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Solicita CMIC ‘candados’ para dejar de privilegiar a constructoras foráneas en Quintana Roo

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AGENCIA SIM

Chetumal. – Diego Cortés Arzola, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Quintana Roo, reiteró la necesidad de que el Gobierno del Estado imponga candados para la asignación de obra pública y con ello dejar de privilegiar únicamente a las empresas foráneas.
En entrevista, dijo que las compañías locales han sido históricamente han sido desplazas, en especial de los proyectos de índole federal.
“Nosotros queremos hacer esto mismo en Yucatán y no podemos, aquí se argumenta que la ley es libre, que no se puede cuartar el derecho; sin embargo, nosotros hemos insistido que debe haber de parte del gobierno ciertos candados dentro de la ley”, apuntó.
Consideró indispensable que las empresas que vienen de fuera se establezcan en Quintana Roo y que, con base en ello se les dé preferencia a las establecidas en la entidad, pues son estas las que tributan en el estado además y emiten los pagos referentes al IMSS e Infonavit.
“Lo vemos ahorita en las obras que se licitaron en Cancún o se están licitando, que son alrededor de 10 mil millones de pesos, ninguna empresa de Quintana Roo de ningún tipo, ya sea mediana o grande, ha podido ser adjudicadas a esos contratos”, señaló.
Además, estimó que el 80 por ciento de los proyectos federales son entregados a las compañías de fuera, mientras que a las locales únicamente se quedan con el 20 por ciento.
En ese sentido, pidió verdadero respaldo hacia las constructoras quintanarroenses establecidas, aquellas que pagan impuestos y están sujetas a auditorías.
“Nosotros hemos insistido que debe de haber por parte del gobierno ciertos candados dentro de la ley para que las empresas que vienen de fuera se establezcan formalmente y en ese sentido se le dé preferencia, dentro del marco legal, a las empresas constructoras de Quintana Roo, establecidas”, concluyó.

 

Broncas en la CMIC de Chetumal

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Chetumal.- El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Miguel Ángel Villanueva García, pretende imponer a Manuel Moguel Manzur, en dicha posición, en cuanto concluya su encargo.

Pero Diego Cortéz Arzola contenderá por esa posición, pues cuenta con el respaldo de gran parte de los agremiados.

El 31 de enero se desarrollará la elección del presidente de la CMIC, cuyo encargo será por dos años, a partir de su rendición de protesta. Pero existe la posibilidad de reelegirse por un año más.

El aspirante a dicho cargo destacó la necesidad fortalecer al sector constructor de Quintana Roo, severamente diezmado por empresas provenientes de otras entidades, principalmente de Yucatán.

La reactivación de la CMIC es una necesidad paralela, debido a que en los últimos dos años el padrón de socios decreció en notablemente. En el 2018 eran 450 afiliados, ahora quedan aproximadamente 255.

Porque el actual Comité Directivo no genera condiciones de empleo para los socios, debido a que las licitaciones no son difundidas, para favorecer a constructores en especial.

Al ser desplazados, para mantenerse las empresas locales solamente tienen opción de ser subcontratadas para la ejecución de obra, a precios muy por debajo de los precios y costos debidos y con el riesgo de no recibir los pagos.

“Hemos tenido casos de empresas locales que han quebrado porque no les pagaron las obras realizadas a través de esa subcontratación”, manifestó.

Cortéz Arzola indicó que que los recursos del Estado para ejecución de obra son limitado y la escasa que se da es dirigida a empresa foráneas, principalmente de Yucatán.

Anticipó que de obtener la Presidencia de la CMIC trabajará para blindar a los empresarios locales a fin de que obtengan obras estatales.

Reconoció que el actual presidente de la CMIC pretende imponer a Moguel Manzur, como su sucesor.

Teme CMIC por asignación directa de recursos de Escuelas al CIEN

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Cancún.- Las empresas construidas en el ramo de la construcción corren el riesgo de perder cerca de 500 millones de pesos, en caso de cambiarse el programa Escuelas al CIEN, para que sean directamente los comités de padres los que administren estos recursos, afirmó Miguel Ángel Villanueva García, presidente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
En entrevista, indicó que en caso que la remodelación de los planteles será administrada por los maestros y padres de familia, lo más probable es que recurran a maestros de obras, amigos plomeros o quizá algún propio padre de familia con oficio en el ramo, y ya no a las empresas formales.
El problema, argumentó, no es solo la pérdida de ingresos para las empresas que dependen de estas obras, sino que se cae en la informalidad, lo que supondrá una caída en la recaudación para el gobierno, además que significará que ya no se pagarán las prestaciones laborales para los trabajadores, como pasa con las empresas que se dan de alta como contratistas.

“Hemos mandado cartas al gobierno federal y tenido reuniones para exponerles todo esto”, comento el líder empresarial, quien dice que todavía esperan una respuesta.
Se estima que se destinarán 20 mil millones de pesos a nivel nacional para mantenimiento de planteles, directamente a estos comités escolares.
Para Quintana Roo, el Inifed destinó entre 600 y 700 millones de pesos en obras, de los que cerca de 500 son para mantenimiento de planteles, recursos que ahora están en incertidumbre.
Villanueva García indicó que en nuestro estado, el sector de la construcción sabe salir adelante con la iniciativa privada o con el gobierno estatal, pero en otras entidades, estas empresas dependen casi enteramente del gobierno federal, y ellas son las que están en riesgo de bancarrota.
Incluso, señaló que aunque ya estamos a la mitad del año, el gobierno federal apenas ha liberado el 20% del presupuesto que tienen destinado a obras, indicativo que la nueva administración todavía se está ajustando a su ritmo de trabajo.

Extorsionadores usan bases de datos de gobierno

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Chetumal.- Delincuentes se dedican a revisar las páginas de transparencia de instancias de gobierno para obtener datos personales de empresarios, para intentar extorsionarlos, tema que ya genera preocupación entre la iniciativa privada, reveló Miguel Villanueva García, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
El presidente de la CMIC Miguel Villanueva García reconoció que la inseguridad que se registra en los municipios del norte de Quintana Roo y que de manera paulatina se ha desplazado hacia el sur se ha vuelto un tema complejo y genera intranquilidad entre sus afiliados.
El Gobierno del Estado tiene un padrón público de 500 constructores, con direcciones, nombres y hasta números telefónicos, información que es aprovechada por criminales para hacer llamadas de amenazas.
Al parecer, se tratarían de amenazas huecas, pues las llamadas son de números de otras partes de la República, probablemente del interior de penales, pero es un fenómeno que no deja de inquietar.
Villanueva Garcia indicó que han sostenido reuniones con el secretario de Seguridad Pública y el Fiscal General del Estado, pero han minimizado los hechos, al acusar “cuestiones políticas” e intentos de desestabilizar el gobierno, en lugar de lo obvio: delincuentes en busca de obtener dinero fácil.
Villanueva García sin embargo manifestó su confianza en que las acciones implementadas para el combate de la delincuencia arrojen resultados.