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En un cateo que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado 16 de diciembre, en un casa de la colonia Del Valle en la que presuntamente estaría el exgobernador prófugo, Javier Duarte, se encontraron más de 23 millones de pesos en cajas de cartón.

De acuerdo con información de Grupo Formula, Duarte se encontraría en Guatemala.

Cabe recordar que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte se encuentra prófugo de la justicia desde octubre.

Ayer la PGR entregó al gobierno de Veracruz un cheque por 171 millones 600 mil pesos y otro por 851 mil 80 pesos, como parte de los recursos que se han recuperado derivado del desvío de recursos en que incurrió la administración de Javier Duarte. (La Silla Rota)

Las protestas ciudadanas por el incremento de impuestos orillaron hoy al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, a informar que reducirá 20% su salario, junto con el de los funcionarios de primer nivel; y aplicará 50% de descuento en el pago de la tenencia vehicular, como lo prometió al inicio de su gestión.

Actualmente, el sueldo de El Bronco es de 132 mil pesos, pero a partir de la próxima quincena recibirá sólo 106 mil pesos.

En un pronunciamiento que pareció una disculpa pública, por incumplir a la población con sus compromisos de campaña, el mandatario estatal anunció además que pidió auxilio a la Procuraduría General de la República (PGR) para encarcelar a su antecesor Rodrigo Medina de la Cruz, como ha ocurrido en Veracruz, Chihuahua y Sonora, donde ya hay juicios y órdenes de aprehensión contra los exmandatarios de esas entidades.

Al presentar lo que llamó Plan de Ahorro para el Estado de Nuevo León, en el Palacio de Gobierno y ante todos sus funcionarios de gobierno, alcaldes, empresarios y diputados, El Bronco dijo que habló con cada uno de los miembros del gabinete para hacer recortes y aplicar medidas de astringencia operativa con los que ahorrará en el presente año unos 250 millones de pesos.

Como parte de estas acciones, señaló que eliminó el bono de servidor público, que alcanzaba hasta los 20 mil pesos, para terminar con los privilegios de los trabajadores estatales y conseguir que, paulatinamente, reciban los mismos incentivos que el resto de los ciudadanos.

En el mismo sentido, anunció que reducirá 50% los aguinaldos de los burócratas, únicamente de primer nivel, y estableció que, a partir de ahora, ningún trabajador podrá percibir más que el gobernador, como hoy ocurre con algunos que tenían compensaciones extras que superaban, en conjunto, el estipendio del Ejecutivo.

El recorte del salario será aplicado al gobernador, secretarios, subsecretarios y directores, mientras que la percepción del resto de los empleados será sometida, en cada puesto, a la revisión del Consejo Consultivo de Remuneraciones, detalló.

Rodríguez Calderón añadió que este año no habrá incrementos para ningún servidor público, con excepción de los trabajadores del área de seguridad y del magisterio.

Asimismo, explicó que para ahorrar combustible, la totalidad del parque vehicular de la administración estatal será modificada para emplear gas natural, en lugar de la gasolina.

También anunció que pedirá a la Tesorería estatal exentar del Impuesto Sobre la Nómina a empresas ubicadas en zonas donde hubo un mayor incremento en el precio de la gasolina.  Además, decretó la eliminación del cobro a los ciudadanos por la expedición de la carta de no antecedentes penales.

Tenencia, del 20% al 50%

Al explicar la reducción del impuesto de la tenencia vehicular, el gobernador dijo que instruyó a la Tesorería para que a partir del lunes 17 se cobre a personas físicas en 50% en referencia a la tarifa estipulada en el 2015, como lo inicialmente acordado.

En diciembre pasado, El Bronco incumplió su promesa al determinar que en el paquete Fiscal 2017 se cobrara con una reducción de solo 20%.

Esa medida, aunada al rechazo al gasolinazo, contribuyó a la manifestación de unas 20 mil personas en Palacio de Gobierno el pasado jueves 5. La jornada terminó en vandalismo contra el inmueble y saqueos a decenas de establecimientos en la zona metropolitana.

De acuerdo con la nueva medida, quienes ya pagaron la tenencia sin el descuento, podrán reclamar la rebaja que se aplicará a partir de ahora, dijo el mandatario.

Además, reiteró que no autorizará incrementos a las tarifas del transporte público, luego del alza del precio de los combustibles, aunque afirmó que buscará la manera de compensar a los empresarios por el sacrificio que hacen en beneficio de la ciudadanía.

Sin mencionarlo por su nombre, pero en obvia referencia al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz –quien es sometido a juicio por ejercicio indebido de funciones–, Jaime Rodríguez pidió apoyo a la PGR, como el que se ha dado en otros estados, para detenerlo y encarcelarlo.

Dijo específicamente: “Ya hemos pedido a la PGR que facilite a Nuevo León los mismos apoyos y facilidades que se han estado aplicando en Veracruz, Chihuahua y Sonora. Don Fernando (Elizondo, coordinador del gabinete) acaba de regresar de allá y hemos tenido la respuesta del procurador general de la República en ese sentido. Estaremos instalando una mesa que permita que avancemos”.

También dijo que ya creó un comité estatal con respaldo jurídico encargado, específicamente, de la recuperación de bienes y recursos desviados del patrimonio público, para engrosar las arcas de la entidad.

Al finalizar el evento, El Bronco se retiró a su oficina sin atender a los medios.

Diputados renuncian a gasolina y celulares

Dos horas antes del anuncio de El Bronco, los diputados locales de Nuevo León anunciaron una serie de medidas de austeridad que incluye la renuncia a los vales de gasolina, a la renta de teléfonos celulares y la negativa a adquirir coches nuevos pese a que, dijeron, son el poder del Estado con parque vehicular más antiguo en la entidad.

Tampoco habrá contratación de más personal ni incremento en sus salarios, según informaron.

Arturo Salinas Garza, coordinador de la bancada del PAN, dijo que con estas medidas motivarán a que los diputados “hagan más con menos”.

Y explicó: “Con este plan los diputados tendrán que pagar de su bolsa, como todas las familias de Nuevo León y los ciudadanos de Nuevo León su gasolina. Tendrán que pagar de su bolsa sus teléfonos celulares. Tendrán que pagar de su bolsa muchas medidas adicionales, como pudiera ser el uso de un estacionamiento o el uso de un carro, porque se pensaba hacer algunas renovaciones y ya no va haber renovaciones de flotillas”.

Las medidas le redituarán al erario un ahorro de 20.5 millones de pesos, equivalentes a 6% del presupuesto del Congreso Local en el 2017.

El anuncio de los legisladores fue hecho horas antes de que el gobernador Rodríguez Calderón presentara su propio plan de austeridad.

Para bajar tenencia El Bronco debe pedir autorización al Congreso: diputado

Aunque alegremente anunció este martes que reduciría el impuesto de tenencia vehicular en 50%, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, debe pedir al Congreso local que modifique el Paquete Fiscal 2017 ya aprobado, trámite que sería inédito en la historia de la entidad, afirmó el legislador del PRI, Eugenio Montiel Amoroso.

Expuso que la alteración del presupuesto implica un embrollo legal que debe ser consultado con los ciudadanos, pues el documento aprobado por el pleno ya es ley y no sería sencillo revertirla.

“Claro que debe pasar por el Congreso. Lo que el gobernador puede hacer es dar descuentos en recargos y en multas. El impuesto ya está plasmado en la Ley de Hacienda para el Estado, y es la reducción para que se cobre el 80% de la tenencia este año”.

“Entonces, tenemos que hacer una modificación a la propia ley para dejar sin efecto ésta y poner la que estaba en el 2016. Pero estuve investigando y nunca se han modificado leyes fiscales posteriores a su entrada en vigor. Tendríamos que analizarlo desde un punto de vista legal para que esto sea viable y no tengamos problemas”, estimó.

Sin embargo, el priista señaló que, en caso de presentarse una irregularidad legal, es poco probable que algún ciudadano promoviera un juicio de amparo contra la medida, pues a todos les va a beneficiar.

El procedimiento para las adecuaciones al presupuesto puede ser tardado, aunque lo que ha hecho hasta ahora el gobierno estatal es cobrar la tenencia en 80% y, cuando cambie la ley, reembolsará a los ciudadanos la parte que se excedió.

El también vocal de la comisión tercera de Hacienda municipal, Montiel Amoroso se dijo desconcertado por las decisiones del mandatario, pues en campaña se comprometió a desaparecer el polémico impuesto, luego se desdijo y al final terminó cumpliendo con su palabra de rebajarlo a la mitad.

“Me da la sensación de que algo cambió en el panorama, porque hace tres semanas que estuvo en el Congreso, Jaime nos planteó un escenario eminentemente indispensable de contar con el recurso de la tenencia, porque si no lo tenía se pondría en riesgo la seguridad de Nuevo León. Es una declaración que está grabada”, dijo.

Por eso, agregó, “la nueva decisión nos lleva a dos premisas: o el gobernador nos mintió a los diputados o a él le mintieron los funcionarios. Pero en cualquiera de los dos casos, ya es asunto pasado. Qué bueno que se reculó y se le da respuesta a los ciudadanos. Pero ahora lo que tenemos que exigir es que cumpla, sin excusas, en materia de seguridad para Nuevo León”, agregó en entrevista posterior al anuncio del mandatario.

El legislador del PRI consideró que los cambios de decisión en el tema de los impuestos le restan autoridad a Rodríguez Calderón, quien ha titubeado de manera evidente frente a la población.

“Es muy lamentable los cambios de opinión de un momento a otro, aunque tratando de entender su decisión hay que ver que ni en su escenario ni en el de los legisladores estaba el gasolinazo. Pero es de criticar que exista un Jaime en campaña, otro de gobernador, y otro Jaime después del primer año. Nos da a entender que no hay rumbo claro y definido”, criticó. (Proceso)

Pedro Joaquín Coldwell, el secretario de Energía en el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, han acaparado la venta de gasolinas y diésel en la isla de Cozumel desde 1994 y junto con sus hijos y una hermana cuentan con un grupo de gasolineras en la Riviera Maya, dos de las cuales recientemente fueron clausuradas por vender litros incompletos y alterar las bombas.

En Cozumel –una isla del caribe mexicano- hay sólo cinco expendios de gasolina y diésel para abastecer a 35 mil motocicletas y 20 mil autos, camiones y camionetas. En cuatro de ellas el nombre del actual Secretario de Energía aparece como uno de los accionistas.

Joaquín Coldwell junto con sus hijos Nassim y Óscar son los dueños de las gasolineras Caleta, San Miguel, Servicio Cozumel y Servicios Juárez. Pero su negocio más importante ha sido la Planta de Combustible Cozumel, SA de CV, una terminal de Pemex con capacidad de almacenar 750 mil litros de gasolina magna, 300 mil de Premium, 300 mil de diésel y 500 mil de hidrocarburos para embarcaciones, según consta en el registro público de la propiedad de Quintana Roo.

Planta de Combustible Cozumel, SA de CV, terminal de Pemex que administra Coldwell

Esa terminal ha surtido a todas las gasolineras de la isla, pero además abastece a las embarcaciones comerciales y turísticas con diésel marino. El negocio es redituable. Cozumel, junto con Ensenada –Baja California- y Mahahual –otra playa de la Riviera Maya- han sido los puntos que reciben mayor número de cruceros en todo el país; alrededor de 529 al año, con una afluencia de 4 millones personas de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo.

Por ejemplo, en el 2015, el entonces alcalde de Cozumel Fredy Marrufo presumió que ese año fue redondo en materia de turismo, como nunca antes, no sólo por el número de cruceros, sino también por los visitantes generados en el marco de convenciones y actividades deportivas como el Mundial de Clavados de Altura así como el Mundial de Natación en Aguas Abiertas.

Manipulan bombas

Ahí, en esa isla, una gasolinera propiedad del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, fue castigada por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) de surtir litros incompletos en todas sus bombas expendedoras.

En una revisión realizada el 15 de abril de 2016, la PROFECO descubrió manipulación en todas las bombas de la gasolinera denominada Combustibles Caleta SA de CV, de la que el funcionario federal es accionista junto con sus hijos.

En esa estación de servicio, ubicada en la zona hotelera de Cozumel, Quintana Roo, fueron inmovilizadas con sellos de clausura las 16 bombas expendedoras de gasolina, según los reportes oficiales consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

No hay manera de saber desde cuándo se vendían litros de gasolina o diésel incompletos. Lo que sí está confirmado, por medio de registros públicos, fue que la franquicia de Coldwell y sus hijos fue sorprendida en esa práctica ilegal cinco meses antes de que la secretaría de Hacienda propusiera al Congreso de la Unión adelantar al 1 de enero de 2017 la liberalización de los precios de las gasolinas, en vez de 2018 como estaba previsto.

Pedro Joaquín Coldwell es la cabeza del sector energético en México. Como secretario de Energía en el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha tenido acceso a información privilegiada del negocio de los hidrocarburos.

Otra gasolinera, denominada Combustibles y Servicios Quintana Roo SA de CV, propiedad de una hermana del Secretario de Energía, también fue sorprendida vendiendo litros incompletos, en dos revisiones que hizo la PROFECO en mayo de 2015 y marzo de 2016.

En este segundo expendio, ubicado en la carretera Cancún-Playa del Carmen –en la Riviera Maya- la PROFECO inmovilizó seis bombas expendedoras. A diferencia de la primera en Cozumel, el secretario de Energía no es accionista.

En entrevista con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Pedro Joaquín Coldwell aseguró que no tiene injerencia en la administración de las cuatro gasolineras y una planta de distribución de combustibles en las que es socio en Cozumel, por lo que dijo desconocer las irregularidades detectadas por la PROFECO en una de las estaciones.

Negó haber intervenido para que la Comisión Reguladora de Energía agilizara la renovación de permisos a sus gasolineras, y por cualquier duda que pudiera surgir sobre su participación en el negocio de los hidrocarburos, anticipó que iniciará un procedimiento para transferir todas sus acciones a un fideicomiso.

La tarde del lunes 9 dijo en entrevista telefónica que no tenía información sobre la sanción de PROFECO. Horas después, informó que de acuerdo con sus abogados la multa fue indebida porque la autoridad les pedía contar con un aparato en las bombas que sólo correspondía a los modelos posteriores al año 2011. Según él, la sanción está en proceso de revisión.

El titular de la PROFECO, Ernesto Nemer, reconoció que la sanción fue impugnada por la familia Coldwell.

Reabren, aunque ameritaría cárcel

La Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de combustibles, establece sanciones de entre 2 y 15 días de clausura así como multas de 50 mil a 460 mil pesos –entre 2 mil y 21 mil dólares según el tipo de cambio actual- por cada bomba detectada con anomalías.

Para la PROFECO una vez cubierta la sanción, la gasolinera puede reabrir. No hay revisiones posteriores dados los antecedentes. Esto fue lo que ocurrió con los dos establecimientos de los hermanos Joaquín Coldwell. Actualmente, despachan con normalidad. En Cozumel, la isla acaparada por el secretario de Energía, hay alrededor de 86 mil 45 habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

No obstante, el marco legal de la PROFECO no es el único que ha regulado estas actividades. El 12 enero del 2016, se lanzó una nueva ley federal de delitos cometidos con hidrocarburos, en cual se endurecieron los castigos a quienes vendan litros incompletos. En su artículo 16 se incluyó un castigo de 3 a 6 años de cárcel y multa de 3 mil a 6 mil días de salario mínimo (de 240 mil a 480 mil pesos), a quienes suministren gasolinas o diésel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5% a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición.

Además, el artículo 17 de la citada Ley Federal establece una pena de 10 a 18 años de prisión así como multa de 10 mil a 18 mil días de salario mínimo (800 mil a un millón 440 mil pesos) “a quien altere los sistemas de medición (de hidrocarburos) en posesión o al servicio de los asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, con conocimiento que producirá un daño o afectación a la normal operación de los mismos”.

En el caso de la gasolinera de Pedro Joaquín Coldwell, la PROFECO determinó que las 16 bombas fueron alteradas electrónicamente.

“La bomba ha sido manipulada y cuenta con componentes ajenos a los aprobados”, estableció la PROFECO como causal de la clausura.

“El sistema de despacho de combustible o dispensario, no debe contar con elementos o dispositivos ajenos a los aprobados, respetándose el diseño original del fabricante que haya sido sometido a valoración y dictamen en un laboratorio autorizado (CENAM) y aprobado por la autoridad correspondiente”, añadió el reporte.

La multa que debió cubrir Pedro Joaquín Coldwell fue de entre 50 mil y 460 mil pesos por cada bomba, es decir, de 800 mil hasta 7 millones de pesos por las 16 bombas inmovilizadas ( unos 325 mil dólares).

En su reporte de anomalías, la PROFECO no precisó el monto que pagó la gasolinera del funcionario federal cuyo sueldo libre de impuestos es de 141 mil pesos. Si por ejemplo él usara sólo sus ingresos en el Gobierno para pagar la multa, le hubiera representado cuando menos 5.6 veces su salario mensual y casi 50 veces más en el tope máximo.

Combustibles Caleta SA de CV –el nombre de la gasolinera sancionada- fue creada el 19 de noviembre de 2001, con un capital de 100 mil pesos, de los cuales el 20% correspondían a Pedro Joaquín Coldwell, el 40% a sus dos hijos y el resto a su papá y a un sobrino.

Gasolinera Caleta, establecimiento sancionado, propiedad de Joaquín Coldweel y familia

En diciembre de 2004 incrementó su capital fijo a 3 millones de pesos, y dos años después se aumentó a 9 millones.

En agosto del año pasado, los socios aprobaron eliminar la figura de administrador general de la empresa, por un consejo que preside Nassim Joaquín Delbouis, hijo del Secretario de Energía.

La gasolinera, ubicada en el kilómetro 4.2 de la Costera Sur de Cozumel, tiene actualmente funcionando sólo 12 de sus 16 mangueras, por falta de personal.

Las irregularidades de esta franquicia fueron castigadas por la PROFECO en abril del año 2016, es decir, cuatro meses después de que se pusieran en vigor las sanciones más duras, ya previstas en la nueva ley federal de delitos cometidos con hidrocarburos. No obstante, no hay información pública disponible sobre por qué no se le aplicó al actual secretario de Energía.

Monopolio en Cozumel

En Cozumel hay cinco expendios de combustible, para abastecer a 35 mil motocicletas y 20 mil autos, camiones y camionetas.
El Secretario de Energía acapara la distribución de combustible en la isla, pues junto con sus hijos Nassim y Óscar es dueño de las gasolineras Caleta, San Miguel, Servicio Cozumel y Servicios Juárez.

Gasolinera Servicio Juárez, también propiedad del Secretario de Energía

Además, en consultas realizadas en el Registro Público del Comercio de Quintana Roo se constató que Pedro Joaquín Coldwell es dueño de la empresa Planta de Combustible Cozumel, SA de CV, una terminal de hidrocarburos de PEMEX con capacidad de almacenar un millón 850 mil litros de gasolina y diésel.

Esa terminal surte a todas las gasolineras de Cozumel, pero además abastece de diésel a las embarcaciones comerciales y turísticas que llegan a la isla.

Planta de Combustible Cozumel SA de CV fue creada por Pedro Joaquín Coldwell el 1 de febrero de 1994, justo mes y medio después de haber dejado la Secretaría de Turismo, cargo que desempeñó del 5 de enero de 1990 al 14 de diciembre de 1993, durante la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari.

Gasolinera Cozumel

La distribuidora de PEMEX en Cozumel, que actualmente administran los hijos del Secretario de Energía, tenía originalmente sus instalaciones entre los muelles de cruceros y Punta Langosta, considerada la zona de mayor afluencia turística. Hace diez años se reubicó la planta a sus actuales instalaciones, en la Ciudad Industrial de Cozumel, junto a la cárcel de la isla.

En una asamblea realizada en febrero de 2007, se amplió el capital fijo de la planta a 15 millones de pesos y Pedro Joaquín Coldwell conservó el 40% de las acciones.

El Secretario de Energía también era dueño de otra distribuidora en Cozumel, de nombre Combustibles Tatich SA de CV, pero en una asamblea extraordinaria realizada en agosto de 2015, el funcionario federal donó sus acciones a sus hijos.

‘Son dueños de todo el negocio’

Los taxistas de Cozumel no mostraron sorpresa cuando se les preguntó si sabían quién manejaba las gasolineras de Cozumel.

“Los Coldwell son dueños de todo el negocio. Yo me mudé a Cozumel hace 40 años y ya tenían una gasolinera. Ahora ya tienen hasta una planta que les suministra la gasolina. No le pierden”, dijo un taxista que prefirió no dar su nombre.

La razón por la que aceptan hablar tras el anonimato es simple para ellos: “Este señor tiene a toda su familia aquí. Si uno habla en su contra, al rato ya no nos surten gasolina. Pasan el nombre y el número de unidad y ya no nos cargan de gas y pues como son los dueños de todas, pues en ninguna nos van a querer vender”, mencionó uno de ellos.

La única gasolinera de la isla que no figura a nombre de la familia Joaquín Coldwell es la estación 11504, cuya razón social es Inmobiliaria Ostuni SA de CV, establecida en 2011. En una consulta en el Registro Público aparecen como únicos dueños Juan Manuel Albino Carrillo, con 49 mil 999 acciones y Miriam Nohemí Vela López con una acción.

El aparente dueño mayoritario de la gasolinera es un contador público egresado de la Universidad de Guanajuato, que trabaja en Querétaro para un despacho contable.

Litros incompletos

En la gasolinera Combustibles y Servicios Quintana Roo SA de CV, en la que es accionista y administradora única Addy Cecilia Joaquín Coldwell, los inspectores de la PROFECO inmovilizaron seis bombas expendedoras, en dos verificaciones que realizaron en 2015 y 2016.

En una primera visita, realizada el 9 de mayo de 2015, los inspectores de PROFECO verificaron 18 bombas e inmovilizaron cinco con sellos de clausura, al haber detectado distintas irregularidades.

En una bomba la anomalía detectada se denomina “Error máximo tolerado”, que consiste en que el consumidor recibe menos combustible del que aparece en el sistema de despacho.

De acuerdo con lo establecido por la norma oficial, la tolerancia de diferencia para 20 litros despachados, debe ser de máximo 100 mililitros.

Es decir, la PROFECO tolera sin sanción que las gasolineras expendan hasta 0.5% menos combustible. Un porcentaje mayor amerita la clausura y multas, como ocurrió en 2015 con una bomba en la gasolinera de la hermana del Secretario de Energía, ubicada en la carretera a Playa del Carmen, en Cancún.

En otras cuatro bombas de la misma gasolinera, la irregularidad detectada por PROFECO se llama “Error de repetibilidad”, y consiste en la dispersión de las mediciones obtenidas al realizar 3 despachos de combustible.

El margen de dispersión entre los resultados obtenidos en un despacho de 20 litros -según la norma- no debe ser mayor de 60 mililitros (equivalente al 0.3%).

Además, una bomba tenía falla doble, pues también fue reportada con “deficiencias evidentes”, no apta para su uso por presentar desperfectos, piezas sueltas u otras fallas.

En una segunda revisión realizada el 7 de marzo de 2016, la PROFECO volvió a clausurar una bomba en la gasolinera de la hermana del Secretario de Energía, por volver a presentar “error de repetibilidad”.

Addy Cecilia Joaquín Coldwell fue legisladora en forma consecutiva de 1997 al año 2009.

De 1997 al año 2000 fue diputada federal por el PRI; luego, del 2000 al 2006 fue senadora por el mismo partido.

En el año 2005 se separó del PRI y se lanzó como candidata a gobernadora de Quintana Roo por la Coalición Todos Somos Quintana Roo (PAN-Convergencia), contienda en la que quedó en tercer lugar con el 22% de los votos.

En 2006 fue designada diputada federal plurinominal por el PAN, cargo que desempeñó hasta 2009.

También la familia del Presidente

Entre las gasolineras que el año pasado fueron sancionadas por vender litros incompletos están tres que pertenecen a la familia del presidente Enrique Peña Nieto.

Se trata de las estaciones de servicio 4983, 8246 y 11253, ubicadas en Atlacomulco, las cuales son operadas por las empresas Inmobiliaria Hemajo y Servicios Ata SA de CV.

Los accionistas de ambas empresas son Mayolo del Mazo Alcántara y Mayolo Rodrigo del Mazo del Mazo, tío y primo en segundo grado respectivamente del Presidente de México.

El 18 de mayo de 2016, los inspectores de la PROFECO inmovilizaron con sellos dos bombas en la estación 11253, ubicada en la carretera Atlacomulco-El Oro, kilómetro 8.

Familiares del presidente están en el negocio

Las causales de la clausura fueron que se detectó “Error máximo tolerado” en una bomba y “Error de repetibilidad” en otra. Las dos irregularidades significan que vendían litros incompletos.

El mismo error fue detectado dos meses después, también en dos bombas, en otra visita de inspección realizada a la estación 8246, ubicada en libramiento Jorge Jiménez 1098, en Atlacomulco.

Esta misma estación ya había sido sancionada en diciembre de 2014, cuando PROFECO detectó irregularidades en tres bombas, que ameritaron la clausura parcial.

La estación 4983 –también propiedad de la familia paterna del Presidente- ubicada en el bulevar Isidro Fabela Sur 600, fue sancionada porque en una visita realizada en mayo del año pasado, se detectó una bomba con errores o dispersión en el despacho de combustible.

El titular de PROFECO se auto-revisa

Ernesto Nemer Álvarez es el funcionario federal responsable de verificar que las gasolineras del País vendan litros completos, aunque su familia está metida en el negocio.

Los hijos del titular de la PROFECO son accionistas de la estación de servicio 8640, que tiene la razón social ECV, SA de CV, ubicada en la vialidad Toluca-Naucalpan 732, en la colonia San Mateo Otzacatipan, en la capital del Estado de México.

Nemer fue nombrado Procurador Federal del Consumidor el 1 de marzo de 2016, y desde entonces los empleados a su cargo han acudido a realizar dos visitas de inspección a la gasolinera que él mismo fundó con sus hijos y su esposa.

El 20 de mayo de 2016 – a los dos meses de haber asumido la titularidad de PROFECO- se realizó la primera verificación a 16 máquinas expendedoras de combustible. Hubo cero bombas inmovilizadas o sancionadas porque no se encontraron irregularidades.

Sus inspectores de PROFECO volvieron a verificar la gasolinera el 15 de noviembre de 2016, y de nuevo ninguna manguera fue inmovilizada.

La gasolinera la creó en 2006 en sociedad con Carolina Monroy del Mazo, diputada federal, secretaria general del PRI y prima del Presidente Enrique Peña Nieto, constató Mexicanos contra la Corrupción en consultas realizadas en el Registro Público.

Su gasolinera ECV lleva la primera letra de sus hijos Ernesto, Carolina y Verónica, quienes también son socios minoritarios de la empresa.

El director de PROFECO reconoció haber sido dueño de la gasolinera, la que fundó en el año 2006 con el 75% del capital.

Ernesto Nemer, titular de Profeco, aseguró que en enero de 2016 cedió sus acciones a su entonces esposa Carolina Monroy -secretaria general del PRI-, aunque según un documento que presentó, esa operación la formalizó ante el notario Jorge Valdés Ramírez hasta el 1 de marzo, el mismo día que fue nombrado titular de la PROFECO por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Ese trámite no aparece en los movimientos reportados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México al sistema del Registro Público de Comercio.

La diputada Carolina Monroy y los hijos de Nemer son los actuales dueños de la gasolinera ECV.

Permisos exprés a funcionarios

Con la reforma energética, todas las gasolineras del país debieron tramitar un nuevo permiso ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que es ahora la autoridad competente para la comercialización de hidrocarburos.

Las gasolineras del Secretario de Energía presentaron su solicitud de permiso el 9 y 10 de septiembre de 2015, y el pleno de la CRE se los otorgó el 1 de octubre del mismo año, es decir, en menos de un mes. Ese documento es indispensable para vender combustible, en el nuevo entorno de abierta competencia.

Pero todavía más rápido fue el trámite a favor de la gasolinera del Procurador Federal del Consumidor, Ernesto Nemer Álvarez, pues su solicitud la presentó ya casi en el límite del plazo el 30 de noviembre de 2015, y el permiso definitivo se lo otorgó la CRE a los tres días.

En contraste, hubo empresarios que tuvieron que esperar hasta tres meses para obtener el permiso.

Por ejemplo, según las bases de datos de la CRE, el Grupo Gasolinero Romcal de Coahuila, Grupo Octano en Nayarit, Grupo Empresarial Cachanilla de Baja California y Multiservicios La Pilarica en Sinaloa, iniciaron el trámite en mayo de 2015 y el permiso a sus gasolineras se les otorgó hasta agosto.

El pasado sábado 7 de enero, el secretario de Energía dijo a los mexicanos que nos debemos “acostumbrar” a que no haya un precio único en las gasolinas, sino muchos precios regionales y que éstos serán oscilantes.

Ese mismo día, Joaquín Coldwell dijo lo siguiente ante ola de protestas por la liberación de los precios en esos combustibles: “Hay un clima preelectoral muy fuerte en el país y sí se nota que hay interés político de todos en sacar partido de esta situación que estamos pasando”. Él y su familia han aprovechado que los permisos de venta de combustible puedan refrendarse a servidores públicos, incluso cuando trabajen para el sector energético. (Aristegui Noticias)

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) identificó a Andrés Manuel López Obrador, líder nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a un senador, diputados del PAN y del PT, y un alcalde independiente, como los principales promotores de la protesta ciudadana en contra del gasolinazo.

En un análisis criminológico realizado por la División Científica de la Policía Federal, a partir de los sucesos del 1 de enero en contra del alza en el precio de las gasolinas, se señala a Mario Delgado Carrillo, senador por Morena; a Gerardo Fernández Noroña; Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, diputada en Chihuahua por el PAN; Óscar González Yáñez, diputado en el Estado de México por el PT, y Alfredo Lozoya Santillán, alcalde de Parral, Chihuahua, como los promotores de las marchas y bloqueos a las vías de comunicación.

El documento menciona que con base en el resultado del análisis de la información se registraron “237 eventos de alto impacto y reconocimiento social” en los que hubo bloqueos, manifestaciones, tomas de gasolineras, retención de unidades de Pemex, robo de combustible y saqueos de comercios. En consecuencia, hubo afectaciones en 25 entidades, entre ellas, el Estado de México, con casi 60 eventos que impactaron en las actividades de la población en general.

En Chihuahua, de donde es la diputada panista Blanca Amelia Gámez y el munícipe de Parral, Alfredo Lozoya Santillán, se registraron 25 eventos en los primeros días de enero. Le sigue Sonora, con 20 acciones de alto impacto, Michoacán, la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Morelos y Chiapas, entre 10 y 18 acontecimientos; entre nueve y una protesta durante la semana de movilizaciones se encuentran los estados de Baja California, Jalisco, Guerrero, Colima, Durango, Sinaloa, Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Zacatecas, Baja California Sur, Coahuila, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala.

La División Científica de la Policía Federal logró ubicar el número de redes sociales que utilizó Andrés Manuel López Obrador para promover las actividades en contra del gasolinazo. El documento al que tuvo acceso EL UNIVERSAL y validado ante las autoridades registra que López Obrador utilizó cinco cuentas en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y su página oficial; Fernández Noroña utilizó 4 cuentas: Facebook, Twitter, Periscope y YouTube. Le sigue el senador Mario Delgado, quien alentó actividades en contra del aumento al precio de las gasolinas en Facebook, Twitter y YouTube; el diputado por el PT, González Yáñez, utilizó Facebook, Twitter y YouTube; Lozoya Santillán, lo hizo mediante Facebook y Twitter; y la diputada panista Gámez Gutiérrez en su cuenta de Facebook.

En el análisis que realiza la Policía Federal, se concluye que son al menos siete estados los que presentan un “alto nivel de riesgo para la comisión de nuevas conductas antisociales y delictivas”. Se trata del Estado de México, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo.

En particular, “el Estado de México se encuentra posicionado en un alto nivel de vulnerabilidad crimino­delictivo como victimológica, puesto que el desarrollo de conductas por parte de sus habitantes ha puesto en riesgo la integridad física como material de terceras personas, así como de instituciones y dependencias de gobierno”, plantea el análisis bajo los logotipos de la Secretaría de Gobernación [Segob], la Comisión Nacional de Seguridad [CNS] y la Policía Federal [PF].

“En el desarrollo de los eventos se han presentado algunas conductas antisociales y delictivas dentro de los diversos estados, generando un grado de peligrosidad y de vulnerabilidad latente para la población, en entendido de lo anterior, concentrándose principalmente en la zona centro, en la Ciudad de México y el Estado de México”.

Se señala a las zonas conurbadas donde existe mayor probabilidad para la comisión de nuevos delitos por los sucesos desarrollados hasta ahora. También se considera que los llamados a cometer actos vandálicos o toma de vías de comunicación difundidos en las redes sociales incitaron “a la población al desarrollo de saqueos y marchas dentro en los diferentes estados, lo que es considerado como un factor desencadenante para el desarrollo de nuevas conductas delictivas y antisociales”.

Agrega que desde el punto de vista criminológico se comenzaron a imitar los hechos ocurridos en algunos estados, lo que puede generar un alto nivel de vulnerabilidad para la comisión de conductas antisociales en contra de cualquier integrante de la sociedad. Explica que de acuerdo con el descontento por el incremento al precio de la gasolina, a partir del 1 de enero “se han desarrollado diversos actos en las diferentes entidades federativas, en las que se han manifestado conductas antisociales y delictivas”, insiste.

Enfatiza que a partir de lo ocurrido, ese “comportamiento a comenzado a ser imitado en otros estados, por lo que el aumento de las conductas desviadas pueden presentar un mayor aumento en las distintas entidades, generando un alto nivel de vulnerabilidad para la comisión de conductas antisociales” por parte de los mismos (sic).

Hasta ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió 79 carpetas de investigación en 18 estados por delitos federales como toma de las vías de comunicación, pipas e intento de toma de instalaciones de Pemex. Las carpetas iniciadas son por hechos ocurridos a partir del 31 de diciembre de 2016 y hasta el 5 de enero del año en curso y fueron en Hidalgo, con 13 carpetas; le sigue Querétaro con 11; Chihuahua y Estado de México, 7, respectivamente; Morelos y Sonora, 6; Baja California y Sinaloa, 5; Colima, Guanajuato y Puebla, 3; Chiapas, Durango y Veracruz, 2; y con sólo uno Coahuila, Ciudad de México, Michoacán y Tlaxcala. La Policía Cibernética Federal coadyuva con las autoridades de la Ciudad de México —una de las entidades incluida dentro de las consideradas de alto nivel de riesgo.

El corte más reciente que dio a conocer la Secretaría de Gobernación (Segob) indica que van más de mil 500 detenidos, de los que 55% ocurrieron en el Estado de México (655) y la Ciudad de México (178). En el Estado de México se iniciaron 115 carpetas de investigación por robo con violencia y ataques a las vías de comunicación; 410 de los detenidos fueron ingresados a reclusorios, mientras que en la Ciudad de México fueron 42. (El Universal)

El combate al rezago social con apoyo del DIF Quintana Roo, es la principal tarea que tienen Gladys Tun Pech y Claudia Elena Torres Gómez, presidentas de los Voluntariados municipales de Cozumel y Solidaridad, a quienes les fue tomada la protesta por parte de la señora Gabriela Rejón de Joaquín, presidenta del DIF Quintana Roo;

En ambos municipios las presidentas de los Voluntariados municipales, dieron a conocer que el servicio a la comunidad es determinante para atender las necesidades de la población, con el fin de crear oportunidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida.

La señora Gabriela Rejón de Joaquín dialogó con Gladys Tun Pech, presidenta del Voluntariado de Cozumel, para conocer a detalle los trabajos que realizan a diario en atención a los grupos vulnerables, donde en todo momento cuentan con el apoyo del DIF Quintana Roo.

Entre tanto, Claudia Torres Gómez, presidenta del Voluntariado de Solidaridad, agradeció la permanente comunicación y respaldo que se tiene tanto del DIF Quintana Roo al igual que del Gobierno del Estado,

En Cozumel, Gladys Tun Pech fue acompañada por la presidenta municipal, Perla Tun Pech, Humberto Castillo May, premiado tres veces a nivel estatal del concurso de Canto del Adulto Mayor; Karina de Jesús Cimé Chan, difusora municipal y Manuel Kavil Aguilar promotor del combate al trabajo infantil..

Acompañaron en la toma de protesta las titulares de los DIF municipales Faustina
Canul de Torres, de Othón P. Blanco; Elvia Barba Gutiérrez, de Benito Juárez, Alegría Navarrete Badillo, de Lázaro Cárdenas; María Guillermina Miranda, de Tulum; Paola Orrico de Carrillo, de Isla Mujeres; Pamela Perera Maldonado, de Felipe Carrillo Puerto; Minerva Peraza Hernández, de José María Morelos y Adalia Cetina Iturralde, de Puerto Morelos. (Vocero DIF QRoo)

Inicio de construcción de candidatura independiente de izquierda a la presidencia de la República de Gerardo Fernández Noroña.

A todos los que simpatizan con mi candidatura independiente de izquierda a la presidencia la República, los invito, las invito a la reunión nacional de trabajo que se llevará a cabo el domingo 15 de enero de 9:30 de la mañana a dos de la tarde, en el “Gran Hotel de la Ciudad de México”. El hotel está ubicado en pleno corazón de la ciudad, en el Zócalo capitalino.
Será una reunión donde platicaremos sobre la conformación de comités de apoyo, la recabación de firmas, presentaremos la página oficial y una propuesta de recorridos por el país durante los primeros meses de 2017.
También comentaremos sobre nuestra propuesta programática y las razones y fortalezas de la construcción de esta candidatura independiente de izquierda..
Mucho agradeceremos que confirmen su asistencia con Mónica Fernández al 55 41 7473 o al celular 55 45 01 19 45. Se les pedirá un depósito de 100 pesos con la confirmación, el cual les será devuelto durante el desayuno del 15 de enero. La reunión no tendrá ningún costo para los asistentes, a excepción de quienes hayan confirmado y no se presenten a la misma.
De antemano, muchísimas gracias por su apoyo y participación. Hasta entonces, abrazote.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), convoca a:
Organizaciones de mujeres indígenas legalmente constituidas (en adelante organizaciones) o grupos de trabajo de mujeres indígenas (en adelante grupos; se refiere a aquéllos que no tienen constitución legal) que trabajen temas de salud sexual/reproductiva o violencia de género contra mujeres indígenas, con incidencia local o regional y que estén interesadas en abrir y operar una Casa de la Mujer Indígena, conforme lo indicado en la Guía de Operación y Procedimiento (Anexo 3.A. de los Lineamientos para el Programa de Derechos Indígenas, en adelante Guía).
TIPOS Y MONTOS DE APOYO
Se otorgará apoyo económico para la instalación de nuevas CAMI de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la CDI para estos proyectos y los resultados de la dictaminación de propuestas:
• Hasta $1,771,000.00 (un millón setecientos setenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional).
• Este recurso podrá destinarse para:
o Infraestructura.
o Equipamiento.
o Asesora acompañante y capacitación.
o Gastos de operación.
• Deberá revisarse el apartado 3.A.1 “Conceptos de apoyo para Casas de la Mujer Indígena de apertura” de la Guía de Operación Procedimiento del Tipo de Apoyo Derecho a la Igualdad de Género para contar con toda la información sobre rubros de gasto y porcentajes máximos.
Todos y cada uno de los rubros para los cuales se soliciten recursos deberán ser justificados de acuerdo a lo propuesto en la solicitud y respetar la normatividad.
CRITERIOS
1. Ser organizaciones legalmente constituidas o grupos de trabajo próximos a constituirse legalmente, que cuenten con el siguiente perfil:
1.1. El grupo u organización deberá estar conformado en su totalidad por mujeres indígenas, y por lo menos el 50% de ellas hablen la lengua indígena de la población a la que pretende atender.
1.2. La organización o grupo de mujeres indígenas debe tener como mínimo cinco años trabajando como tal.
1.3. Que al menos la tercera parte de sus integrantes tengan experiencia comprobable documentalmente como líderes, gestoras o promotoras comunitarias.
1.4. Que la organización o grupo cuente con experiencia en trabajo comunitario (de al menos la tercera parte de sus integrantes) comprobable documentalmente sobre los temas que plantea el “Modelo de atención a la salud sexual y reproductiva y la violencia de género contra las mujeres indígenas” (Formato 1) con incidencia local o regional.
1.5. Ninguna de las integrantes de la organización o grupo de trabajo deberá encontrarse en el desempeño de algún cargo público.
1.6. La organización o grupo deberá contar con dos propuestas para el acompañamiento de una persona física o moral con experiencia en procesos organizativos con mujeres indígenas y en los temas de derechos humanos, violencia de género y/o salud sexual y reproductiva. Se dará prioridad a las propuestas que consideren en este punto a acompañantes indígenas que cumplan el perfil, y que preferentemente residan en la región de cobertura en donde se propone la instalación de la CAMI. No serán procedentes las propuestas que consideren como acompañantes a hombres.

REQUISITOS
Para poder concursar deberán presentar en la unidad operativa (Delegación o Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena [CCDI]) más cercana en términos geográficos al lugar donde se instalaría la CAMI los siguientes documentos y archivos:
1. Solicitud original (elaborada explícitamente para el presente concurso), impresa y en versión electrónica (formato Word), con hojas numeradas (Formato 7 de la Guía de Operación y Procedimiento del Tipo de Apoyo Derecho a la Igualdad de Género). La versión electrónica de preferencia en USB para cargarla a la máquina de quien recibe en la CDI, preferente, aunque no excluyentemente evitar discos compactos.
2. Plano, gráfica o dibujo que exprese el inmueble que se planea construir o fotografías del inmueble que se planea comprar, en caso de inmuebles en los que se pretenda construir, se debe incorporar el documento que acredite la propiedad o acta de asamblea ejidal o comunal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad o en el Registro Agrario Nacional, según corresponda.
3. Documento que acredite la propiedad de un predio que deberá estar a nombre de la organización o grupo de trabajo, o acta y/o documento que soporte el compromiso de donación del terreno o bien inmueble.
4. Copia del Currículo que demuestre el trabajo de la organización o grupo interesado así como el soporte documental (copia simple de los documentos probatorios).
5. Escrito libre, en original, donde la organización o grupo de trabajo manifieste que no está vinculada-o a ningún partido político y/o asociación religiosa.
6. Carta de exposición de motivos en original y formato libre, en donde se señale por qué se quiere instalar una CAMI.
7. Relación en original de dos personas físicas o morales que cumplan con el perfil para realizar el acompañamiento especializado a una Casa de la Mujer Indígena durante el primer año de operación del proyecto. Además de la relación, deberán entregar los documentos indicados en los numerales 2.A.1 inciso j de la Guía.
8. Copia simple de la identificación oficial vigente de la representante legal si se trata de una organización, o de la(s) representante(s) del grupo de trabajo.
9. Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la representante de la organización o grupo.
10. Copia simple de la Cédula de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la organización (sólo para las legalmente constituidas).
11. Documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria donde se haga constar que la organización está al corriente con sus obligaciones fiscales.
12. En el caso de que la organización (o grupo) haya sido apoyada por algún programa o proyecto de la CDI en años anteriores, copia simple del acuse de recibo del informe final y comprobación de recursos.
13. Escaneados o en archivo electrónico los documentos que a continuación se enlistan:
A. Proyecto (versión Word).
B. CURP.
C. Acta de inscripción al RFC.
D. Identificación oficial del o la representante legal.
Es fundamental que revisen los apartados 2.A “Requisitos” y 2.A.1 “Requisitos para Casas de la Mujer de Apertura” para mayor información sobre lo solicitado.
Todos los documentos de los cuales se piden copias simples, se requerirán al momento de la entrega en original para cotejo. La documentación deberá entregarse en un fólder tamaño carta con broche tipo Baco, en el orden que se indica en la lista anterior. Deberán cuidar que las copias simples que entreguen sean legibles, que no se corte alguna parte de la hoja (en especial cuando se copian hojas tamaño oficio en hojas tamaño carta, como se requiere para estos proyectos) y que los documentos que se entreguen (en físico y en archivo) contengan todas las hojas que los conforman.
BASES Y PROCEDIMIENTO
1. Se recibirá una sola solicitud por grupo u organización de mujeres indígenas participante.
2. La presentación de la solicitud será únicamente de manera presencial en las unidades operativas. No se recibirán propuestas por vía mensajería.
3. El número de CAMI que se abrirán dependerá de los resultados del diagnóstico de factibilidad, de los recursos disponibles y del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Guía.
4. El apoyo económico a las propuestas dependerá de la suficiencia presupuestal de la CDI, considerando los objetivos, las metas y la cobertura planteados.
5. Ningún(a) servidor(a) público(a) de la CDI podrá formar parte de la propuesta para la apertura de una CAMI, ni recibir pago alguno por colaborar en la misma.
6. Para recibir el apoyo, las organizaciones o grupos de mujeres cuyas propuestas resulten autorizadas deberán suscribir un convenio de concertación con la CDI, así como entregar el comprobante fiscal digital correspondiente (para las organizaciones legalmente constituidas) o firmar un recibo simple con el CCDI (exclusivamente para grupos de trabajo).
7. Sujetarse a los requisitos, criterios, descripción de los conceptos de apoyo y procedimiento descritos en la Guía.
8. Es importante la aclaración de que pasar a la segunda etapa del proceso no garantiza que la solicitud será finalmente autorizada.
Las interesadas en participar en esta Convocatoria podrán descargar los Lineamientos para el Programa en la página electrónica de la CDI (www.cdi.gob.mx) para mayor información sobre la normatividad.
La vigencia de esta Convocatoria será a partir de la entrada en vigor de los Lineamientos y hasta 30 días naturales después de ello.
Al presentar la propuesta ante la CDI, el / la responsable de la Modalidad Casas de la Mujer Indígena en la unidad operativa revisará que la documentación y archivos estén completos y emitirá una ficha que servirá como acuse al grupo u organización de mujeres indígenas solicitante. Si la documentación entregada a la CDI no está completa, se otorgará un plazo de prevención de 5 días hábiles para cubrir el total de requisitos; en caso de no cumplir con éstos en el plazo mencionado, la propuesta no podrá ser revisada y se eliminará del concurso.
Cerrada la convocatoria y pasado el plazo de prevención se procederá a la dictaminación de las propuestas por parte del personal institucional responsable del Tipo de Apoyo en unidades operativas y Oficinas Centrales. Las propuestas que resulten aprobadas en la primera fase de revisión pasarán a la siguiente etapa que consiste en la fase de incubación de proyectos de acuerdo a lo establecido en el Modelo y a la realización de un diagnóstico de factibilidad en campo por parte del personal de las Unidades Operativas y Oficinas Centrales. Aprobar la primera fase del proceso no garantiza que la propuesta será autorizada.
Una vez concluidas las dos fases de dictaminación de las propuestas, se publicarán los resultados en la página electrónica de la CDI a más tardar 60 días naturales después de la publicación de los primeros resultados.
Las representantes legales de las organizaciones o responsables de los grupos cuyas propuestas hayan sido autorizadas deberán asistir a la unidad operativa que les corresponda, en los plazos establecidos en la publicación de resultados para revisar y en su caso firmar el “Formato de aceptación de resultados” (Formato 19). Una vez firmados y recibidos los proyectos modificados (en los casos que aplique), las y los Responsables del Tipo de Apoyo en las unidades operativas elaborarán los Convenios, serán validados por el área jurídica correspondiente, y se firmarán por cuadruplicado en un lapso de hasta 15 días naturales posteriores a la publicación de resultados.
Luego de contar con el Convenio firmado por ambas partes y que la organización emita el comprobante fiscal digital (o recibo para grupos de trabajo) por la cantidad autorizada, se tramitará la entrega de recursos mediante transferencia bancaria a la cuenta de la organización o entrega de cheque al grupo en una sola exhibición. Una vez concretada la transferencia, será obligatorio que la instancia beneficiaria notifique la fecha de la recepción de recursos a la unidad operativa donde presentó su propuesta.
Al contar con los recursos, la organización o el grupo de mujeres indígenas desarrollará el proyecto autorizado.
Las organizaciones o grupos con proyectos autorizados deberán presentar a la CDI mediante el formato para ello diseñado, un informe trimestral (Formato 20) del desarrollo del proyecto. Deberá contener información detallada sobre avances de metas, beneficiarias-os y ejercicio del gasto, acompañado de la documentación probatoria correspondiente.
Una vez concluido el proyecto la organización o grupo presentará a la CDI el informe final de resultados del proyecto (Formato 21), así como comprobantes fiscales digitales, recibos, copias de nóminas y demás documentación probatoria del correcto ejercicio del gasto de acuerdo a lo establecido en la “Guía de comprobación de recursos del Tipo de Apoyo Derecho a la Igualdad de Género” (Formato 22) a más tardar 20 días naturales luego de concluido el ejercicio fiscal cuando se dio el apoyo.
PERIODO DE APERTURA
Las solicitudes y demás documentación requerida podrán presentarse en las unidades operativas de la CDI (Delegaciones ó CCDI) en el lapso de 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de los Lineamientos para el Programa, hasta las 14:30 horas (para cada huso horario de la República). Posterior a esta fecha y hora no se admitirá propuesta alguna. Los resultados de la primera fase se publicarán en la página electrónica de la CDI en un plazo máximo de 45 días naturales posteriores al cierre de la presente Convocatoria. Los resultados finales serán publicados en el mismo medio 40 días naturales posteriores a la publicación de primera etapa.

INFORMACIÓN
Para mayor información es necesario revisar los Lineamientos para el Programa de Derechos Indígenas. Asimismo, podrá comunicarse en la Ciudad de México al teléfono (0155) 9183-2100, extensiones 7534, 7541 y 7528, así como a los correos electrónicos cespinosa@cdi.gob.mx y rmflores@cdi.gob.mx, en los estados, con la persona responsable del tipo de apoyo Derecho a la Igualdad de Género. En caso de encontrarse en una entidad federativa donde no haya representación de la CDI, podrá acudir a la Delegación o CCDI que le resulte más cercano.

FORMATO 8. PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO PARA CASAS DE LA MUJER INDÍGENA EN ETAPA DE APERTURA
PROGRAMA DE DERECHOS INDÍGENAS
TIPO DE APOYO DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO
NOTA: el documento final deberá quedar con letra tipo arial del número 10, interlineado sencillo, en mayúsculas y minúsculas. LO QUE AQUI SE ANOTA EN MAYUSCULAS ES EL INSTRUCTIVO (con fines de guiar la elaboración del proyecto) Y DEBERA BORRARSE AL MOMENTO DE ESCRIBIR EL DOCUMENTO.
A. El Plan de acompañamiento es el instrumento de trabajo que la posible Asesora elabora a fin de coadyuvar al desarrollo progresivo de las capacidades (conocimientos, habilidades y actitudes) de las organizaciones o grupos que aspiran a la apertura de una Casa de la Mujer Indígena.
Así, dicho instrumento deberá ser congruente con el Proyecto que presente la organización o grupo y ajustarse a las funciones que el Modelo le confiere a la figura de la Asesora.
La elaboración del Plan debe realizarse conforme al siguiente formato.
1. Datos de la persona física o moral que se encargará del acompañamiento local especializado de una Casa de la Mujer Indígena
1.1 Nombre de la persona física o moral acompañante
1.2 Domicilio fiscal
1.3 Registro Federal de Contribuyentes (en caso de contar con éste) SI SE TRATA DE UNA PERSONA MORAL NECESARIAMENTE DEBE CONTAR CON RFC
1.4 Teléfonos (incluyendo clave lada)
1.5 Correo electrónico
1.6 Nombre de la organización o grupo al cual se asesorará (en caso de que se autorice su proyecto para la apertura de una CAMI)
2. Planteamiento del Plan
2.1 Nombre del Plan de acompañamiento

2.2 Justificación (máximo dos cuartillas)
EXPLICAR COMO EL PRESENTE PLAN CONTRIBUIRA AL FORTALECIMIENTO DE LAS INTEGRANTES DE LA CASA Y POR TANTO AL TRABAJO QUE EN ESTA REALIZAN
2.3 Objetivo general
EXPONER LOS FINES QUE PERSIGUE EL PLAN
2.4 Objetivos específicos
DESCRIBIR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN: ¿CUALES SON LOS FINES INTERMEDIOS QUE AYUDARAN A ALCANZAR EL OBJETIVO GENERAL?
2.5 Estrategias
EXPLICAR EL CONJUNTO DE ACCIONES QUE DE MANERA SISTEMATICA SE PREVE REALIZAR PARA LA CONSECUCION DEL OBJETIVO GENERAL.

2.6 Actividades y metas
Objetivo específico Actividad específica que desarrollará Meta Cantidad de la meta Materiales probatorios
2.6.1 Capacitación para el cumplimiento de los objetivos del “Modelo participativo de atención a la salud sexual y reproductiva y la violencia de género en mujeres indígenas”
2.6.2 Acciones de formación en capacitación
2.6.3 Acompañamiento de las acciones realizadas en campo
2.6.4 Visitas y acompañamiento a las diferentes acciones con instancias de gobierno con las que se vincula la CAMI para el logro de sus objetivos
2.6.5 Asesoría en la elaboración de informes cualitativos y financieros
2.6.6 Sistematización de la información de las CAMI, y documentos normativos
2.6.7 Acompañamiento para la rendición de cuentas, como aspectos administrativos y contables
3. Resultados esperados
ANOTAR CUALES SON LOS RESULTADOS QUE SE ESPERA OBTENER DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, Y EN GENERAL DEL PLAN EN SU CONJUNTO.
4. Cronograma de actividades
Actividad Descripción Mes de realización
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Presupuesto
Actividad Desglose de la actividad Cantidad Costo unitario Monto total solicitado
Este documento deberá ser presentado por la organización o grupo de trabajo al momento de la entrega de su Proyecto.
El formato podrá descargarse en la siguiente liga electrónica del portal gob.mx:
http://www.gob.mx/tramites/ficha/apoyos-para-casas-de-la-mujer-INDÍGENA-de-apertura-cami/CDI1996

En los últimos meses se ha intentado instalar desde Washington la idea de que Rusia intervino deliberadamente en las elecciones de EE.UU. para favorecer el triunfo de Donald Trump. Si bien no existen pruebas al respecto, sí hay certezas de las múltiples ocasiones en que los estadounidenses pretendieron alterar los resultados electorales de otros países.

Según el periodista David Brooks, citando al experto Dov Levin de la Universidad Carnegie Mellon, “EE.UU. ha intervenido para influir en los resultados de elecciones de otros países al menos 81 veces entre 1946 y el año 2000“. Ese número “no incluye golpes de Estado o intentos para derrocar gobiernos –los famosos cambios de régimen– sino solo intentos directos de influir en una elección a favor de una fuerza política”, añade.

Chile: 1964, 1970 y 1973

El caso probablemente más conocido es el de Chile. Allí durante la década del 1960 se fue consolidando una figura política que alcanzaría finalmente la presidencia en 1970: Salvador Allende. Este médico, que ya había sido diputado y senador, impulsó la llamada ‘vía pacífica’ al socialismo.

Ya en las elecciones de 1964, en las que Allende fue candidato, la CIA intervino para evitar su triunfo. De acuerdo con documentos desclasificados en 2004, EE.UU. gastó 2,6 millones de dólares en apoyo directo al principal rival del socialista, Eduardo Frei. Pero esto no se redujo solo al momento electoral y en los años posteriores se destinaron millones para hacer propaganda anti-Allende.

Para los comicios de 1970 se repitió la misma metodología de financiación de adversarios. Sin embargo, ante el triunfo del candidato socialista, el presidente estadounidense Richard Nixon intentó evitar que asumiera el poder. De esta forma se evaluó la posibilidad de un golpe de Estado “preventivo”. Descartada finalmente esta opción, se procedió a una política de desgaste permanente y guerra económica contra Chile que finalizó con el conocido golpe de 1973 a cargo del general Augusto Pinochet.

Nicaragua: 1990

En 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) había logrado terminar con la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua. A partir de entonces se instaló un gobierno de izquierdas que fue ratificado en elecciones libres en 1984.

Sin embargo, para ese entonces EE.UU. –que había apoyado la dictadura– impulsó un embargo económico que buscó socavar las bases de apoyo del gobierno sandinista. Asimismo, Washington financió y sostuvo a la llamada ‘Contra’ nicaragüense: una organización terrorista que atacaba a la población desde sus bases en Honduras y Costa Rica. Nicaragua denunció al Gobierno estadounidense ante la Corte de La Haya que, en 1986, falló a favor del país latinoamericano.

Finalmente, en las elecciones de 1990, Washington apoyó a la candidata opositora Violeta Chamorro, que se terminó imponiendo. El periodista Augusto Zamora analizó que en aquella oportunidad la población acudió a votar “con una pistola en la cabeza” ya que, de no ser derrotado el sandinismo, los EE.UU. amenazaban con continuar “la guerra, el bloqueo económico y las penurias”.

Italia: 1948

La Italia de 1948 se encontraba todavía devastada por la Segunda Guerra Mundial y muy necesitada de la ayuda económica estadounidense. En las elecciones de aquel año se enfrentaban la Democracia Cristiana y una coalición de izquierdas liderada por el Partido Comunista.

El investigador Dov Levin señala que la CIA elaboró un plan donde entregó encubiertamente “bolsas de dinero” para cubrir los gastos de los democristianos, se enviaron expertos para ayudar a dirigir la campaña y se amenazó con poner fin públicamente a la ayuda estadounidense a Italia si los comunistas eran elegidos.

Catalogada por diversos analistas como la primera intervención de la CIA en unos comicios extranjeros, las elecciones italianas de 1948 resultaron simbólicas y un punto de referencia para lo que vendría después. De hecho, el ganador de un Premio Pulitzer, Tim Weiner, aseguró que “después de su éxito en Italia, la CIA tomó esta fórmula –la cual incluía emplear millones de dólares para promover campañas de influencia– y la aplicó por todo el mundo en lugares como Guatemala, Indonesia, Vietnam del Sur, Afganistán y más”.

Haití: 1987/88

En 1986 el dictador Jean-Claude ‘Baby Doc’ Duvalier debió abandonar Haití luego de una sublevación popular. EE.UU. perdió así a uno de sus aliados en el Caribe. Las elecciones celebradas en 1987 fueron determinantes para el futuro del país. Aunque no era candidato, la influencia del sacerdote progresista Jean-Bertrand Aristide –férreo opositor a la dictadura– era creciente.

La CIA decidió entonces financiar candidatos más afines a su política. De todas formas la inestabilidad del país llevó a una sucesión de gobiernos y golpes de Estado. En 1991 el propio Aristide se presentó como candidato y triunfó pero un nuevo levantamiento militar lo sacó del gobierno a pocos meses de haber asumido el poder. Luego de diversas negociaciones finalmente el sacerdote regresó al país en 1994 para completar su mandato.

Años más tarde, ‘The New York Times’ reveló que la CIA tenía una nómina de posibles miembros de una junta militar que, en última instancia, estaba dispuesta a destituir a Aristide. En 2004, cuando el sacerdote se encontraba encabezando su segundo mandato, un nuevo golpe orquestado por los EE.UU. lo destituyó y desde entonces una fuerza militar internacional ocupa Haití.

Rusia: 1996

En una paradoja de la historia, las acusaciones estadounidenses contra Rusia se vuelven aún más hipócritas si se tiene en cuenta la influencia de Washington en los comicios rusos de 1996 a favor de Boris Yeltsin. A pesar de la disolución de la Unión Soviética en 1991, el Partido Comunista ruso tenía entonces mucho peso electoral, lo que para los estadounidenses era un problema.

Así fueron enviados los consultores George Gorton, Joseph Shumate y Richard Dresner, a colaborar en la campaña de Yeltsin. “Durante unas semanas la tarea fue simple educación, Campaña 101“, declaró Gorton tiempo después. Desde su perspectiva, los asesores de campaña del entonces presidente ruso estaban “atrapados en la mentalidad soviética”.

A esto se sumó el respaldo del presidente estadounidense Bill Clinton para que el Fondo Monetario Internacional entregara a Rusia un préstamo por valor de 10.200 millones de dólares. Ello permitió a Yeltsin sanear varios problemas económicos y mostrarse como el único candidato con posibilidades de resolver los problemas rusos. (RT)

Como si vivieran en Buckingham. O en Versalles. O en Topkapi. O en la Alhambra. O en el Castillo de Windsor. Así se comportan nuestro Presidente, nuestro nuevo secretario de Relaciones Exteriores, nuestro gabinete, nuestros magistrados, nuestros diputados y senadores. Los nobles, por cuyas venas corre la sangre azul de una casta divina. Los aristócratas, aparcados en grandiosas residencias, rodeados de servidumbre atenta a cada deseo.

Caminando por sus palacetes del privilegio donde nada los toca. Nada los perturba. Nada los inmuta. Lejos de la turba enojada que se manifiesta en las calles, molesta y con razón. Lejos de la irritación social que descalifican y sin empatía porque son totalmente insensibles. Totalmente mirreyes. Totalmente desconectados de la realidad de millones de mexicanos que miran 2017 con aprehensión.

Porque mientras la gasolina, el gas y la electricidad aumentan en hasta 20%, los consejeros del INE exigen iPhones 7 de 20 mil pesos para cada uno. Porque mientras la capacidad de compra disminuye, las prerrogativas para los partidos ascienden. Porque mientras el valor del peso cae, los bonos navideños en el Congreso crecen.

Un trabajador que gana el salario mínimo sólo podrá comprar el 33% de la canasta básica, pero un magistrado que gana más de 200 mil pesos recibirá 15 mil pesos en vales de gasolina. Un miembro de la clase media tendrá que trabajar más para llenar su tanque, pero los diputados acaban de gastar 6 millones de pesos para adquirir 27 autos nuevos. Y entretanto, Enrique Peña Nieto juega golf. Luis Videgaray anuncia que llega a la Cancillería para aprender. El PAN, el PRI, el PRD, el Partido Verde y los demás recibirán 4 mil millones de pesos en 2017.

Unos expoliados, otros privilegiados. Unos sacrificados, otros beneficiados. Unos trabajando, otros gastando. 955 mil millones de pesos producto del excedente petrolero entre 2001 y 2012 destinados a prebendas electorales y transferencias presupuestales y prestaciones gubernamentales.

955 mil millones de pesos que nadie sabe a dónde fueron a parar, pero muchos lo suponen. A los gobernadores y las elecciones que compraron. A los líderes sindicales y las fortunas personales que acumularon. A las pensiones y la falta de productividad que taparon. Años de ineficiencias monopólicas en Pemex, años de subsidios injustificables a la gasolina, años de descontrol del gasto público, años de desperdiciar dinero en lugar de invertirlo.

Había que mantener la paz social vía una estrategia clientelar, vendiendo petróleo para comprar votos. Había que perpetuar los privilegios de los príncipes mexicanos, usando al erario para asegurar prebendas. Casas Blancas y casas en Malinalco y aviones privados y sueldos desbordados y guaruras armados y iPhones garantizados.

Poca eficacia

Y por eso las explicaciones y los argumentos gubernamentales sobre el “gasolinazo” tienen tan poca eficacia. Tan poca resonancia. José Antonio Meade intenta defender el aumento de recursos para el gobierno, cuando el gobierno gasta mucho y mal. Enrique Peña Nieto increpa nuestra falta de comprensión, cuando comprendemos demasiado bien. Nos regaña cuando deberíamos regañarlo. Hoy los que saquearon acusan a otros de saqueadores, cuando la clase política gastó en chucherías en vez de refinerías. Cuando los directivos de Pemex, en lugar de centrarse en la exploración le apostaron a la importación.

Cuando la SHCP exportó los excedentes petroleros a los virreyes en los estados, en vez de canalizarlos a hospitales y carreteras y escuelas allí. El petróleo no es ni ha sido de todos los mexicanos, sino de unos cuantos, que lo han usado para sus cetros y sus coronas. Gobiernos pasados y presentes.

Eso es lo que indigna, más allá de los porcentajes de crecimiento y las perspectivas de inflación. La sensación compartida de una injusticia profunda, de un agravio injustificable que va más allá del incremento en el precio de la gasolina. Mientras afuera, en la calle, donde muchos pasan la noche sin dormir ante la zozobra por lo que viene, en los palacios sigue la fiesta. El despilfarro. Los vales y los celulares y los aguinaldos.

La champaña descorchada en los pasillos del Senado y la Cámara de Diputados. Un país donde algunos gozan la abundancia y otros padecen la austeridad; donde algunos son totalmente exprimidos y otros siguen siendo “Totalmente Palacio”.— Ciudad de México. (Denise Dresser)

 

Jeany Rosado Peña, catedrática de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG); su esposo, Nicéforo Cabrera Rojas, y su hijo de 13 años fueron asesinados a balazos ayer. Ella fue encontrada muerta en el puente del río Papagayo, en Acapulco, y su familia en Chilpancingo, informó el vocero del grupo de coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia.
Rosado Peña fue secuestrada en su domicilio, en la colonia Recursos Hidráulicos, en Chilpancingo, justo detrás del palacio de Gobierno, casi a la una de la madrugada de ayer, y se presume que en ese momento los criminales asesinaron a su esposo e hijo, refirieron fuentes oficiales.
Se informó que cuando la policía fue al domicilio de la víctima para dar aviso, encontraron a su esposo y a su hijo muertos a balazos.
Jeany Rosado Peña era responsable de la comisión de becas en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG y laboraba en la Escuela de Enfermería número 5 del municipio de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente de Guerrero.
Su esposo, Nicéforo Cabrera Rojas, era médico en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de Pungarabato (Ciudad Altamirano), y su hijo, Isaac Daniel, era jugador de futbol en la escuela de Chivas Real Chilpancingo.
El rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, repudió en un comunicado el asesinato de Rosado Peña y su familia, de quien dijo: Siempre tuvo una conducta intachable. Solicito a las autoridades de los tres órdenes de gobierno una investigación exhaustiva y el castigo conforme a la ley para los autores de este condenable crimen que consterna a la comunidad universitaria.
El Grupo Universidad por Guerrero, que aglutina a la mayoría de las organizaciones de la UAG, informó por la tarde que en meses recientes universitarios del estado han sido víctimas de la delincuencia y demandó que se castigue a los asesinos de Jeany Rosado Peña, su esposo e hijo.
A los responsables de la violencia les pidieron respetar a la comunidad universitaria, debido a que nuestra labor educativa es en beneficio de todos, sin distingo alguno.
En años recientes, académicos y estudiantes han sido víctimas de secuestros, desapariciones y asesinatos presuntamente perpetrados por la delincuencia organizada.
Los casos más recientes fueron los de Francisco Javier Ramírez y César Urrutia (este último aún desaparecido), trabajadores de la Unidad Académica de Sicología de la UAG, con sede en Acapulco.
En noviembre del año pasado, Ángel Mendoza Ocampo, estudiante de tercer año de la unidad académica de Medicina, originario de Ayutla de los Libres, fue asesinado. En diciembre pasado, Juan Carbajal Merino, subdirector de la preparatoria número 5 de la UAG, ubicada en Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero, fue ultimado a balazos.
En 2015, en el poblado de Xolapa, municipio de Acapulco, cuatro trabajadores universitarios desaparecieron. Tres eran médicos y fueron localizados muertos el pasado 23 de junio en una carretera de Chilpancingo. (Yucatán Noticias)