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Viajes gratis, ajuste en sus tarifas y una fuerte campaña promocional, son algunas de las estrategias de la empresa VIP Fleet para competir con Uber, una de las plataformas digitales más conocidas a nivel internacional y que desde su acceso a Cancún ha generado enfrentamientos con taxistas y polémica sobre su legalidad.

En rueda de prensa, Ronald Powan, Director de Proyectos de VIP Fleet, dio a conocer que esta plataforma nueva digital ofrecerá el lunes 19 de diciembre viajes gratis en sus 2 mil taxis certificados a los usuarios que descarguen o utilicen la aplicación en traslados cuyo valor sea de hasta 60 pesos o sólo pagarán la diferencia en recorridos más largos.

“Percibimos que las tarifas se les hacía un poco alta por lo que las ajustamos desde el 12 de diciembre pasado para hacerlas más accesibles, de 17 pesos a 13 pesos por el uso de la aplicación, reducimos de 8 a 7 pesos el kilómetro adicional y de un peso a sólo 50 centavos el minuto recorrido”, indicó.

VIP Fleet comenzó a funcionar el 30 de noviembre con una inversión superior al millón de dólares, alcanzando hasta ahora a 650 personas en descargas y 500 en servicio, ajustando ya tarifas de traslado en beneficio de la economía de los usuarios y funcionando en equipos con sistema Android e IOS.

Reconoció que la parte más difícil en la que se ha tenido que trabajar y que además es la principal queja por parte de los benitojuarenses respecto al servicio que otorgan los taxistas, es la negación del mismo, es decir, el conocido “no me queda”, pero que afortunadamente están avanzando en ello y gracias a la forma en que trabaja la aplicación, podrán sancionar a los prestadores de servicio que se nieguen a llevar a algún usuario o que intenten cobrar más de lo que la misma aplicación indica, manteniendo así  los altos niveles de seguridad y confort.

El directivo aseguró que esta plataforma es la mejor opción para quienes buscan el servicio de transporte, porque además operan en un marco de legalidad, garantizan un cobro más justo de tarifas y cuentan con una póliza de seguros para la protección del usuario, entre otros beneficios, por lo que estiman que una vez que la ciudadanía la empiece a utilizar, podrá cambiar su opinión respecto a lo que ofrecen los taxistas y tienen la ventaja de trabajar con el sindicato, a diferencia de Uber. (Noticaribe)

Por: Erika Paz/ ROMPE VIENTO

En contubernio, la Cámara de Diputados y el Senado allanan el camino para fortalecer y ampliar las facultades de las fuerzas armadas cuyas acciones han sido señaladas por diversas organizaciones como violatorias de los derechos humanos y de la Constitución mexicana.

La Cámara con la aprobación en comisiones de la minuta enviada por el Senado de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional, y el Senado con la petición del PRI para convocar a un periodo extraordinario de sesiones con el fin de aprobar la Ley de Seguridad Interior y la jurisdicción bajo la cual deben actuar las Fuerzas Armadas. A esta urgencia se suma el PRD cuyo coordinador en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, propuso que sean las dos cámaras en conferencia las que dictaminen dicha iniciativa.

Ambas acciones ocurren luego de que el general Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, reclamó para el Ejército la reglamentación necesaria para seguir operando como lo ha hecho desde 2006, cuando Felipe Calderón decretó la “Guerra contra el narco”.

A unas horas de que concluya el primer periodo del segundo año legislativo, la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del Ejecutivo Federal destinada a la creación de la ley reglamentaria del artículo 29, referente a la suspensión de garantías y derechos humanos en caso de Estado de excepción, la cual será votada por el pleno. En suma, se trata de la anulación, por el Estado, de las libertades democráticas y derechos civiles de la población en determinada localidad, región o el país entero.

La claridad de la iniciativa del Ejecutivo Federal respecto a la ampliación de sus facultades y a la suspensión y restricción de derechos y garantías (civiles) -en caso de que representaran “un obstáculo para hacer frente de manera diligente a la situación excepcional”-, contrasta con la omisión de los derechos que serán restringidos o suspendidos y con la ambigüedad en la redacción de la mayoría de los 34 artículos que componen esta ley aprobada por el Senado hace un año (9 de diciembre del 2015) y turnada a la Cámara de Diputados el 14 de diciembre de 2015.

Por ejemplo, como “perturbación grave de la paz pública” la ley en comento refiere que son situaciones “que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacer frente a dichas afectaciones”. Ante la advertencia de la actual debilidad institucional de los tres órdenes de gobierno, esta ley echa mano de los mecanismos y procesos legislativos para avalar la suspensión de garantías y derechos en determinada localidad, región o, incluso, en el país entero de suscitarse un descontento social mayor.

También se omite mencionar las libertades y derechos civiles que serán restringidos o suspendidos, como la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de reunión, libertad de movimiento (zonas a las que no se podrá entrar o salir de ellas), derecho a la información, a la privacidad (podrá ser interceptadas cuentas de correo, llamadas telefónicas sin estar bajo investigación judicial), a no ser molestado “en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones” (las “autoridades” podrán irrumpir en los domicilios sin orden de cateo).

Se podrán restringir o suspender tanto el derecho de petición como el derecho a la verdad (la obligación de conservar archivos incluso los relacionados con el decreto de Estado de Excepción o cualquier otro documento de seguimiento, orden, contrato o gastos realizados en ese periodo).

De igual forma corren riesgo derechos sociales como los derechos laborales, el derecho de huelga e incluso el derecho a la alimentación (limitación o reducción de su suministro). No obstante, el proyecto de ley, como el dictamen de la Comisión de Gobernación, acogido por la de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, fundamenta su redacción en los tratados internacionales en derechos humanos firmados por México referentes al Estado de excepción o en situación de guerra.

La iniciativa señala aquellos derechos que no son susceptibles de suspensión (coto vedado), con cuya enumeración en su artículo 7º se pretende dar licitud a la decisión del titular del Ejecutivo federal de decretar un Estado de excepción y así capotear al escrutinio internacional.

Las múltiples interpretaciones sobre lo que podrían significar frases como: “perturbación grave a la paz pública” o “grave peligro o conflicto” –que contempla el término “antropogénico”– amplían las circunstancias que permitirán ordenar la suspensión o la restricción de derechos para no quedar circunscrito exclusivamente “a los casos de guerra o invasiones, sino que comprenda otras formas de emergencia”, sin detallar claramente qué son esas “otras formas de emergencia”.

El artículo 5º establece: “La restricción o suspensión sólo podrá decretarse por la única razón que los derechos y garantías restringidos o suspendidos fuesen un obstáculo para hacer frente de manera diligente a la situación excepcional, y siempre y cuando sea por el menor tiempo posible”.

Además de dejar a la libre interpretación “el menor tiempo posible”, se considera a los derechos humanos como un obstáculo y, en el dictamen, las comisiones revisoras (Gobernación y Derechos Humanos, presididas por Mercedes Guillén Vicente y Armando Luna Canales, respectivamente) sustentaron semejante absurdo al señalar que, dado que el ejercicio de los derechos no es en sí mismo accesible, simplemente pueden ser suspendidos sin que exista violación alguna, tal cual.

Olvidan los presidentes de las comisiones dictaminadoras como el Ejecutivo federal (priistas todos) que los derechos humanos se asumen como integrales e interdependientes entre sí, y no puede exigirse la garantía de uno, sin exigir la garantía de todos.

Entre las disposiciones que resultan sin coherencia argumentativa se contempla la difusión del decreto de “Estado de excepción” en dos medios de comunicación nacionales escritos o electrónicos, pero ¿por qué dos? ¿No tendría que ser obligación de todas las televisoras y radiodifusoras de señal abierta dar permanente difusión al decreto desde su solicitud hasta su término?, ¿por qué no utilizar los tiempos oficiales del Estado?

Además, esta ley contiene un candado por el que no puede ser modificada, suspendida o derogada durante un decreto de Estado de excepción, el cual, como antes mencioné, no tiene límite de vigencia. En suma, se establece que el ejercicio de los derechos humanos no puede ser exigible, ni la ciudadanía puede demandar su garantía, por lo que se les puede suspender por petición de una sola persona: el titular del Ejecutivo federal, quien se erige –nuevamente– como una autoridad superior a los poderes Legislativo y Judicial, bajo una figura casi dictatorial disfrazada de legalidad que puede decidir quién es el enemigo externo, pero –sobre todo– vuelve a la población susceptible de ser considerada como “enemigo interno”.

Los movimientos en defensa de la tierra, el agua o el aire, las resistencias sociales contra la delincuencia organizada, contra el despojo y el desplazamiento forzado interno -provocados por proyectos de hidrocarburos, energía y minería-; las manifestaciones a favor de las libertades democráticas o los medios de comunicación críticos podrían ser considerados por el gobierno, como lo vienen siendo, “perturbaciones graves a la paz pública”, sólo que ahora los elementos policiacos y militares podrán actuar conforme a la “ley”, sin que sean recriminados, y difícilmente podrían ser juzgados por cortes internacionales.

La reglamentación del artículo 29 constitucional y la presión para aprobar la Ley de Seguridad Nacional y el Mando Mixto (que faculta a la federación para asumir la seguridad pública de los municipios), todas iniciativas del titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, forman parte de un proceso de militarización del país que paulatinamente convierte a México en un régimen totalitario.

Un lamentable accidente se registró esta mañana en la carretera federal México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 46 en la zona conocida como Fierro del Toro.
Los tripulantes del auto Pointer rojo con placas de circulación MXD-4332 volcaron e impactaron en árbol cerca de las 6 de la mañana de este jueves, lamentablemente ambos perdieron la vida.
Minutos después de que fueron trasladados sus cuerpos al Servicio Médico Forense se dio a conocer que fueron identificados como Manuel “N” y Mauricio “N” ambos elementos del cuerpo de Guardias Presidenciales del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Las causas del accidente aun se investigan pero al parecer fue el exceso de velocidad.

Congreso le abre la chequera a Carlos Joaquin y destina mas de 26 mil millones de pesos para que maneje todo el próximo año 2017 dando prioridad en un 70% a los temas sociales de educación y salud que es lo que mas carece el Estado.

Por unanimidad de las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, PRD, MORENA, PVEM, Nueva Alianza, Encuentro Social y los diputados independientes, el Congreso del Estado aprobó el Presupuesto de Egresos 2017 para el Estado de Quintana Roo, que asciende a la cantidad de 26 mil 416 millones 504 mil 961 pesos de los cuales, el 70.1 por ciento del gasto programable se destinará a las funciones de desarrollo social, que corresponden a las materias de Educación y Salud.

En la sesión ordinaria número 36, el diputado Jesús Alberto Zetina Tejero rindió su informe de actividades como presidente de la Mesa Directiva y declaró clausurados los trabajos del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la Decimoquinta Legislatura.

El diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión informó que se convocará a un periodo extraordinario para la siguiente semana, con la finalidad de atender la designación de la persona que ocupará el cargo de Fiscal General del Estado de Quintana Roo

En la última sesión ordinaria del Primer Periodo, el Pleno Legislativo aprobó las leyes de ingresos de los municipios de Solidaridad y Benito Juárez, así como la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Estado de Quintana Roo, todos correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

De acuerdo con el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta que preside el diputado Emiliano Ramos Hernández, en el Presupuesto de Egresos presentado por el gobernador Carlos Joaquín se dio prioridad el gasto para desarrollo social, integradas por las materias de Educación y Salud, a la que corresponden 8 mil 638 millones de pesos y 3 mil 187 millones de pesos, respectivamente.

De la propuesta inicial del titular del Poder Ejecutivo, se reorientaron recursos por la cantidad de 73 millones de pesos, con el único objetivo de garantizar una mejor aplicación del gasto público en beneficio de los ciudadanos y del propio Estado.

Por ello, los legisladores coincidieron en que resulta prioritario fortalecer, en la medida de lo posible a la Comisión de Derechos Humanos, al Tribunal Electoral, al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO), al Poder Judicial, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al Instituto Quintanarroense de la Mujer, y al Fideicomiso de Promoción turística de Othón P. Blanco.

Presupuesto otorgado a instancias gubernamentales:

• Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHQROO):  $53’101,012
• Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO): $36’728,601
• IDAIPQROO: $43’547,561
• Poder Legislativo será:  $435’872,332
• Auditoría Superior del Estado: $110’157,168
• Poder Judicial:  $617’655
• Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM): $41’005,137
• Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito:  $17’843,111
• Fideicomiso de Promoción Turística de Othón P. Blanco: $20’000,000

En la misma sesión se aprobaron adiciones a la Ley de Hacienda del municipio de Solidaridad, se reformó la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo; además de reformarse el Artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

Además, el Pleno autorizó la organización y celebración de los foros ciudadanos encaminados a la integración de la Agenda Legislativa para el período 2016-2019.

El diputado Juan Ortiz Vallejo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, informó al Pleno de la Decimoquinta Legislatura su renuncia como militante del partido político MORENA y se declaró diputado independiente.

Finalmente, se eligieron a los diputados Carlos Mario Villanueva Tenorio como presidente, a Javier Padilla Balam y José Esquivel Vargas, Eugenia Solís Salazar, Eduardo Martínez Arcila, Jenny Juárez Trujillo y Silvia Vazquez Pech como integrantes de la Diputación Permanente, órgano que mantendrá la actividad legislativa durante el periodo de receso. (Con informacion del Congreso del Estado)

Quintana Roo se convirtió en el primer gobierno electo este año en publicar la información de las tres declaraciones de su gabinete legal, lo que reafirma el compromiso del Gobernador Carlos Joaquín hacia la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

“Mi compromiso con un gobierno transparente es absoluto, la lucha contra la corrupción y la impunidad es impostergable; esta acción está encaminada a recuperar la confianza de la ciudadanía en el gobierno y es nuestra forma de decir que este gabinete no viene a beneficiarse con el cargo público que representa”, enfatizó el Gobernador Carlos Joaquín al encabezar la presentación de la declaración fiscal, patrimonial y de interés de su gabinete legal, en versiones públicas a través de la plataforma 3de3.mx del Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana.

“Ya no más desvío de los recursos públicos para beneficios personales, familiares o de partidos políticos: en mi gobierno se acabaron los privilegios a costa de los recursos destinados a generar más oportunidades para todos”, destacó.

Carlos Joaquín, acompañado por miembros del gabinete legal y ante los medios de comunicación, subrayó que como una de las acciones emblemáticas de los primeros 100 días de gobierno y en cumplimiento de la exigencia ciudadana de contar con un gobierno honesto, a menos de 3 meses de haber iniciado funciones, los servidores hacen pública su 3 de 3.

Con esta herramienta, a partir de hoy, los quintanarroenses pueden saber cómo inician en términos de su patrimonio, intereses y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que permitirá a la ciudadanía monitorear que el patrimonio de los funcionarios del más alto nivel del estado crezca en congruencia con sus ingresos y el de sus familias.

“Al hacer pública esta información, sabremos las actividades y relaciones que podrían interferir con el ejercicio de sus funciones o la toma de decisiones, lo que permitirá evitar que en caso de existir un conflicto de intereses se privilegie el interés privado sobre el interés público”, recalcó.

En este marco, el Gobernador reconoció la voluntad de los miembros del gabinete por hacer pública su declaración, al ser un acto voluntario, señal del compromiso hacia la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, “venimos a servir, no a servirnos”, les dijo.

Acompañaron al Gobernador en el evento celebrado en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva; el Secretario de Gobierno, Francisco López Mena y el Oficial Mayor, Manuel Alamilla.

También las secretarias de Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo; de Desarrollo Económico, Rosa Elena Lozano; de Educación y Cultura, Marisol Alamilla; de Salud, Alejandra Aguirre y la directora del DIF Quintana Roo, María Elba Carranza; al igual el secretario de Gestión Pública, Rafael Antonio del Pozo Dergal; de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel; de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ríos y de Infraestructura y Transporte, Jorge Portilla, entre otros invitados especiales. (Sala de Prensa Carlos Joaquín)

Confirma el Diputado Juan Ortiz Vallejo su ruptura definitiva con el partido Morena en el cual salió sorteado por tómbola para llegar como legislador plurinominal.

Tras saberse en diferencias irreconciliables con el José Luis Pech Várguez, Dirigente estatal del Partido Obradorista y la presión a la notificación de un proceso de expulsión, dato que nunca fue confirmado si finalizó con el término de sus derechos como militante del Movimiento de Regeración Nacional, Ortiz Vallejo decidió este Jueves poner fin a su relación con el partido aclarando que su decisión de ser independiente proviene de su desacuerdo con la dirigencia estatal.

“Estoy tranquilo con la decisión que tome al “RENUNCIAR A MORENA” y declararme diputado INDEPENDIENTE. Me fue muy difícil definir está postura; pero discrepo mucho de cómo se ha venido conduciendo la dirigencia estatal y es por ello que tome la decisión de renunciar a este partido y continuar apoyando a los quintanarroenses por la vía independiente, ser “libre” me dará la serenidad de continuar trabajando en paz, con la misma fortaleza y para la gente, que eso es lo que más gusto me da, estoy muy agradecido con la militancia que hasta hoy me ha demostrado su respaldo en esta nueva etapa, mi interés es la lucha por la causa social, y así seguiré desde cualquier trinchera.” manisfestó.

Fueron las palabras publicadas en su cuenta oficial de Facebook a las 15:00 horas.

El partido el cual funda y dirige Andrés Manuel López Obrador defirió de la decisión de Juan Ortíz de votar a favor de los panistas y perredistas para la elección de la Gran Comisión y alertaron a que pudiera haber un acuerdo del Diputado con el ahora gobernador Carlos Joaquín, lo cual ambos negaron de ser cierto. También se viralizó un audio donde se escuchaba al Diputado declarar situaciones de acuerdo para que ‘’le echaran la mano con su comisión” a lo que el legislador indicó que el audio fue editado.

Juan Ortíz es el segundo Diputado Independiente en el Estado, después de Juan Carlos Pereyra que renunció al principio de la legislatura a su partido el PRI.