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Por: Alejandro Melgoza Rocha
Defensores de los territorios maya y organizaciones sociales de la comunidad se encuentran en una ‘batalla’ internacional en contra del Tren Maya, uno de los megaproyectos estrella del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual pretende atravesar la llamada Península de Yucatán, conformada por los estados mexicanos de Quintana Roo, Campeche y Yucatán.
La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, integrada por 25 comunidades mayas, y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), una asociación civil sin ánimo de lucro que impulsa la gestión sustentable de territorios rurales, comenzaron a trabajar en la estrategia de defensa de los territorios. Los colectivos inicialmente habían solicitado medidas cautelares el pasado 17 de mayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para “proteger el acuífero subterráneo”.
El Gobierno mexicano ha ignorado sus peticiones y denuncias desde hace meses, dando paso a licitar tres tramos del tren -entre el 23 de abril y el 15 de mayo- sin que existan estudios de impacto ambiental y social, lo que implica contravenir y violar lo establecido en la legislación nacional e internacional.
Dicha península es el sistema hídrico más importante de México por concentrar dos terceras partes del agua renovable y poseer un sistema de cenotes único en el país, de acuerdo con el Atlas de Agua en México de la Comisión Nacional del Agua. Estos son una especie de hoyos enormes con agua dulce interconectados subterráneamente y provistos de flora y fauna endémica. Además, la etnia maya los ocupa en sus cultos.
“Las organizaciones esperan que la CIDH ordene las medidas cautelares para que el Estado Mexicano se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto Tren Maya, que estaría poniendo en riesgo el futuro ambiental de la región de la Península de Yucatán y de las comunidades mayas por los daños irreparables ocasionados al territorio, al sistema de cenotes y a los derechos al agua y al medio ambiente sano”, refiere un reciente comunicado de las organizaciones sociales.
Dos de sus voceros, Pedro Uc, portavoz de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, y Sara Cuervo, coordinadora regional en la Península de Yucatán del CCMSS, hablaron con la Agencia Anadolu y coincidieron en que se enfrentan a un “Gobierno muro”, debido a que no responden a las preocupaciones de las comunidades originarias.
“Este proyecto pone en riesgo el agua y pone en riesgo nuestra vida, nuestra salud de todos los mayas que habitamos en esta península, que dependemos de los pozos o cenotes”, explica Uc.
“Hemos trabajado formalmente como Asamblea desde hace poco más de dos años en contra de todos los proyectos desarrollistas y extractivistas que habían comenzado a llegar a la Península y que tienen como objetivo principal el despojo de nuestro territorio maya”, agrega el líder nativo, quien detalla que traducen la información al lenguaje maya para transmitirlo a su comunidad.
Sobre las intenciones del megaproyecto, la activista Cuervo señala: “No es un proyecto de un tren sino uno que plantea todo un nuevo orden para el uso y el control de los territorios y de los bienes naturales”.
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“Un tema que preocupa mucho a las comunidades es si el proyecto del Tren Maya va a traer o reproducir nuevos ‘cancunes’”, asegura Cuervo, quien pone a la ciudad reconocida turística ubicada en el estado de Quintana Roo, la cual está afectada socioambientalmente por megaobras y la violencia desatada por los carteles del narcotráfico.
Ese nuevo orden -explica la defensora- consiste en la “generación de fuerza de trabajo y mano de obra barata que pueda mantener el crecimiento de capitales y proyectos industriales”, pues el 50% de la Península de Yucatán está conformada por ejidos, es decir, propiedad social maya.
Megaproyectos en tiempos de COVID-19
Los ejes de infraestructura de la llamada “Cuarta Transformación” están integrados por el Tren Maya; la Refinería de Dos Bocas, localizada en Tabasco; el Tren Transístmico, ubicado en Oaxaca y Veracruz; y el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, en la antigua base militar de Santa Lucía, Estado de México.
Ninguno de los cuatro proyectos suspendió sus reuniones presenciales, construcciones y otorgamiento de licitaciones, pese a que el país enfrenta los picos más altos por la COVID-19, con un saldo hasta el momento de 10.167 fallecimientos y 93.435 contagios, además que no están resueltos algunos recursos legales interpuestos por opositores a las megaobras.
En el caso del Tren Maya, proyectado con 18 estaciones, los defensores interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual emitió una medida cautelar para que “de manera urgente (el Estado) suspenda las actividades no esenciales relativas al proyecto” para evitar contagios.
“No ha parado, la obra sigue”, comenta Ernesto Martínez, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, en Calakmul, Campeche, estado que forma parte de la Península de Yucatán en el sureste del país, el cual interpuso en enero pasado un amparo por violaciones a la consulta indígena basada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“No han querido parar los trabajos. Hay una voluntad férrea del Gobierno de imponer este megaproyecto pasando por encima de cualquier otro impedimento, incluyendo las instituciones”, explica Uc, quien fue amenazado de muerte en diciembre del 2019.
Los defensores no se equivocan, pese a la contingencia, este lunes 1 de junio el presidente encabezó el inicio de obras del Tramo 4 en Quintana Roo. Por esa razón, un grupo de 244 firmantes compuesto por comunidades indígenas, asociaciones y defensores de derechos humanos, se opuso a ese acto a través de una carta. “Señalamos lo inoportuno de dicha visita en medio del momento más crítico de la pandemia”, afirma la misiva.
En Oaxaca, Juana Villegas, defensora comunitaria de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), pelea contra el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, coloquialmente nombrado Tren Transístmico, localizado en el mismo sureste, que pretende realizarse desde Gobiernos anteriores.
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“Muchas localidades se oponen porque no hay información”, dice en entrevista la integrante de la etnia mixe. “Las comunidades están preocupadas en el sentido de que hay contingencia y quieren arrancar con trabajos. En Salina Cruz (estado de Oaxaca) ya arrancaron, pero te comento que en el mes de marzo se llevaba a cabo un proceso de consulta, ese proceso no se concluyó”, añade Villegas.
Un comunicado de la Unión del 23 de abril denuncia que se promueven los trabajos en las vías férreas “sin respetar las normas mínimas de prevención dictadas en el contexto de la pandemia del COVID-19; el titular convocó algunos presidentes municipales de la región del Istmo a una reunión de trabajo”.
Respecto a la refinería de Dos Bocas, la Secretaría de Energía confirmó el 11 de mayo que se “ha multiplicado el trabajo de la obra”. También enfrentaba un amparo por poner en riesgo el medio ambiente, sin embargo, fue desestimado por un juzgado federal a finales de febrero.
También permanecen activas las obras en el aeropuerto de Santa Lucía, ya que el 18 de mayo se anunció que el avance es de 18.1%. Incluso se continúan pese a que se localizaron recientemente restos óseos de mamuts. La posibilidad de encontrarse con vestigios arqueológicos ya había sido advertida a través de un amparo del colectivo #NoMásDerroches en junio de 2019.
Sumado a las inconformidades de etnias y asociaciones, también han surgido las críticas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que en su conmemoración por el 26 aniversario del levantamiento armado, calificó al presidente López Obrador de un “capataz” que pretende matar a la madre tierra.
El EZLN se ha opuesto a los megaproyectos del sureste a través de comunicados e incluso organizó un foro virtual durante la contingencia por la pandemia.
