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No hay plazo que no se cumpla y el próximo lunes 17 de octubre ya estará al aire la nueva cadena de televisión abierta que dará batalla a Televisa y Tv Azteca con una apuesta de contenidos nuevos, noticieros de minuto por minuto, mesas de debate, programas de entretenimiento y teleseries producidas con alta calidad.

 

Pasaron muchos años para que el sector se abriera a una cadena nueva y para que el gobierno pusiera un alto al duopolio que mantenían las dos televisoras todopoderosas del país. Este 17 de octubre arranca Imagen Televisión, de Grupo Imagen con una multimillonaria inversión y la oportunidad de oro de convertirse en una opción para los televidentes.

 

Y aunque existe la promesa de nuevos contenidos, en los hechos, la programación anunciada por Imagen Televisión es muy parecida a la del canal 2 de Televisa y el canal 13 de Tv Azteca, pero hay una razón y es que los directivos aseguran que en una primera etapa quieren que espectadores confíen en que el cambio se encuentra dentro de sus costumbres y maneras de consumo pero con contenidos nuevos y rostros nuevos.

 

La señal de Imagen TV, cuyo registro oficial es “Cadena 3”, tendrá una derivación en cuatro canales, lo que permite la tecnología digital. Una de esas señales será para lo que hoy se conoce como “Excélsior Televisión”, que coordina Pascal Beltrán, y las otras tres, al menos por ahora, estarán dedicadas a la nueva señal que sumará series producidas en sociedad con el talentoso Epigmenio Barra y por supuesto, el noticiero estelar, que conducirá Ciro Gómez Leyva.

 

Este lanzamiento se genera cuando la autoridad en el sector de las telecomunicaciones aplica una decisión para cambiar en todo el país los números de los canales para consolidar la plataforma digital, de tal suerte que lo que el 13 de Azteca será el 1.1; el 2 de Televisa será el 2.1, e Imagen TV será el 3.1. Ello obligara a los televisores que captan señal abiertas a requerir ajustes en su sistema de sintonía, lo que no será preciso en los casos de aquellos que utilizan cable.

 

Imagen Televisión decidió que Ciro Gómez Leyva, Yuriria Sierra y Francisco Zea ocupen los noticiarios de la noche (el estelar), de la tarde y de la mañana respectivamente. El nombre de Ciro Gómez Leyva tiene realmente preocupados a las dos televisoras. Televisa no sólo no logró lo que esperaba con los cambios en su barra de noticieros sino que incluso tienen números rojos en ventas con el nuevo concepto informativo que dirige Denise Maerker y al que de manera sorpresiva no permite que nadie meta mano pues es un acuerdo que tiene previo a su contratación como figura líder del área de noticias.

 

A  más de un mes de distancia de que Televisa lanzara su nueva barra de noticieros, el resultados es variopinto: el estelar  que conduce Maerker va en picada en sus niveles de audiencia, lo que ha prendido ya focos de alerta en la sede de Chapultepec. Carlos Loret de Mola, que tuvo un recorte en su horario, luce ágil, especialmente con la mesa de debate que ha logrado marcar agenda en muchos casos, a lo que se suman reportajes frescos. Otro que muestra buenos resultados es Joaquín López Dóriga, no sólo con sus dos emisiones semanales, sino con un enlace en su plataforma de internet, en la que ofrece un resumen de noticias justo antes de que entre al aire la señora Maerker, lo que suena a “fuego amigo”.

 

Las críticas internas al noticiero de Denise Maerker son muchas y por muchos rubros, pero hay un tema que nadie puede entender y es que no se tenga una cuenta Twitter y su comunicación en redes sea fría y distante. Ni pensar en seguir la línea de ganar notas y adelantar datos como lo hacía antes Joaquín López Dóriga que gustara o no era una obligación ver en todas las redacciones de periódicos, de radio y en las oficinas de gobierno.

 

Y al horario estelar de la noche se sumará un nuevo proyecto de la periodista Carmen Aristegui, se trata de un noticiero de dos horas que se transmitirá por internet en vivo y en el que tendrá debate, entrevistas, enlaces en vivo y una sección de sátira política que encabezará Héctor Suárez. La estrategia del noticiero de Aristegui se basará en redes sociales pues es ahí en donde tiene su fortaleza con más de 10 millones de seguidores en Twitter y Facebook.

 

En el primer círculo de Aristegui se insiste en que la periodista volverá a la radio y todo indica que será en Radio Fórmula pero las cláusulas siguen en negociación pues hay un antecedente difícil en la relación laboral que tuvo Carmen con MVS.

Por: Sin Embargo*

El presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, exigió que la Secretaría de Gobernación (Segob) no sea la encargada del combate a la inseguridad y la violencia y que se cree una nueva dependencia enfocada en atender ese problema ante la falta de resultados.

“Demandamos del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión que de prioridad al rediseño institucional para separar la seguridad pública de la protección política bajo una estrategia eficaz de coordinación”, dijo De Hoyos.
El líder empresarial estuvo rodeado por otros representantes patronales. “Los tres delitos más señalados son el asalto, el robo de autos y la extorsión. No obstante, subsiste la cifra negra. Y existe además en algunos estados el secuestro”.

“La violencia no sólo prevalece, sino que va en aumento”, dijo. “Estos datos muestran una realidad preocupante y hay más en la cifra negra”.

“En Coparmex creemos que es posible superar el desafío del crimen organizado. Los expertos de nuestra confederación, con el apoyo de presidentes y consejeros nacionales proponemos lo siguiente: [Se debe] separar el combate a la inseguridad de las funciones de la Secretaría de Gobernación. Debemos de reconocer que en materia de seguridad nos equivocamos. El nuevo diseño institucional, que concentró la conducción de la política y la estrategia de seguridad en una sola dependencia fue, sin duda, un error. Es necesario hoy revisar el diseño institucional. Los hechos han demostrado que el país requiere una Secretaría e Seguridad Pública”.
El líder patronal dijo que las empresas mexicanas destinan hasta 110 mil millones de pesos en defenderse de la inseguridad que se vive en el país.

Recordó que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el año pasado se registraron 33.7 millones de delitos que representan costos de 236 mil millones de pesos cercano al 1.27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Además, 102 mil 883 secuestros.

Además lamentó que el Presupuesto 2017 busque desaparecer prevención del programa de Prevención social de la violencia con el recorte de 11 mil millones de pesos. Apenas ayer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó al Gobierno federal a reconocer las fallas en la estrategia de seguridad y pidió a los tres poderes de la Federación a tomar medidas al respecto.

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, alertó sobre los problemas de corrupción, pobreza, desigualdad, carencias de Estado de derecho y creciente inseguridad en el país y pidió al Gobierno federal reconocer y rectificar las fallas en su estrategia contra el crimen.

Ante medios de comunicación, Castañón llamó a los tres poderes de la Federación a redoblar esfuerzos y darle celeridad a las reformas y tareas que faltan por discutirse y a las que aún están inconclusas.

Al Presidente Enrique Peña Nieto pidió “que, a cuatro años del inicio de su administración, haga junto con la sociedad un análisis oportuno de la estrategia y de los esfuerzos que se han realizado para procurar un México en paz, con el propósito de realizar los ajustes y mejoras que se requieran”. Y aseguró que “es tiempo de fortalecer lo que ha funcionado, reconocer lo que no ha sido exitoso, y acometer lo que falta”.

A los legisladores federales los llamó proponer una “agenda prioritaria” que incluya la la aprobación de “todo” el paquete de reformas relacionadas con la seguridad pública, “que lamentablemente se han venido politizando y postergando periodo tras periodo. Comenzando por la legislación que se requiere para dar certeza jurídica a la actuación de nuestras Fuerzas Armadas y la legislación de mandos policiacos y su coordinación”.

Al Poder Judicial, el CCE, solicitó redoblar esfuerzos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, “con un programa puntual con el que pueda superarse el gran retraso que tenemos en esta materia, y que brinde confianza a la ciudadanía en que efectivamente se combate la corrupción y la impunidad en el sistema de impartición de justicia”.

Por: Sin Embargo

Para 2012, al final de la elección de Enrique Peña Nieto, el Gobernador César Duarte Jáquez había acumulado ya deuda por 23 mil 284.8 millones de pesos, o un 85.5 por ciento más de la que había recibido en 2010. Aun así, en septiembre de 2013 firmó una “reestructura” que le permitió adquirir “refinanciamiento” por otros 19 mil 725 millones de pesos en 11 préstamos. La diseñadora de tal reestructura fue la empresa Evercore Partners, donde trabajó Luis Videgaray Caso, ex Secretario de Hacienda con Peña Nieto, y propiedad de Pedro Aspe Armella, también ex titular de la dependencia hacendaria en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Desde el 5 de septiembre de 2013, el entonces Gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, recibió autorización del Congreso local para llevar a cabo una “reestructura” o “refinanciamiento” de la deuda que había acumulado más la que generara hasta el final de ese ejercicio fiscal.

Era su tercer año de Gobierno y, una semana antes, había adquirido un crédito bursátil por 11 mil 999 millones de pesos, la operación más abultada de todas las que aparecen en su reporte de deuda pública hasta diciembre de 2015.

Esta cantidad era adicional a los 23 mil 284 millones en pasivos con los que había cerrado 2012 y que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), eran un 85.5 por ciento más que los que había recibido al iniciar su Gobierno.

Pero era también el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien un año antes había ganado la Presidencia de la República en una elección coordinada por su luego Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y apoyada sobre todo por gobernadores priistas como el chihuahuense Duarte.

La decisión tomada entonces para la ya abultada deuda pública formada en Chihuahua fue hacer una “reestructura” o “refinanciamiento” a través de un Fideicomiso Maestro que recibiría miles de millones de pesos de recursos públicos que, a su vez, servirían de garantía de pago de futuros préstamos para el mismo mandatario.

Este esquema de “reestructura” aparece descrito en el decreto 1370 del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicado el 5 de septiembre de 2013 y que, pese al ya alto nivel de endeudamiento, autorizó a Duarte desde entonces para recibir préstamos por hasta 30 mil millones de pesos adicionales.

“Se autoriza el Ejecutivo del estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, contrate financiamiento a través del crédito público, incluyendo la emisión de valores a ser colocados en el mercado, hasta por un monto de 25 mil millones de pesos”, dice el artículo Segundo del decreto 1370.

“Se autoriza al Ejecutivo para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en su caso, contrate y ejerza financiamiento a través de crédito público en adición a lo establecido en el artículo segundo, hasta por el monto de $5,000’000,000”, agrega el artículo Sexto.

El mismo documento oficial establece que la garantía o fuente de pago de estos nuevos préstamos sería “hasta el cien por ciento” de los recursos que le correspondieran a Chihuahua del Fondo General de Participaciones (FGP) del Ramo 28, y “hasta el cien por ciento de los ingresos presentes y futuros que le corresponden al estado por cualquier impuesto” estatal.

Con estas garantías de pago, al día siguiente de la publicación del decreto, Duarte contrató otras dos emisiones bursátiles que en total le dieron acceso a otros dos mil 800 millones de pesos.

Y, el 26 de noviembre siguiente, junto con una empresa privada, constituyó el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/0152, destinado para recibir las transferencias de los recursos federales y estatales con los que se garantizarían aún más préstamos.

Así, al día siguiente, al amparo de este nuevo Fideicomiso Maestro, Duarte contrató otros cinco préstamos (tres con Bancomer, uno con Multiva y otro con Interacciones) por otros 12 mil 624.5 millones de pesos. Y, en 2014, otros seis por siete mil 100.5 millones.

En total, de acuerdo con el más reciente reporte sobre la “Situación que guarda la deuda pública estatal” de Chihuahua, 19 mil 725.1 millones adquiridos por Duarte al amparo del mismo Fideicomiso Maestro 152 creado en la “reestructura” de su deuda.

LA MANO DE EVERCORE

Esta “reestructura” o refinanciamiento en beneficio de Duarte, así como la administración de todo el dinero que llegara al Fideicomiso Maestro para respaldar los nuevos préstamos, quedaron a cargo de la división Casa de Bolsa de Evercore Partners, firma en la que trabajó Videgaray Caso y que entonces era dirigida por Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari.

Con el Fideicomiso Maestro, la firma privada tuvo acceso al FGP del Ramo 28, estimado en unos 10 millones de pesos anuales y autorizado por el decreto 1370 como fuente de pago de los préstamos de Duarte.

“Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que afecte irrevocablemente, como fuente de pago, garantía o ambas, de las obligaciones que se deriven de los convenios, contratos, títulos de crédito, valores o demás documentos que se suscriban para instrumentar los refinanciamientos, reestructuras o financiamientos adicionales que se celebren al amparo de este decreto el derecho a percibir hasta el cien por ciento de las participaciones que por ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones”, dice el artículo octavo del decreto 1370.

Los respectivos Presupuestos de Egresos del estado de Chihuahua muestran, por su parte, que al Fideicomiso Maestro administrado por Evercore se le han asignado 4 mil 562.4 millones para los últimos tres años (mil 692.5 millones en 2014; otros mil 406.8 en 2015 y otros mil 463.1 en 2016).

La “reestructura”, entonces, le permitió a Duarte Jáquez aumentar su liquidez mientras Evercore –cuya participación aparece en los decretos oficiales que gestionaron los financiamientos– consiguió acceso a otros miles de millones de recursos públicos usados como garantía de pago de los préstamos del primero.

“He seguido este Fideicomiso Maestro y encuentro dos características: la caterva de gente de Pedro Aspe, que están detrás, beneficiándose”, dice Jaime García Chávez, abogado chihuahuense que presentó la demanda penal por la probable participación de Duarte en la Unión de Crédito Progreso.

“Y que claro que ellos hacen una especie de marco para la contratación de deuda, intermedian, invierten en la bolsa y se embolsan miles de millones de pesos creo que son mecanismos de corrupción política, que no están sujetos a supervisión adecuada del Estado, por el déficit regulatorio para hacer estas maniobras”, agrega.

El nombre de Evercore aparece no sólo como el de la administradora del Fideicomiso Maestro, sino también como el antiguo lugar de trabajo de la actual titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal, la contadora Marcela Andrade Martínez, que llegó a la administración pública en 2013.

Por parte del Gobierno de Chihuahua, la “reestructura” dejó la contratación de los financiamientos en Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de Duarte, socio de la Unión de Crédito Progreso y también incluido en la demanda penal de García Chávez.

“Creo que el régimen de impunidad y corrupción que tenemos en el país, en el caso de César Duarte, obedece a favores prestados a Peña Nieto que lo imposibilitan para ejercer la acción penal”, dijo el abogado chihuahuense en julio pasado, con relación a la inacción de la Procuraduría General de la República ante la vinculación de Duarte con la institución de crédito.

LA “CORRESPONSABILIDAD”

Chihuahua, cuyos pasivos actuales por 42 mil 175.9 millones forman la cuarta deuda per cápita más alta del país, fue también uno de los siete estados que perdió el Partido Revolucionario Institucional en la pasada elección del 5 de junio, cuando se renovaron 12 gubernaturas.

La probable corrupción atribuida a mandatarios con los más altos niveles de deuda pública, como César Duarte Jáquez, el veracruzano Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, fue considerada entonces por el tricolor como factor de las derrotas.

Contra esto ex mandatarios, sin embargo –y salvo en el caso de Javier Duarte–, no han avanzado medidas legales y, como García Chávez, incluso una parte del Comité Ejecutivo Nacional priísta atribuye la impunidad que gozan los ex mandatarios a un supuesto “acuerdo económico” con integrantes del Gobierno federal y gestado desde la campaña de Peña Nieto.

“Un grupo de priístas, empezando por quien era presidente nacional del partido entonces, Humberto Moreira Valdés; siguiendo con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, aparentemente hicieron un compromiso económico que ahora limita al Presidente para combatir la corrupción”, dijo desde agosto pasado a este medio una fuente del CEN del PRI.

También el nuevo Gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aludió a una “corresponsabilidad” del Gobierno federal en el endeudamiento de Chihuahua y, en agosto pasado, especificó que ésta se gestó a través del Fideicomiso Maestro.

“Ahí hay, por supuesto, una corresponsabilidad de la Federación que avaló, a través de la Secretaría de Hacienda, el Fideicomiso Maestro con el que se comprometieron metas hoy incumplidas, en términos de déficit presupuestal”, advirtió Corral.

“Ese endeudamiento irresponsable, que no se tradujo ni en crecimiento económico ni en inversión ni en infraestructura, se le suma un déficit presupuestal que hemos calculado por ahora –porque todavía no sabemos bien a bien en cuánto terminará– de casi 4 mil 500 millones de pesos”, dijo también el nuevo mandatario.

Después de la toma de posesión, sin embargo, el nuevo Secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes Vélez, dijo a SinEmbargo haber apenas iniciado la revisión de los contratos que dieron origen a los financiamientos y no tener opinión sobre los “conocidos” vínculos entre Aspe, Videgaray y Evercore.

“Evercore es la que organizó la reestructura y es la que tiene a su cargo el Fideicomiso (…) El trabajo que haya hecho la compañía en términos de tasas lo tendremos nosotros que analizar”, dijo Fuentes Vélez en breve entrevista.

“La relación que existe ahí evidentemente con el ex Secretario Aspe es un hecho conocido. Nosotros no tenemos opinión en el tema de por qué decidieron por esa empresa y no por otra. Eso tendrían que manifestarlo las autoridades anteriores. Lo que sí puedo decir es estamos revisando con mucho cuidado cada uno de los contratos que se hicieron para analizar el destino de la deuda y las condiciones en las que se contrató”, agregó el nuevo funcionario.

LÍDER EN “REESTRUCTURAS”

El Gobierno del Estado de Chihuahua no es la única entidad pública con la que trabaja Evercore. Fundada por Aspe como Protego en 1996, al término del sexenio de Salinas, la firma presta actualmente servicios financieros y consultorías a diferentes dependencias de la administración pública.

De acuerdo con datos del Portal de Obligaciones de Transparencia del Gobierno federal, en la década transcurrida entre 2002 y 2012, celebró contratos por 43.3 millones de pesos con las dos anteriores administraciones federales panistas.

Pero en lo que va del sexenio, muestran los mismos datos, Evercore ha ganado 98.7 millones de pesos; es decir, más del doble en la tercera parte del tiempo.

Como en otros contratos obtenidos por Evercore, en los obtenidos del Gobierno federal destacan no los honorarios sino el carácter estratégico de los proyectos, como “la planeación, coordinación y control del programa de zonas económicas especiales” que le asignó en mayo pasado el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

También en este sexenio, Evercore incorporó la empresa mexicana Diavaz a su portafolio de inversiones y, el 15 de diciembre pasado, ésta última obtuvo la licencia para explotar dos campos petroleros y, así, estrenarse en la extracción de hidrocarburos permitida por la Reforma Energética.

Pero es en el negocio de las reestructuras o “refinanciamientos” de los Gobiernos locales, de acuerdo con su página digital, donde Evercore considera que ha sido “líder absoluto”, rediseñando marcos legales y promoviendo créditos con 26 administraciones.

“El equipo de Finanzas Públicas e Infraestructura (EFPI) asesora a los Gobiernos locales a reformar su marco legal, a efecto de detonar la inversión en infraestructura en la entidad a través de esquemas de financiamiento con participación privada”, describe la página.

“El EFPI asesora a los Gobiernos locales en la obtención de financiamiento tanto bancario como bursátil (deuda de largo plazo, bursatilización de activos, etc.), así como en el refinanciamiento o reestructura de su deuda”, agrega.

DEUDA O “INVERSIONES PRODUCTIVAS”

Antes de empezar a trabajar con Peña Nieto en 2005, como Secretario de Finanzas, Planeación y Administración del Gobierno del Estado de México, Videgaray trabajó en Protego precisamente como director de Finanzas Públicas Estatales y Municipales.

Todos estos procedimientos de “reestructura” de deudas, comenta aSinEmbargo Diego Díaz, analista del Instituto Mexicano para la Competitividad, son normales y se encuentran dentro de los marcos legales.

Pero, de acuerdo con el Diputado federal poblano Rodrigo Abdala, se trata de un esquema de negocios en los que se utilizan recursos públicos para especular en el mercado de valores aprovechando, además, las “conexiones” del poder político.

“Evercore es una banca de tercer nivel y también es casa de bolsa, lo que le permite usar el dinero que tiene en sus arcas para invertir en el mercado especulativo”, dice el integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Uno de sus accionistas es Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda y ex jefe del que fue Secretario de Hacienda poco más de cuatro años con Peña Nieto. Imagine las conexiones que tienen en el mercado bursátil y la información privilegiada para que obtengan ganancias”, agrega.

El 11 de febrero pasado, Abdala introdujo en la Cámara Baja un punto de acuerdo solicitando un diagnóstico sobre la deuda que guarda el Estado de Puebla, donde también trabaja Evercore.

El punto de acuerdo fue presentado luego de que el periódico Reforma publicara, el 2 de febrero, que el Gobierno de Puebla comprometió 50 años de ingresos por el Impuesto Sobre la Nómina que se irían a un fideicomiso administrado por la casa de bolsa.

En su argumentación, el legislador explica que el manejo financiero incluye un mecanismo que permite convertir la deuda pública en “proyectos de prestación de servicios”, evitando así el registro oficial de los pasivos.

Tal conversión, agrega Abdala, fue posible gracias a una modificación hecha desde 2012 a la Ley de Deuda Pública de esa entidad.

“Así, aprovechando esas reformas, en 2012 se constituyó un fideicomiso y se contrató para su administración a la empresa privada Evercore-Protego”, explica el documento.

En Chihuahua se registra un procedimiento similar, ya que otra característica de la “reestructura” prevista en 2013 es ya no considerar “deuda” a la contratación de futuros “financiamientos adicionales”, sino “inversiones públicas productivas”, como establece el decreto 1370.

“Los financiamientos que se lleven a cabo al amparo de este decreto constituyen inversiones público-productivas, toda vez que tienen por propósito, directo o indirecto, el saneamiento financiero, el mejoramiento del perfil de la deuda del estado y el incremento de la capacidad financiera del estado”, dice el decreto.

“El destino de los recursos de los financiamientos que sean objeto de refinanciamiento deberá haber sido, en su origen, inversiones público privadas. Los recursos provenientes de los financiamientos que se contraten al amparo de este artículo deberán destinarse a refinanciar, en todo o en parte, las cantidades debidas y pendientes de pago”, insiste el documento.

El 6 de julio pasado, la legislatura local aprobó una última operación de crédito a Duarte, por seis mil millones de pesos que, en este caso, tuvieron como garantía de pago el fideicomiso 80672, conocido como Fideicomiso Carretero.

Y fue esta transformación del decreto 1370, se observa la más reciente aprobación, lo que permitió al Ejecutivo afirmar que ese financiamiento no constituirá “deuda” financiera.

“En caso de que la Reestructura de los Financiamientos se implemente por cualquier tipo de financiamiento, distinto a la emisión de valores a ser colocados en el mercado de valores, siempre y cuando dicho financiamiento cuente con la fuente de pago a que se hace referencia en el presente decreto, este no constituirá deuda total financiera, según dicho concepto fue acordado con los acreedores del Estado en términos de la operación de reestructura y refinanciamiento de la deuda pública del Estado implementada con fundamento en el decreto número 1370/2013”, dice del decreto de autorización para el más reciente crédito.

Los datos de Hacienda sobre la evolución de la deuda de Chihuahua muestran que Duarte recibió el estado con 12 mil 547 millones en pasivos, y que para 2012 eran 23 mil 284.

También, que fue en 2013, el año en el que se firmó el Fideicomiso Maestro, cuando se registró el mayor aumento en la deuda, por 18 mil 483 millones, para cerrar en diciembre de ese año en 41 mil 678.2 millones de pesos.

Sin embargo, y pese a que en 2014 obtuvo préstamos por más de siete mil cien millones, Hacienda indica que la deuda de Chihuahua sigue ligeramente por encima de los 42 mil millones, sin mayor aumento.

En los presupuestos de Egresos del Estado de Chihuahua, asimismo, el renglón de deuda pública asigna anualmente alrededor de 300 millones.

El egreso destinado al Fideicomiso Maestro de Evercore, sin embargo, aparece en otro rubro, denominado “Orden Institucional”, y es a donde se han ido los más de cuatro mil 500 millones de pesos.

Este medio solicitó información a la firma sobre la reestructura de la deuda de Chihuahua y el resto de su trabajo con administraciones públicas. Pero, a través de su directora jurírida, Sylvia Martínez, Evercore respondió que no daban entrevistas por “políticas internas”.

“SEÑAL DE RIESGO”

Tener acceso a recursos públicos, administrarlos y especular con ellos en el mercado de valores es un negocio sobre todo si, como en Evercore, hay vínculos con altos niveles del poder político, dice el diputado Rodrigo Abdala.

“Para su posicionamiento como inversionista, aprovecha la red de relaciones con altos ex funcionarios salinistas y prominentes funcionarios actual administración del Gobierno de Peña Nieto, como el actual Secretario de Hacienda Luis Videgaray, quien a principios de siglo fue director del área de Finanzas Públicas de Protego-Evercore”, estableció el Diputado en su punto de acuerdo de febrero pasado.

Un ejemplo de la “reestructura” de Evercore aparece en un boletín en el que la empresa privada HR Ratings califica uno de los créditos de Duarte, por mil 716 millones de pesos, contraídos con Bancomer.

En un cuadro sobre el desempeño financiero de este crédito, HR Ratings muestra que, en 2014, al Estado le tocó recibir 10 mil millones del Fondo General de Participaciones, de los cuales, 405.3 se fueron al Fideicomiso y sólo 112, o menos de un 30 por ciento de esta última cantidad, se destinaron al “servicio total de la deuda”.

“Con base en los criterios establecidos en la estructura  el fideicomiso sería capaz de garantizar las obligaciones financieras del estado en el mediano plazo. En promedio, la fuente de pago asignada anualmente al crédito sería 3.0x (tres veces) mayor al servicio anual de la deuda”, dice el boletín.

Pero comprometer así los ingresos federales, advierte la SCHP, es una señal de riesgo para las finanzas de cualquier administración pública.

“Las cinco entidades federativas con mayor deuda como proporción de las Participaciones Federales son Quintana Roo (269.5 por ciento), Coahuila (261.5 por ciento), Chihuahua (228 ciento), Nuevo León (220.6 ciento) y Veracruz (133.31 ciento)”, dice el Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas publicado en abril pasado por el Centro de las Finanzas Públicas del Gobierno federal.

“Los porcentajes de los primeros cuatros estados anteriores son relativamente altos; estos estados y municipios tendrían que erogar al menos durante dos ejercicios fiscales el total de sus Participaciones Federales para hacer frente a las obligaciones financieras”, agrega.

Por: Revista Zócalo

En el libro En defensa de periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo, de Luis Raúl González Pérez y varios autores, editorial Tirant Lo Blanch, plantea y pone al descubierto los obstáculos que enfrentan en México, como asesinato, violencia por difundir información, ideas y opiniones, así como la impunidad en estos casos.

En el ejercicio periodístico participa una gran cantidad de personas como reporteros, autores de blogs, personas que publican por su cuenta, y cada uno de ellos corre riesgo. Desde el año 2000, suman 114 los periodistas asesinados y se levantaron 744 averiguaciones previas por delitos cometidos contra ellos. En cuanto a las personas defensoras de derechos humanos en México, su situación también es complicada.

La Comisión Nacional en la materia documentó que de enero del 2005 a mayo del 2011, fueron 27 las asesinadas y desaparecieron 8 en el país. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue creado con el fin de ayudar a todas las personas que se encuentran vulnerables por la difusión de ideas, información y opiniones. Este mecanismo fue creado gracias a la presión que organizaciones sociales hicieron desde fines del siglo pasado. Al concluir la década de los 80 y al principiar los 90, instancias de la sociedad civil especializadas en la defensa y promoción de los derechos humanos generaron conciencia de la vulnerabilidad en la que se encontraban sus promotores, debido a la molestia de las autoridades acostumbradas a no tener denuncias por violaciones a las garantías individuales, quienes en vez de cambiar respondieron violentamente o acudían a la utilización de figuras políticas para inhibir la libertad de expresión.

Hace cuatro años, el 25 de junio de 2012, se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y con ello el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo objetivo es emitir y establecer medidas urgentes de prevención y protección. Pero aún queda mucho por hacer.

Los defensores y periodistas necesitan creer en este mecanismo y en su sistema, el cual está adecuado, tanto para hombres y mujeres que se encuentran en situación de riesgo. Los periodistas y defensores necesitan saber que no están solos y que hay un mecanismo de defensa con la prioridad de resguardar vidas. Aunque perfectamente se entiende que no basta con esto, pues se necesita una acción que ataque la impunidad y las causas de las agresiones y amenazas.

Para Veracruz, Chiapas y Oaxaca se esperan tormentas puntuales muy fuertes; en Tabasco, Campeche y Quintana Roo serán puntuales fuertes, y en Yucatán, se prevén lluvias con intervalos de chubascos, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el SMN, la onda tropical número 32 se ubicará sobre Chiapas e interactuará con la entrada de humedad de Golfo de México y Mar Caribe.

Canal de baja presión se extiende en el interior del país

Un canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el centro del país se asociará al calentamiento diurno, y favorecerá lluvias con intervalos de chubascos en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla, y lluvias escasas o lloviznas en Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Colima, Hidalgo y Tlaxcala.

La temperatura máxima se registró en Ciudad Obregón, Sonora con 44 grados centígrados; y la mínima en La Rosilla, Durango con menos un grado centígrado.

Por: Novedades Quintana Roo

Este 17 de octubre, el Sindicato de Taxistas de Cancún lanzará laplataforma VIP Flit para dar batalla con la misma tecnología a Uber México.

A un mes de que Uber llegara a Cancún, el gremio de taxistas continúa con las protestasal considerar el servicio como ilegal, pues refieren que no cuenta con el soporte de cobertura de un seguro ante un siniestro.

Ronald Powan Chinchilla, director de proyecto de VIP Flit, comentó que dicha plataforma tiene la encomienda de mejorar el servicio a los usuarios por medio de una aplicación que brindará atención personalizada, seguimiento del viaje, atención vía telefónica con el número del usuario y conductor enmascarados para seguridad.

Reconoció que el taxista está obligado a dar un mejor servicio al pasajero, pues la oportunidad que Uber ha utilizado en todos los lugares que inicia el servicio es bajo la premisa de que el usuario se queja de la calidad de transporte en su localidad.

Explicó que con el VIP Flit, el sindicato de taxistas dará respuesta inmediata a la ciudadanía al mejorar su servicio de transporte.

“Es una evolución en la imagen de los taxistas principalmente que se mejore el trato y servicio de los taxistas hacia los usuarios y que con el hecho de ver el logotipo de un diamante, el usuario sepa que hay garantía y seguridad en su traslado”, dijo Powan Chinchilla.

Listos para operar

La plataforma dará inicio con cerca de 500 unidades y 500 conductores listos para operar bajo el logotipo del diamante de VIP Flit, el costo por viaje será pagado en efectivo y a corto plazo brindarán el servicio de pago con tarjeta de débito o crédito hecho desde la aplicación y será con base en el tarifario actual.

Los vehículos elegidos deben ser menor a cinco años de antigüedad, contar con carrocería y vestiduras impecable, aire acondicionado, el conductor deberá pasar los filtros de calidad que pide la plataforma para dar excelente calidad en el servicio. El costo de uso de la plataforma será de 10 pesos extra por viaje.

Se informó que esta app estará disponible de manera gratuita tanto para iOS y Android a partir de su lanzamiento la próxima semana que se llevará a cabo en la Marina Barracuda a las 18 horas.

Mercedes Calderón García, Directora General del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) percibe un sueldo que incluso supera al del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues de acuerdo con los recibos de nómina del organismo, Mercedes Calderón percibe cada mes la cantidad de 260 mil pesos.

El CREFAL es un organismo internacional cuya misión es promover la alfabetización de jóvenes y adultos, fue fundado por el expresidente Lázaro Cárdenas en 1951 y tiene su sede en Pátzcuaro, Michoacán. Mercedes Calderón fue presidenta de dicho municipio por parte del Partido Acción Nacional (PAN) y se ostenta como prima del ex mandatario, Felipe Calderón Hinojosa.

Haciendo uso de este parentesco, así como de la amistad que sostiene con el Director de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública, Benito Mirón, Mercedes Calderón asegura que prolongará su estancia al frente de la CREFAL, aun cuando tuvo que haberlo dejado en el mes de septiembre del presente año.

De acuerdo con trabajadores del organismo, quienes pidieron permanecer en el anonimato para evitar represalias, existe una complicidad entre Benito Mirón y Mercedes Calderón, pues ésta última tiene en la nómina de la CREFAL a “gente muy cercana” a Mirón.

Otra de las irregularidades que señalan los denunciantes es que la misma Mercedes Calderón juega las veces de proveedora del organismo que ella misma preside, es decir, los propios negocios de Calderón García son los proveen de insumos para mantenimiento y mobiliario a la CREFAL, siendo esto un sinónimo de adjudicación contratos entre el organismo del cual es titular y sus propias empresas.

Se presume que ya se ha iniciado una investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación respecto a este tema y se espera que pronto el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, emita algún pronunciamiento o, en el mejor de los casos, tome cartas en el asunto.

Esta no es la primera vez que Mercedes Calderón se ve involucrada en un caso de influyentismo, pues en enero de 2015 sus padres acudieron a una tienda de autoservicio formándose en la fila rápida, la cual permite sólo 20 artículos, pero ellos llevaban más de una treintena, cuando los cajeros dijeron que no podían cobrarles la pareja argumentó que eran padres del notario público Javier Calderón García, y de la directora del CREFAL y ex alcaldesa de Pátzcuaro, Mercedes Calderón.

La Asamblea General nombró por aclamación al portugués António Guterres como próximo Secretario General de Naciones Unidas, quien sucederá a Ban Ki-moon al término de su mandato el 31 de diciembre de 2016.

Guterres, de 67 años de edad, fue Primer Ministro de Portugal de 1995 a 2002 y Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados de junio de 2005 a diciembre de 2015. Se convertirá en el principal líder diplomático mundial el 1 de enero de 2017 y ocupará funciones a la cabeza de la ONU por los próximos cinco años.

Al adoptar un resolución impulsada por su Presidente Peter Thomson, la Asamblea General adoptó por aclamación la recomendación que hizo el Consejo de Seguridad el pasado 6 de octubre para nombrar a Guterres como sucesor de Ban Ki-moon para el próximo periodo de cinco años que termina el 31 de diciembre de 2021.

Diez años después de haber sido nombrado como Secretario General, Ban Ki-moon, felicitó este jueves a António Guterres.

“El nombrado como Secretario General, Guterres, es muy conocido por todos nosotros. Pero quizá se le conozca mejor donde más cuenta: en la vanguardia de los conflictos armados y del sufrimiento por razones humanitarias”, dijo Ban Ki-moon.

En su turno al podio frente al plenario, Ban Ki-moon encomió a los Estados miembros no sólo por la decisión sino por el proceso de selección del próximo Secretario General, que por primera vez incluyó audiencias públicas informales de los candidatos al cargo.

Agregó que durante la década pasada, su trabajo como Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y de otros actores humanitarios ha sido un aliento de vida para millones de personas que han debido huir de sus hogares.

Ban destacó la solidaridad y compasión de Guterres en su trabajo con esas personas y subrayó también su sólida experiencia política.

“Sus instintos políticos son los de Naciones Unidas: cooperación para el bien común y responsabilidad compartida para toda la gente del planeta”, enfatizó.

Afirmó que Guterres, además, sabe la importancia de incluir y facultar a las mujeres en todos los ámbitos y conoce muy bien el trabajo de la ONU.

Ban sostuvo que Guterres dirigirá la Organización para que concrete y construya sobre los avances de los últimos años mientras se ocupa de las incertidumbres e inseguridad del mundo de hoy.

Ban concluyó diciendo que, al igual que él, la gente de todo el mundo espera con confianza y entusiasmo su labor al frente de la ONU.