Cancún- Pagina 274

Cancún.- Un grupo de víctimas de la represión policiaca ocurrida el pasado 9 de noviembre afuera del palacio municipal regresó a este lugar para manifestarse, y anunciar que ya han sumado a 20 personas más, también agredidas en esa ocasión, que han aportado sus propias evidencias para ser integradas al expediente.

Javier Sotelo Nava, abogado defensor de este grupo, se quejó que la denuncia que interpusieron, en contra de las autoridades municipales, no ha tenido avance alguno, ni a nivel estatal ni federal, por lo que preparan ya un juicio político en contra del actual Ayuntamiento; es decir, la totalidad del Cabildo, por las omisiones incurridas.

“Ya tenemos 20 víctimas más con evidencias de que fueron agredidos ese día. La invitación sigue abierta. Para que tengan justicia y que esto no vuelva a suceder”, afirmó. “Quienes estuvieron aquí y sintieron terror, también pueden demandar”.

Además de la denuncia efectuada en días pasados contra todos los regidores ante la Fiscalía General del Estado, el abogado reveló que desde un inicio, denunciaron a la presidenta municipal, Mara Lezama Espinosa, ante la justicia federal las agresiones contra la prensa, pero que pronto añandirán igualmente a los demás regidores.

Por su parte, Cecilia Solís, reportera herida de bala en la represión de ese día, afirmó que los disparos efectuados no eran un hecho fortuito, sino ya una política de este Mando Único, que ya tres veces antes había procedido de igual manera.

El primer caso, recordó, fue en una tienda que era saqueada en la Región 259, en donde dispersaron a las personas a tiros; también dispararon al aire los policías que acudieron a separar una riña entre taxistas y mototaxistas en la 248, sin importarles que era un estacionamiento de una plaza comercial, con la presencia de familias enteras. Finalmente, en la Región 227, unos moradores cansados de la interrupción en el servicio de luz quemaron unas llantas, bloqueando la avenida, y también fueron reprimidos con disparos al aire.

La periodista señaló que aunque se trata de un Mando Único a cargo del estado, el cabildo lo aceptó, a pesar de los malos resultados en otros estados y del “negro historial” del entonces secretario estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella.

También denunció que el policía que acudió a su casa a entregarle un oficio de la Fiscalía con las medidas preventivas que tendría, resultó ser quien estaba al mando del operativo en el Palacio Municipal.

Playa del Carmen.- Más de 150 habitantes de fraccionamientos como Calakmul, Padro Norte, Las Palmas, Haciendas Real del Caribe y Unidad Morelos, por mencionar algunos, se manifestaron hoy en los jardines posteriores del Palacio Municipal, para denunciar los desalojos o intentos de desalojo por parte de varios bancos y empresas de cobranza, que adquirieron la cuentas de la extinta hipotecaria “Su Casita”.

Los inconformes llevaron cartulinas en las que acusaron a las empresas Tertius, Diamantine, Péndulo y Patrimonio de incurrir en acoso abierto, incluso con gente armada, para presionar a estas personas a que abandonen sus hogares, además de realizar varios procesos de desalojo de manera irregular, con juicios de los que no son notificados, o incluso con supuestos compradores ficticios, todo en favor de bancos como Bancomer o Banorte, poseedores de esta cartera vencida.

La hipotecaria “Su Casita” desapareció hace más de nueve años, marcando el fin de un fraudulento modelo de negocios, en el que se ofrecían casas con un enganche muy bajos a personas que normalmente no serían sujetos de crédito, a cambio de fijar sus hipotecas en UDIs, una unidad que rápidamente aumentó de valor y se volvió impagable. Su creciente cartera vencida, que se descubrió fue inflada en su valor por más de 40%, llevó a esta empresa a la quiebra, aunque no antes de ser “rescatada” por el gobierno federal, lo que le costó al IMSS casi 19 mil millones de pesos.

Varios bancos adquirieron estos créditos, morosos en su mayoría por lo impagable de las mensualidades en UDIs y la incertidumbre por la quiebra de “Su Casita”. De acuerdo a varios testimonios de los presentes, la “oferta” es regularizar su situación mediante un pago único superior al valor de la casa, para luego fijar mensualidades demasiado elevadas para sus posibilidades.

Tal es el caso de una mujer, que prefirió no identificarse, y quien dijo que por su casa, adquirida por 400 mil pesos, ahora le piden un enganche de un millón de pesos, para después pagar mensualidades de siete mil pesos, lo que no solo borra todo lo que llevaba pagado, sino que implica pagar cuatro veces el valor original de su inmueble, que para colmo ya presenta varias cuarteaduras.

“Queremos poder pagar en pesos, no en UDIs, por un monto razonable. Todos tenemos amenazas y documentos donde dicen que entreguemos nuestras casas, sino seremos desalojados”, comentó ella.

“Pedimos que paren los desalojos y que pare la violencia con quienes tenemos créditos inmobiliarios con Su Casita”, exclamó Milca Morales. “Cuando quebró la empresa, los créditos fueron adquiridos por distintas empresas que buscan cómo desalojarnos. Muchos llegan incluso con gente armada, alegando que se perdió un juicio del que nunca fimos notificados”.

Varios vecinos han interpuesto denuncias por el acoso, pero todas estas carpetas permanecen estancadas en la Fiscalía General del Estado.

Milca Morales narró el caso de una mujer a la que le robaron su medidor de luz en medio de la noche, cuando se asomó a ver, fue apuntada con un arma, exigiéndole que abandonara la casa. Ella denunció, pero el Ministerio Público no hizo ninguna diligencia; por ello, decidió ir a Ciudad de México para denunciar allá, pero en lo que fue y volvió, gente ingresó a su casa y la destrozó, además de golpear a un familiar.

“Le hicieron la vida imposible, y por ese miedo no se atrevió a venir”, comentó.

A varios, añadió, les ofrecen dinero para que se vayan “por las buenas”, con la amenaza de ser desalojados si se niegan. A ella, Tertius le ofreció 30 mil pesos por su casa.

La “oferta” por parte del banco es que pague de contado la mitad del supuesto valor de su casa.

“Me dicen que mi casa vale un millón 600 mil pesos y que tengo que pagar la mitad, ¿quién tiene 800 mil pesos?, y ¿quién daría eso cuando por ese dinero se puede uno comprar una casa en la Guayacán?

Ya hay muchos que han sido desalojados, indicaron los inconformes, incluyendo a una mujer a la que le sacaron sus pertenencias mientras trabajaba en la Zona Hotelera. Vecinos trataron de intervenir, pero policías municipales amenazaron con llevárselos detenidos.

“Supuestamente había una mujer que había comprado su casa, y se le dio la bienvenida por los vecinos, pero era falso. A los tres días la casa fue puesta a la venta”, comentó uno de los presentes.

FRAUDE CON PRÉSTAMO

Un caso distinto era el de María Paula Saucedo Hernández, quien afirmó haber sido desalojada hace un mes, producto de un préstamo que dos funcionarios municipales sacaron con su casa, que ella tenía pagada.

La mujer portaba una cartulina en la que acusaba a Carolina Torres Saucedo, del Instituto Municipal de la Mujer, y a Fernando Camacho, de la Policía Municipal Preventiva, de haber obtenido un crédito por 600 mil pesos con Bancomer ofreciendo su casa como colateral.

Hace un mes, llegó un grupo de policías con una orden de desalojo y una abogada que nunca se identificó.

“Les dije que era mi casa de 37 años y que ya estaba pagada, pero me dijeron que si no abría, me rompían la reja. Incluso tenían una ambulancia lista”, narró. “Me quitaron los papeles con base de fraude”.

Cancún.- Colectivos feministas marcharon esta tarde por el bulevar Kukulcán, desde el kilómetro cero hasta pasado el puente Calinda, lo que cerró parcialmente la circulación hacia la Zona Hotelera.

Las manifestantes, quienes conmemoran el Día Internacional de la Mujer, avanzaron coreando consignas en contra de la violencia de género, con una gran manta que rezaba “para nosotras todos los días son días de asesinadas. Ni una menos”,

Las más de 200 personas avanzaban por el carril de subida a la Zona Hotelera, con la finalidad de llegar al Asta de Bandera, a pesar del mal tiempo y de la lluvia que estalló cuando pasaban el Teatro de Cancún.

La manifestación pronto obligó a las autoridades de Tránsito a realizar cortes a la circulación vehicular, por lo que se recomendaba a los automovilistas a ingresar a la Zona Hotelera a través del bulevar Colosio.

Finalmente, en medio de la lluvia, el contingente se disgregó, sin mayores incidentes.