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Larga historia de corrupción en Barcos del Caribe

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La explosión registrada el día de hoy en una de las unidades de Barcos del Caribe, empresa marítima que ofrece traslados de Playa del Carmen a Cozumel diariamente, es una muestra más de las oscuras formas en las que opera la empresa, cuyos socios y fundadores están Roberto Borge Martín y su hijo Roberto Borge, Félix González Canto y su tío Franco González.

La empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S. A. de C.V., nació el 22 de junio de 2012, según consta en su acta constitutiva y se conformó con un capital de 200 mil pesos, cuyo objeto estableció el ejercicio del comercio marítimo, en general y en particular.

Los accionistas originales son Franco González Padrón y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, cada uno con 100 acciones con valor nominal de mil pesos, el primero como “administrador único” y el segundo como “comisario”.

González Padrón es tío del exgobernador  y actual senador del PRI, Félix González Canto. En 2001, se asoció con Roberto Borge Martín y Rosa Yolanda Angulo de Borge, padres del exgobernador Borge Angulo, con quienes constituyó la compañía Naviera Turística de Quintana Roo.

César Celso González Hermosillo y Malgarejo es el abogado de la familia Borge. También es investigado por la PGR después de que la dependencia asegurara 25 inmuebles que fueron vendidos de forma irregular durante el gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo.

De esas 25 propiedades, cuatro se ubican en Cozumel. Sus actuales propietarios resultan ser  prestanombres de Borge. Los predios fueron entregados a través de ventas subvaluadas a Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del exgobernador y a César Celso González Hermosillo y Melgarejo.

En octubre de 2014, Franco González y César Celso González le otorgaron poder general a Irma Fabiola Carmona y María Lourdes Pinela Nieto, ésta última secretaria de Roberto Borge Martín, exgobernador de Quintana Roo, para representarlos en la compañía naviera.

Guillermo Ruiz de Teresa, en ese entonces coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, otorgó a establecimiento de “Barcos Caribe” (Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A de C.V) los permisos necesarios no solo para el traslado de pasajeros a Cozumel, sino a diversos puntos del Caribe mexicano. El entonces alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora otorgó rápidamente los permisos para instalar un módulo de venta de boletos e información turística por 15 años. En esa misma semana, el Congreso local posteriormente concedió la concesión a 50 años, fijándose una contraprestación, a título de renta, de 10 mil pesos mensuales.

Guillermo Ruiz de Teresa aseguró que todo se debió a una “solicitud del gobernador Roberto Borge Angulo”.

El 16 de febrero de 2015 fue inaugurado Barcos del Caribe por el propio gobernador. “Fue decisión de la federación tener una tercera línea que pudiera concretar esa solicitud del gobernador Roberto Borge Angulo”, dijo el exmandatario.

Un año y medio más tarde, el 16 de agosto de 2016, Franco González Padrón vendió sus acciones de “Barcos Caribe” a su socio César Celso González Hermosillo, por lo que en consecuencia la sociedad quedó en manos del abogado de la familia Borge, cuya compañía es investigada por la SHCP por supuestamente tratar de ocultar las huellas de las transferencias bancarias por cerca de 300 millones de pesos.

El SAT también investiga un paquete de pruebas que incluyen el acta constitutiva de la compañía naviera; los contratos de compraventa de cada una de las embarcaciones y los registros de 21 transferencias bancarias realizadas por Barcos Caribe a las empresas proveedoras, entre septiembre de 2015 y octubre de 2016, que presuntamente no fueron reportadas al SAT.

 

Gabriel Mendicuti, el Borgista amigo de Meade que favoreció al narco

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#GabrielMendicuti El amigo Borgista de @JoseAMeadeK atrapado un día después de comida VIP con el candidato del PRI, dio obra pública a sobrino del capo Amado Carrillo.

Cancún, Q. Roo.- Después de haber librado acusaciones sobre posible nexos con el narcotráfico en 2009, Gabriel Medicuti Loria fue detenido ocho años después por sus presunto vínculos con el desfalco a la empresa paraestatal Vip Saesa, encargada del servicio de taxis aéreos para el Gobierno del estado de las dos últimas administraciones priistas.


Se trata de la carpeta de investigación número 151/2017, a través de la cual la Fiscalía General del Estado investiga desfalco de 534 millones cometido durante el pasado gobierno de Roberto Borge Angulo por el cual la autoridad ministerial ejecutó una orden de aprehensión.
En el Gobierno anterior, Mendicuti Loría fungió como Secretario de Gobierno y tenía la responsabilidad colegiada en un comité para administración de los bienes y del presupuesto estatal de esta paraestatal. Ayer se tenía prevista la audiencia donde se le informaría sobre las imputaciones, pero la defensa logró posponerla para este lunes.
Hace ocho años, durante el gobierno de Félix González Canto, Medicuti Loría fungió comno titular de la Infraestructura y Transporte, desde donde favoreció a la empresa Safie de Quintana Roo, S.A. de C.V., con el otorgamiento irregular para la ampliación del penal ce Cancún en 2009.
Como Luces de Siglo lo reveló en su momento, dicha empresa pertenecía a Luis Carlso Carrillo Cano, sobrino del extinto narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, líder del Cártel d Juárez. El constructor Carrillo Cano, quien años después fue ejecutado en Cancún, también era hermano de Ricardo y Alfredo Carrillo Cano, buscados por la justicia mexicana y estadounidense por tráfico de Drogas al vecino país.
Entonces gobernaba la entidad González Canto, cuyo secretario de Seguridad Pública del Estado, Salvador Rocha Vargas, también vinculado en la concesión de la obras, pero con la diferencia de que él ya estaba preso en un penal federal por presumiblemente brindar protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva en la entidad.

Antes de caer preso, tanto Rocha Vargas como Mendicuti Loría operaron una irregular proceso de licitación pública para entregar la ampliación de la cártel benitojuarense a Carrillo Cano y a su empresa, Safie.
La obra consistía en “Construcción de edificio para varones de 252 espacios, barda perimetral, rondín interior y exterior”, cuyo otorgamiento se oficializó bajo contrato de fecha 11 de agosto de 2009, pactado entre Gabriel Mendicuti Loría en su calidad de titular de Sintra y el administrador único de la empresa Safie, Luis Carlos Carrillo Cano.
Las diversas irregularidades en el otorgamiento de la construcción de tan importante edificio a una persona ligada al narcotráfico exhibían presumible responsabilidad administrativa por parte de Mendecuti Loría, ya que Safie se quedó finalmente con la obra sin haber participado en el primer concurso de licitación pública.

A pesar de que Sintra había aceptado inicialmente las propuestas de otras cinco empresas, extraña y misteriosamente, declaró desierta la licitación y luego se la otorgó por invitación directa a Safie.
Para la ejecución de esta obra, Sintra expidió la licitación número 52010001-013-09, de fecha 13 de julio de 2009, cuyo resultado fue la aceptación de las propuestas presentadas por las empresas: Constructora y Controladora del Sureste, S.A. de C.V., con un importe de 8 millones 258 mil 604 pesos; Amda Construcciones, S.A. de C.V., 9 millones 704 mil pesos; y Urbanización Continental S.A. de C.V., 9 millones 887 mil 626 pesos. No obstante estos resultado, Sintra declaró desierta la obra y el 3 de agosto de 2009 hizo la invitación directa a Safie, mediante la convocatoria SINTRA-OPCEE/09-17-1, expedida y firmada por el entonces titular de la dependencia, Mendecuti Loría.
Finalmente, eñ contrato dela obra (número CEE-OP-060/09) se oficializó el 11 de agosto de 2009, bajo otra serie de irregularidades. La más evidente son que entre los documentos entregados por Safie está el registro ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano de fecha 6 de febrero de 2009 y el cual reporta como domicilio “AV. Las Torres, Manzana 41, L 1, planta alta, Cancún”, el mismo que reportó otra empresa de Luis Carlos Carrillo Cano, Urbanización Continental. Otra anomalía fue el alta de la empresa Safie ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Quintana Roo, de fecha 3 de agosto de 2009; es decir , el mismo día que Sintra le hizo la invitación para la adjudicación directa de la obra.
Además de la licitación dela obra, Sintra entregó a Safie siete planos estructurales que dan cuenta de la nueva organización arquitectónica que tendría la cárcel de Benito Juárez una vez concluida, y a pesar de esas evidencias Mendicuti Loría la libró.

Aplazan audiencia de Mendicuti

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AGENCIA SIM

Chetumal.- Aplazó la jueza por 20 horas la audiencia inicial en el proceso contra Gabriel Mendicuti Loría, ex secretario de Gobierno en la administración de Roberto Borge Angulo, para brindarle a la defensa la oportunidad de conocer la carpeta de investigación, consistente en 44 tomos.
Confirmó lo anterior Alejandro Aguirre Buenfil, defensor del ex funcionario detenido anoche en Puerto Aventuras, fue entrevistado al finalizar la audiencia, afuera de las salas de juicios orales, indicando que son varias cajas de documentos las que tendrán que ser estudiadas por su despacho de abogados.
“Sabemos el tema, Vipsasesa, vuelos supuestamente pagados en exceso, pero es en términos generales”, explicó. “Lo que nos corresponde es ver cuál es la conducta que le atribuyen a mi cliente mientras fue secretario de Gobierno”.


La defensa había solicitado que la audiencia fuera pública, pero la jueza, a petición de la Fiscalía General del Estado, ordenó que fuera a puerta cerrada, lo que el abogado opinó carece de sentido.
“La Fiscalía no se ha dado cuenta que todo mundo conoce cuáles son las órdenes de aprehensión”, declaró. “Desde la detención del administrador de Vipsaesa [Carlos Acosta Gutiérrez], trascendió la naturaleza y monto de la imputación, además de los involucrados. No sé para qué quieren privacidad”.
Al igual que el director de esta paraestatal y el ex director de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo), Erce Barrón Barrera, Mendicuti Loría es acusado de un quebranto financiero de 534 millones de pesos.

NO ESTABA AMPARADO
El abogado defensor también aclaró que Mendicuti Loría había solicitado un amparo, pero el juez federal exigía un pago de garantía de 5 millones de pesos, que no pudo ser depositado, por lo que había quedado sin efecto la suspensión contra órdenes de aprehensión.
Su despacho había ingresado un recurso de revisión, pero no alcanzó a obtener una resolución antes que se diera la detención.
“Estaba en revisión, pero no estaba en efecto la suspensión”, indicó.
Aguirre Buenfil, maestro en derecho, indicó que su despacho ha llevado con éxito el caso de la detención de 15 comuneros en Holbox, y el amparo en contra de la destrucción del Ombligo Verde, en Cancún.
“Daremos lo mejor de nosotros para que se haga justicia”, afirmó.

ASÍ LO DIJO LA FISCALÍA

JUEZ DE CONTROL AUTORIZA SUSPENSIÓN DE AUDIENCIA INICIAL DE EX FUNCIONARIO
Chetumal, Quintana Roo; 21 de enero de 2018. La Fiscalía general del Estado a través de la fiscalía especializada en combate a la corrupción informa que el Juez de Control, autorizó la suspensión de la audiencia inicial programada para la tarde de hoy en contra de Gabriel N, quien fue detenido el día de ayer por agentes de la Policía Ministerial.
El juez de Control autorizó el término de 20 horas, para reanudar el lunes 22 de enero a las 11 horas, para salvaguarda de la adecuada defensa por parte de los abogados de Gabriel N.
Gabriel N, está relacionado con la carpeta administrativa 151/2017, por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, cuya documentación presentada por los fiscales adscritos a la fiscalía especializada en combate a la corrupción consta de 48 tomos con más de 20 mil fojas.
La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de investigar de manera ética y profesional, en estricto apego al Código Nacional de Procedimientos Penales y los derechos humanos.

Denuncias contra exborgistas, con 10% de avance

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La denuncia en contra de los exfuncionarios borgistas, por fin tiene un pequeño avance, en la integración de los expedientes en contra de los exfuncionarios, que básicamente es la recepción de las denuncias por parte de las dependencias.

“Entorno a estas carpetas, queda todo el proceso de investigación y de obtención de documentos para su integración, que incluye pesquisas ante el Registro Público de la Propiedad y ante Catastro en los casos que sean necesarios”, detalló el fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pech Cen.

Una vez concluido este proceso, serán presentadas ante un juez para que se determine si proceden las órdenes de aprehensión o no. También señaló están dispuestos a colaborar con instituciones de otros lares incluida la Interpol.

En el caso de Víctor Hugo Lozoya, procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación con Roberto Borge Angulo, el fscal confirmó se trata de un coparticipe, por haber autorizado u omitido diveras irregularidades, aunque dependerá del juez determinar su grado de participación, el delito que se le imputa, aclaró que su desempeño irregular de la función, no es grave, que se tendrán que presentar suficientes evidencias en la audiencia para solicitar una prisión preventiva justificada, tal como ya se hizo con el extitular de la Seduvi, Mauricio Rodríguez Marrufo.

El fiscal también reveló que heredó un organismo con un rezago superior a las 120 mil carpetas, de las que no existía ninguna investigación, así que se tuvo que designar equipos especiales de atención, dando como resultado del dictamen, 22 mil averiguaciones para la Zona Sur, salvo por mil 970 averiguaciones que continúan en proceso.

Por último, en cuanto a el caso del “Lord Nazi Ruso”, Alexsei Makeev, el fiscal afirmó que todavía siguen las investigaciones en contra de dos reporteros que presuntamente habrían violentado la intimidad del extranjero, conducta que conlleva un castigo según el Código Penal.

El fiscal condenó que se estuviera filmando un asesinato sin hacer nada, y que la protección de la dignidad de las personas es necesaria para una convivencia saludable, aunque explicó es al juez a quién le corresponde determinar cualquier probable responsabilidad.

Entorno a relación a que uno de los implicados es Mauricio Collado, exfotógrafo particular de Roberto Borge Angulo, el fiscal aclaró que se actúa de acuerdo a la ley, y el resultado de las investigaciones, y no por alguna venganza.