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Las trabajadoras y los trabajadores de La Jornada colocaron hoy las banderas de huelga a las 17 horas, para exigir que se respete el contrato colectivo de trabajo que tiene 31 años. A partir de enero anterior la empresa de manera unilateral impuso un descuento de todas las prestaciones y sólo nos paga salario y vales.

Después de meses de negociaciones, los sindicalizados hicieron una propuesta de reducción de ingresos durante un año. La suma que dejaría de pagar la empresa oscila entre 28 y 30 millones de pesos, pero el planteamiento fue rechazado por Demos.

Mientras ellos aseguran que la causa de sus problemas económicos es el contrato colectivo, el Sitrajor demostró que la empresa tiene gastos de operación excesivos, pero este estudio fue descalificado por las autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, quienes en un laudo señalan que se debe descontar a los trabajadores 70 por ciento del contrato y acaban con dos cláusulas del contrato que son fundamentales: la indexación al salario y la compensación por antigüedad.

El Sitrajor se amparó ante el laudo y serán los Tribunales Colegiados los que resuelvan en los próximos meses.
Además de los ataques que padecen los trabajadores de la empresa que tiene una administración neoliberal (la c.p. Tania Paulina Olmos), padecemos el interés económico del abogado empresarial Alejandro Roel y las marrullerías que ha hecho la JLCA. Nosotros entregamos el emplazamiento a huelga en enero y las autoridades laborales no cumplieron con la notificación. En esta irregularidad se confabularon la presidenta de la JLCA, Darlene Rojas; el secretario de asuntos colectivos Pablo Franco y los peritos Lidia Palafox Ramos y José Antonio García Quintero, quienes después después de dar un fallo en contra de los trabajadores recibieron nuevos cargos, ella fue nombrada directora de la unidad jurídica de peritos y él pasó a ocupar un cargo de conciliadores.

En el recuento que se realizó este viernes en la Asamblea General Permanente se abrieron las urnas, donde los sindicalizados votaron los días 27, 28 y 29 de junio. El resultado fue de 133 votos a favor, 64 en contra y seis abstenciones los trabajadores sindicalizados de La Jornada votaron en favor del movimiento de huelga. La plantilla de sindicalizados es de 216, y según los estatutos, la votación se valida con 60% de los trabajadores, es decir, 129.

Luego de seis meses de negociaciones, en la que Demos, empresa que edita el periódico La Jornada, mostró cerrazón para dar respuesta al pliego petitorio que hizo el Sindicato Independiente de Trabajadores del diario, en el que pedía reponer las violaciones al contrato colectivo de trabajo, pues desde enero pasado aplicó de manera ilegal descuentos de 29 a 45 por ciento en los ingresos de los trabajadores.

COMUNICADO DE LA JORNADA. En un laudo emitido el 31 de mayo pasado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México se determinó que el contrato colectivo de trabajo firmado por Demos Desarrollo de Medios, S. A. de C. V. –la razón social editora de este diario– y el Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) hace financieramente inviable a la empresa.

En tal circunstancia, y con el propósito de evitar despidos masivos y reducciones propiamente salariales y en el afán de salvaguardar la fuente de trabajo, resultó ineludible suprimir aquellas prestaciones no estipuladas en la ley y que habían sido acordadas de manera bilateral por la empresa y el sindicato a lo largo de 30 años.

El Sitrajor, en uso de su derecho, emplazó a huelga a la empresa y ayer, a las cinco de la tarde, cerró las entradas al edificio del diario. Significativamente, cerca de un centenar de trabajadores permaneció al interior de las instalaciones con la finalidad de garantizar el funcionamiento y la manufactura del periódico.

En esta circunstancia inusual, y a la espera de la calificación que la autoridad laboral emita sobre la medida sindical, La Jornada seguirá llegando a manos de sus lectores, tanto en su versión impresa como en su sitio web, seguirá cumpliendo su deber informativo y se mantendrá, como lo ha hecho siempre, en el más escrupuloso acatamiento del marco legal.

(Jornada Maya)

En junio de 2015, el ya fallecido escritor italiano, Umberto Eco, fue muy criticado cuando en una entrevista, declaró que Twitter y Facebook “le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que antes conversaban sólo en el bar, después de beber un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios”.

Eco consideraba que si la televisión promovió al “tonto del pueblo, con respecto al cual el espectador se sentía superior”, las redes sociales lo engrandecen como “portador de la verdad”.

No podía, sin más, traer al recuerdo esa declaración que aunque ofensiva y violatoria a la premisa de la libertad de expresión, es una crítica a todo lo que irresponsablemente se vierte en las redes sociales y se hace viral e irremediablemente se convierte en una verdad en la que las personas, con falta de criterio, creen. Máxime si quien lo expresa, se vende con la imagen de “justiciero”.

Hace apenas unos días, los periodistas locales, discutíamos y aportábamos ideas en el Foro de Consulta ciudadana en contribución al Análisis de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, en donde una de las mesas, era el Periodismo impreso, electrónico, digital y nuevas tecnologías de Información y Comunicación.

Aunque ya determinado por diversas organizaciones e incluso con un posicionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tema central de este debate, era si una Ley puede delimitar la libertad de expresión al establecer quien o quienes si pueden o no, estar bajo el cobijo de la misma, al denominarse “periodistas”.

Cualquiera que tome un celular o haga videos y los suba a las redes, ¿en automático es un periodista o comunicador? O en teoría debe interpretarse a quien se apegue al uso de los géneros periodísticos o que ostente un título universitario como “periodista”.

En ninguna de las discusiones he podido establecer una conclusión e incluso hay quienes han propuesto debatir sobre la regulación a las redes sociales, por la irresponsabilidad en que han incurrido algunos en su manejo, al dar a conocer un hecho, por ejemplo, el de aquel “comunicador” que informó en vivo desde su cuenta en Facebook sobre la ubicación del ruso, Aleksei Makeev, y que provocó la agresión masiva en contra de esta persona.

Otro ejemplo más cercano, fue el pasado martes, cuando se “informó”, a través de la cuenta en Facebook de una persona, identificada como empresario, quien acusa al gobierno estatal de delincuencia organizada y sin pruebas, y llama a conformar un ejército de autodefensas.

Irresponsable, es por sí solo, el hecho de acusar sin aportar pruebas, pero aún más lo es el hecho de llamar a una movilización que pondría en riesgo a las personas, en el contexto de un hartazgo por la inseguridad que prevalece en la zona norte de Quintana Roo.

Este empresario que ha surgido como “activista y justiciero” en este sexenio, subió un video en las redes y lo hizo público a través de su canal que publicita por todas partes y que en consecuencia atrae a mucho público. Lo primero que vino a mi mente, fue: Eco tiene razón. De lo que no estoy muy segura, es que José Manuel Mireles avale que se use su imagen en el video de marras.

¿La libertad de expresión es válida cuando se usa de modo tan irresponsable?

Por: Noticaribe

Elementos de la policía municipal de Felipe Carrillo Puerto, solicitaron la intervención del Secretario de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, y del Gobernador del estado, pues dicen estar cansados de tantos robos al interior del ayuntamiento y que la delincuencia les está ganando.

Acusaron de ladrones a la presidenta Paoly Perera Maldonado y a Didier Felipe Vázquez Méndez, orquestadores de saquear el Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y de no pagar a tiempo a los policías, además el director de Seguridad Pública amenaza con correr a 30 elementos y los quiere sobornar con 6 mil 400 pesos para que firmen su baja voluntaria.

Aquí el oficio que envían a las autoridades correspondientes:

“Por medio de la presente con el debido respeto que se merece señor Secretario de Seguridad Pública Rodolfo del Ángel Campos, solicitamos su intervención, así mismo como la del señor Gobernador del Estado Carlos Joaquín González para que vigile la aplicación de manera correcta y equitativa del programa de FORTASEG.

A los policías de este municipio de Felipe Carrillo Puerto, cansados estamos de los desvíos de recursos federales en este municipio, en la administración pasada de Gabriel Carballo Tadeo y en aquel entonces tesorera municipal Paoly Perera Maldonado, desviaron los recursos del SUBSEMUN hoy FORTASEG, y no fue aplicado como debió de ser, otro de los temas el fraude cometido en agravio de los agentes con la financiera de Crediamigo y FONACOT, los descuentos fueron realizados más nunca depositados a la institución.

Es por ello que hoy en día los agentes policiacos se encuentran en buró de crédito, solicitamos su pronta intervención para que los elementos cuenten con el seguro de vida, IMSS entre otros ya que la policía no cuenta con las prestaciones correspondientes establecidos en la Ley General del Trabajador. Si es necesario que se realice una auditoría al municipio porque así como el desvió de recursos federales también la presidenta municipal está dejando al municipio sin propiedades. Esperamos su pronta intervención y su valioso apoyo”.

La misiva ya fue enviada a cada dependencia de gobierno y los policías dicen que esperan pronta respuesta. (Noticaribe)

Por: Mary Hernández 

Roberto Borge esta por cumplir su primer mes en prisión este próximo 5 de Julio y espera siempre ansioso los fines de semana para lograr ver caras conocidas. Pero las únicas caras que ha recibido en el penal es la de su Padre y su amigo Fabian Vallado.

Todo parece indicar que el “amor” no superó los obstáculos, pues su pareja sentimental Gabriela Medrano no ha querido visitarlo en Panamá. Preocupada más por salvar su imagen política, “La Medrano” es constante en sus visitas a Michoacán con el gobernador perredista, Silvano Aureoles, el que gusta de enamorar a chicas jóvenes.

Gabriela Medrano logró separar al matrimonio Borge Zorrilla, de su amiga Mariana. Indiscretamente “Beto” y “Gaby” emprendieron su luna de miel por Europa donde durante el paseo, la ex diputada federal presumió sus alimentos en los mas finos restaurantes, sus días de compras y demás excesos seguramente financiados con recursos públicos.

Pero el amor comenzó su caída libre cuando al finalizar el sexenio Borgista, los señalamientos en contra de Roberto Borge por el endeudamiento del Estado se hacían mas intensos. Medrano escondió la cabeza y mientras Borge se escondía ella disfrutada junto a él en varios puntos del extranjero. Gabriela aprovechó toda oportunidad de beneficiar a sus familiares y amigos, ella pedía y Roberto concedía.

Ahora prefiere quedarse en su país y disfrutar de Michoacán, donde con los brazos abiertos la espera el Gobernador Aureoles. Es el inicio de una nueva conquista o la oportunidad de colarse en una nueva administración estatal.

Mientras tanto, Borge quedó abandonado. Desde su celular lo único que tiene el ex gobernador de ella, son los recordatorios de sus deudas por pagar por consentir cada capricho de la mujer.

La también amiga de partido de Remberto Estrada alcanzó la cima del poder con el amor, amor que desapareció en el Renarcer.

Quienes integramos la XV Legislatura tenemos un compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas, por ello reconocemos el esfuerzo que hace el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) para evaluar a los 32 congresos de los estados del país, información valiosa que es necesario complementar, señaló el Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila.

El legislador dijo que para tener un panorama más apegado a la realidad de lo que ocurre en el Congreso, vale la pena incluir el desglose de datos que no están dentro del reporte. De entre ellos destacan el trabajo legislativo, pues, además de las siete iniciativas de ley reportadas en el informe (entendidas como leyes nuevas), la lista total de propuestas de reformas que adicionan, derogan o generan decretos, entre otras, son 105 divididas de la siguiente manera:

Son 22 iniciativas de ley, ocho iniciativas que contemplan adiciones, 32 que incluyen reformas, dos iniciativas que expiden decretos y 41 iniciativas que combinan diversas modificaciones a ordenamientos presentadas por legisladores, municipios, propuestas conjuntas y del Ejecutivo Estatal.

En el apartado relacionado con el número de funcionarios que fueron citados a comparecer durante 2016, es falso que no se haya citado a nadie, cuando en realidad fueron nueve los funcionarios que fueron citados ante el Congreso para rendir cuentas en reuniones de trabajo.

De todas las comparecencias existe registro público. Los funcionarios citados fueron los que en su momento estuvieron a cargo de: la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Secretaría de Salud (SESA); Secretaría del Trabajo, Seguridad Pública, Fiscalía General, Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA), Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) y VIPSAESA. Todos ellos vinculados a presuntos malos manejos de recursos públicos por lo que se encuentran bajo investigación.

“Es necesario que se conozcan estos detalles porque así se tiene un panorama más amplio del trabajo que hace el Congreso. Tenemos claro que siempre la información que coloca a los congresos en el escenario negativo es la que resalta, pero creemos que hay valiosos elementos a destacar como el que haya un 92% de satisfacción en las respuestas que da la Unidad de Transparencia a quienes solicitan información. Queremos mejorar y llegar al 100%”, comentó.

Sobre el presupuesto que maneja el Congreso del Estado que asciende a 435.8 millones de pesos, el diputado Martínez Arcila recordó que la XIV Legislatura presentó un proyecto antes de concluir su periodo (septiembre pasado), de 750 millones de pesos, lo que hubiera puesto a Quintana Roo en uno de los primeros lugares de la lista como uno de los congresos con mayor presupuesto del país.

Sin embargo, la Legislatura del cambio, la XV, determinó reducirlo en más de un 42%.

Es de destacar, señaló el Presidente de la Gran Comisión, que el Legislativo de Quintana Roo es uno de los que se ha mantenido más apegado a su presupuesto original, pues hay Congresos que se aprobaron un presupuesto muy bajo y terminaron autorizando incrementos que llegaron hasta más del 64% de lo que tenían proyectado.

Dijo que para el presupuesto 2018 se hará un análisis exhaustivo a fin de determinar las necesidades y los ajustes que, en coordinación con todos los legisladores, se puedan realizar en ese tema.

“Estas son algunas precisiones que merece la pena sea contempladas en el reporte final. Creemos que, mientras más información tenga la ciudadanía, mejor juicio podrá tener del trabajo que se realiza en el Legislativo. Logramos contener un presupuesto abultado, avanzamos a grandes pasos en transparencia, abrimos las puertas del Congreso a la ciudadanía, se abrieron al público documentos, sesiones, iniciativas, leyes, tablero de votación, asistencia, recursos económicos, lista de proveedores, publicidad, entre muchas otras cosas.

Todos estos cambios en nueve meses no hubieran sido posibles sin el compromiso de todos quienes integramos la XV Legislatura. Queremos seguir en esa ruta y a ello nos abocaremos para sentar las bases de un Congreso moderno, eficiente, responsable y comprometido con la transparencia”, concluyó. (Congreso QRoo)

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