Congreso- Pagina 32

Revisará Congreso propuesta para crear instituciones de cultura, de la juventud y de la etnia maya

Chetumal, Quintana Roo. – La XV Legislatura del Congreso del Estado dio entrada a cuatro iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo, Carlos Joaquín González, que forman parte de la reorganización administrativa que plantea para el Gobierno del Estado, a través de la creación de los institutos quintanarroenses de la cultura, de la juventud y el de los pueblos indígenas.

Conoce a tu diputado, haz click

En la sesión ordinaria número 20, cuya Mesa Directiva estuvo presidida por la diputada Mayuli Martínez Simón, el Pleno Legislativo turnó a las comisiones correspondientes, diversas iniciativas presentadas por el gobernador del estado.

 

A través de la iniciativa de reforma a la Ley de la Juventud, se propone la creación del Instituto Quintanarroense de la Juventud, con la finalidad de brindar una mayor atención a este sector. Para ello, se transferirán las facultades que en esta materia tiene actualmente la Comisión para la Juventud y el Deporte (COJUDEQ).

También se dio entrada a una iniciativa de reformas a la Ley de Cultura y las Artes del Estado, para proponer de nueva cuenta la creación del Instituto Quintanarroense de la Cultura, que se encargue de diseñar la política cultural del Estado.

Esta decisión, señala la exposición de motivos del Ejecutivo, se respalda en la revisión de las decisiones que se han tomado en siete administraciones gubernamentales donde han existido aciertos y errores, destacándose más los logros obtenidos cuando existía un instituto rector de la política cultural.

ANUNCIO

El Ejecutivo estatal también propone dar origen a la creación del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Protección a la Cultura Maya del Estado de Quintana Roo, como una acción prioritaria para el desarrollo sustentable de la población y las comunidades indígenas en la entidad.

A través de la reforma a la Ley de Patrimonio del Estado, se propone modernizar al Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE), transformándolo en la Agenda de Proyectos Estratégicos, con la finalidad de transparentar las acciones que hasta hoy había realizado el Instituto, así como para impulsar los proyectos viables de asociación público-privados.

En la misma sesión, el Pleno Legislativo envió a comisiones la iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones legislativas en materia penal, presentada por el gobernador Carlos Joaquín González.

Anuncio

En ella, se propone armonizar las leyes locales con los compromisos asumidos por la Federación, a fin de que guarde plena coherencia con la Constitución General y el Código Penal Federal, tales como la tipificación de la violencia familiar equiparada, incluir las premisas básicas de la reparación del daño a víctimas de delitos, tipificar el acto sexual obligado entre cónyuges o relaciones de hecho como violación, entre otras modificaciones.

*Analizará Congreso reorganización administrativa del Gobierno del Estado*

*Analizará Congreso reorganización administrativa del Gobierno del Estado*

Boletín 102, 20 de abril de 2017
Congreso del Estado

· La iniciativa del Ejecutivo plantea una reforma administrativa que dé respuesta a las demandas de la ciudadanía

Chetumal, Quintana Roo. – El Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, presentada por el gobernador del estado Carlos Joaquín González, con la que se busca reorganizar la función administrativa del Gobierno del Estado y con ello dar respuestas eficaces a las demandas de la ciudadanía.

En la sesión ordinaria número 19, presidida por la diputada Mayuli Martínez Simón, el Pleno de la XV Legislatura también dio entrada a otras tres iniciativas promovidas por el Ejecutivo estatal para crear la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo, así como reformas a la Ley de Pesca Responsable y Acuacultura y a la Ley Orgánica del Sistema DIF.

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, Joaquín González expone que el proyecto de ley es el primer paso de un Programa de Reforma Administrativa que emprenderá la administración del Ejecutivo estatal.

La propuesta del gobernador del estado, busca evitar el excesivo burocratismo e ineficiencia en la función pública, a través de una reorganización administrativa que busca dar mayor peso a los sectores que dan atención directa a los ciudadanos.

Al interior de la Secretaría de Desarrollo Económico, se propone crear la Agenda Proyectos Estratégicos y ProQuintana Roo, para transformar una fuente de inversión de capital, mediante la concertación de acciones público-privadas bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios a largo plazo.

Se plantea la modificación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural, otorgándole impulso a la actividad pesquera, para otorgar mayores apoyos y generar políticas públicas que fortalezcan esta actividad.

Además, se propone re sectorizar a la Secretaría de Gobierno, al Archivo General del Estado, la Coordinación Estatal de Protección Civil, junto con otras tres representaciones administrativas, con el fin de lograr la especialización de las áreas, recibir apoyo en la gestión de recursos, entre otros beneficios.

El Ejecutivo propone transformar la Secretaría de Educación y Cultura y la de Desarrollo Social, para que la cultura sea atendida a través de un instituto, mientras que el rubro de desarrollo indígena se atenderá a través de un instituto especializado que logre una efectiva coordinación de los apoyos a los grupos étnicos, especialmente a la cultura maya.

Se plantea además la transformación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, mientras que la Secretaría de Infraestructura y Transporte se transformaría en la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones.

En la misma sesión, se aprobó la creación de una Comisión Transitoria de Investigación denominada “Comisión de Investigación y análisis sobre el impacto del alza en los precios de los hidrocarburos en el país, en la población quintanarroense”.

La Comisión está integrada por la diputada Leslie Hendricks Rubio como presidenta, Fernando Zelaya Espinoza como secretario y Laura Beristain Navarrete, Santy Montemayor Castillo y Ramón Javier Padilla Balam, como vocales.

Finalmente, el Congreso de Quintana Roo se adhirió a un punto de acuerdo promovido por el Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto, a que instruya al actual Secretario de Desarrollo Social, para que modifique el acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

–O–

Fiscalía pone a trabajar al Congreso: envía diversas iniciativas

FISCALÍA GENERAL DE QUINTANA ROO ENVIÓ AL CONGRESO DEL ESTADO INICIATIVA DE DECRETO

Chetumal, 19 de abril del 2017.- La Fiscalía General del Estado informa que el departamento jurídicos de la institución, envió al Congreso del Estado, por instrucción del titular, Miguel Ángel Pech Cen, la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de la Fiscalía General del Estado, y se expide el reglamento de la Dirección de la Visitaduría General, así como el Reglamento Interior del Órgano de Control y Evaluación Interna de ésta institución.

http://www.congresoqroo.gob.mx/diputado.php?id=82

En la iniciativa se puntualiza que por Decreto del Congreso del Estado, número 413, de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, publicado en el periódico oficial del Estado en fecha cinco de julio del propio año, se expidió la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, como un organismo autónomo que responde a las exigencias de nuestra sociedad, contando con una estructura acorde y que brinda la posibilidad de que los retos que representa la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado puedan ser atendidos con oportunidad, con un nuevo marco normativo acorde, que permita a esta institución brindar servicios de mayor calidad a la sociedad quintanarroense.

ANUNCIO

Sin embargo, dicho ordenamiento dejó lagunas jurídicas, tanto sustantivas como adjetivas, que dificultan la consecución de los objetivos de la función pública de esta Institución, debido a lo anterior el proyecto de decreto propone la corrección de los obstáculos legales que la actual ley presenta, así como la ampliación de facultades para el eficaz desempeño de la función Ministerial, Policial y Pericial.

· CAMBIO DE NIVEL DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE INVESTIGACIÓN A DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE INVESTIGACIÓN

La Ley de la Fiscalía respecto de la Dirección de la Policía Ministerial de Investigación limita su ampliación presupuestal respecto de las áreas directivas que deben conformarlo o que en mediano plazo resulte necesario crear.

Por tal razón, el presente proyecto propone modificar la denominación de dicha dirección para quedar como Dirección General de la Policía Ministerial de Investigación, para efecto de que la clave presupuestal correspondiente permita su ampliación hacia sus áreas subordinadas, con el objetivo de que el Fiscal General pueda instrumentar, crear y designar las direcciones policiales respectivas, dependientes de aquella, tendientes a lograr una mejor operatividad.

· CREACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS POR RAZONES DE GÉNERO, IDENTIDAD DE GÉNERO Y CONDICIÓN SEXUAL

La Fiscalía General del Estado está comprometida con los derechos humanos, el desarrollo integral de las personas, la igualdad sustantiva y la no discriminación, por lo cual se propone la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género la cual estará facultada para conocer de las denuncias y querellas que se presenten por hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos del fuero común cometidos por razón de género, identidad de género y condición sexual.

· CREACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Toda vez que el decreto Constitucional estableció la obligatoriedad a los Estados y entidades autónomas para adecuar sus normas en materia de responsabilidad administrativa a partir de que el Congreso de la Unión expidiera las leyes federales reglamentarias respectivas, lo cual ocurrió el 18 de julio de 2016, en consecuencia esta Fiscalía General, como Órgano Constitucional Autónomo se encuentra en posibilidad, y más aún, en la necesidad de establecer una unidad ministerial especializada en combate a la corrupción.

Por tal razón, la presente Iniciativa propone crear la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción como una unidad administrativa adscrita jerárquica y directamente al Despacho del Fiscal General, para la investigación y persecución de los delitos previstos por en el Código Penal del Estado contra la administración pública cometidos por servidores públicos, por el desempeño irregular de la función pública; abuso de funciones públicas; tráfico de influencias; promoción de conductas ilícitas, cohecho y distracción de recursos; evasión de presos, quebrantamiento de penas no privativas de libertad y medidas de seguridad; delitos contra los principios del sistema penal acusatorio; incompatibilidad de labores; delitos contra el buen despacho de la administración; coalición indebida; infidelidad de la custodia de documentos; irresponsabilidad en el desempeño de empleo, cargo o comisión; abandono de empleo; negligencia en el desempeño de función o cargo; irresponsabilidad de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública del Estado; delito de abuso de autoridad; aprovechamiento ilícito del poder; delito de responsabilidades por lucro indebido, así como de aquellos delitos relacionados con el ejercicio indebido de la función pública, manejo de recursos públicos del Estado y corrupción, que sean tipificados en ordenamientos diversos y que atribuyan competencia jurisdiccional a los tribunales del Estado, en concordancia con el Sistema Nacional Anticorrupción y el sistema local en la materia.
Es prudente señalar que se dispone que la Titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción deberá recaer en un ciudadano de probidad y prestigio destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y será designado o removido por el Fiscal General, con la aprobación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, pudiendo escuchar propuestas de la sociedad en general.

· MODIFICACIÓN DE LA SEDE DE LA VICE-FISCALÍA DE LA ZONA NORTE

Atendiendo a la carga dinámica de trabajo operativo y administrativo así como a la disposición geográfica de nuestro Estado, el proyecto propone modificar en la Ley de la Fiscalía la designación de la Sede de la Vice-Fiscalía de la Zona Norte, para establecerla en la ciudad de Cancún, en vez de la ciudad de Playa del Carmen, como lo señala originalmente la Ley en reforma.

· FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

Se plantea la ampliación de las facultades y obligaciones de la Dirección de Administración y Planeación, para recabar la documentación necesaria a efecto someter a consideración del Fiscal General la imposición y aplicación de sanciones en materia laboral a los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, en apego a las leyes laborales y condiciones generales de trabajo aplicables a la Institución.

· SE AMPLÍAN LAS FACULTADES DEL FISCAL GENERAL

El personal que integra la Fiscalía General se vincula a dicha Institución en dos regímenes, a saber: el laboral y el jurídico- administrativo, en donde el primero se regula por las disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo Ejecutivo y Judicial y de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, por virtud del artículo Séptimo Transitorio del Decreto 413 publicado el 5 de julio de 2016 por el que se expidió la Ley de la Fiscalía General del Estado; mientras que el segundo rige al personal considerado sustantivo por su desempeño en la función del Ministerio Público, Policial y Pericial.

En ese sentido, si bien las Condiciones Generales de Trabajo prevén un catálogo de sanciones para el personal laboral por conductas que no ameriten baja ante el tribunal laboral respectivo, resulta que dicho instrumento, ni ningún otro establecía la facultad a funcionario público alguno de esta Fiscalía, para imponer tales medidas.

ANUNCIO

En ese sentido, la presente Iniciativa propone dotar al Fiscal General para imponer las sanciones respecto de conductas que no requieran procedimiento laboral ante los tribunales, en términos de las Condiciones Generales de Trabajo y las leyes laborales aplicables. Para efectos de seguridad jurídica al respecto, en la misma iniciativa se impone facultades y obligaciones a la Dirección de Administración y Planeación, para recabar la documentación necesaria; y a la Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional, para emitir dictámenes y opiniones, respecto de conductas susceptibles de imposición y aplicación de sanciones en materia laboral a los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, en apego a las leyes laborales y condiciones generales de trabajo aplicables a la Institución, a efecto de que el Titular pueda dictar a cabalidad lo conducente.

Baja y destino final de bienes patrimoniales.
Asimismo, la Ley de la Fiscalía General en vigor resulta omisa respecto de facultades y mecanismos para administrar la baja y destino final de los bienes que, siendo patrimonio de esta Institución, ya no cumplen con su cometido o representan una inutilidad y perjuicio por su estado de conservación.

Por tal razón, en la presente iniciativa se propone ampliar las facultades del Fiscal General, otorgándole la de emitir normas para la administración y destino final de bienes patrimoniales de la Fiscalía y archivos; imposición de sanciones en materia laboral acorde a los ordenamientos en la materia; y la de determinación de consulta para archivo del no ejercicio de la acción penal respecto del sistema procesal tradicional y los recursos respectivos.

Conservación, certificación y destino final de documentación.
La actual Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública impone a la Fiscalía General, como sujeto obligado, varios principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información pública. A efecto de establecer los mecanismos que permitan la correcta atención de tales directrices, la presente iniciativa propone facultades y obligaciones a los titulares de los órganos de la Fiscalía General del Estado, para certificar la existencia de la documentación que emita en ejercicio de sus funciones, así como la que deba archivar y resguardar, y expedir las constancias certificadas en términos de ley.

· ESTABLECER UN RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LA FISCALÍA

En aras de otorgar claridad y seguridad jurídica al personal vinculado a esta Fiscalía General, la presente iniciativa propone definir el régimen laboral y jurídico administrativo aplicable al personal administrativo y sustantivo de la Fiscalía, especificando que el personal considerado de base debe atenderse bajo las disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, en lo conducente, así como en las Condiciones de Trabajo aplicables, en tanto que el personal que desempeñe la función sustantiva característica del ejercicio del Ministerio Público, Policial y Pericial, deberá regularse por un régimen especial, que la misma iniciativa propone, conforme a la Constitución Federal.

A tal efecto, se establece un catálogo de obligaciones, facultades y responsabilidades a cargo del personal sustantivo de esta Institución, y que refieren específicamente a aquellas derivadas de la función que desempeñan, tales como integración de expedientes, deberes en las investigaciones, oportunidad en la presentación de cargos ante la autoridad jurisdiccional, operatividad eficiente de la policía ministerial, lineamientos para el respeto a los derechos humanos, profesionalismo y debida diligencia en la función pericial, y en general, diversos dispositivos orientados a eficientar y legalizar el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Fiscalía General por conducto de dichos servidores públicos.

· SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Siguiendo el principio de autonomía otorgado constitucionalmente a esta Institución, la presente iniciativa propone establecer un catálogo de responsabilidades aplicable a todo el personal de la Fiscalía General, basado en la doctrina en materia administrativa, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas a las que refiere el Sistema Nacional Anticorrupción

Atendiendo a ello, se establece un catálogo de obligaciones del personal administrativo y sustantivo de la Fiscalía, clasificándolo de tal forma que permita establecer claramente las competencias del Órgano de Control y Evaluación Interna, y del Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia para sancionar y remover al personal de la Fiscalía General, atendiendo a la naturaleza de sus funciones. En dicho catálogo de conductas, se distinguen aquellas que se consideran graves por el perjuicio en la correcta función del ejercicio ministerial, pericial y policial, y que constituirán causa de terminación del Servicio Profesional de la Carrera Ministerial, Pericial y Policial.

· DIRECCIÓN DE LA VISITADURÍA GENERAL

El ejercicio del Ministerio Público, la actividad Policial Investigadora y la labor científica de los Peritos de esta Fiscalía, requieren una supervisión y vigilancia especial, que permita controlar su desempeño y mejorar los procesos ya establecidos, e implementar los que requiera de acuerdo con la modernidad y los objetivos de esta nueva etapa en la Institución.

Por tal razón, esta iniciativa propone la creación de la Dirección de la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado, como un órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control del Personal Sustantivo en lo que se refiere a las funciones que realicen en ejercicio del Ministerio Público, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Órgano de Control y Evaluación Interna.

· REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE LA VISITADURÍA GENERAL

En el Reglamento respectivo, que se propone en el mismo decreto cuya Iniciativa se presenta, se establece que dicha Dirección tenga facultades en materia de Visitas, Procedimientos, Proyectos y Evaluación Técnico Jurídica, comprendiendo funciones de fiscalización, supervisión, proceso, resolución, análisis y evaluación técnica de la función ministerial, policial y pericial.

En ese sentido, se propone que dicha Dirección esté conformada por cuatro Departamentos, a saber: Departamento de Visitas, Departamento de Procedimientos, Departamento de Proyectos y Departamento de Evaluación Técnico Jurídica, dotadas de personal jurídico y administrativo, que deberán realizar las funciones de fiscalización, supervisión, proceso, resolución, análisis y evaluación técnica de la función ministerial, policial y pericial.

De igual forma, con el apoyo del Departamento respectivo, se establece a la Dirección de la Visitaduría General, como un órgano auxiliador del Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia respecto de los procedimientos de Terminación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, cumpliendo de tal forma con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Seguridad Pública.

En este particular punto, cabe destacar que la única taxativa impuesta por dicha Ley federal, refiere a la facultad de este tipo de instancias colegiadas para conocer y resolver controversias relacionadas con los procedimientos de carrera policial y régimen disciplinario. Así, el proyecto contempla una vista procedimental que el Titular de la Dirección de la Visitaduría General debe de hacer al Fiscal General como Presidente del Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia, para hacer de su conocimiento la causa administrativa incoada, así como el mecanismo adecuado para que el proyecto final de resolución sea sometido al análisis, discusión y sanción de dicha instancia colegiada, cumpliendo así con los dos requisitos de aquel precepto federal: conocer y resolver.

Se garantiza de tal modo, una economía procesal, al concentrar en una sola Dirección, las facultades procedimentales que anteriormente, a la luz de la legislación de la extinta Procuraduría General de Justicia, detentaban la Visitaduría General y el Órgano Auxiliar de Instrucción, quienes ejecutaban procesos similares, pero con el doble de recurso humano y material, siendo que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no exige que la substanciación de los procedimientos disciplinarios policiales deban de ser instruidos por un órgano exclusivo del Consejo.

Finalmente, se propone un Departamento de Evaluación Técnica, que deberá hacer evaluaciones de las visitas realizadas e implementar medidas para corregir y eficientar la labor sustantiva de la Fiscalía General, dando un seguimiento puntual, constante, correctivo y preventivo de lo implementado, a fin de obtener un ejercicio óptimo de la función. Tal Departamento también estará dotado de facultades para realizar análisis técnico jurídico y consultas respecto de los temas que le sean sometidos para tal efecto por el Fiscal General.

· AMPLIACION DE FACULTADES Y REGLAMENTACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA

El artículo Tercero Transitorio del Decreto 007 del Congreso del Estado por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial de Estado en fecha veintiocho de octubre del propio año, otorgó facultades al Fiscal General para crear al Órgano de Control y Evaluación Interna adscrito a esta Institución. Sin embargo, tal facultad delegada no resultó suficiente respecto de atribuciones para instruir procedimientos administrativos orientados a investigar y sancionar conductas por infracciones de tipo administrativo y patrimonial.

En ese sentido, la presente Iniciativa propone ampliar, siempre mediante el régimen transitorio, las facultades que esta honorable Legislatura delegó al Fiscal General, a efecto de que dicho Órgano de Control pueda contar con facultades disciplinarias, sancionadoras y fiscalizadoras más precisas y eficaces en el cumplimiento de sus funciones y objetivos, cuidando en todo caso armonizar con las disposiciones de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

· REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA

Mediante el Artículo Tercero del presente Decreto, se expide el Reglamento Interior del Órgano de Control y Evaluación Interna adscrito a la Fiscalía General del Estado. Para tal efecto, en este Decreto se establece un artículo transitorio Sexto en donde se amplían las facultades del Órgano de Control y Evaluación Interna adscrito a la Fiscalía General del Estado, en complemento a las establecidas en el artículo Transitorio Tercero del Decreto 007 del Congreso del Estado por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha veintiocho de octubre del propio año, contará, para efecto de que dicho Órgano cuente con facultades específicas y detalladas para fiscalizar, auditar, controlar, vigilar e inspeccionar los actos y la función de los servidores públicos de esta Fiscalía, así como para instruir y resolver los procedimientos en materia de responsabilidad administrativa por incumplimiento a las obligaciones en materia administrativa y patrimonial.

*Presenta Congreso a sociedad organizada, iniciativas anticorrupción

 

*Presenta Congreso a sociedad organizada, iniciativas anticorrupción*

· En reunión con distintas organizaciones civiles y cámaras empresariales, la diputada Mayuli Martínez Simón dio a conocer los avances de la Comisión que representa.

Ciudadanos anticorrupción

· Ciudadanos celebran apertura del Congreso en el proceso de conformación del Sistema Local Anticorrupción.

Cancún, Quintana Roo.- La Presidenta de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Congreso del Estado de Quintana Roo, diputada Mayuli Martínez Simón, presentó ante representantes de cámaras empresariales y organismos civiles un paquete de cuatro iniciativas en materia de combate a la corrupción y participación ciudadana, las cuales ya fueron presentadas ante el pleno por las fracciones parlamentarias.

Anuncio

En reunión de trabajo la legisladora dio a conocer los avances que desde el Poder Legislativo se ha logrado para la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual estará listo el próximo 19 de julio, para lo cual se realizarán foros, consultas, debates, conferencias magistrales, con la finalidad de hacer partícipe al mayor número de ciudadanos en este proceso.
“El propósito de entregar este paquete de iniciativas es para que la sociedad nos pueda hacer sus observaciones y no legislar únicamente los diputados; lo que se busca es que sea con las organizaciones civiles, que la ciudadanía participe y que se involucre en un participación activa y real en esto que a todos nos concierne como es el Sistema Estatal Anticorrupción”, dijo la diputada.

ANUNCIO

Estas iniciativas consisten en la creación de una fiscalía especializada en combate a la corrupción, en la implementación de un tribunal de justicia administrativa autónomo, de nuevos mecanismos en materia de fiscalización, y de la creación de un comité de participación ciudadana, además de un comité coordinador que estará encabezado por ciudadanos que se elegirán a través de una convocatoria.
Por su parte, el presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, James Tobin, celebró la apertura que esta legislatura tiene con este tipo de ejercicios democráticos, “no sucedían, hoy están sucediendo, hoy vimos un ejercicio de participación ciudadana, cada vez lo estamos viendo más, tenemos que afinarnos nosotros y también se tiene que afinar el congreso”, puntualizó.
Asimismo, el presidente de COPARMEX Cancún, Adrián López, dijo que existe una respuesta favorable y una apertura por parte del Congreso del Estado, e invitó a la ciudadanía a que participe y se involucre con el trabajo de sus representantes populares.
Cynthia Dehesa, directora de Ciudadanos Por la Transparencia, reconoció que estas reuniones son positivas. ”Esperamos que se materialice y se siga construyendo para que todos los ejercicios legislativos respondan verdaderamente a los interés ciudadanos y podemos neutralizar los intereses políticos siempre favoreciendo el interés común”, dijo.
En una primera reunión de trabajo en la ciudad de Chetumal, Karla Rivero González, Presidenta de la Asociación Kybernus, asumió el compromiso de participar en este proceso y velar en temas trascendentales como evitar la creación de sistemas burocráticos y fortalecer el desarrollo del personal que finalmente participara en el combate a la corrupción.
En el mismo sentido participo el Arquitecto Eloy Quintal Jiménez, quien en representación de la CANACO añadió la importancia de crear estructuras verticales en instancias de gobierno para contrarrestar la corrupción.
“Como empresarios nos interesa poner un alto a la corrupción que muchas veces termina dañando las inversiones, por ello consideramos que en todas las instancias donde hay ventanillas de atención debe existir una estructura de mando vertical”, declaró.
A la reunión de hoy también asistieron miembros de la barra de abogados de Quintana Roo, del Colegio de Contadores Cancún, De la Asociación de Hoteles, entre otras.

–O–

Congreso crea comisión por multas y cortes de CAPA

*Crea Congreso comisión para investigar planteamientos ciudadanos sobre servicio de agua potable

· La creación de la comisión surge a propuesta de ciudadanos inconformes con procedimientos administrativos de la CAPA.
Chetumal, Quintana Roo. – En respuesta a planteamientos ciudadanos, la Decimoquinta Legislatura aprobó la creación de una Comisión Transitoria que se encargará de investigar las inconformidades ciudadanas con los procedimientos administrativos que realiza la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF) de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

El diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión destacó en tribuna la importancia de integrar una Comisión que reciba las inconformidades de los ciudadanos, analice los casos concretos, investigue, realice las gestiones y acciones conducentes a fin de dar solución a las demandas ciudadanas.

La propuesta surgió a raíz de una audiencia pública, realizada el lunes 10 de abril en el vestíbulo del Congreso del Estado, donde diversos ciudadanos expresaron inconformidades sobre supuestos excesos cometidos por la CAPA, tales como cobros indebidos derivados de recargos y multas, cortes indebidos de suministro de agua potable, cobros de servicio de alcantarillado sin contar con dichos servicios, presuntos embargos de predios por falta de pago, entre otras.

El acuerdo de la Gran Comisión, aprobado por el Pleno de la Decimoquinta Legislatura, señala que el objetivo de la comisión transitoria será recibir los casos concretos de inconformidades derivadas de procedimientos administrativos de ejecución de los ciudadanos que así lo soliciten, debiendo investigar y analizar las causas y procedimientos de dichas afectaciones, así como realizar las gestiones necesarias ante la CAPA, con la finalidad de dar solución a las demandas presentadas.

Además, en los trabajos de la Comisión Transitoria participará un determinado número de ciudadanos, quienes podrán enterarse de primera mano de los avances en las investigaciones de dicha comisión.

La Comisión Transitoria de Investigación, estará integrada por el diputado Fernando Zelaya Espinoza del PAN, como presidente; el diputado Ramón Javier Padilla Balam, como secretario; así como Mayuli Martínez Simón, Jenni Juárez Trujillo y Juan Ortiz Vallejo, como vocales.

En la sesión ordinaria número 18, el Congreso del Estado dio entrada a un paquete de iniciativas presentadas por el Ejecutivo estatal Carlos Joaquín González, que buscan eliminar la desigualdad de las mujeres, a través de reformas a diversos ordenamientos legales.

El diputado Fernando Zelaya Espinoza, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, presentó una iniciativa de Decreto por el que se reforma, el párrafo tercero de la fracción II, del Artículo 176 de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo.

Además, en la sesión se aprobó un exhorto al titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, para que se instale y sesione periódicamente el Consejo Consultivo Ciudadano para la atención y bienestar de los animales, con el objeto de establecer acciones que garanticen el trato digno de los animales en Quintana Roo.

El punto de acuerdo, promovido por la diputada Candy Ayuso Achach, también exhorta a los ayuntamientos de Quintana Roo, para que, a través de sus directores de Ecología, se instalen y sesionen periódicamente los Consejos Ciudadanos Municipales, para la atención y bienestar de los animales.

Finalmente, el Pleno de la Decimoquinta Legislatura aprobó la conformación de la Mesa Directiva para el tercer mes del periodo ordinario, quedando integrado por la diputada Mayuli Martínez Simón del PAN como presidenta, y la diputada Jenni Juárez Trujillo del PRI, como vicepresidente.

–O–

Remberto Estrada sale en defensa de Paul Carrillo y Hugo Bonilla: Recurre a Suprema Corte para suspender auditoría de la ASE

 

PRESENTA AYUNTAMIENTO DE BJ CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA REVISIÓN DE EJERCICIOS FISCALES

• La Síndico Municipal, Mirna Karina Martínez, como representante legal del Ayuntamiento, señaló que dicho recurso se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado, “toda vez que no cuentan con fundamentos válidos para la revisión de las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016”.

CANCÚN, Q. Roo, a 08 de abril de 2017.- La Síndico Municipal, Mirna Karina Martínez Jara, informó que el Ayuntamiento de Benito Juárez, en cumplimiento a los procedimientos legales conducentes, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, toda vez que el pasado 31 de marzo pasado solicitaron la revisión de los ingresos municipales obtenidos en los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016.

La síndico de Cancún Karina Martínez

Señaló que dicho acuerdo que promovió el Congreso del Estado, para volver a revisar las cuentas por concepto de impuestos, contribuciones o recaudaciones, “se trata de un acuerdo inconstitucional, ya que está indebidamente fundado y carece de cualquier motivación lógico-jurídica”.

En este sentido, Jara Martínez explicó que la solicitud de revisión se hace en un marco de presunción de que se han cometido daños y perjuicios que pudieran afectar la hacienda pública o el patrimonio del municipio; sin embargo, afirmó que no existe un razonamiento válido para volver a examinar dichas cuentas públicas, toda vez que han sido debidamente analizadas y solventadas las observaciones en tiempo y forma correspondiente.

Anuncio

“La situación obedece a que la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014 y 2015 ya fue juzgada y ratificada; de cualquier manera, las cuentas correspondientes al 2016 siguen abiertas y el Congreso del Estado solicitó abrirlas nuevamente, lo cual es jurídicamente erróneo, es una doble acción y se tiene que respetar el ejercicio de derecho y la autonomía municipal”, señaló.

Indicó que es claro que esta situación “deriva de un acto abusivo del poder fiscalizador por referirse a ejercicios fiscales que ya han sido auditados, además de que dichas cuentas ya fueron aprobadas, tanto de parte de la Auditoría Superior como del Congreso del Estado; aunado a que no existen pruebas que permitan sostener la imputación y, por ende, al ordenar la Legislatura al órgano técnico dicha acción, sin establecer claramente los alcances de la misma ni su duración, se vulnera el Artículo 115, Fracción IV de la Constitución Federal, pues dicha orden se traduce en una directa invasión a la autonomía hacendaria del Ayuntamiento de Benito Juárez”, puntualizó.

ANUNCIO

Cabe señalar que la controversia constitucional se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha de 4 de abril del presente año, con número de expediente 112/2017, para que se realice el procedimiento conducente ( con información de Vocería de Benito Juárez).

Sí habrá juicio político contra Juan Pablo Guillermo, determina la Comisión de Justicia del Congreso

 

*Determina Comisión de Justicia, que sí hay elementos para iniciar juicio político contra ex titular de SEFIPLAN*

• Con esta determinación de la Comisión de Justicia, se da cumplimiento a la resolución del juez sexto de distrito quien ordenó la reposición del procedimiento.
• La Comisión de Justicia de la pasada Legislatura, había desechado la solicitud.

Chetumal, Quintana Roo. – La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Quintana Roo determinó que hay elementos suficientes para iniciar un proceso de juicio político en contra del ex secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de la administración pasada, Juan Pablo Guillermo Molina y acordó proponer ante el Pleno Legislativo, se dé inicio a este procedimiento.

En sesión privada –con fundamento en el primer párrafo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo- los integrantes de la Comisión de Justicia dieron cumplimiento a la determinación del juez sexto de distrito, quien la semana pasada ordenó dejar sin efectos el resolutivo que emitió la Comisión de Justicia de la Decimocuarta Legislatura, la cual desechó la petición hecha por la agrupación civil “Somos Tus Ojos Por la Transparencia de Quintana Roo” en contra del ex titular de SEFIPLAN.

El pasado 27 de marzo el Juzgado Sexto de Distrito en Quintana Roo resolvió el amparo a favor de la organización “Somos Tus Ojos” y con ello instruir también al Congreso del Estado para que “con libertad de jurisdicción y cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, dicte otro siguiendo los lineamientos de este fallo, el cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero fundando y motivando su determinación”, señala uno de los resolutivos.

El diputado Fernando Levín Zelaya, secretario de la Comisión de Justicia, informó al término de la reunión, que se determinó concluir con un dictamen en donde se le da procedencia al juicio político en contra del ex servidor público a partir de la denuncia interpuesta por “Somos Tus Ojos”.

“El día de hoy ya se tiene con libertad de jurisdicción la posibilidad de poder dictaminar este caso y, con base en ello, se resolvió hacer del conocimiento del pleno legislativo que existen elementos suficientes que configuran la posibilidad de abrir un juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo, acuerdo que será puesto a consideración del pleno seguramente en la siguiente sesión”, dijo el legislador.

El siguiente paso, de aprobarse este acuerdo propuesto por la Comisión de Justicia, es avanzar en la integración de la Comisión Instructora, la cual deberá revisar este caso, escuchar a las partes y emitir un dictamen con el que se concluya si existen elementos suficientes para el juicio político que deberá ser también revisado y discutido en el pleno del Congreso del Estado.( Con información del Congreso del Estado).

–O–

Legislarán “para beneficio de los periodistas”

 
Por una Ley que en verdad respete libertad de expresión: Eugenia Solís

La diputada Eugenia Solís lamentó que el exhorto enviado por ella y su compañero de bancada, Jesús Zetina Tejero, para que la PGR implemente medidas que garanticen el derecho de la libertad de expresión de los periodistas y ciudadanos, recibiera como respuesta cinco hojas donde únicamente se citan artículos de la Ley que hablan sobre la libertad de expresión.

“No se cumplió con el objetivo del exhorto que enviamos desde el Congreso local en noviembre del año pasado, para que en el ámbito de sus facultades la PGR implemente acciones que garanticen el ejercicio de la libertad de expresión en el Estado. Nos respondieron en tiempo, pero no de la manera que esperábamos”, citó la legisladora.

Aclaró que, por su parte, ya se encuentra trabajando en la reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, impulsada por el exgobernador, Roberto Borge en el 2015, a fin de contar con una norma completa que en verdad proteja no sólo los derechos de los periodistas, sino que también garantice un verdadero respeto a la libertad de expresión de los ciudadanos.

La diputada Eugenia Solís señaló la urgencia de reformar la Ley para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en Quintana Roo, a fin de ofrecer verdaderas garantías de respeto y defensa a quienes ejercen su derecho a la información y expresión.

“Recordemos que la Ley de 2015, fue denunciada por ser una mera simulación por parte del anterior gobierno, pues era discriminatoria y violatoria de los Derechos Humanos a la libertad de expresarse y tener acceso a la información: sólo algunos afines a esa administración gozaban de estos privilegios.

En primer lugar, porque excluía de la categoría de periodistas a todos aquellos que no ejerzan el periodismo de manera constante.

En segundo lugar, porque establece el principio de “exclusividad”, es decir, que las medidas de protección aplicadas por el Estado, se destinarán “exclusivamente” para las personas que ejerzan el oficio y se encuentren en un “alto riesgo”, sin establecer parámetros que determinen que se entiende por ese concepto, por lo que las medidas podrían ser otorgadas de modo discrecional por la autoridad”, puntualizó la diputada.

Esto es lo que vamos a cambiar. Primero, y lo principal, vamos a organizar foros y mesas de trabajo para incluir en la discusión y análisis de la reforma a la Ley a los integrantes del gremio periodístico, independientes, estudiantes, organizaciones civiles y ciudadanos interesados. Porque si nuestra meta es proteger sus derechos, tenemos que escuchar sus experiencias, ideas y propuestas”, puntualizó Eugenia Solís.

“Lo favorable hubiera sido que tengamos el apoyo de la Procuraduría General de la República. En ése sentido se les envió el exhorto. No obtuvimos la respuesta que esperábamos, pues no especificaron acciones que estén aplicando, o estrategias o programas de trabajo para garantizar, promocionar y proteger este derecho humano. Sin embargo, en el Congreso local trabajaremos con todas las herramientas a nuestra disposición y en conjunto con la sociedad para tener una ley completa, veraz y viable”, concluyó.


Dirección de Comunicación Social PAN Quintana Roo

Congreso pone a chambear a Javicho y explica por qué no aceptaron su renuncia

 

*Determina Congreso la no aceptación de la renuncia del Auditor, en sus términos*

· Su salida podría afectar el proceso de recepción de las cuentas públicas de los entes del Estado: Congreso

Chetumal, Quintana Roo.- Por considerar que de separarse del cargo se afectaría el proceso de recepción de las cuentas públicas de los entes fiscalizables del Estado, el Congreso determinó no aceptar en sus términos la renuncia del Auditor Superior, Javier Félix Zetina González, misma que fue presentada el pasado 15 de marzo y que surtiría efecto a partir del 31 de este mismo mes.

Por mayoría, los integrantes de la Decimoquinta Legislatura concluyeron que no es aceptable que deje su cargo cuando hay procedimientos que están en curso como lo es la recepción de las cuentas públicas de los entes fiscalizables del Estado, las cuales se empalmarían con el proceso de entrega recepción.

El acuerdo aprobado por los legisladores señala: “Debido a la importancia que representa este proceso de presentación de cuentas públicas de parte de los entes públicos del Estado, resulta responsable para esta Soberanía reconsiderar la aceptación de la renuncia presentada (…). De consumarse la misma colocaría al órgano autónomo en un proceso adicional a aquel (la entrega recepción) lo que en forma directa afectaría la encomienda de recepción de las cuentas públicas de los entes del Estado”, que también vencen el 31 de marzo.

Los legisladores determinaron que “a fin de no afectar la dinámica de las funciones propias del Órgano”, que estaría con más de un procedimiento en puerta consistente en la recepción de las cuentas públicas de los entes de nuestra entidad, se determina la “no aceptación de la renuncia al cargo de Auditor Superior del Estado”.

El acuerdo de obvia y urgente resolución, presentado por los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta que preside el diputado Emiliano Ramos Hernández, señala que la fecha en que surtirá efectos la renuncia del Auditor Superior coincide con la fecha fatal que tienen los entes del Estado para entregar la cuenta pública a la Auditoría Superior.

Por ello que los legisladores reconsideraron la aceptación de la renuncia presentada por Zetina González el 15 de marzo de 2017, ya que el hecho de consumarse la misma colocaría al órgano autónomo en un proceso adicional de entrega recepción de su titular, lo que afectaría la dinámica de las funciones del órgano fiscalizador.

El acuerdo fue aprobado por mayoría, con 14 votos a favor y los votos en contra de la diputada Santy Montemayor Castillo y de los diputados José Luis González Mendoza y José de la Peña Ruiz de Chávez.

 

*Solicita Congreso revisión de ingresos obtenidos por Ayuntamiento de Benito Juárez*

· La Decimoquinta Legislatura solicitó una revisión casuística y concreta de ingresos obtenidos en los ejercicios 2014, 2015 y 2016
Chetumal, Quintana Roo.- La Decimoquinta Legislatura solicitó al órgano de fiscalización superior, realice una revisión casuística y concreta de los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento de Benito Juárez en los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, ya que existieron contribuciones o recaudaciones no depositadas por 48 millones 93 mil 593 pesos.

El acuerdo de obvia y urgente resolución, presentado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, señala que en ese periodo se encontró faltantes de sumas de dinero en efectivo, en cuentas bancarias, cancelación de recibos oficiales y la emisión de otros por cantidades menores a las enteradas por los contribuyentes.

El diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de dicha comisión, aseguró que todo eso en suma implica la no comprobación correcta de la cuenta pública, la aplicación arbitraria, negligente pero sobre todo desproporcionada de cobros impositivos que debían ser realizados atendiendo a las tasas impositivas aprobadas por la Legislatura.

De hecho, los informes señalan que se aplicaron tasas y se alteraron fórmulas como en el caso del impuesto predial, por un monto superior a los 48 millones de pesos, daño presumiblemente ocasionado por Hugo Fabio Bonilla Iglesias, director de Ingresos del municipio de Benito Juárez durante el ejercicio 2014.

En el acuerdo también se solicita al Órgano de Fiscalización Superior del Estado a que proceda a determinar los daños y perjuicios, así como finque directamente a los responsables de las indemnizaciones y sanciones respectivas, si de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, aparecieran irregularidades.

–O–

Los vicios de los gobernantes del PRI reciben un golpazo con la Agenda Legislativa

 

*Presenta Congreso agenda legislativa amplia y con carácter ciudadano*

· Abordaremos temas que no se habían tocado en décadas: Eduardo Martínez Arcila

· Sí a la apertura del debate en temas como: eliminación del fuero, reducción de financiamiento partidista y a las acciones discrecionales del gobierno


Chetumal, Quintana Roo.- Los diputados integrantes del Poder Legislativo dieron a conocer la agenda que regirá los trabajos de la Decimoquinta Legislatura, la cual está integrada principalmente con propuestas que presentaron ciudadanos de todo el estado y que conformarán el eje de los trabajos con temas que hace décadas no habían sido abordados.
Con la presencia de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, así como los dos diputados independientes, se dio a conocer esta agenda en la que se prioriza las propuestas de los ciudadanos que participaron en los cuatro foros denominados “Tu Voz es Ley” –organizados en cuatro ciudades-, y que contempla temas en los que se abrirá el debate en los próximos meses.
El presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, convocó a los ciudadanos a que este esfuerzo no se quede únicamente en la presentación de las propuestas, sino que acompañen todo el proceso legislativo para lograr ver cristalizados estos cambios que anhelan los quintanarroenses y que, con este entorno político de transición, será posible abordar.
“Estamos poniendo por encima de las agendas partidistas, la agenda ciudadana de los quintanarroenses. Como ejemplo quiero citar algunos temas: desaparición de la Gran Comisión, sí. Reducción del número de diputados plurinominales: sí. Eliminación del fuero: sí. Reducción al financiamiento de los partidos políticos: sí. Eliminación de todo tipo de discrecionalidad de parte del Ejecutivo estatal, para otorgar placas, licencias de venta de alcohol, patentes de notarías, sí”, señaló.
En esta Decimoquinta Legislatura, dijo Martínez Arcila, los cambios deben verse en la realidad y no quedarse en los discursos de campaña, por ello, pidió a los propios ciudadanos: “Ayúdenos a convertir en una realidad tangible, visible, efectiva y real el cambio en Quintana Roo.
En este congreso, los diputados nos hemos comprometido a volver este espacio en una auténtica tribuna ciudadana. La agenda ciudadana que hoy les presentamos es fruto de esta nueva forma de entender nuestro trabajo legislativo”, agregó.
El presidente de la Gran Comisión mencionó que la Agenda Legislativa atiende a un viejo anhelo de los quintanarroenses y salda una constante demanda ciudadana: el que los servidores públicos, en especial los diputados, se sujeten a la voluntad popular.
Por su parte, la diputada Mayuli Martínez Simón, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos aseguró que la Agenda Legislativa contiene el verdadero sentir ciudadano de todos los habitantes de Quintana Roo: “Los ciudadanos ya cumplieron con su parte, ahora corresponde a los diputados adecuar y armonizar los ordenamientos, establecer marcos normativos y políticas públicas que respondan al sentir ciudadano plasmado en la Agenda Legislativa”, enfatizó.
La agenda de la Decimoquinta Legislatura es una agenda ciudadana, plural, incluyente, diversa, pero, sobre todo, una agenda que contiene el anhelo de un Quintana Roo con igualdad de oportunidades, de miles de ciudadanos que optaron por un cambio en la manera de legislar.
A través de los foros “Tu Voz Es Ley”, se recibieron un total de 840 propuestas ciudadanas, las cuales fueron revisadas y clasificadas con la finalidad de traducirlas en iniciativas de ley, puntos de acuerdo, exhortos o gestiones ante otro orden de gobierno.
A estas se le suman las agendas presentadas por las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, PRD, PVEM, Nueva Alianza, MORENA, Encuentro Social y por los diputados independientes Juan Carlos Pereyra Escudero y Juan Ortiz Vallejo.
La Agenda de la Decimoquinta Legislatura podrá ser consultada en la página web del Congreso, en la dirección www.congresoqroo.gob.mx
En el evento protocolario, ciudadanos que participaron en los foros de consulta, expusieron a los asistentes sus testimonios y sus expectativas en torno a las propuestas que plantearon al Congreso del Estado. En su oportunidad demandaron dar seguimiento a estos cambios y trabajar por la concreción de reformas que tiendan al bienestar de los quintanarroenses.
Ellos fueron Tayde Favila Soriano, activista ciudadana en Asociaciones de la AMPI y COPARMEX; Demetrio Manuel Pech Uc, estudiante de la carrera de Gobierno y Gestión Pública de la UQROO Playa del Carmen; Yunitzilim Rodríguez Pedraza, académica de la UQROO, Carlos Francisco Chablé Mendoza, cronista; Cinthya Dehesa Guzmán, directora General de Ciudadanos por la Transparencia; y Francisco del Real Medina, profesor investigador de tiempo completo de la UQROO Playa del Carmen.
Los ciudadanos José Silverio Mena Osorno, taxista que presta servicio a personas con discapacidad, Sofía Marisol Berlín, comunicóloga en Radio Chan Santa Cruz y Francisco Javier Zapata Cabrera, Presidente de la Federación Nacional de Profesionistas y Técnicos del Estado, (FEMAPROT), también ocuparon un lugar en el presidium.

–O–