POR BASILIO ARÉVALO.- El 2 de octubre de 2013, con la puesta en vigor del Decreto 306, el quinquenio de Roberto Borge Angulo inició la “reingeniería administrativa” cuyo objetivo toral fue echar a la calle a por lo menos mil 600 burócratas de los 16 mil que conformaban (en esa fecha) la administración de gobierno en Quintana Roo.
Dos meses antes, en agosto de ese año, el ex gobernador había anunciado que reduciría su salario, cosa que no hizo; en contraparte, lo que en el cinismo de su conducta política calificó como una “dura decisión”, provocó que para 2014 se registraran suicidios de personas por los despidos, aumento de enfermedades mentales, con altos índices de depresión y estrés, así como la pérdida patrimonial entre los más de dos mil 500 quintanarroenses que finalmente fueron despedidos, de los cuales algunos recurrieron al Poder Legislativo del Estado para ser reubicados porque habían casos de ex empleados que estaban a punto de llegar a la jubilación que por ley les correspondía.
De ese numeroso grupo de ciudadanos que fueron burócratas de toda la vida, 37 que laboraban en dependencias del Poder Ejecutivo durante el inicio de la recta final del borguismo, en nombre de sus demás compañeros acudieron ante los diputados del Congreso local para pedir apoyo a fin de que fueran reinstalados porque en muchos casos, por su edad, no habían obtenido otro trabajo, e incluso, argumentaron que con su experiencia podían apoyar al nuevo gobierno.
El secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría fue uno de los primeros responsables de consecuentar la infamia del borguismo. El autor de cínicas expresiones como “¡Félix no engañó a nadie!”, en referencia a las torvas estrategias políticas de su anterior patrón, Félix González Canto, gobernador de Quintana Roo antes que Roberto Borge, dijo que la reingeniería incluiría el despido del 8% de los 16 mil burócratas, “no más”, señalaba al reconocer que el gasto del gobierno era superior a los ingresos.
En julio de 2013, siendo diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN) Yolanda Garmendía Hernández denunció que entre 2005 y 2012 –los gobiernos de Félix González y Roberto Borge– se habían creado 12 nuevos órganos de gobierno que hacían mucho más gruesa e ineficiente la administración estatal, ya que le costaban al gobierno 600 millones de pesos adicionales en gasto operacional, declaró.
La esposa del ese entonces titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Salvador Arizmendi, subrayó que los órganos de gobierno saturados eran: Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública, la Unidad Especializada en Conservación de Playas y Sistemas Costeros; Secretaría de Cultura, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado, Secretaría del Desarrollo Social, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Urbano y la Procuraduría de Protección al Ambiente.
El 13 de agosto, el gobierno de Borge precisó que entre los órganos a desaparecer o fusionar estaban en la lista el Instituto de Fomento a la Vivienda del Estado (INFOVIR) que por mucho tiempo encabezó el porro Paul Carrillo de Cáceres, ex edil de Cancún y ex diputado local. El Consejo Estatal de Población, donde se empleó al hermano de Raymundo King de la Rosa, ex diputado federal y dirigente actual del Partido Revolucionario Institucional (PRI); la Comisión de Energía, la Comisión de Mejora Regulatoria, el Instituto Forestal de Quintana Roo, la Comisión para el Desarrollo de la Etnia Maya y Comunidades Indígenas, el Consejo de Planeación del Desarrollo estatal y el Fondo para el Desarrollo Económico.
El despido masivo, acción impregnada de soberbia, insensibilidad e infamia de Borge Angulo inició con correr a 400 empleados del INFOVIR; luego, otros 400 de la Secretaría de Cultura, donde estaba empleada la hoy diputada federal priista Arlet Mólgora Glover, que tampoco hizo por defender el patrimonio de los quintanarroenses que le dieron su voto, por el contrario, los humillaron incluso impidiéndoles el acceso a su centro de trabajo. Nótese: de una plantilla laboral de 546 trabajadores, sólo 100 conservaron el empleo y fueron reubicados dentro de lo que fue la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), la mayoría eran empleados sindicalizados.
La reingeniería administrativa fundamentalmente fue la desaparición de entidades públicas y el despido masivo de burócratas. Para muchos de los quintanarroenses, sobre todo para los que fueron cesados de la administración estatal no hubo ninguna justificación para racionalizar el gasto o profesionalizar el servicio público. Por el contrario, se trato de un intento de exprimir las arcas del estado para el dispendio de los favoritos, para la dilapidación del dinero público a manos de un grupo de borguistas que ofendieron y lastimaron a la ciudadanía, que pagó con el castigo en las urnas y generó por vez primera la alternancia política en la entidad.
MENDICUTI Y PAUL
Las quejas por las supuestas liquidaciones de ley que el Gobierno de Borge daría a los burócratas sucedieron en cascada. Decenas de empleados despedidos del gobierno denunciaron que tras 20 años de servicio les ofrecían liquidar con 75 mil pesos, cuando por ley correspondía más de 180 mil pesos.
Pero la reingeniería administrativa de Borge también incluyó reducir el 25% del salario del gobernador y funcionarios de la primera línea del gabinete, cosa que mucho se dijo no sucedió. Con la medida, Borge dijo que se ahorrarían 400 millones de pesos por año, 200 millones de pesos por fusión de dependencias y 188.6 millones de pesos por la aplicación del tabulador en el rubro de servicios personales. De todas estas acciones, el entonces secretario de Gobierno Gabriel Mendicuti Loría eludió toas y cada una, aduciendo que era una medida urgente que estaba aplicándose en todo el país.
Por su parte, Paul Carrillo de Cáceres, como presidente municipal de Benito Juárez donde se encuentra la ciudad turística de Cancún, siguiendo las órdenes de su jefe, Roberto Borge, echó a la calle a 700 burócratas. Llamó la atención que la mayoría fueron empleados que no pertenecían al Partido Revolucionario Institucional, instituto político al que pertenece Paul Carrillo. Incluso, el grupo de despedidos exigió que se revisaran los directorios de las dependencias municipales y se acudiera a constatar en los eventos públicos quiénes eran los que aparecían o llegaban a dichos eventos.
CHARITO ORTIZ YELADAQUI
La chetumaleña Rosario Ortiz Yeladaqui, perteneciente a la vieja escuela y amplia conocedora de las prácticas de la clase política, fungió como Oficial Mayor de Gobierno de Quintana Roo y ha vivido minimizando los reclamos que aún realizan más de mil personas que se desempeñaron en la burocracia, mujeres y hombres que fueron despedidos por la llamada “reingeniería administrativa” que impuso el hoy recluso Roberto Borge Angulo.
La también favorita del sexenio del ex gobernador Félix González ha dicho que está dispuesta a pagar el costo político de lo que denominó ajustes presupuestales al liquidar a miles de personas que, en sus propias palabras, calificó como “no son indispensables en la administración”.
Charito, como le llaman, goza de una holgada situación económica que le ha permitido señalar tal expresión. Sin embargo, en este “ajuste presupuestal” no consideró nunca a sus hermanos a quienes los chetumaleños han conocido siempre como “aviadores”. Trascendió que en esa lista de desempleados nunca figuró su hermano Rubén “Memin” Ortiz Yeladaqui, identificado por no pararse nunca en dependencia alguna para trabajar, a sabiendas que su negocio principal son la instalación y operación de bares con el respaldo de Charito. En el colmo del cinismo, el Gobierno del Estado lo premió con un reconocimiento por 20 años al servicio de la administración pública, cobrando un estímulo económico por 35 mil pesos.
En la lista de “gente no indispensable a la administración” tampoco apareció su hermana Neria Ortiz Yeladaqui, con sueldo de Subdirectora en la Secretaría de Cultura. Cuando Nora Jiménez de León fue directora administrativa del Instituto Quintanarroense de Cultura (IQC), Neria fue despedida por fraude y recibió una ofensiva liquidación, pero arropada por su hermana Rosario fue reinscrita en una lista de cobradores sin trabajar en la misma dependencia, respetándose su antigüedad como si el hecho no se hubiera registrado.
Ha trascendido que hay más familiares de Charito en la nómina estatal, en diversas dependencias. Rosario tiene más de dos décadas gozando de las comodidades que provee el erario público. Fue presidenta municipal de Othón P. Blanco de 1990 a 1993. Diputada local por el Distrito I de la Décima Legislatura del Congreso de 2002 a 2005. Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), directora del extinto Instituto de Fomento a la Vivienda (Infovir) cargo que ocupó hasta 2006 cuando Félix González la nombró secretaria de Gobierno estatal. También fue diputada federal por el Distrito II de Quintana Roo y oficial mayor del Gobierno del Estado incluso en el quinquenio de Roberto Borge Angulo, cargo en el que demostró inoperancia y sumisión.
Recientemente, en julio de 2017, fue vinculada como la responsable directa de la autorización de un contrato millonario para asignar miles de mochilas de útiles y paquetes escolares a siete mil trabajadores del Gobierno del Estado en 2015 y 2014.
