Política- Pagina 51

Por Enrique Huerta

Para el próximo gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y su equipo de transición, el que el diputado priista haya llamado “delincuente” a Miguel Ramón Martín, encargado del enlace legislativo del equipo de transición del próximo mandatario, sólo fue una “calentura política” por parte del coordinador de la bancada del PRI en el Congreso estatal.

Hasta el propio afectado, Miguel Ramón Martín, disculpó al diputado local priistas por este incidente e incluso lo justificó. Es más, hasta se sentaron juntos previo a la clausura del Curso de Capacitación de las Autoridades Electas, aunque se observó un escaso diálogo entre ambos.

-Hace unos días hubo críticas del diputado Raymundo King, incluso lo llamó “delincuente”, ¿qué opina?- se le preguntó a Miguel Ramón Martín.

-Bueno, cada quien está en su papel, esto no es personal, esto ya se acabó. Ahora creamos un ambiente propicio para que Quintana Roo prospere, eso es lo más importante.

-¿Platicó con Raymundo King al respecto?

-Sí, simplemente estamos trabajando ya, como si nada hubiera pasado. Todos tenemos un momento en que defender las causas, pero hoy estamos unidos y pensando en Quintana Roo.

-¿Se disculpó con usted?

-No hay porque disculparse ni nada, esto es simplemente trabajo y así seguiremos, todo por el bien del estado.

En esa misma sintonía respondió el propio Carlos Joaquín González sobre lo dicho por Raymundo King: “Los debates y lo que tenga que decir cada quien, pues deberá sostener y mantenerlo”.

-Ni perdón ni olvido, usted lo mencionó en toda su campaña, pero parece que hay un poco de perdón de ese lado (en referencia a la presencia de Raymundo King).

-No, ni perdón ni venganza. Tenemos que seguir trabajando, Quintana Roo merece trabajo juntos-respondió Carlos Joaquín González

Por su parte, el diputado priista Raymundo King, quien fue invitado a dicho evento por el próximo gobernador de Quintana Roo, trató de esquivar el tema.

-¿Platicó con Miguel Ramón luego de que lo llamó delincuente?

-Lo he saludado

-¿No hubo algún reclamo al respecto por parte de Miguel Ramón?

En vez de responder, palmeó el brazo del reportero que lo cuestionó, mientras negaba con su cabeza y sonreía. “¿Qué otra pregunta?”, se limitó a contestar.

Y es que hace unos días, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Quintana Roo reafirmó en entrevista que había llamado “delincuente” a Miguel Ramón Martín Azueta.

“Sí, es correcto, ustedes han visto su actuar, en donde con marrullerías ha tratado de cooptar a un poder como lo es el Legislativo y no lo vamos a permitir. Sin embargo, vamos a dejar de hablar de él, porque es una persona pequeñita”, dijo en aquella ocasión.

Ni enterado

 Francisco López Mena, coordinador general del equipo de transición del próximo gobernador, Carlos Joaquín González, prefirió hacerse el desentendido sobre esta situación.

-Hablando de respeto, el diputado Raymundo King calificó a un miembro de su equipo como delincuente (Miguel Ramón Martín)

-Ah, no me enteré. Él tiene el derecho para poder opinar al respecto. ¿Cuándo fue?

-El fin de semana pasado.

-No me enteré, me tocó sentarme con él, ustedes vieron, platicamos. No sabía que esto hubiera sucedido.

Los verdes obtuvieron su triunfo también en los tribunales. Los azul-amarillos Julián Ricalde y Manuel García perdieron la contienda, según resoluciones de la Sala del Tribunal de Xalapa.                                                                      RATIFICAN TRIUNFO DE LAURA FERNÁNDEZ

*La sala Xalapa del Tribunal Electoral de la
Federación ratifica su triunfo en Puerto Morelos

*Es un triunfo legitimado en todas las
instancias electorales, que nos da fuerza para gobernar”, subraya Laura
Fernández

*”Vamos a trabajar para todos, porque unidos
somos más fuertes”, enfatiza

XALAPA, Ver.- La sala Xalapa del Tribunal Electoral Federal
confirmó la tarde de este jueves el triunfo de la planilla para Ayuntamiento que
presentó la coalición PRI-Verde-Nueva Alianza en Puerto Morelos, con Laura
Fernández Piña a la cabeza.
“Ahora sí nadie puede cuestionar un triunfo que
se ha legitimado tres veces”, subrayó la presidenta municipal electa Laura
Fernández, cuando conoció el fallo del Tribunal Electoral Federal.
“Es un triunfo legitimado en todas las
instancias electorales y eso nos da fuerza para gobernar”, destaca.
La planilla que encabezó Laura Fernández ganó
con una diferencia de 505 votos, pero fue impugnado ante el Tribunal Electoral
del Estado que no encontró motivos para anular la elección, como pretendía el
candidato perdedor.
Sin embargo, la elección fue nuevamente impugnada
ante la instancia federal que ratificó el resultado obtenido en las urnas y el
fallo del Tribunal Electoral del Estado.
“Fuimos pacientes para esperar la respuesta de
las instituciones que salvaguardan nuestras instituciones, pero durante la
espera nos dedicamos a trabajar con la certeza de que se haría justicia y que
ratificarían nuestro triunfo, como ocurrió”, agregó.
“Hoy estamos totalmente listos para asumir la
responsabilidad. La resolución judicial no nos toma por sorpresa, pues contamos
con un plan de gobierno sólido fundamentado en cinco ejes y hemos hecho llegar
a la Cámara de Diputados una propuesta de paquete de obras por más de $600
millones”, subrayó.
La presidenta municipal electa señaló que el
proceso electoral ha concluido y ahora ratifica su compromiso de trabajar por
el bien de todo el municipio de Puerto Morelos.
“Vamos a sumar a todos por el interés de Puerto
Morelos. Nadie quedará fuera de nuestro proyecto, porque unidos más fuertes.
Que nada nos divida”, enfatizó.
Dijo que el proceso de entrega-recepción
continúa su marcha y presenta avances importantes.
“Mientras los tribunales hacían su trabajo,
nosotros hacíamos lo propio, avanzando, integrando expedientes, elaborando
planes de trabajo para poner en marcha desde el primer minuto de nuestro
gobierno, porque Puerto Morelos no puede seguir perdiendo tiempo”, asentó.
Laura Fernández estuvo esta semana en la ciudad
de México, en donde se entrevistó con diputados y este jueves estuvo con
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social.

Por Enrique Huerta y Mary Hernández

 Eduardo Martínez Arcila, el recién electo presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, nos recibe de manera amable, con una sonrisa y un apretón de mano. Se le ve consciente del papel que jugará en esta nueva etapa política que vive el estado y la cual se puede observar en la decoración de su oficina, la cual ya no cuenta con los retratos ni del actual gobernador, Roberto Borge, ni del presidente Enrique Peña Nieto, ambos priistas.

-Entrando a la oficina del diputado Martínez, lo primero que notamos es que ya no están los cuadros ni del gobernador Roberto Borge ni del presidente Enrique Peña Nieto. También desapareció el cuadro de los diputados de la legislatura anterior- se le menciona.

-Mira, creo que es un inminente caso de respeto a los poderes. El respeto no es solamente una fotografía de un servidor público, el respeto es institucional, entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Imagínense qué bonito me vería poner una foto como presidente del Congreso, dirían que ni guapo soy, entonces es una cuestión de respeto entre poderes y, como tal, de respeto a Andrés Quintana Roo, de nuestros generalísimos jefes mayas Jacinto Pat, Cecilio Chi, porque eso es historia, es historia de Quintana Roo y eso es lo que debe estar.

-¿Habrá fotografía del próximo gobernador, de Carlos Joaquín?

-Lo acabo de plantear, debe de haber un respeto entre los poderes y el respeto no es necesariamente tener una foto del titular de un poder en las oficinas de otro poder.

Vestido con una camisa albiazul, que son los colores del partido en el que milita, el PAN, Martínez Arcila señaló que el mensaje de ciudadanía en la elección del 5 de junio fue muy claro: tener otra forma de ejercer el poder.

“Como debe ser la función pública, cercana a la ciudadanía, de manera transparente, rindiendo cuentas, tomando acciones en favor y no en contra de los ciudadanos. Y esta nueva mayoría que se conformó en la instalación del Congreso, el 3 de septiembre, y que se reafirmó el 5 de septiembre, es una muestra que, desde el Congreso, estamos dispuestos a abrir el ejercicio público al escrutinio de la ciudadanía. Me toca a mí, en este caso, representar al Poder Legislativo, coordinar los trabajos de la Gran Comisión, pero fundamentalmente es eso, el mandato ciudadano que empieza a tomar forma, en materializarse en acciones concretas, en este caso en el Congreso del estado”.

Y es que una de las peticiones de la ciudadanía es justicia contra los funcionarios que han saqueado al estado, entre ellos el gobernador Roberto Borge, quien recientemente se encuentra en el centro de la polémica por la aprobación de sus “leyes de blindaje”, por lo que se le pregunta al presidente de la Gran Comisión cómo hará la XV Legislatura para revertir dicho paquete de normas

“Primero, decirle al auditorio que vamos a cumplir con la palabra empeñada en la campaña que fue hacer todo el esfuerzo desde el Legislativo para revertirlo, y donde baste con esta mayoría que ahorita tenemos para revertirlo, vamos a estar haciéndolo. Donde dependa de las dos terceras partes, estamos hablando que diputados del PRI y del Verde también se sumen, al igual que los Ayuntamientos, para reformas constitucionales. Pero claramente la Legislatura tiene en este momento la mayoría simple necesaria para hacer estas contrarreformas, las vamos a empezar a hacer, pero queremos formar un solo paquete que combata ese otro paquete que fue aprobado. Falta también que la Suprema Corte defina la controversia –que ya resolvió en Chihuahua y en Veracruz–, estamos esperando qué dice también la Corte, que será otra vía por la cual podemos atacar. Sí lo quiero dejar muy claro: tengan la confianza, pero estén muy atentos, que desde aquí, desde el Congreso, estas fracciones que nos hemos unido al principio de esta legislatura, que somos PAN y PRD y que hoy ya somos más diputados, vamos a trabajar y estamos trabajando en las iniciativas para revertir (el blindaje).

-Hay priistas que no quieren pagar platos rotos; podrían avalar las reformas contra el “blindaje” de Borge: Martínez Arcila

-Mira, hay diputados que tienen claro que pues algunos de ellos no son corresponsables de lo que sucedió en la XIV Legislatura, lo que sucedió en el gobierno del estado que está por fenecer; tienen muy claro eso y no están dispuestos a pagar platos rotos ajenos y que estarían, en su momento, a sumarse a este tipo de iniciativas que se irán presentando. Lo estamos platicando, se está concientizando, y serán los coordinadores de los grupos parlamentarios quienes seguramente podrán abundar sobre el tema. Como presidente del Congreso, lo que quiero dejar en claro es que el Congreso no va a impulsar una cacería de brujas, que vamos a actuar con responsabilidad institucional y que ejerceremos los ordenamientos legales que tenemos a nuestro alcance para revertir lo que se hizo en la legislatura pasada.

Martínez Arcila aseguró que esta nueva etapa política que se vive en el estado no será un borrón y cuenta nueva, sino que habrá justicia, acompañada de desarrollo social, impulsado desde el Congreso.

-¿Qué temas tiene la agenda legislativa de la alianza UNE, además del tema de Aguakán y revisión de cuentas públicas?

-El trema de la Gran Comisión, armonizarnos con el Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos que aterrizar toda la ley de disciplina fiscal para regular nuestros endeudamientos. Hay varios temas en los que estamos coincidiendo, que tenemos que ir tratando más, lo que han hecho organizaciones de la sociedad civil que se nos han acercado a hacer propuestas.

-¿Cómo va a ser la agenda legislativa?

-Estamos trabajando, vamos a cerrar la comisión de Concertación de Tareas Parlamentarias, que agrupa a los diferentes coordinadores de las fracciones, para que cada partido ponga su agenda sobre la mesa y hagamos una sola agenda de la legislatura que será la que se deba impulsar, con la independencia de cada  fracción parlamentaria, que podrán impulsar leyes y planteamientos ajenos a los que tengamos en la agenda legislativa. También estamos analizando en desarrollar foros para enriquecer las propuestas de la agenda legislativa.

-Vemos que ahora sí los priistas quieren desaparecer la Gran Comisión, pero si hubieran ellos presidido sería otra cosa, ¿cómo ve esta situación?

-Mira, nosotros reiteramos el compromiso de desaparecer la Gran Comisión. Lo vamos a hacer porque la Gran Comisión finalmente es un obstáculo para modernizar el Congreso y lo vamos a hacer, no de manera aislada, sino de manera integral, de manera tal que sea un elemento la desaparición de la Gran Comisión que, sumado a otros, metan al Congreso a un camino de actualización de su marco jurídico-administrativo y que se convierta en una verdadera caja de cristal, de puertas abiertas, como es un parlamento ciudadano, donde los ciudadanos sepan qué es lo que estamos haciendo, cuánto estamos ganando, cómo va la gestión, que todo esté al alcance de un click, como se dice en los portales de otros congresos; actualizar esta información que, por mandato de ley, ya debemos hacerlo. Entonces, va a desaparecer la Gran Comisión, nos va a llevar un  poco de tiempo porque finalmente es una reforma integral que queremos impulsar en este Congreso.

-¿La intención es hacer una Junta de Coordinación Política?

-Esa es la finalidad, hacer una Junta de Coordinación Política, dejarle al presidente de la Mesa Directiva una verdadera presidencia el Congreso, que así está en la mayoría de los Congresos y del federal. El presidente de la Mesa Directiva es en realidad el presidente del Congreso y la Junta de Coordinación Política es el un órgano político y de la administración, pero aquí en la Gran Comisión está reunido todo eso, que por cierto la XIV Legislatura le dio poderes aún más a este órgano para decidir prácticamente por encima de los restantes 20 diputados, que eso no vamos a hacer, nosotros vamos a trabajar coordinadamente con los cinco y, con los restantes 20, dándole su lugar al presidente en turno de la Mesa Directiva, para que él conduzca el trabajo en esos meses que le toca estar al frente de la Mesa Directiva, como al diputado José Esquivel.

-¿No le parece paradójico que el PAN impulsó en la legislatura pasada la idea de desaparecer la Gran Comisión, que el PRI y el Verde frenaran dicha iniciativa, y ahora ellos sean sus impulsores?

-Sí, pero nosotros no estamos pensando en el momento que se vive, estamos pensando en el futuro y aunque nosotros estamos al frente en este momento, creemos que debe desaparecer la Gran Comisión.

Congreso obeso

El diputado Eduardo Martínez Arcila no duda en señalar que Quintana Roo tiene un Congreso infladísimo, tanto en personal –incluso gente que cobra en esa instancia pero no realiza labores ahí– como en el presupuesto.

-Melisa Verduzco, la oficial mayor del Congreso, negó que haya hasta 200 aviadores, sino que son una veintena de comisionados, ¿usted ya detectó una cantidad de aviadores?

-Tengo claro al mencionar que se dice, o se comenta, que pueden ser alrededor de 150 o 200 – busca el término adecuado para después continuar-. Gente que cobra o ha cobrado y que no necesariamente desempeñaba una función dentro del Congreso. Hay gente que se le ordenaba que desempeñara su trabajo en casa de algún otro servidor público, en alguna otra dependencia, pero venían y se les depositaba su quincena pero no desempeñaba ninguna función en el Congreso. Gente de buena fe, que necesitaba el trabajo y que por órdenes de su superior tenía que hacer funciones en otro lado pero cobrar aquí, en el Congreso. En esa fase estamos de la revisión.

-¿Qué pasará con estas personas que están en esta situación, serán reubicadas?

-Es lo que tenemos que ir viendo, revisando caso por caso. No podemos cometer alguna injusticia, lo que sí podemos es considerar que alrededor de 500 empleados para un Congreso como el de Quintana Roo, que tiene 25 diputados, es totalmente un exceso desproporcional en el trabajo legislativo.

-Durante la presentación de las agendas legislativas de la alianza UNE, también criticaron el presupuesto del Congreso, aprobado en la Legislatura anterior.

-Sí, es una reforma constitucional que se hizo, donde se estableció como un porcentaje mínimo de tres puntos sobre el Presupuesto de Egresos del Estado debía ser asignada al Congreso, y eso también es totalmente irracional, fuera de sí. Prácticamente es el 60 por ciento más que crecería para el año que viene y que hemos dicho que lo rechazamos. No se puede tener un Congreso con 750 millones de pesos, cuando hay verdaderas carencias en el estado.

-Eso rebasa el presupuesto del municipio de Felipe Carrillo Puerto, que está a neos e la mitad que ese presupuesto.

-Ahí puedes juntar entre dos o tres presupuestos de municipios concretos del estado. Esto no tiene ninguna justificación, somos los mismos 25 diputados de la XIV que de la XV Legislatura, no se duplicó el número de diputados ni mucho menos. Entonces desde luego que esa reforma que se hizo en su momento tenía otra intención, y no precisamente el de eficientar el trabajo en el Congreso, por eso hemos dicho que lo vamos a rechazar.

-¿Qué va a pasar con ese dinero que se rechace, a dónde será destinado, se tiene que volver a hacer un presupuesto?

-El Ejecutivo estatal deberá decidir qué hará con ese dinero. Parece que lo más propio es destinar ese dinero a rubros que han estado abandonados y donde se necesita canalizar el mayor recurso posible.

-¿Cómo de cuánto sería un presupuesto acorde con las necesidades del Congreso?

-Hay varios estudios, comparaciones con varios estados. Yo creo que estar en el nivel de presupuesto aceptable es de 350-380 millones de pesos, es aceptable, incluso se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho en la anterior legislatura con ese mismo dinero. Creo que estamos hablando de mantener prácticamente ese presupuesto, si acaso un aumento muy marginal, y si hubiese algún proyecto especial que impacte en el presupuesto, sería etiquetado, pero para el gasto anual ordinario, creo que esta cantidad actual que tenemos es suficiente.

-¿Y de los 500 trabajadores que dijo que también le parecían excesivos para este Congreso, cuál sería el número ideal en la plantilla laboral?

-El Congreso de Yucatán no sobrepasa los 250 trabajadores, estamos hablando del mismo número de diputados.

-¿Recortar el personal?

-No, tenemos que ver exactamente qué trabajo están desempeñando todos. En muchas ocasiones el trabajador es el menos responsable porque normalmente recibe órdenes de superiores que son los que, ahí sí, abusan del cargo público.

Una nueva relación

El diputado que preside la Gran Comisión del Congreso estatal, Eduardo Martínez Arcila, ha dicho en otras ocasiones que este poder no estará plegado a los intereses del próximo gobernador, Carlos Joaquín González, como sucedió con la anterior legislatura y el mandatario Roberto Borge.

Aunque aclara que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo será equilibrada, sin confrontaciones, sólo coordinación

“La división de poderes es una divisón, no una confrontación, es una coordinación, porque no puede caminar un estado si el Ejecutivo va en un sentido y el Legislativo va en otro y el Judicial en otro sentido. Imagínate un Ejecutivo haciendo una  buena procuración de justicia, deteniendo delincuentes y el Judicial soltando a los delincuentes; o imagínate a un Ejecutivo con muy buenos proyecyos y un Legislativo no soltando recursos, apretando y manipulando recursos, pues no va a avanzar el estado”, explica.

Martínez Arcila aceptó que Quintana Roo vive una situación difícil, por lo que se necesitará una coordinación entre el Congreso y los gobiernos estatal y municipal para poder salir de la crisis en la que esté sumida la entidad, aunque advierte que no habrá complicidad de parte de los diputados locales.

“El estado está en una situación muy difícil, complicada, como lo están los municipios también, y necesitamos una plena coordinación entre el gobernador electo, el Poder Legislativo y los Ayuntamientos, es por el bien de los quintanarroenses, por lo cual va a ser un  trabajo de respeto, de coordinación, no de complicidad”.

Eduardo Martínez, casi con dotes de actor, mira fijamente a la cámara que graba la entrevista para dejar en claro cómo serán las cosas en el Congreso.

“El Legislativo no va a ser un cómplice de las decisiones malas que quiera tomar el Ejecutivo, va a ser un acompañador para las condiciones complicadas que tengamos que enfrentar, responsable, que tendrá su propia autonomía. Hay separación de poderes, mas no confrontación. Habrá coordinación”, promete el presidente de la Gran Comisión del Congreso.

Por Enrique Huerta

 Mientras el PRI y el PVEM preparaban su conferencia de prensa para impugnar la repartición de las comisiones legislativas, el diputado perredista Emiliano Ramos presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso la segunda iniciativa de ley de la XV Legislatura, que busca eliminar el fuero y el juicio político en Quintana Roo.

“Estoy presentando una iniciativa de ley que es algo que nos comprometimos con la gente, que es la iniciativa de ley para eliminar el fuero. Estamos proponiendo en esta iniciativa de ley que se modifiquen artículos de la Constitución Política de Quintana Roo, que se modifique la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y la Ley Orgánica del Congreso, para que nadie, ningún funcionario público y de representación popular goce de más privilegios que un ciudadano común. Todos tenemos que ser iguales ante la ley, lo establece el artículo primero constitucional a nivel federal”, anunció.

Explicó que cuando surgió el fuero, allá por el año 1821 en la Constitución de Cádiz, buscaba que los legisladores gozaran con una protección para evitar presiones externas por sus posturas, aunque, consideró Ramos, este sentido se ha desvirtuado en la actualidad.

“Hoy por hoy parece una patente de impunidad, la gente así lo percibe, como una patente de impunidad, y se ha convertido en un privilegio para los funcionarios públicos y los representantes populares. Por eso, la gente de Quintana Roo está pidiendo que se acaben los privilegios, que todos seamos iguales ante la ley y esta iniciativa que hoy presento al Congreso para que sea turnada al pleno, tiene ese objetivo: eliminar todos estos artículos para eliminar el fuero y el juicio político”.

Comentó que en su iniciativa también se busca que cualquier ciudadano pueda interponer un juicio en contra de funcionarios ante la autoridad correspondiente, dependiendo del delito cometido.

“Eso nos va a ayudar para que todos aquellos que han saqueado al estado de Quintana Roo, en este gobierno que vive sus últimos días, puedan también ser sujetos a la ley sin que pase lo que el día de hoy ocurre: se presenta un juicio político y pasa por un filtro difícil de pasar. Y esto no va dedicado a  alguien en particular, está dedicado a todos, a los que hoy están y a los que estarán”.

Dijo que esta iniciativa abarcaría desde el gobernador del estado, hasta diputados y presidentes municipales, etcétera. “No tiene por qué haber ciudadanos de primera ni de segunda”.

Aunque reconoció que el fuero se estipula desde la Constitución federal, explicó que éste sólo protege a aquellos funcionarios, por lo que se busca eliminar el fuero otorgado en la esfera estatal.

“Si se quieren amparar, vamos a ver quiénes se van a amparar, ahí vamos a ver qué tan comprometidos están”.

Confió en que esta iniciativa no tenga problemas enser avalada por las demás fracciones, las cuales en los próximos días presentarán propuestas similares.

“Tengo confianza en que la mayor parte de los diputados la suscriban. Yo creo que en los próximos días otras bancadas presentarán iniciativas en este sentido, no tienen que ser idénticas, pero ya con esas iniciativas, nos vamos a sentar en las comisiones respectivas para hacer un dictamen y, a la brevedad, la XV Legislatura enviará un mensaje de combate a la impunidad, eliminando el furo en Quintana Roo”.

Y así fue. Un par de horas después de que Emiliano Ramos presentó su iniciativa contra el fuero, el diputado del Partido Encuentro Social, Carlos Mario Villanueva, presentó su propuesta, pero sin los reflectores del perredista.

Por Enrique Huerta

 Con un tecnicismo legal, los diputados del PRI y del PVEM buscarán ganar las comisiones que no pudieron obtener en la sesión del Congreso estatal en la que se eligieron y, por qué no, así acceder a la Gran Comisión.

En rueda de prensa, el coordinador de la bancada del Partido Verde en el Congreso estatal, José de la Peña, y del PRI, Raymundo King, anunciaron que presentarán dos recursos contra la integración y la dirección de las comisiones ordinarias, y de la Gran Comisión de la XV Legislatura, por no estar apegadas al debido proceso legislativo de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.

Uno será al interior del Congreso, a través de un acuerdo urgente de resolución para rechazar dicho proceso de elección, mientras que el segundo será interpuesto en juzgados federales.

“Es increíble que en el Congreso del estado, que es de donde emanan las leyes, sea el principal promotor de violentar las mismas en su conformación”, dijo el coordinador de la bancada verde, José de la Peña.

De la Peña explicó que el acuerdo cuenta con tres términos: el primero, es que se busca que se quede sin efecto la elección de las comisiones ordinarias y la elección de la Gran Comisión; el segundo es determinar si es adecuado que en una sesión en que se determine incorrecto el proceso legislativo y la elección de las comisiones ordinarias y de la Gran Comisión para que se respete lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal; el tercer punto es solicitar que las comisiones ordinarias observen el principio de equidad y, por lo tanto, volver a repartir las presidencias de las comisiones legislativas.

“Por otro lado igualmente estaremos interponiendo un juicio de amparo, un amparo entre todos los miembros de la bancada PRI-Partido Verde, en la que hacemos una solicitud inmediata para que se vuelva a presentar unas elecciones apegadas al derecho parlamentario y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. En cuanto a los temas jurídicos estas serán las dos vías que estaremos interponiendo y esperemos que la Legislatura, que la Mesa Directiva primero, le den entrada a este acuerdo de urgente resolución, para que sea abordada de manera inmediata en la siguiente sesión ordinaria y que, de esta manera, se suba a discusión y se exhiba la ignorancia y la falta de apego a las leyes por parte de la Mesa Directiva”, detalló De la Peña.

El diputado local del PVEM criticó que haya diputados plurinominales, es decir que llegaron al Congreso sin ser votados, y que presidan comisiones legislativas.

“Todos los que estamos en esta mesa somos diputados por mayoría, ganamos la elección y ganamos nuestros distritos, tengamos una o dos comisiones, es un absurdo”, comentó.

De la Peña recordó que en la sesión del lunes pasado, intentó quejarse por la repartición de las comisiones, pero su queja fue desechada por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, José Esquivel.

“Es importante hacer una precisión en cuanto a la sesión de días pasados no pude manifestar por el evidente abuso que se generó en la repartición de comisiones, de que no existiera una unidad en el reparto de las mismas”.

Señaló que el artículo 33 del Congreso del estado señala que las comisiones ordinarias se instalan en la primera sesión después de la apertura de la primera sesión ordinaria, lo cual no se hizo así.

“De manera burda e ignorando lo que establece la normatividad, el presidente de la Mesa Directiva en funciones determina que en una sesión solemne, donde no puede ningún diputado adjudicar ni mucho menos establecer los posicionamientos de algo tan trascendental como la conformación de las comisiones, se nos niegue, primero, el derecho a poder alegar, y el derecho a hablar por lo que quedó establecido en dicha sesión, como yo hice personalmente el uso de la voz y como se me fue negado”.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso estatal, Raymundo King, dijo que con la impugnación de la elección de las comisiones ordinarias de la XV Legislatura, realizada en la sesión del pasado lunes, se busca una mayor equidad en la conformación de éstas.

Entrar de rebote a la Gran Comisión

 El líder del Partido Verde en el Congreso estatal, José de la Peña, señaló que es incongruente que la primera fuerza política de la Legislatura (el PRI) y la tercera (el PVEM)  no tengan participación en las comisiones parlamentarias, por lo que buscarán tener más influencia en la agenda legislativa.

“No es que las merezcamos (las comisiones), es que queremos participar en las comisiones del Congreso del Estado. Son 25 comisiones, que están conformadas por presidentes, secretarios y vocales, y en algunas de ellas tendríamos por lo menos tener participación como presidentes, como secretarios y como vocales”.

-¿Entonces están buscando entrar a la Gran Comisión?

-Será parte de lo que estamos analizando. Nosotros estamos solicitando que se repita el procedimiento y en esa nueva integración estaremos participando en las comisiones-, contestó De la Peña.

-¿De conseguir lo que ustedes están buscando, incluso de entrar a la Gran Comisión, seguirán buscando su desaparición?

– Claro que sí, esa es una de las propuestas que teníamos hasta antes de esa votación, es lo que estamos promoviendo, estamos trabajando en una iniciativa en la que se busque, como en el Congreso federal, un Congreso que contenga todas y cada una de las fuerzas políticas, que tengan participación.

Magistrados del Poder Judicial del estado acusaron inquietud al interior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ante los resultados entregados y la postura pronunciada públicamente por el magistrado presidente Fidel Villanueva Rivero como parte de su segundo informe de labores, informó el diario Luces del Siglo.

Por considerar que faltó transparencia interna para que los siete integrantes del pleno conocieran previamente el contenido del informe, los magistrados se deslindaron del mismo y aseguraron que fue un mensaje a título personal del magistrado presidente.

Y al ser testigos de las malas condiciones de infraestructura, así como el desaprovechamiento con que se trabaja al interior de este cuerpo colegiado, se resisten a aceptar los datos y cifras alegres de Villanueva Rivero.

Según los magistrados, en el informe no se abordan temas de interés social, pero sobre todo Fidel Villanueva sostiene un discurso que se confronta con la visión y los proyectos anunciados desde el Poder Legislativo y del gobierno electo de Carlos Joaquín González, quien asumirá el cargo el 25 de septiembre entrante.

Abordado sobre el particular, el magistrado Mario Aguilar Laguardia, adscrito a la Sala Especializada en Materia Familiar, confirmó que existe coincidencia con algunos magistrados porque no han sido tomados en cuenta en la toma de decisiones importantes.

Por ejemplo, citó el excesivo control de los integrantes del Consejo de la Judicatura sobre el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales propios de las actividades jurisdiccionales de Juzgados y tribunales estatales, los que limita su capacidad de acción.

El presupuesto anual del Poder Judicial es superior a los 450 millones de pesos, pero es “manejado y distribuido” por Villanueva Rivero en su doble calidad de presidente del Tribunal y presidente de la Judicatura.

La forma de diseñar el presupuesto es a través de un programa operativo anual presentado al pleno, una vez por año, y para realizar la más mínima modificación se requieren del voto unánime de siete de los ocho magistrados, como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de Quintana Roo.

Otras de las inquietudes de los magistrados, es el incremento del presupuesto anual para el Tribunal, el cual con las recientes reformas sería de 3 por ciento del presupuesto total del estado a partir de 2017.

Esto es, de los más de 25 mil millones de pesos del presupuesto estatal, el 3 por ciento –más de 750 millones de pesos– es para el Poder Judicial, lo cual los magistrados inconformes consideran es excesivo ante otras prioridades del gasto público.

“El presupuesto que se exige al nuevo gobierno debe ser justificado con logros que no están a la vista o no existe, el informe del presidente del Poder Judicial es un acto al que solo fuimos de invitados, y representa solo la postura y la actuación de Fidel Villanueva, no de todos los magistrados”, sostuvo.

A juicio del magistrado Aguilar Laguardia sería conveniente que tanto desde el Poder Judicial, así como del Legislativo y el Ejecutivo se valoren los requerimientos prioritarios de la sociedad y se disponga del dinero existente para atenderlos.

Es obvio que el Poder Judicial requiere de mayores recursos pero la difícil situación financiera en que se encuentra el estado, obliga a privilegiar la atención social, precisó.

Los magistrados también piden que se aclare y se informe cómo se han invertido los recursos de los presupuestos del Tribunal en los últimos cinco años, sobre todo porque se habla de la realización de infraestructura con millonarias inversiones.

Estas cifras alegres contrastan con el hecho de que permanecen cerrados y sin operar el 90 por ciento de los edificios, principalmente donde se deben instalar los juzgados orales del nuevo sistema de justicia, y no se hace mención de ello en el informe presentado por Villanueva Rivero.

“Nos llegan diversas versiones respecto a que han colapsado algunas estructuras, que no está completo el equipamiento, pero nadie nos informa a los magistrados lo que verdaderamente está; pasando, todo lo maneja a discreción la Judicatura”, lamentó.

Entre los edificios que hacen falta, mencionó a la Escuela Judicial de Chetumal y los juzgados orales de penales de Cancún, que ahorita se han adaptado improvisadamente en el edificio antiguo del Poder Judicial en esta ciudad.

Aguilar Laguardia refirió que las recientes reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial le otorgaron al Consejo de la Judicatura la facultad de proponer, calificar y designar a futuros magistrados, haciendo de nuevo a un lado a los integrantes del Pleno.

Esa facultad se le quitó al gobernador el estado y se reservó al magistrado presidente, quien a través de la aplicación de un examen decidirá quién es apto, o no, para ser magistrado del Poder Judicial del estado.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luis Videgaray dejará este miércoles su cargo como secretario de Hacienda y se desconoce sin ocupará otro espacio en el gobierno federal, informó Proceso.

La titular de Comunicación Social de la dependencia, Claudia Alejandra Algorri Guzmán, confirmó a Radio Fórmula la salida de Videgaray, que será anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto esta mañana.

A la SHCP llegaría el actual secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, quien canceló la visita que tenía programada hoy al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Esta mañana, la Presidencia de la República convocó a los medios de comunicación a las 11:00 horas en el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, desde donde Peña Nieto informará los cambios en su gabinete.

Por Enrique Huerta

Mientras que el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, señaló que hay alrededor de 200 personas que cobran en el Congreso estatal pero que no laboran ahí, la oficial mayor, Melissa Verduzco, dijo que son alrededor de 20 y que son entre comisionados y personas con problemas de salud.

“Es evidente, ustedes lo están atestiguando, que hay gente que cobra en el Congreso y no trabajaba en el Congreso. Esa es la realidad, es improbable, es imposible que el Congreso tenga una nómina de prácticamente 500 trabajadores, cuando no los vemos. Entonces, sabemos que el Congreso es parte de la caja chica del gobierno y, también les aviso que, como el buen juez, por su casa inicia, vamos a iniciar una auditoría a fondo de la administración de la XIV Legislatura para poder transparentar todo eso que ustedes mismos, ha viva luz lo pueden ver, gente que está cobrando aquí y que no trabaja aquí”, comentó al final de la sesión de ayer el legislador panista.

-¿Cómo cuánta gente ha sido detectada así?

-Estamos en esa parte, no voy a aventurar juicios. Como dice “radiopasillo”, se dice que son alrededor de unos 150 o 200, vamos a ver eso.

Martínez Arcila puntualizó que se está analizando dicha situación, ya que hay quienes fueron contratados para laborar en el Congreso, pero que fueron enviados por sus superiores para realizar funciones ajenas.

“Se está analizando para no confundir a gente de buena fe que dice ‘oye, yo trabajaba aquí y te dicen un día que vas a trabajar en casa de tal servidor público y ahí vas a estar y esa es la orden que te damos’, y ahí está alguien que es del Congreso pero que sirve para los mandados, no puede perder el empleo; hay gente que de buena fe fue ordenada que se vaya a trabajar con el funcionario, por eso vamos a verificar, no queremos cometer ninguna injusticia”.

Pidió a aquellas personas que reciben un ingreso del Congreso sin laborar en él, que dejen la plaza, pues impacta finalmente en el presupuesto.

Señaló que no se puede sacar cuentas porque los salarios de estas personas están en un tabulador muy amplio, por lo que los sueldos varían, por lo que tampoco se puede saber a ciencia cierta el impacto de esta situación en las finanzas del Legislativo. Confió en tener más información en los próximos días.

Explicó que la Gran Comisión tiene, entre otras tareas, la cuestión administrativa del Congreso estatal, por lo que los miembros de esta instancia se reunirán en los próximos días para evaluar esta situación, ya con datos y documentos, para tomar una decisión, todo ello con coordinación.

“No queremos afectar al trabajar que haga su trabajo honesto, vamos revisando”, acotó Martínez Arcila.

Por su parte, la oficial mayor del Congreso, Melissa Verduzco, minimizó dicha situación, al señalar que la cifra de casi 200 trabajadores del Legislativo que no laboran en el recinto es mucho, que si acaso llegan a 20, pero que son o comisionados por su sindicato o gente que por razones de salud no pueden estar en dichas instalaciones.

“No, no. Ya platicamos con el presidente (de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila) sobre la lista del personal y es una información incorrecta, igual es un dato demasiado alto”.

-¿Han detectado aviadores?

-No son aviadores, son gente que por cuestiones de salud, por incapacidad, está justificado porque no están laborando. Hay lo que se llaman comisionados, que se integran al CTG o al Sutag, pero es un derecho de los basificados, de acuerdo con los líderes sindicales y que pueden estar prácticamente en su sindicato, atendiendo asuntos de su sindicato.

-¿Entonces hasta el momento la oficialía mayor no ha encontrado aviadores dentro del Legislativo?

-No, más menos no, personas que estaban comisionadas se fueron integrando y, como les comento, sí hay una lista de personas que por cuestiones de salud están fuera y el tema de los sindicalizados.

-¿Cuántos comisionados hay que están contratados por el Congreso pero que no necesariamente laboran en sus instalaciones?

-Como 20 personas, entre enfermos, discapacitados y sindicalizados.

Asimismo, la oficial mayor aprovechó la ocasión para desmentir la versión de que renunció a su cargo, y aclaró que ella no dejará el puesto hasta que se termine el proceso de entrega-recepción correspondiente.

“Bueno, vamos a aclararlo, qué bueno que me preguntan eso. Si revisaron toda la entrevista y el video, nunca comenté que iba a renunciar, la pregunta fue muy clara y general, solicitándome información sobre si habían renunciado los directores, en eso le contesté que yo no tenía la renuncia de nadie, que no estábamos obligados pero deberíamos esperar a la XV Legislatura para que ellos decidieran qué se iba a hacer al respecto, pues no podemos dejar la silla, hablaría muy mal de nosotros si dejamos al vacío todo lo protocolario como es un acto de entrega-recepción, que es una responsabilidad de los funcionarios. En cuanto a si renuncié, pues yo sigo laborando”.

Verduzco dijo que su permanencia en el puesto sólo depende del nuevo presidente de la Gran Comisión del Congreso estatal, Eduardo Martínez Arcila.