenderán diversos temas, principalmente la contrarreforma a la Ley de Bienestar Animal, para eliminar la prohibición a corridas de toros y peleas de gallos impuesta por estos mismos diputados en junio pasado.
Eduardo Martínez Arcila, diputado presidente de la Gran Comisión, señaló que, además, se proyecta reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y el Código Penal, afirmando que se trata de temas que ya estaban en sus análisis, sin abordarse nada que debiera ser considerado pro la próxima Legislatura.
La Ley de Bienestar Animal fue reformada en el periodo extraordinario anterior, con el voto favorable del Partido Verde, diputados independientes y otras fracciones, y el contrario de una parte de Acción Nacional. Luego de perder el voto, y tras la protesta de grupos a favor de estas actividades, estos diputados organizaron unos foros en la zona maya, con cuyo respaldo esperan revocar esta reforma en próximas fechas.

TRABAJADORES DEL CONGRESO
Por otro lado, Martínez Arcila fue cuestionado sobre los dichos del diputado electo Roberto Erales Jiménez, el PT, de que harían una “limpia” en el Congreso, donde incluso se han puesto a cocineros particulares de los diputados en nómina. En respuesta, el panista señalo que ellos han respetado los espacios de trabajo de esta base, pues muchos llevan hasta 30 años de antigüedad.
“Erales ya fue diputado y sabe que cada legislatura puede contratar a un grupo de asesores, de asistentes, para su cuerpo legislativo, que normalmente van y vienen con la legislatura”, añadió.
Sobre los supuestos cocineros y “cargamaletas”, indicó que el petista tendrá oportunidad de conocer a los trabajadores y sus funciones, debiendo primero conocer y después declarar.