Chetumal- Pagina 348

Laura Fernández le dijo NO a Aguakán

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Puerto Morelos “nació sin ataduras y no puede heredar concesiones”, como es el caso de Aguakán, dice Alcaldesa

Sesión extraordinaria del Consejo Consultivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), con Gerardo Mora y la Alcaldesa Laura Fernández Piña.

El Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), en sesión extraordinaria, respaldó la propuesta del Ayuntamiento de Puerto Morelos para la creación del Organismo Operador de esta dependencia para proporcionar el servicio de agua potable a la población de este nuevo municipio, en lugar de la empresa Aguakán que tiene la concesión en Isla Mujeres, Benito Juárez y Solidaridad.

Luego de la detallada explicación de motivos, se aprobó un último análisis de la propuesta del onceavo municipio, a realizarse en los próximos tres días por parte de los equipos jurídicos del Gobierno del Estado y los integrantes del Consejo; una reunión el martes de la próxima semana en Puerto Morelos, para la elaboración de un predictamen, y convocar posteriormente a una sesión extraordinaria para su votación.

La presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, celebró el respaldo que recibió de parte del Consejo Directivo de la CAPA y expuso la necesidad de crear el Organismo Operador en un municipio que “nació sin ataduras y no puede heredar concesiones”, como es el caso de Aguakán.

Agregó que es importante darle celeridad a la creación del organismo operador del agua potable para Puerto Morelos, ya que están por aprobarse los presupuestos de Egresos e Ingresos del Gobierno de Quintana Roo y los municipios.

“Necesitamos implementar de aquí al mes de diciembre los mecanismos para poder operar a partir del próximo año. Estamos trabajando junto con el Gobierno del Estado para llevar buenos servicios y tener buena infraestructura en el municipio de Puerto Morelos, por eso pido el respaldo de este Consejo Directivo para darle certidumbre a los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado”, comentó.

Ante los titulares de CAPA y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), Gerardo Mora Vallejo y Jorge Portilla Manica, respectivamente, así como los presidentes municipales de Othón P. Blanco, Luis Torres Llanes, y Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, Laura Fernández indicó que la propuesta responde a una exigencia de la ciudadanía que ha sido víctima de abusos por parte de la concesionaria Aguakán.

Al respecto, Josué Arjona Dzib, director general de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento, reiteró que Puerto Morelos es un municipio que nació autónomo y que no ha aprobado ninguna concesión. “El 30 de septiembre, al asumir funciones el primer ayuntamiento constitucional de Puerto Morelos, se emitió un acuerdo que determina asumir la función pública de agua potable y alcantarillado, mediante un convenio Estado-Municipio”, explicó.

Por su parte, Gerardo Mora Vallejo señaló que técnicamente la CAPA está lista para entrar a operar en Puerto Morelos. “Operativamente y legalmente no le veo problemas para hacerlo”, agregó.

En su intervención, el presidente municipal de Bacalar, Alexander Zetina, indicó que el Consejo Directivo de la CAPA no debe pasar por alto la propuesta y preocupación de Laura Fernández, por lo que sugirió darle luz verde a la puesta en operación del Organismo Operador.

“Debemos darle certeza a Puerto Morelos y sus habitantes, que le demos la oportunidad que si hoy se está creando como municipio y quiere que ese organismo operador sea manejado por CAPA, comencemos aquí aprobando la propuesta”, indicó. (Con información del Ayuntamiento de Puerto Morelos y Noticaribe)

¿Salvó la SCJN al nuevo Fiscal?

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Por: Luis Angel

Resulta verdaderamente increíble -y lamentable- que hoy, cuando mejor informada debería estar la población ante el cambio de gobierno en Quintana Roo, es precisamente cuando menor información se genera por parte de quienes deberían estar interesados y obligados a hacerlo -para eso les pagan-, lo que obliga a utilizar más la imaginación, o bien remitirnos a otros medios que demuestran interés en investigar, entre ellos las redes sociales.

En este sentido, no pocos se fueron ayer con la finta de un nuevo caso de impunidad en el caso del ex gobernador Roberto Borge, esto cuando se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había acordado por unanimidad el sobreseimiento sobre las acciones de inconstitucionalidad que promovió la Procuraduría General de la República contra el sistema anticorrupción del Estado.

Conforme a los medios nacionales, la ministra Norma Lucía Piña Hernández estuvo encargada de elaborar el proyecto de sentencia, en cuya exposición ante el pleno de la Corte indicó que la PGR había interpuesto dos acciones que se acumularon, y de las que únicamente quedaba pendiente de analizar lo relativo al nombramiento, remoción y ratificación del Fiscal General.

Dichas reglas estaban contenidas en el artículo 96 de la Constitución de Quintana Roo, aunque, debido a que “el Congreso local (Quintana Roo) decidió modificar dicho precepto, las acciones de inconstitucionalidad 57 y 64/2016 que promovió la PGR quedaron sin materia.

Como se sabe, el 26 de junio último, en el marco del “blindaje” al sexenio borgista, la XIV Legislatura, encabezada por Pedro Flota Alcocer, designó al entonces procurador general de Justicia, Carlos Arturo Álvarez Escalera, nuevo titular de la recién creada Fiscalía General, cargo en el que se desempeñaría durante 9 años.

El 11 de septiembre de 2015, a unos meses de cumplir cinco años al frente de la dependencia, Gaspar Armando García Torres, había decido dejar el cargo tras sonado escándalo por la difusión del video del asesinato de un taxista a manos del crimen organizado, ante lo cual dijo pertenecer a una cédula del narcotráfico que pagaba millones de dólares por “protección” al funcionario.

Irónicamente, el mencionado crimen, del que jamás volvió a decirse ni averiguarse nada, ocurrió en la ciudad de Cancún, precisamente cuando el nuevo “flamante” Fiscal se desempeñaba como Subprocurador de Justicia de la Zona Norte.

Pero, vaya, éste no ha sido el único sonado, escandaloso caso del que se mantuvo completo hermetismo y parece estar “archivado” en el olvido, ya que también incluye el del contrabandista Ernesto Alonso de Miguel (a) “El Español” que, a un año de distancia, todo hace suponer que forma parte de las “frías” estadísticas de la Procuraduría de Quintana Roo, hoy Fiscalía  General.

El asesinato ocurrió el 14 de noviembre del 2015, alrededor de las 23:30 horas, publicó Noticaribe en ese entonces, en el restaurante de comida uruguaya “El Emporio”, ubicado en la avenida Carmen Ochoa de Merino, cerca del cruzamiento del Bulevar Bahía de Chetumal con calzada Veracruz, donde el hoy occiso recibió dos disparos en el rostro y otros 3 en el hombro.

Durante la ejecución, donde estaba presente el periodista del Diario de Quintana Roo José Adrián González Calderón, también falleció el agente de la Policía Ministerial, Agustín Guevara Martínez, quien recibió 5 impactos de bala calibre 9 milímetros, uno de ellos en la sien izquierda, lo que indica que el sicario era un profesional porque fue certero y actuó con sangre fría.

Como era de esperarse, el procurador Álvarez Escalera mantuvo total hermetismo, y aunque aseguró contar con una “línea de investigación”, nunca la quiso dar a conocer “para no entorpecer las investigaciones” del doble homicidio, que quedó asentado -para la historia, ahora vemos- en la carpeta de investigación 2844/2015.

Los casos de ejecución son múltiples, particularmente en el caso de Cancún, aunque, también “para la historia” de Quintana Roo, permanece el misterioso crimen de quien fuera titular de la Dirección de Gobernación, el chetumaleño Isaías Capeline Lizarraga, a quien ejecutaron a plena luz del día, frente a céntrica plaza comercial de esa ciudad hace 4 meses -el 14 de julio último-  junto con su escolta Angel Casillas.

Los hoy occisos, de cuya ejecución tampoco ha vuelto a decir nada Álvarez Escalera -otra rayita más al “tigre”- viajaban en una camioneta, en la que un comando les disparó alrededor de una veintena de balazos con armas de alto poder, en un hecho del que, dijimos entonces, al que posiblemente más habría calado, además de su familia, era a Roberto Borge, quien tenía muchos más enemigos que “amigos”.

Dada la manera en que ocurrió la ejecución, la PGR debió atraer el caso, no sólo por la comprensible desconfianza hacia la Procuraduría de Justicia del Estado, sino por el tipo de armas utilizadas y los aparentes, sospechosos motivos que, ante los antecedentes del tema, obligaban a responsabilizar a la delincuencia organizada.

Sin embargo, a la luz del sospechoso “silencio” del nuevo Fiscal, uno de los culpables del asesinato de quien fuera uno de los funcionarios más cuestionados y controvertidos de la oscura gestión, dijimos, era precisamente el propio Roberto Borge, aunque también tendría mucho de qué hablar el ex titular de la Secretaría de Gobierno, Román Quián Alcocer, de quien aquél dependía directamente.

¿Por qué ellos?, nos preguntábamos. Fácil: Ambos sabían perfectamente a qué se dedicaba realmente Capeline Lizarraga, muy probablemente bajo sus órdenes, y no precisamente a trabajos que le correspondían a Gobernación: A investigaciones políticas, por las que nadie acribilla a alguien, al menos NO en Quintana Roo.

Asimismo, inculpamos al ex alcalde de Benito Juárez, el priísta Paul Carrillo de Cáceres, quien, desde el inicio de su nefasto trienio, nunca pudo frenar la ola inseguridad que permea en ese polo de desarrollo turístico, similar a la que ha rebasado ahora al munícipe “ecologista” Remberto Estrada Barba.

¿Falta de información? ¿Falta de oficio? ¿Qué ocurre realmente en la hoy llamada flamantemente Fiscalía de Quintana Roo y su “flamante” titular? ¿El “silencio” cómplice e incapacidad de investigación serán sus características de los próximos 9 años?

No lo sabemos, aunque a la luz de los hechos sólo nos podemos ratificar ¡Pobre Quintana Roo!

 

Félix y Borge disfrutaron la deuda y Carlos Joaquín y QRoo padecerán para pagar

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juan-vergara-fernandez-refinanciamiento-y-reestructura-de-la-deuda-publica-2

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras reconocer que con la reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública heredada de las administraciones de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, “compromisos financieros “prácticamente impagables”, la actual administración la asume como propia, porque la observan desde el punto de vista institucional, el secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, confirmó que el estado pagará 14 mil 878 millones de pesos por concepto de intereses por el uso de los sistemas financieros.

Durante una conferencia de prensa que inicio una hora con 40 minutos tarde, con el argumento de que se encontraban preparando la entrega del paquete fiscal 2017 al Congreso del Estado, Vergara Fernández reconoció que todo uso del sistema nacional financiero tiene un costo. Buscar en estos momentos que las tasas de interés que se pagan en estos momentos, más bajas y por más tiempo, representara un pago de intereses mayor.

“Por los últimos cinco años no son 20 mil millones, tenemos identificados 14 mil 878 millones de pesos por concepto de uso de servicios financieros”, enfatizó.

Aclaró que de no implementar esta estrategia de refinanciamiento y reestructuración para el siguiente año estarían en quiebra aunque por el momento el margen de acción es escasa y se están solucionando problemas de proveedores.

Dijo que es necesario ampliar el plazo para disminuir el porcentaje de la tasa de interés que dará un respiro económico por 600 millones de pesos anuales que significa poder seguir funcionando.

Cuestionado sobre las demandas contra ex servidores públicos, Vergara Fernández recordó que fue compromiso del gobernador Carlos Joaquín González de aplicar auditorias a la deuda pública y que como resultado de esa auditoría se interpondrían las denuncias correspondientes y las autoridades correspondientes serán las encargadas de aplicar la ley.

“Sabemos cuánto se contrato pero no sabemos a dónde se dirigió la aplicación de esos recursos de la deuda”, señaló.

El secretario de Finanzas indicó que al asumir reestructurar la deuda pública asumen la responsabilidad de solucionar el problema económico del Estado de Quintana Roo, pero lo que no significa que las personas responsables de hacer esas contrataciones dejen de tener esa responsabilidad y serán las autoridades competentes las encargadas de fincar responsabilidades con las pruebas contundentes.

Reconoció que de continuar con el pago de los intereses actuales para el 2017, el Estado estaría en quiebra financiera.

En la conferencia de prensa, el subsecretario de Sefiplan, Jaime González Cetina, reconoció que no será sino dentro de un año que se obtengan datos sobre los beneficios de este proceso de reestructuración y refinanciamiento. aunque explico que, de acuerdo con el refinanciamiento y reestructuración realizado en noviembre del 2014, la deuda percapita es de 13 mil 058 pesos por habitante; la deuda a participaciones representa el 251.5 por ciento respecto a las participaciones del estado contra de la media nacional que es del 80.4 por ciento.

Además, dijo que la deuda a Producto Interno Bruto es del 8.1 por ciento contra la media nacional que es de 2.9 por ciento; la deuda a ingresos totales es del 94.6 por ciento contra la media nacional que es de 33.2 por ciento; el plazo promedio ponderado de Quintana Roo es de 15.4 años contra entidades como Coahuila que es de 20.3 años y Nuevo León que es de 20.1 años; la tasa de interés promedio ponderado es de 7.7 por ciento contra el 5.8 por ciento de la media nacional al segundo trimestre de 2016;

Explicó que el estado recibió un pasivo circulante a septiembre de dos mil 723 millones de pesos con cero deuda bancaria que se resume en deuda a proveedores, contratistas y terceros institucionales; el déficit fiscal con ingresos de libre disposición a diciembre de 2015 era de mil 851 millones de pesos y se estima que para 2016 se cierre con un déficit fiscal con ingresos de libre disposición por mil 270 millones de pesos.

Vergara Fernández recordó que de los 12 contratos de crédito a largo plazo que tiene el estado hay algunos firmados a 25 años como es el caso de Banobras, otros a 20 años como con Banorte, Bansi e Interacciones, otros a 15 años como es el caso de Multiva y otros a 12 años como es el caso de HSBC.

Afirmó que el estado busca sanear sus finanzas a través de la obtención de mayores plazos, que los ingreses aumenten y mejoren las calificaciones de las agencias calificadoras de crédito “esto es que en el corto plazo se fortalezcan las finanzas públicas estatales privilegiando atender el gasto con los recursos de libre disposición y dejando atrás las prácticas nocivas de apalancamiento”.

Vergara Fernandez afirmó que se ha mal informado a la sociedad quintanarroense respecto a la reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública “y por eso la sociedad ha estado molesta. Por eso les pido ayúdenos a informar con responsabilidad. Ahora resulta que muchas personas que nos han criticado muy fuerte conocen los datos que solo nosotros tenemos y manejamos “.

Ese costo político no significa que no tengamos el derecho constitucional de manifestarlo a los ciudadanos siempre hablando con bases solidas información verdadera y con la documentación enfatizo.  (Con información de Noticaribe)

En conferencia de prensa, el secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, explicó a los representantes de los medios de difusión, la situación real de la deuda heredada al gobierno del estado de Quintana Roo y anunció las acciones inmediatas que ha efectuado el gobierno de Carlos Joaquín, para enfrentar los compromisos financieros “prácticamente impagables que dejaron las dos administraciones estatales anteriores”.

Teniendo como marco el salón Cuna del Mestizaje, del Palacio de Gobierno, Juan Vergara, acompañado de Jaime Zetina González, subsecretario de Ingresos y de Patricia Lima Gómez, subsecretaria de Crédito y Finanzas, explicó con detalle la situación de la deuda estatal, la cual subió de mil 257 millones en el 2005 al inicio de la administración del gobernador Félix González Canto, a 19 mil 169 millones 800 mil pesos, al concluir el sexenio del gobernador Roberto Borge Angulo.
Comentó a los representantes de los medios de difusión, que al recibir la administración el gobernador Carlos Joaquín, Quintana Roo ocupaba el primer lugar de deuda pública por persona en el país, ya que cada quintanarroense debía por la deuda estatal 13 mil 58 pesos, muy por encima de la media nacional, y “es que las dos últimas administraciones estatales fueron cubriendo las obligaciones de amortizar, con la contratación de nuevos créditos y esto es algo que no haremos, no habrá más endeudamiento”.
Comentó que los doce créditos contraídos por las dos administraciones estatales anteriores, si bien es cierto vencían en 20 años, las tasas de interés son las más elevadas en el país, ya que se estaría pagando una tasa promedio de 7.7% contra la medida nacional que es del 5.8%.
Agregó que los indicadores de la deuda son muy claros, por ejemplo de la deuda estatal comparada con las participaciones del estado es del 251.5%, contra la media nacional que es del 80.4%; la deuda estatal comparada con el Producto Interno Bruto es del 8.1%, contra la media nacional que es del 2.9%.
Vergara Fernández, señaló que el plan del gobierno de Carlos Joaquín, para enfrentar y dar una solución inmediata sin contratar más deuda es a través del esquema de refinanciamiento y reestructuración que permitirá tener los recursos, que servirán para hacer frente a las obligaciones y demandas sociales, sin la contratación de más deuda.
Dejó en claro que el objeto del refinanciamiento y/o reestructuración es tener la posibilidad de acceder a mejores condiciones de tasas de interés, a través de un proceso claro y transparente.
Señaló que la instrucción del Gobernador Carlos Joaquín, para enfrentar el desastre financiero heredado, no sólo es realizar este proceso de reestructuración y/o refinanciamiento, sino que también se trabaja en optimizar los recursos públicos implementando medidas que aseguren la viabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas a corto, mediano y largo plazo.
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Rescatan a adolescente secuestrado en Chetumal

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Rescatan a adolescente privado de su libertad

• Rinde frutos la coordinación interinstitucional, las labores de inteligencia y el uso de medios tecnológicos de última generación
CHETUMAL.- Como resultado del compromiso del Gobernador Carlos Joaquín de garantizar la seguridad y el estado de derecho, y el trabajo interinstitucional, la Fiscalía General del Estado rescató éste día, en los alrededores de la Laguna Guerrero, en el municipio de Othón P. Blanco, a un menor de edad, de identidad reservada, quien se encontraba privado de su libertad desde el pasado viernes.
El Fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera informó que derivado de la querella interpuesta por la familia de la víctima, desde el pasado viernes el Grupo Antisecuestros inició con un trabajo de inteligencia que permitió ubicar un predio, en los alrededores de Laguna Guerrero, en dónde se encontraba privado de su libertad el menor de edad.
Durante el operativo de rescate realizado éste día, en el que también participaron elementos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP), sobrevino un enfrentamiento en el que los plagiarios realizaron varias detonaciones de arma de fuego en contra de las fuerzas de seguridad, quienes repelieron el ataque, logrando tomar control del predio, sin que ningún agente resultara lesionado.
Derivado de la intervención, se logró rescatar a la víctima sin que su integridad física estuviera en riesgo en ningún momento y capturar a un presunto plagiario de iniciales B.S.C.V, quien permanece a disposición de la Fiscalía General del Estado y cuya situación jurídica se definirá en el término que marca la Ley.
El adolescente fue canalizado a la Unidad de Atención a Víctimas de la institución, dónde recibió atención médica y psicológica, para posteriormente reunirse con su familia.
El Fiscal Álvarez Escalera resaltó la importancia de las políticas en materia de seguridad del Gobernador Carlos Joaquín que permitió realizar un trabajo interinstitucional, utilizando medios tecnológicos de última generación los cuales dieron como resultado la liberación de un adolescente plagiado.
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Son mentirosos los que dicen que se endeudará más al Estado: Carlos Joaquín

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CHETUMAL, MX.- El gobernador Carlos Joaquín González rechazó tajantemente que se esté endeudando más al estado con la solicitud de refinanciamiento que presentó al Congreso local por conducto del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Vergara Fernández, la cual pretende la contratación por un plazo de hasta treinta años de uno o varios financiamientos con Instituciones financieras del país.

“Lo presentado al Congreso es un paquete que va a permitir una reestructura a varios créditos que heredamos de administraciones pasadas a tasas que estaban arriba de los ocho puntos, los cuales son altísimos, créditos que no son los adecuados para Quintana Roo”, explicó el mandatario.

Joaquín González, señaló que las tasas de interés de esos créditos golpean considerablemente las finanzas del estado, siendo el objetivo principal con este refinanciamiento “el obtener tasas de menor costo que permitan obtener ahorros de entre 500 a 1500 millones de pesos”.

El gobernador mencionó que no hay ningún nuevo endeudamiento para Quintana Roo, señalando enérgicamente, “ no hay más deuda, es falso lo que han dicho y señalado”.

“No sé si es una calumnia o una mentira, no hay tal tema de endeudamiento”, remarcó.

Cabe señalar que este mismo jueves la actual Legislatura aprobó la colocación de instrumentos de deuda en el mercado de valores nacional, ya sea directamente o a través de fideicomisos, hasta por un monto de 19 mil 141 millones 825 mil 085 pesos, así como un monto de hasta 478 millones 545 mil 627 pesos para el pago de cantidades con motivo de la reestructura y/o refinanciamiento, incluyendo los instrumentos derivados y las garantías de pago. (Fuente: Política Quintana Roo).                            Autoriza Congreso a Sefiplan restructurar deuda

Los diputados de la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo autorizaron a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) contratar hasta por un plazo de 30 años, uno varios financiamientos hasta por la cantidad de 19 mil 141 millones 825 mil 85 pesos, que serán para liquidar total o parcialmente uno o los 13 financiamientos previamente contratados.

Asimismo, se autorizaron hasta 478 millones 545 mil 627 pesos para el pago de cantidades con motivo de la reestructura y/o refinanciamiento, incluyendo los instrumentos derivados y las garantías de pago.

La restructuración de la deuda, propuesta por el gobierno estatal, fue aprobada en la sesión del Congreso por las bancadas del PAN, PRI, PRD, PVEM, Nueva Alianza, Encuentro Social y del diputado independiente Juan Pereyra, con el argumento de que con esta medida, el gobierno estatal obtenga mayor liquidez para trabajar.

El presidente de la Gran Comisión del Congreso, el diputado Eduardo Martínez Arcila explicó que esta decisión se tomó para pagar las “onerosas tasas de interés”, así como mejorar el plazo, el perfil, y las garantías de pago de los adeudos refinanciados, con el fin de generar un ahorro.

Explicó que los recursos emanados de ese ahorro serán reorientados a inversiones productivas y de infraestructura, así como a programas sociales.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el diputado Emiliano Ramos, explicó que con esta restructuración de deuda, se obtendrán ahorros por arriba de los 600 millones de pesos que permitirán a la administración de Carlos Joaquín tener un margen de maniobra para cumplir con los programas y planes de gobierno.

Además, abundó el perredista, con esta medida se podrán sanear las finanzas públicas, que se encuentran en una crisis, herencia dejada por el anterior gobernador, Roberto Borge.

Mecanismos de transparencia

Quien paradójicamente se propuso una comisión especial de legisladores para vigilar este proceso de adquisición de recursos, fue el líder de la bancada del PRI en el Legislativo, el diputado Raymundo King de la Rosa.

Pero el Congreso estatal determinó que Sefiplan deberá informar a los diputados sobre el estado en que se encuentran las licitaciones de esta reestructuración, hasta el momento en que se dé la adjudicación.

Para corroborar que el refinanciamiento se dé bajo las mejores condiciones del mercado, la Auditoría Superior del Estado deberá verificar que, efectivamente, se cumpla con lo estipulado por la ley.

Ya otorgada dicha licitación, Sefiplan deberá rendir un informe “pormenorizado de los ahorros alcanzados de manera anual”, así como que el refinanciamiento se inscriba en el Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado de Quintana Roo, y en el Registro Público Único para la inscripción de Obligaciones y Financiamientos que contraten el Estado, los Municipios y los Entes Públicos, y deberá ser publicado en el portal de la dependencia en un periodo no mayor de 15 días.

A Carlos le hace falta voluntad política para correr al fiscal estorbo y encerrar a Borge

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La entrega del ex gobernador Guillermo Padres con su Porsche y escoltado por la Marina, no será nada con lo de Borge. El ex gobernador de Quintana Roo tiene previsto “entregarse” acompañado de sus 15 escoltas, y de su fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera y su auditor Javier Zetina. Claro, siempre y cuando la demanda sea en PGR, porque en QRoo ni el Congreso hace renunciar al fiscal Álvarez en aparente complicidad ni Carlos Joaquín lo hace de manera política. Su jefe es el gobernador con que le diga vete ya, Tony Sánchez y 30 abogados que están en ascuas entrarían y llevarían en un dos por tres a Borge al Cereso de Chetumal a comer frijoles de su asesora Isabel Arvide. La ficción supera la realidad.

Deben ser despedidos todos los borgistas para que puedan entrar en los equipos la gente de Carlos Joaquín: PRD

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Por: Enrique Huerta

El actual dirigente del PRD en Quintana Roo, Jorge Aguilar Osorio, señaló que no sólo se debe encarcelar al exgobernador Roberto Borge por  dejar a la entidad en una crisis financiera, sino que debe de haber una limpieza de aquellos funcionarios que se mantienen en las instituciones públicas y que fueron partícipes para que el anterior grupo gobernante pudiera concretar el saqueo.

A Borge lo van a meter a la cárcel. Es una obligación hoy de meter a la cárcel, no solamente a Borge, sino a todos los que complotearon, a todos los que prestaron el nombre, a todos los que fueron cómplices, a todos los que callaron, a todos los que lesionaron a Quintana Roo, deben de tener una responsabilidad penal, pero no solamente al gobernador anterior, porque les saldría barato, tendríamos que ir por el secretario de Finanzas del estado, por los que prestaron los nombres, por los que otorgaron placas, por todos los que que de alguna forma pusieron su firma, su anuencia y su complicidad para endeudar y saquear impunemente a Quintana Roo, que no quede nadie impune.

-Los reporteros de Borge dicen que hay miles de despidos cuando la Oficialìa dice que son 196 nada más, ¿por qué no han despedido a los mil 200 mandos superiores como directores, por ejemplo, para que puedan ser ocupadas por los joaquinistas, los perredistas, los panistas que faltan y que todavía están relegados?

-Mira, yo he sido muy claro: hasta el final, y que se vaya el que se tenga que ir. Ese es un asunto de estricta congruencia, si se van a molestar, que se molesten, pero muchos de ellos estuvieron ahí; muchos dirán ‘bueno, es que yo simplemente era un simple burócrata’. Sí, yo lo entiendo, pero esa fue parte de la gente que fue cómplice, y nos guste o no, así tiene que ser. Chetumal es muy sensible porque mucha gente vive del gobierno. Nosotros lo entendemos, hay que cuidar las formas, porque una cosa es terminar con la relación laboral y otra cosa es hacerlo de una forma que no sea cortés , pero lo que te quiero decir es que hay que ir por todos, hay mucha gente ahí que fue cómplice, que recibió un sueldo sin ir a trabajar; hay mucha gente ahí que está más preocupada por mantener su estilo de vida que por ver qué es lo que necesitaba la gente, mucha gente cómoda, que estuvo ahí y que no lanzó un solo programa para ayudar a la ciudadanía y quieren seguir cobrando, no, que se vayan.

Aguilar Osorio negó que haya una “invasión de los poblanos” como se ha mencionado y calificó como xenófobo aquellos señalamientos, por lo que en vez de ello pidió que se le dé la oportunidad a los miembros del gabinete del gobernador Carlos Joaquín de poder demostrar.
“Bueno, que me digan cuántos. Yo conozco a tres o cuatro, que seguramente no hacen la diferencia para que Chetumal se muera de hambre. Pero además hay gente que hoy al gobernador ha decidido traer gente de su confianza, y ya está con funcionarios públicos, con su accionar transparente, tienen que refrendar eso compromiso, porque si no, porque si no a ellos también los vamos a criticar, es una realidad. Yo no entro a la xenofobia… En Quintana Roo hay personas de muchas otras partes; si acaso, si nos vamos a poner en ese plan, tendría que ser la gente realmente maya la que tuviera el control de todo el gobierno, porque ellos fueron los que llegaron aquí hace cientos de años. Entonces creo que hay que darle un voto de confianza al gobernador y soy de la idea de que hay que terminar con esa limpieza de esta gente que hoy se les están invirtiendo millones de pesos para que las cosas no cambien, no importa cuál sea el costo mediático”.
El actual dirigente del sol azteca en Quintana Roo señaló que la incorporación de perredistas en el nuevo gobierno, permitirá que éstos demuestren ser diferentes en su desempeño como funcionarios públicos.

“Tenemos entre síndicos y regidores, tenemos 19; secretarios hay en el gabinete, tenemos subsecretarios, tenemos representantes federales, entonces a trabajar por el bien común, en un tema de hacer contraste, de generar transparencia, rendición de cuentas y que al final, nosotros podamos darle a la gente lo que le corresponde, que es un mejor gobierno (…) Nosotros, en ese sentido, estamos conscientes de que hay cosas que podemos integrar a los perredistas, en eso estamos trabajando, pero con la gente que está ya trabajando, tenemos una oportunidad de demostrar que el PRD puede retomar el camino a ser protagonista en Quintana Roo, y eso es lo que tenemos que ver hoy en día”.

Asimismo, Aguilar Osorio prometió a que el sol azteca tendrá una actitud vigilante al actual gabinete.
“Vamos a criticar a todos, más allá de que sean del PRD o no, tienen una responsabilidad con la ciudadanía que hay que cumplirla, no hay aquí colores, hay responsabilidades para con todos los quintanarroenses”.
-¿Crees que sea justo que los periodistas que se enriquecieron con el gobierno anterior quieran seguir cobrando, como Isabel Arvide, que quiere ser asesora con Carlos Joaquín y por eso está enojada?

-No, bueno, pero además, en el caso de ella, y de muchas otras personas, que nos digan cuál fue el resultado de su asesoría, qué programa desarrollaron, cuál fue el resultado, cómo justifican ese dinero (…) Es decir, hagamos las cosas distintas, desde luego que no estoy de acuerdo en que haya cobrado, sin hacer su trabajo, nadie, pueda continuar en el gobierno. El boquete de 22 mil millones de pesos nos pone en los primeros lugares de deuda, y estamos en los primeros lugares en cosas negativas: de manera porcentual, ocupamos los primeros lugares en homicidios, tenemos primeros lugares de suicidios, tenemos primeros lugares de adolescentes embarazadas, de pobreza, un tema de desempleo también severo, daño ambiental constantemente somos nota, si no es el Dragon Mart, es Tajamar, si no los manglares en Playa del Carmen… Hay que decirlo, tenemos que ir por toda esa gente que se ha hecho tonta, que ha cobrado y se ha quedado con el dinero de los quintanarroenses.

-¿Por qué consideras que ha tardado tanto el gobierno en agarrar a Borge y meterlo en la cárcel?
-Bueno, mira, como abogado te puedo decir que en los procesos de investigación toman un tiempo (…) Hay muchas cosas que hacer, desde luego remover al que está actualmente de auditor superior del estado, que es una reminiscencia de este blindaje, para que podamos tener completa claridad de hasta dónde está el boquete financiero. Creo que esto se va a llevar un tiempo, pero yo, como dirigente del PRD, prefiero que tengamos una carpeta de investigación muy bien armada, a que después me digan que por la premura del tiempo y la presión mediática, se integró mal el expediente y tengamos a los responsables paseándose, como hoy lo hace, por todo el mundo.

-¿Cómo PRD van a seguir insistiendo en que se lleva ante la justicia a todos aquellos que endeudaron a Quintana Roo?

-Por supuesto, no solamente como PRD, sino como ciudadanos también. El mensaje fue muy claro, no solamente fue el cambio de gobierno, la gente de Quintana Roo buscó justicia, está ávida de responsables, y la impunidad es lo que tiene a este país en los umbrales de la corrupción. Tenemos leyes de primer mundo anticorrupción y tenemos a los políticos más corruptos, entre los Duartes, los Borges, los González Canto y no podemos seguir así, queremos responsables, queremos que ese dinero se reintegre a las arcas públicas, que les sirvan a los quintanarroenses; es imposible que para un grupo de 30 personas se paguen 230 millones de pesos en uso de aviones y no podamos terminar un hospital general que le serviría a medio millón de quintanarroenses al año, esos son los grandes contrastes de las dos últimas administraciones; que tengamos una zona maya relegada al 100 por ciento, en donde los índices de pobreza, según Sedesol, crecieron, a pesar de los inmensos dispendios que se pagan con recursos públicos en la administración anterior, para acallar las voces, ocultar la verdad.
Los caminos para desarmar el “blindaje”

Dos piezas clave para desarmar el “blindaje” que armó el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, para protegerse de posibles acciones de justicia por el saqueo sucedido en su gobierno, son los nombramientos de Carlos Álvarez Escalera como fiscal y de Javier Zetina como auditor superior del estado. Para el dirigente estatal del PRD, Jorge Aguilar Osorio, el Congreso deberá buscar la manera de cómo removerlos.

“(El cese de ambos funcionarios) es un tema del Congreso. Tenemos que buscar causas para removerlos, desde mi punto de vista, en el caso del auditor superior del estado, me parece que sí, que es un tema de compadrazgo, de amistad cercana con el anterior gobernador y me parece que ese sin duda tiene que irse. En el caso del fiscal, pues yo no sé a quién le gusta estar entre dos fuegos, entre el no tener apoyo de un gobierno y el estar también pues, tratando -si es que así es- de pelear con la delincuencia organizada, entonces creo que sería una decisión sensata poner la renuncia sobre la mesa de ambos personajes.

-¿Influye que la Suprema Corte todavía no resuelva la inconstitucionalidad, promovida por la PGR, del nombramiento del fiscal y el auditor, por lo que están esperando las formas para destituirlos?

-Es que hay dos vías, la jurídica, que es la que comentas, y la política, que es donde también se tienen que buscar opciones para que no quede entrampada en argumentos legales, porque todavía se puede llevar un rato. La Fiscalía es un puesto vital, necesario, creo que uno de los grandes pendientes del gobierno es tener una estrategia de combate frontal a la delincuencia, con coordinación de las autoridades federales y municipales. Me parece que desde que llegó Roberto Borge nos trajo a un general de pacotilla (Bibiano Villa), esa es la realidad, un general cantante, un showman que nada más se dedicó a amenazar, a no hacer su trabajo, a no tener una estrategia, a desmantelar la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, a que ninguna cámara funcione, a no tener patrullas en la calle, es decir, vamos muy rezagados y hay que hacer este trabajo y urge, porque es una de las más grandes exigencias ciudadanas.

-¿Qué piensas de que Rodolfo del Ángel Campos no ha llamado a 300 policías estatales que sirven de guardaespaldas no sólo a Borge, sino a Félix González, exfuncionarios y hasta reporteros, como Renán Castro Madera, del Por Esto!?

-Eso es algo que se tiene que hacer, es algo que cuestioné cuando fui diputado. Preguntaba cuántos elementos había en la Policía estatal y me decían que había alrededor de mil 500, sí, pero de ahí 300 son diabéticos, 300 tienen sobrepeso, 400 están comisionados a escoltas del gobernador como de su señora, los que cuidan casa de funcionarios, los que cuidan a las queridas, a los fotógrafos, hay que solicitarlos, que vengan y a ellos hay que ver que pasen los exámenes de confianza para saber si efectivamente tienen derecho a estar cobrando como policías. Debemos de dejar de privilegiar grupos y a una persona en detrimento de la colectividad; eso es algo que ha estado pasando desde hace 18 años con los gobiernos del PRI y no puede continuar con este gobierno.
Ante los abusos de los gobernantes, Aguilar Osorio recomendó a los ciudadanos “quejarse, pero de manera formal”, es decir, hay que denunciar, no sólo quejarnos, pero no sólo en redes sociales y en video, sino de manera formal, presentar escritos en instancias como el Ayuntamiento.
Instó a la población a proponer políticas públicas, pero también conciencia por parte de la ciudadanía. “Hay que hacer sociedad, hay que hacer civismo, eso también nos hace falta”.

Se comprometió a que el PRD ayudará a realizar las peticiones ante este Instituto de Acceso a la Información para que se dé a conocer los nombres de los 200 asesores con los que disponía Roberto Borge, así como sus salarios. Incluso planteó preguntar cuántos escoltas tienen los ex mandatarios, cuántas camionetas, para así exigir la devolución de estos recursos.

Regresar a las bases del partido es prioritario
El actual dirigente estatal del PRD, Jorge Aguilar Osorio, señaló que más allá de recuperar los recursos del partido, lo prioritario para él en estos diez meses que estará al frente del sol azteca, es el regreso al trabajo de base, que haya células del partido en todas las colonias para devolverle la credibilidad a la gente, aunque reconoció que ahora es más difícil obtener el apoyo porque éste es condicionado a lo que se les otorgue.

“Precisamente porque los partidos políticos, incluyendo el PRD, han realizado prácticas que van ajenas al tema democrático. Hay que ir educando a la ciudadanía y me refiero a decirles la verdad, comentarles por qué tomamos una determinación, hay que regresar a la base y generar confianza, que la gente se sienta representada, que tenga al político de a pie, que no tenga al político resguardado con vallas, con escoltas”
Señaló que la labor de los perredistas es generar transparencia, que el dinero que le den para las gestiones sociales realmente se lo gaste en eso y no en su propio beneficio, así como estar atentos a las problemáticas ciudadanas.
“El tema administrativo será muy minúsculo, pero regresar a la calle, generar reencuentros con movimientos sociales y que la gente se sienta representada por el sol azteca, creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que realizar en estos 10 meses que nos quedan. Ya será el próximo presidente quien tenga que lidiar con el tema de la elección de candidatos para el próximo periodo 2018”, finalizó.

UQROO, agencia de empleo de Borge y Hendricks

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PRESUPUESTO, CARGOS Y SUELDOS DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, (UQROO) PARA POLITICOS, HIJOS DEL PRIISMO, AMIGOS, COMPADRES Y PADRINOS, NO PARA ACADÉMICOS!

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO, TRANSFORMÓ LA UQROO EN AGENCIA DE EMPLEO PARA FELIXISTAS, BORGISTAS Y HENDRICSISTAS

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NO solo ha sido el nepotismo al utilizar el dinero y vehículos (parque vehicular de la Universidad, Autobús y dos Van, marca Toyota, placas 6-NWS-17, UTB-824-A, UTB-821-B, combustible, habitaciones de hotel de más de 1,500 pesos diarios, choferes), para patrocinar el equipo de su hijo que estudia en escuela primaria particular Hidalgo en Torneo en la ciudad de Valladolid, Yucatán, en Marzo pasado, por cuatro días, hacer pasar el equipo de futbol de esa escuela, como “reservas de la UQROO”, para sacar el presupuesto, mientras niega apoyo a atletas, estudiantes de la UQROO, aduciendo falta de recursos . (documentado y publicado el 08 de Mayo 2016)

No solo es, el que gaste cerca de un millón de pesos, del dinero de la UQROO, en diplomado en la Universidad de Oxford, Inglaterra, junto a su asistente Emmanuel Domínguez Garrido, con cargo a la Universidad, cuando no hay cursos, ni actualizaciones o capacitaciones a personal administrativo y/o diplomados para sus catedráticos. (publicado el 11 de Octubre 2016). Cuando no ha consolidado los Campus de las ciudades de Cancún y Playa del Carmen donde no ha concretado la biblioteca, tampoco fortalece la estructura académica con la apertura de nuevas carreras y la contratación de catedráticos, a quienes solo otorga contratos, tampoco aplica el concurso por las plazas, y, en eventos de la Universidad, no se toma en cuenta a estudiantes y egresados.

El malestar generado dentro de la comunidad laboral de la UQROO, se debe a que por más de 10 años han laborado mediante contratos u honorarios, mientras que los recomendados hijos, esposas y priistas reconocidos, llegaron a ocupar plazas por las que podrían haber concursado y que se aplicaron de manera directa, a quienes enumeramos a continuación con sueldo neto, cargo, compensaciones y el mes en que ingresaron a laborar a la Universidad :

Claudia Josefina Cardín Ruiz, hija del priista Carlos “Caballo” Cardín, ex presidente municipal de Isla Mujeres, fecha de ingreso: Febrero 2016, honorarios quincenales: 13 mil 849 pesos.

Lorena Careaga Villesid, directora general de cooperación internacional, ingresó en el mes de Septiembre de 2015, salario quincenal: 18,300,00, compensación mensual, 13,386.00.

Ana de Jesús Corona Coral, hija de la ex rectora Elina Coral, ingreso: febrero de 2016, jefa de departamento de imagen institucional, honorarios: 14,800 pesos quincenales.

Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz, esposa del priista Manny Angulo, compadre del ex gobernador Roberto Borge Angulo, y delegado del programa federal oportunidades, ingreso laboral: Octubre 2015, Directora general de servicios académicos, Salario quincenal: 18 mil 318 pesos, bono (compensación) mensual: 14 mil 200 pesos.

Braulio Paz García, hijo del Arq. Paz Requena, ex director del ITCH, cobra como director general de computo y tecnologías de la información, Ingresó: Enero de 2016, Sueldo Quincenal: 18,300 pesos, bono mensual: 14 mil 249 pesos.

Selene Hendricks Rivera, secretaria particular con sueldo de directora, sobrina del ex gobernador Joaquin Hendrícks, ingresó: Septiembre 2015, Salario quincenal: 11,200 pesos, bono mensual: 17, 700 pesos.

Julia Elena Villanueva Polanco, responsable de área del departamento de diseño de imagen, sueldo quincenal: 15 mil 170.00 pesos, bono (compensación) quincenal: 11 mil 031 pesos

David Corona Sandoval, jefe del centro de idiomas, sueldo quincenal: 11 mil 200 pesos, bono mensual: 11 mil 770 pesos.

Vicente Alejandro Sosa Figueroa, jefe de departamento de servicios generales, sueldo quincenal: 12 mil 250 pesos, bono mensual: 11 mil 770 pesos.

Aldo Alonso Serrato, hijo del priista Enrique Alonso Alcocer, jefe de departamento de Intercambio Internacional, inicio laboral: Enero 2015, cuando su hermano Alejandro Serrato, fue parte del patronato de la Universidad, sueldo quincenal: 11 mil 200 pesos, bono mensual: 11 mil 770 pesos.

Octavia Manjarrez Alba, Auditora, ingreso laboralmente en julio 2016, para que cuadre cuentas de Rivero Palomo, con sueldo quincenal: 18 mil 300 pesos, con bono mensual: 13 mil 373 pesos.

Emmanuel Neftali Domínguez Garrido, cobra como encargado de área, aunque es el encargado de cargar los folders y maletas del rector, con sueldo quincenal de 10 mil pesos y compensación mensual de 3 mil 168 pesos, a diferencia de los demás con un sueldo más bajo, más lo compensa con el diplomado que cursa en Inglaterra al igual que su jefe, con cargo al presupuesto de la Universidad.

Dr. Rigoberto Fajardo Ruz, profesor investigador de carrera, sueldo quincenal 20 mil 529 pesos, bono mensual: 14 mil 113 pesos, asesor-aviador en Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, consentido de Rosario Ortíz Yeladaqui.

Jorge Manríquez Centeno, ex titular del IEEQROO, director de educación continua, sueldo quincenal: 18 mil 318, bono mensual: 14 mil 249 pesos, sin avances en el programa de educación a distancia.

Angel Rivero Palomo se aferra a su continuidad como rector de la Universidad de Quintana Roo, se niega a prescindir de los 35 mil pesos de salario los días 15 y los 81 mil pesos que llegan en su sobre cada fin de mes, más un bono federal por 69 mil 400 pesos, más el privilegio de manejar para beneficio propio y de amigos, los dineros de la Máxima casa de Estudios Quintanarroense.

La Universidad de Quintana Roo, en las manos de Ángel Ezequiel Rivero Palomo, es la antesala del compadrazgo, del tráfico de influencias para otorgar empleos a la élite priista, donde llegan los recomendados sin méritos, sin contar con perfil para el cargo que desempeñaran, y sin concursar por las plazas.- Roberto Trujillo, Chetumal, Q. Roo, 07/Noviembre/2016

Comandante se disculpa por violacion a DDHH cometidos por sus antecesores

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PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO (7/NOVIEMBRE/2016).-El ombudsman quintanarroense Harley Sosa Guillén destacó la disposición de la Presidenta Municipal de Solidaridad Cristina Torres para cumplir con las recomendaciones giradas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, aun que éstas hayan sido emitidas durante la administración anterior.

Lo anterior fue expresado por Sosa Guillén luego de atestiguar el acto cívico del Ayuntamiento, mediante el que se ofrecieron disculpas públicas a víctimas de violaciones a derechos humanos y familiares de éstos, hecho histórico en ese municipio al ser la primera vez que se realiza. Ello como parte de ocho recomendaciones pendientes en su cumplimiento, mismas que fueron dirigidas todas a la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos por actos y omisiones de servidores públicos de dicha instancia en contra de hombres y mujeres que sufrieron violaciones a sus derechos.

Se trata de las recomendaciones 02/2015 por Violaciones al Derecho a la Vida; la 15/2015 por detención arbitraria, ataque a la propiedad privada y robo; la 19/2015 por detención arbitraria; la 01/2016 por discriminación, falsa acusación y detención arbitraria; la 04/2016 por trato cruel y degradante y detención arbitraria; la 07/2016 por exigencia sin fundamentación y violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica; la 08/2016 por detención arbitraria y trato cruel y degradante; y la 10/2016 por detención arbitraria y allanamiento de morada.

Primer acto de disculpa públicas a Victimas de policías en Solidaridad de la anterior administración
Primer acto de disculpa públicas a Victimas de policías en Solidaridad de la anterior administración

De acuerdo al marco normativo en materia de atención a víctimas, existen diversas medidas de reparación integral como las de restitución de sus derechos conculcados, de rehabilitación –atención médica, psicológica, jurídica, etcétera-, de compensación, de no repetición, así como de satisfacción, en las que se incluyen las disculpas públicas. El objetivo de hacer las disculpas públicas es la de reconocer los hechos y aceptar la responsabilidad.

La comisión de los derechos humanos del estado, cumpliendo con las disposiciones en materia de protección y reparación del daño a las víctimas, ha incluido, dentro de los diversos puntos de sus recomendaciones, uno dirigido específicamente para que las autoridades ofrezcan disculpas públicas a favor de la víctima para establecer la verdad de los hechos y se restablezca su dignidad como persona.

Sosa Guillén enfatizó que hay muy buenos prospectos para el fortalecimiento de los derechos humanos en este municipio, pues la actual administración que tiene apenas un mes de entrar en funciones, de manera decidida ha afrontado esta responsabilidad en el cumplimiento de las recomendaciones que fueron hechas con antelación a su antecesor. Y si bien éstas tuvieron cierto avance en su cumplimiento, habían quedado pendientes estos puntos que son muy importantes para las víctimas y sus familiares.

El acto realizado el día de hoy contribuye a la consolidación de los derechos humanos en Solidaridad, porque una autoridad que reconoce un problema dentro de su institución, es una autoridad comprometida a subsanar las deficiencias que les permita servir mejor a su comunidad.

Además este acto envía una señal dentro de la corporación de seguridad pública municipal de cero tolerancia hacia las arbitrariedades cometidas por los servidores públicos municipales, por lo que se espera que uno de los efectos sea el cumplimiento de su función respetando en todo momento los derechos humanos y así evitar nuevamente actos de violaciones a estos derechos.

 

COMUNICADO 78/2016

Por detención arbitraria y falta de juez calificador en Holbox emite Ombudsman recomendación.

CHETUMAL, QUINTANA ROO (6/NOVIEMBRE/2016).-Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, emitió la recomendación número 17 del año, dirigida al Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, por la prestación indebida de servicio público y detención arbitraria, en contra de un empleado de un hotel en Holbox.

Los hechos se remontan al 21 de junio de 2015 cuando el agraviado se encontraba en la habitación que ocupaba como empleado de un hotel de Holbox. A solicitud de la persona a cargo de la gerencia de dicho establecimiento, agentes adscritos a Seguridad Pública del municipio detuvieron al empleado en el interior de su habitación, de manera injustificada, sin que mediara una orden por escrito expedida por autoridad competente para ello, y sin acreditarse su responsabilidad en la comisión de un delito y/o falta administrativa.

Posteriormente, el agraviado fue trasladado a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Holbox, donde quedó recluido en “los separos” por estar supuestamente en estado de ebriedad -sin que esto se comprobara en el momento de su detención-, hasta que al día siguiente un servidor público, por instrucciones del Alcalde de Holbox, condicionó la liberación a su aceptación de desalojar la habitación que ocupaba como empleado del hotel.

Cabe señalar que durante todo este proceso nunca se dio la intervención previa de un Juez Calificador Municipal que calificara la supuesta falta administrativa que se le atribuyó y sin que la misma se hubiera acreditado.

Preocupa a este Organismo, la falta de criterio en la actuación de los Agentes de Seguridad Pública del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, al momento de determinar cuándo debe ser detenida una persona y si la conducta desplegada en ese momento constituye un delito y/o una falta administrativa. En los hechos narrados por el quejoso, es claro que, si la finalidad de la intervención de los servidores públicos era resolver un problema entre los particulares, debieron buscarse otros mecanismos alternos para ello y no como en el presente caso, optar por la detención del primero a efecto de presionarlo para que desocupe la habitación donde se encontraba y sacara sus pertenencias.

Los servidores públicos no agotaron la investigación derivada de la solicitud de auxilio realizada por la gerencia en el entendido de que, si el empleado se introdujo a la habitación sin el consentimiento de los encargados del hotel, debió ser puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común como probable responsable de la comisión del delito de Allanamiento de Morada, debiendo justificar ante la autoridad referida, la detención de la parte quejosa.

Además que se hizo evidente que la Alcaldía Municipal de Holbox, Quintana Roo, no dispone de un Juez Calificador Municipal, que funja como autoridad encargada de la calificación de las faltas e infracciones, y que de manera indebida el Alcalde es quien se encarga de realizar las funciones de Juez Calificador Municipal, sin contar con tal nombramiento, ni tener facultades para la calificación de las faltas e infracciones, así como la imposición de sanciones administrativas.

Por esta situación se recomendó al Municipio de Lázaro Cárdenas la reparación material de los daños ocasionados agraviado así como inscribirlo al Registro de Víctimas del Estado de Quintana Roo; el inicio del procedimiento administrativo en contra de todos los servidores públicos municipales involucrados; ofrecer una disculpa pública al agraviado; conminar a los Agentes adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Lázaro Cárdenas, a efecto de no ejercer actos de molestia que no estén debidamente fundados y motivados, en contra del agraviado en futuras situaciones de similar naturaleza, así como de cualquier otra persona; impartir capacitación y formación en materia de derechos humanos, de la función policial, de la cultura de la legalidad y la observancia de los códigos de conducta a los Agentes adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del municipio; realizar los trámites los necesarios a efecto de que en Holbox, se cuente con la figura del Juez Calificador Municipal, en los términos que establece el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo; y se cuente con personal médico que realice los exámenes de integridad física y toxicológicos.

Si bien estos hechos acontecieron durante la administración anterior, Sosa Guillén buscará reunirse con el actual presidente municipal Emilio Jimenez Ancona, con el fin de exponer que se subsanen este tipo de cuestiones, para darle plena garantía a la ciudadanía sobre sus derechos humanos.

Respeten los derechos humanos de los periodistas pide el pleno del Consejo Consultivo de la CEDHQROO

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Por: Mary Hernández

El Pleno del Consejo Consultivo deDerechos Humanos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo representado por Harley Sosa, respaldaron hoy mediante un pronunciamiento a periodistas que han sufrido en ultimas fechas agresiones y abusos por parte de autoridades policiacas y otras figuras también miembros del Gobierno.

Los agravios a reporteros han ido en constante aumento en nuestro Estado, por lo cual han recurrido a denunciar y respaldarse ante la CEDHQROO por temor a las amenazas recibidas en el cumplimiento de su labor.

Hasta el momento ya están en proceso tres denuncias que incluyen a dos cuerpos policiacos, de Puerto Morelos y Solidaridad respectivamente y de la misma manera contra un miembro de la Fiscalia General del Estado.

 

 

PRONUNCIAMIENTO 7/NOV/2016

 

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO SOBRE AGRESIONES A PERIODISTAS EN QUINTANA ROO

 

Mediante el presente pronunciamiento, quienes formamos parte del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, hacemos patente la solidaridad con la manifestación realizada por comunicadores en Playa del Carmen el pasado 3 de noviembre, para exponer la situación específica de 6 trabajadores del gremio periodístico que han recibido amenazas, intimidaciones y agresiones durante el ejercicio de su labor en dicha ciudad y en Puerto Morelos, Por lo tanto las y los integrantes del Consejo Consultivo nos pronunciamos en contra de cualquier amenaza o agresión en contra de quienes tienen la noble labor de informar todos los días sobre el acontecer de nuestro estado.

 

Este pronunciamiento se dirige también a las autoridades municipales y estatales para que quienes se desempeñen como servidores públicos, respeten los derechos humanos de las y los periodistas. Enfatizamos en este hecho puesto que parte de esta manifestación alude a presuntas agresiones e intimidaciones de elementos de seguridad pública municipales y de la Fiscalía General del Estado durante el ejercicio periodístico de las personas agredidas.

 

En este sentido la Comisión de los Derechos Humanos a través de la Segunda y Tercera Visitaduría General ya se encuentran investigando estos hechos mediante la apertura de tres expedientes de quejas: uno en contra de la Policía Municipal de Puerto Morelos por la agresión con gas lacrimógeno a una reportera, mientras cubría una manifestación; la segunda por la agresión e intimidación de un elemento de la Fiscalía General del Estado, en contra de un reportero que cubría una nota policiaca en Playa del Carmen; y la tercera en contra de un elemento de la policía municipal de Solidaridad por la agresión a un reportero que tomaba fotografías para una nota de la sección policiaca.

 

Aunque esta Comisión aún no se puede pronunciar sobre la acreditación de hechos violatorios de derechos humanos hasta que no se desahogue toda la investigación correspondiente,  es menester recordar a los Ayuntamientos de Solidaridad, Puerto Morelos y la Fiscalía General del Estado, que la labor periodística se encuentra amparada por los artículos sexto y séptimo constitucional, así como por instrumentos internacionales reconocidos por el Estado Mexicano, como La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 

Asimismo, manifestamos que si bien bajo el amparo del Nuevo Sistema de Justicia Penal, existen protocolos para proteger las evidencias en la escena del delito, las restricciones deberán ser conforme a derecho, y que además se debe buscar en todo momento no transgredir la dignidad humana ni ejercer un uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de las y los comunicadores que se encuentren cubriendo esos acontecimientos, ni en contra de civiles que se encuentren en dichas escenas.

 

Por otro lado, tenemos conocimiento que otros tres comunicadores sufrieron amenazas y agresiones por parte de civiles, durante la cobertura de la tala de mangle, hechos que ya fueron denunciados ante la Fiscalía del estado. En este sentido exhortamos a esa instancia a desahogar la investigación para proteger la integridad física de los comunicadores y para que se actúe conforme a derecho en contra de los responsables.

 

A fin de contribuir a la protección más extensa de los derechos humanos de las y los comunicadores que refieren haber sido agredidos, hacemos de conocimiento que esta comisión se ha dirigido oficialmente a la Secretaría de Gobernación a fin de solicitar su intervención para la implementación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a favor de dichas personas.

 

En el ánimo de promover la protección de quienes se desempeñan en el ámbito periodístico, este organismo estatal se compromete a gestionar cursos de capacitación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  específicamente del programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, dirigidos a comunicadores de la zona norte del estado.

 

La agresión a las personas que se desempeñen en el ámbito periodístico lastima a la sociedad  y por tanto a la vida democrática de Quintana Roo. Ser periodista no debería ser considerada una labor de alto riesgo, pues de ser así derivaría en la afectación de los derechos de la ciudadanía a ser informada, y a su vez en  la libertad de elegir y de actuar respecto de los asuntos que le conciernen de su comunidad.

 

Proteger los derechos humanos de las y los periodistas es un asunto de interés trascendental para el estado, por lo que la ciudadanía y los tres niveles de gobierno debemos de crear una unión contra estas agresiones. Privilegiar el derecho a la información y la libertad de expresión es una consigna que debe permear en las autoridades para garantizar la democracia de nuestro estado. Evitemos tolerar la violencia fortaleciendo los derechos humanos de todas y todos.

 

 

Chetumal, Quintana Roo, 7 de Noviembre de 2016

 

INTEGRANTES DEL H. CONSEJO CONSULTIVO

 

HARLEY SOSA GUILLÉN

 

PRESIDENTE

 

JORGE ANTONIO CÁMARA GONZÁLEZ

 

LILIA MARÍA CONDE MEDINA

 

MANUEL CHEJÍN PULIDO

 

DAFNE BERNARDINA GARCÍA HERRERA

 

ALICIA DEL SOCORRO PÉREZ RODRÍGUEZ

 

MARIO BERNARDO RAMÍREZ CANUL

 

(Por: Divergente.Mx)

En días pasados integrantes de la Prensa de Playa del Carmen se manifestaron en contra de agresiones en su trabajo cotidiano.
PLAYA DEL CARMEN, MX.- Con el lema “las agresiones no son gajes del oficio”, reporteros de Playa del Carmen se manifestaron en contra de los actos violentos e intimidatorios por parte de autoridades e incluso civiles durante los últimos meses.

Los reporteros mediante un oficio dirigido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos exigieron el respeto, autonomía y libertad para ejercer su trabajo ya que al momento no existen las condiciones en el estado para hacerlo, poniendo como ejemplo el caso de la reportera que fue “gaseada” en el municipio de Puerto Morelos cuando cubría una manifestación, las agresiones de parte de elementos de la Policía judicial del Estado a quienes cubren la llamada Nota roja y las amenazas proferidas por civiles en Playa del Carmen a reporteros que cubren la fuente ambiental en relación a la devastación de mangle ocurrida en la calle 40 con avenida flamingos, todos estos hechos ocurridos durante octubre y noviembre de este año.

Los manifestantes dejaron en claro que no existen protocolos que obliguen a las autoridades a condenar las agresiones contra la prensa e hicieron hincapié en que no se trata de un tema político sino de respeto al trabajo diario del reportero.

Dicha manifestación tuvo lugar en la plaza 28 de julio del municipio de Solidaridad.

A continuación transcribimos el oficio remitido a la CEDH.

Solidaridad, Quintana Roo; a 03 de Noviembre de 2016

Moisés Pacheco Forbes
TERCER VISITADOR DE LA CNDH:
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
en Solidaridad
PRESENTE

Manifestamos a través de este medio la exigencia de justicia y el seguimiento de investigaciones a las respectivas denuncias realizadas en la Procuraduría General de la República y a Derechos Humanos por compañeros reporteros del gremio de comunicadores de este municipio por motivo de amenazas, agresiones y hostigamiento que hemos enfrentado el último año (enero 2016-hasta este 3-nov-2016).

Consideramos de vital importancia el respeto a la realización de nuestro trabajo y que queden garantizadas las condiciones para lograr el mismo; condenamos enérgicamente la intimidación, uso de la fuerza física por parte de las autoridades de las tres órdenes de gobierno que impiden, coartan, obstaculizan y entorpecen la realización de nuestra labor.

Ejemplo de esto han sido las agresiones que recibieron algunos de los compañeros, por lo que enlistamos las escenas que han sido documentadas por diferentes medios y ante las dependencias correspondientes. El pasado primero de Noviembre, la reportera Jazmín Rodríguez fue agredida con gas lacrimógeno por parte de los elementos de la policía estatal al cubrir una manifestación en Puerto Morelos; al igual, el pasado 22 y 29 de octubre respectivamente, los reporteros Saraí Santillán y Octavio Martínez, así como el fotógrafo Joel Tzab recibieron amenazas por parte de un ciudadano que ordenó cortarles las manos en caso de seguir cubriendo información de su fuente, por lo cual se inició la investigación con número de caso FGE/QR/SOL/10/4547/2016 ante la Fiscalía General del Estado.

Anteriormente, el reportero Edgar Olivares, el día 7 de octubre, fue agredido e involucrado de manera involuntaria; fue golpeado por un elemento de la policía judicial al realizar la cobertura de un hecho policiaco, mismo que borró material fotográfico de su cámara y teléfono celular; a su vez, el mismo día (7 de octubre) el reportero Francisco Romero fue agredido por un elemento de la policía municipal al fotografiar otro hecho policiaco.

Recordando que Quintana Roo es uno de los estados que menor indicio de violencia y privación de libertad a los medios registra, buscamos la manera de que cesen este tipo de casos que atentan en contra de la integridad de los compañeros que ejercen la labor periodística. Por tal motivo externamos nuestra exigencia a las autoridades de salvaguardar la seguridad de los reporteros en su trabajo, así como urgimos un análisis del estado actual en que se encuentra la protección y aplicación de las leyes a las personas que intentan vulnerar los trabajos de documentación y comunicación en este y otros municipios con el mismo patrón de incidencia.

Con participación de medios impresos, canales de difusión y medios electrónicos, adjuntamos los nombres y firmas de quienes estamos interesados en una resolución objetiva y eficaz a esta problemática que, además de aquejar al gremio, violenta la garantía individual y atenta contra la vida. El llamado se extiende a las autoridades municipales, estatales y federales competentes, así como aquellas asociaciones civiles interesadas en la defensa de la libertad de expresión en México.

Asimismo, condenamos los hechos que ocurren diariamente en este país que han cobrado la vida y/o privado de la libertad a colegas que se encontraban en el campo ejerciendo la labor periodística. Consideramos que estos atentan en contra de la libre expresión así como el crecimiento social y cultural de México, pero ademáHhs contra el derecho a la información que el estado garantiza en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al pueblo.