La titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Yohanet Torres Muñoz, reconoció que las condiciones económicas por las que atraviesa Quintana Roo, los ha obligado a la contratación de créditos a corto plazo que, sin embargo, no generarán deuda a los subsecuentes gobiernos porque serán pagados antes de que concluya la actual administración.
Adicionalmente, está un crédito por un plazo de 20 años, con uno o varios financiamientos, que el gobernador, Carlos Joaquín, ha solicitado al Congreso para su autorización para contratar una deuda de 820 millones de pesos para ejercer obra pública.
La finalidad es inyectar recursos públicos en proyectos de infraestructura social: la generación de obras con beneficio social en los once municipios y sus comunidades rurales.
Consideró la posibilidad de otorgar subsidios a sectores empresariales afectados por la pandemia
Añadió que hasta el momento no han recibido rechazo de la comisión de Hacienda en la XVI Legislatura, con respecto al contenido del paquete fiscal 2021 y consideró la posibilidad de otorgar algunos subsidios a sectores empresariales más afectados por la pandemia de Covid-19.
La funcionaria se reunió con diputados locales para revisar la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley del Impuesto sobre el Hospedaje que han generado inconformidad entre sectores económicos y aseguró que escucharon a todos para lograr un contenido que responda a las necesidades del Estado.
Habrá ajustes buscando el beneficio de la sociedad
“De seguro habrá ajustes siempre buscando el beneficio de la sociedad, porque no se trata de cobrar nada más porque sí, pero las propuestas son claras y están sustentadas en las condiciones económicas actuales”, afirmó.
Torres Muñoz reiteró que luego de escuchar al sector empresarial, “podemos lograr acuerdos que permitan otorgar subsidios a aquellos que han sido más afectados por la pandemia”, indicó.
También habló sobre la licencia para vender alcohol mediante plataformas y el puente sobre la laguna Nichupté
Sobre la propuesta de una licencia que permita vender bebidas alcohólicas a través de plataformas digitales, cuyo costo oscilará entre los 260 mil pesos, aclaró que es opcional, “pero tratamos de regular la venta a domicilio que en estos momentos está prohibida y que ha generado multas a quienes la realizan”.
En otros temas, agregó que el proyecto de construcción del puente sobre la laguna Nichupté en Cancún no implicará la contratación de deuda para el Estado, ya que se trata de un esquema de asociación pública-privada con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos.
El tiempo de recuperación de la inversión de la propuesta no solicitada es a 30 años aproximadamente.
(Con información de Noticaribe)
