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Chihuahua.— El enfermero auxiliar, Jorge Alberto laboraba en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y tenía un poder dentro de la institución: podía vender plazas al personal y hasta órganos para trasplante a los pacientes. Lo que le permitía vivir con lujos gracias a las altas ganancias producto de sus actividades ilegales, solo que cuando no pudo satisfacer a sus “clientes” llegó a la conclusión que tenía que asesinarlos. Las autoridades creen que llevó a cabo no menos de siete homicidios en los últimos meses.
El enfermero trabajaba en el Hospital General Morelos hasta ser detenido, se encargaba de ayudar a trasladar pacientes entre salas y laboratorios, curaciones y llenar formatos. Jorge Alberto ganaba un salario que le alcanzaba para vivir modestamente, y con el cual nunca podría haber comprado 10 autos de lujo y deportivos que conservaba fuera de su casa.
Se sabía por todos que Jorge en el “Seguro” tenía muy buenas conexiones con el sindicato y que por una fuerte cantidad de dinero conseguía “lugares”.
Laura Soto, auxiliar administrativa de una pequeña clínica del IMSS, quería tener un mejor ingreso. Contactó a Jorge después de ver como varios de sus compañeros ascendían muy rápido. Solo dependía del tipo de plaza así era la “tajada” para el sindicato.
Laura pudo juntar 80 mil pesos, lo que le daría “derecho” a tener trabajo en las oficinas centrales. Pero pasaron varias semanas y el ascenso no llegaba, del mismo modo que Laura otros de sus compañeros, también le pagaron a Jorge, se impacientaron. La Fiscalía calcula que recibió unos de 600 mil pesos tan solo ese grupo.
El seis de diciembre Laura recibió la tan esperada llamada, Jorge se comunicó para decirle que todo estaba listo, que se verían al día siguiente cerca de las oficinas de la Delegación para hacer los trámites necesarios para obtener el nuevo puesto.

La mañana del día siete halló la muerte. Desde un vehículo le dispararon a corta distancia.
En otro caso Daniel Gregorio Romero enfermo de diabetes, tenía una calidad de vida empeoraba a diario. Era jubilado de la Conagua y estaba en lista por un trasplante de riñón; sin embargo, ocupaba los últimos lugares.
Agobiados los Romero contactaron con Jorge Alberto y un médico aún no identificado, quienes les prometieron conseguir un riñón rápidamente y trasplantarlo en el mismo IMSS, sin ser derechohabiente.
Habían pactado un pago de medio millón de pesos, pero de la misma manera que con Laura, el enfermero no les cumplió y comenzaron los reclamos. El 30 de junio la familia Romero citó a Jorge en su casa para obtener una respuesta.
No se sabe cómo ocurrieron los hechos con exactitud, pero las autoridades cuentan con un video de seguridad donde se observa un hombre asesinando uno por uno a los cinco integrantes de la familia, y finalmente “perdonó” la vida de un menor de dos años. Extraoficialmente se sabe que ese hombre era Jorge.
Este fin de semana, el Ministerio Público le dio a conocer al juez que lleva el caso que la esposa del enfermero, Lizzeth C. S., ya que participó en los crímenes y en la venta de plazas; pero no se sabe de su paradero.
Las autoridades están en la búsqueda de Juan A., para su detención, quien era encargado de la Bolsa de trabajo en el IMSS, y quien presuntamente era quien “colocaba” a las personas que sobornaban al enfermero.
Por estos hechos, la delegación estatal del IMSS dio a conocer que le fue revocado el contrato laboral de Jorge Alberto, al mismo tiempo se empezó una investigación interna para saber si hay más personal involucrado en la venta de plazas.
Señaló que por el momento no se puede brindar más detalles, pero que se sancionará a todo aquel que haya participado en hechos delictivos o violentado las normas de la institución. El IMSS aseguró que las plazas son ofertadas directamente por el sindicato, de tal forma que es éste el que define los primeros filtros para la contratación de personal.
El cuatro de enero, fue asesinado Jonathan González. El homicidio parecía una venganza del crimen organizado por lo que tenía un clara línea de investigación: se trataba de un ex agente ministerial.
Meses después la historia cambió: antes de ser policía, González laboraba como auxiliar en las oficinas del IMSS, cargo del que solicitó licencia para no perder la plaza y al que planeaba regresar en unos días.
La hipótesis que se tiene es similar a lo ocurrido con Laura. En este caso las investigaciones apuntan a que Jonathan volvería al IMSS, pero había pagado para tener un mejor puesto a su regreso.