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Este martes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 122 cuentas a personas físicas y morales de los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) así como de las organizaciones criminales de Los Zetas y la Unión Tepito.
El titular de la UIF, Santiago Nieto mencionó que estos congelamientos corresponden a 36 acuerdos de inmovilización de activos financieros que hoy fueron girados a los bancos.
“En total hemos bloqueado de los cárteles 990 millones de pesos en lo que va de la presente administración, aunque el día de hoy firmé otros 36 acuerdos de bloqueo, apenas está en curso, yo creo que en dos días (se conocerán cantidades), porque tardan los bancos 48 horas en reportarnos cuál es el monto de lo bloqueado”, precisó.
Entre las personas físicas bloqueadas se encuentra Ovidio Guzmán López hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras el congelamiento de 330 cuentas bancarias del Cártel de Sinaloa dado a conocer el 26 de noviembre pasado.
Durante este año mencionó se han bloqueado cuentas a organizaciones del narcotráfico que nadie ha reclamado. Tal es el caso del CJNG, que no tramitó ni demandó legalmente el descongelamiento de 2 millones de dólares y 24 millones de pesos en el sistema financiero.
Santiago Nieto indicó que el problema de ello es que el dinero se lo quedan los bancos y por ello es necesario modificar la legislación en la materia para que esos activos sean destinados a instituciones encargadas de los programas sociales, entre otras tareas.
“Nuestra posición es una posición muy clara, necesitamos generar alguna reforma legislativa para que esas cuentas se vayan a programas sociales o a la Tesorería de la Federación y se distribuyan en los términos que se decida”.
Nieto defendió la reforma en materia de extinción de dominio que se debate en el Congreso de la Unión, debido a que con el modelo actual se tiene como perspectiva esperar hasta la sentencia condenatoria en un proceso penal para poder conseguir los bienes del delito.
Precisó que según el Consejo de la Judicatura Federal, de 2015 a 2018 sólo decomisaron 15 millones de pesos y 4 millones de dólares por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
