Ciudad de Mexico.- De acuerdo a La Jornada, en el país ha incrementado en un 88 por ciento el padrón de periodistas y defensores de derechos humanos inscritos al mecanismo de protección, diseñado por el gobierno federal, debido al recrudecimiento de ataques hacia su persona.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), calificó de “alarmante” que entre 40 y 50 por ciento de estas agresiones sean perpetradas por autoridades estatales y municipales, en muchos casos coludidas con el crimen organizado.
Durante el anuncio de la promoción de reformas al marco legal que rige dicho mecanismo, su titular, Enrique Irazoque, señaló que en lo que va de este sexenio fueron asesinados 47 periodistas y 94 activistas, principalmente ambientalistas. En contraste, dijo que solamente se han obtenido cinco sentencias relacionadas con homicidios de periodistas y dos de defensores de las garantías fundamentales. Estás cifras solo confirman la elevada impunidad en estos sectores, en medio de la crisis de derechos humanos.
Al justificar la reforma al esquema de protección en su operación y marco legal, Encinas refirió que en la mayoría de las ocasiones son las mismas autoridades, coludidas con el crimen organizado, quienes atentan con los afectados.“Necesitamos ayuda de las autoridades locales para disminuir las agresiones que provienen de ellas mismas, que es el dato más alarmante y el principal factor de riesgo”.
Irazoque explicó que al iniciar este sexenio había 798 inscritos, pero en lo que va de este periodo se sumaron 708, por lo que en la actualidad hay 495 periodistas y mil 11 defensores. Detalló que el 54 por ciento de los reporteros provienen de Ciudad de México, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Sonora y Veracruz y el 50 por ciento de los defensores se concentra en Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Jalisco y estado de México.
Respecto a los homicidios, 61 por ciento de los 47 periodistas se registraron en Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacan, Estado de México y Oaxaca, y 67 por ciento activistas asesinados tuvieron lugar en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Chihuahua y Michoacán.
Recalcó que de los casos de asesinatos registrados solamente en seis la víctima estaba inscrita al mecanismo de protección.
Es necesario modificar la norma, dijo, porque la situación actual dista de las condiciones que prevalecían en 2012, cuando se aprobó la legislación y el organismo.
