En las oficinas de Playa del Carmen, ubicadas sobre la avenida 115, actuarios, personal de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF) de CAPA y agentes policiacos ingresaron al local para proceder al aseguramiento del inmueble. De inmediato, guardias privados desalojaron a los clientes del lugar y cerraron las puertas.
A los pocos minutos, llegaron funcionarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, la que habría solicitado el embargo.
Cabe mencionar que hace dos semanas, el director de CAPA, Gerardo Mora Vallejo, reveló que en una revisión de las finanzas de la concesionaria, detectaron un presunto desvío de mil 226 millones de pesos de un crédito fiscal de la empresa, que no fue destinado a los fines distintos a lo que indica el título de concesión.
LA DENUNCIA PRESENTADA POR CRISTINA TORRES
En la búsqueda por revertir la concesión otorgada durante el gobierno de Roberto Borge, el 16 de abril de 2018, el Ayuntamiento de Solidaridad, encabezado por la presidenta municipal, Cristina Torres, presentó ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo la denuncia por lesividad contra la concesionaria del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., conocida como Aguakan.
La denuncia se realiza luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el 7 de febrero de 2018, impusiera cuatro sellos a la empresa, por múltiples quejas de irregularidades en el servicio prestado; y de que la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres, se llevara a cabo una consulta pública para determinar la opinión de los usuarios. Intervención a Aguakan, resultado de solicitud de Cristina Torres
Es importante mencionar que la anterior denuncia fue resultado de la negativa de CAPA para entregar el dictamen sobre las denuncias por incumplimiento de servicio por parte de Aguakan en mayo de 2017, y que por meses la alcaldesa espero respuesta, en una clara muestra de falta de cooperación de CAPA.
En su momento, Cristina Torres declaró “estábamos en espera de lo que CAPA nos pudiera dar, pero ya le dimos un plazo a CAPA y si no nos entrega los dictámenes, presentaremos la solicitud para que sea el juez el que requiera a CAPA”.
Así, la edil cumplió su amenaza y en sesión de Cabildo autorizó el ingreso de una denuncia, que actualmente está en tribunales, sin embargo, finalmente CAPA concluyó con su análisis y determinó que de 10 puntos que debía cumplir como requisitos de concesión, sólo logró dos. Peor aún, descubrieron un posible desfalco de mil 226 millones de pesos, derivados de un crédito fiscal.
INTERVENCIÓN DE CAPA
José Luis Domínguez Montero, coordinador de la Dirección Jurídica de CAPA, declaró que se trata de un inventario de bienes, idéntico al ocurrido en las oficinas de Cancún el día anterior, derivado de la intervención de caja realizada desde la semana pasada a Aguakan.
Cuestionado si también se trata de un embargo, aclaró que en términos legales, efectivamente sería un embargo de la caja, aunque la concesionaria continua en control de las operaciones y por tanto están obligados a dar el servicio a usuarios con normalidad.
