Cancún.- La noche del lunes 29 de noviembre, un juez de control determinó vinculacion a proceso de Luis Héctor Sarti Pérez, presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, por el delito de Violencia Familiar, cometido en contra de quien fuera su esposa Brenda Aguirre Martínez.
La resolucion se determinó luego de una audiencia de mas de 13 horas en las que el imputado no pudo objetar las pruebas presentadas en su contra por violencia psicológica, moral y económica.
De acuerdo a los hechos sustentados en la carpeta administrativa 352/2021, en los ultimos tres años Sarti Perez ha agudizado los hechos violentos en contra de su es pareja Brenda Aguirres, más aún después de su divorcio ocurrido el pasado 26 de abril, donde de manera premeditada y alevosa, sustrajo a sus hijos a primeras horas de la mañana, llevándolos solo con las pijamas puestas, y alejándolos por completo de su madre durante casi siete meses y la amenazó asegurado que “te voy a quitar la casa, a los niños y vas a vivir un infierno, pues tengo un 99% de posibilidades de ganarte”.
El 5 de noviembre, la Juez Segundo Familiar, otorgó a Brenda Aguirre Martínez la custodia provisional de sus dos pequeños hijos, una pensión alimenticia que hasta la fecha Sarti Pérez se ha negado a cumplir, así como la prohibición de acercarse a la víctima y su entorno a no menos de 50 metros, para salvaguardar su integridad física y emocional.
Hector Sarti habia hecho declaraciones contra su ex esposa, donde la acusó de sostener relaciones extramaritales, de abandonar a sus hijos, de tener móbiles monetarios, de ser un peligro para sus hijos, de no estar capacitada para cuidarlos, de presentar denuncias como estrategia legaloide, y un sinfín de mentiras.
El caso se dio a concer de manera pública en la Conferencia Matutina ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 8 de noviembre, además de otras conferencias a nivel local.
Gracias a este caso, han quedado expuestos dentro de los expedientes tanto penales como familiares, diversos actos como: falsificación de firmas y documentos, la fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, el aleccionamiento de testigos, influyentismo, la denostación y recusación sin causa hacia jueces que no son afines a sus propósitos, faltas de respeto y decoro hacia las autoridades dentro de las audiencias, promoviéndose siempre como protegido del ex presidente Enrique Peña Nieto.
