Chetumal. – El periodo de trabajo de los magistrados que conforman el pleno del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo finalizará en octubre próximo, que es la fecha cuando se debe realizar la elección de acuerdo a sus méritos en la carrera judicial. Sin embargo, tres de los once magistrados buscan mantener su cargo y ya solicitaron formalmente su derecho a reelegirse por otro sexenio más.
Los magistrados que buscan la reelección son Mariana Dávila Goerner, Adriana Cárdenas Aguilar y Carlos Lima Carvajal, personajes que su elección de hace seis años obedeció más a criterios políticos que a méritos dentro de la carrera judicial ya que el ex gobernador Roberto Borge los coloco con la finalidad de que le “cubrieran las espaldas” y evitar de ser acusado por su política de saqueo.
Alejandro Aguirre Buenfil, presentó una denuncia en 2016 en contra de los 3 magistrados por haber ocupado el cargo sin reunir los requisitos de ley y en el caso específico de Lima Carvajal por no presentar en tiempo y forma su declaración patrimonial.
Ante la solicitud de reelección, la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo establece que los diputados de la XVI Legislatura son quienes tendrá que definir si se quedan o en su lugar entran tres nuevos magistrados reconocidos por sus méritos dentro de la carrera judicial, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo estatal.
Los magistrados salientes solicitan su ratificación, a través de un oficio enviado al magistrado presidente del TSJ, Antonio León Ruiz, justificando que han desempeñado su función jurisdiccional “bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia”. Asi mismo, las magistradas también piden notificar al Congreso sus pretensiones, acompañando la solicitud con el “expediente de desempeño” de cada uno de ellos a fin de que se inicie el procedimiento de evaluación respectiva.
A excepción de la magistrada Cárdenas Aguilar, ninguno de los implicados cuenta con la carrera judicial que se requiere para ser acceder al cargo, pero gracias al abuso de poder del ex mandatario, lograron ocupar los espacios. Dávila Goerner fungió como directora del DIF municipal en Benito Juárez, y Lima Carvajal como titular de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio desde donde Borge operó una serie de despojos de terrenos públicos y privados para venderlos ilegalmente entre familiares y allegados.
Con Carlos Lima en el Pleno, Borge Ángulo garantizaba gozar de inmunidad por la serie de fechorías que cometió. Hoy en una jugada estratégica el magistrado se ha colado al equipo de asesores jurídicos de la alcaldesa Mara Lezama para que en caso de que sea ella la candidata y la próxima gobernadora, él siga gozando de esa prebenda para no ser castigado por su actuación.
La posibilidad de que estos personajes sean reelectos, ha despertado la inconformidad en grupos de abogados que se organizan para exigirle al Congreso que sean designados verdaderos juristas, no “títeres” de políticos.
Con info de Luces del Siglo
