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La Decimoquinta Legislatura ha remitido a la Secretaría de la Gestión Pública, todas las documentales, audios e informes del expediente integrado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para que proceda a la investigación y en su caso, al inicio de los procedimientos para el fincamiento de responsabilidad administrativa así como la promoción de denuncias penales o acciones civiles que correspondan.

En la sesión ordinaria número 35, presidida por el diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, se aprobó un Acuerdo de obvia y urgente resolución presentado por la diputada Gabriela Angulo Sauri y los diputados Emiliano Ramos Hernández, Fernando Zelaya Espinoza, Ramón Javier Padilla Balam y José Esquivel Vargas, integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, con el que se busca transparentar la actuación de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A de C.V.

De acuerdo con el documento legislativo, es la propia Secretaría de la Gestión Pública el órgano de control de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y entre las funciones que le otorga el artículo 67 fracción III de la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado, está el examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimientos de control, para lo cual efectuará revisiones y auditorías, para vigilar que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables.

El diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, explicó que derivado de las comparecencias del director general de la paraestatal Carlos Acosta Gutiérrez, en donde demostró no tener los elementos para responder los cuestionamientos de los diputados, así como del incumplimiento de VIP SAESA para entregar toda la información solicitada o en su caso la falta de soporte documental, es que los integrantes de la Comisión determinaron entregar el expediente correspondiente.

Ramos Hernández detalló que la Legislatura estuvo solicitando a la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, copia certificada de la escritura de la compraventa de acciones por parte del Gobierno del Estado y la Administración Portuaria Integral a la empresa, del inventario de aeronaves y vehículos de la empresa, del estado de situación financiera, lista de deudores de la empresa, contratos de arrendamiento efectuados con aeronaves y otros vehículos propiedad de la empresa.

Además, se requirieron los expedientes de todas las subcontrataciones realizadas para la prestación del servicio de transporte aéreo por parte del Gobierno del Estado, así como las bitácoras de vuelos, listas de pasajeros, sean o no servidores públicos, facturas de pago de las subcontrataciones realizadas.

Por ello es que consideraron dar parte a la Secretaría de la Gestión Pública, para que con las documentales y audios recabados por la Legislatura, la dependencia realice una investigación más amplia, más profunda y llegar al deslinde de responsabilidades.

Como se recordará, de acuerdo con la poca información obtenida por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en total VIP SAESA subcontrató, de 2011 a 2016, los servicios de 22 empresas por la renta de 11 tipos diferentes de aeronaves, facturando en moneda nacional la cantidad de 319 millones 941 mil 164 pesos con 92 centavos y en dólares americanos la cantidad de 40 millones 192 mil 505 dólares. (Sala de Prensa Congreso del Estado)

José Manuel Lanz Montejo, ex director de Contabilidad y Cuenta Pública de la pasada administración, compareció ayer por más de 5 horas ante la Contraloría Municipal para aclarar inconsistencias y subsanar las irregularidades detectadas en el proceso entrega-recepción.

El contralor Miguel Palomo Tuyub confirmó que hasta el momento van 14 ex servidores públicos del trienio de Eduardo Espinosa Abuxapqui que han sido citados a rendir cuentas, y se espera que entre hoy y mañana se presenten otros 6 ex funcionarios.

Sobre la comparecencia del ex contador Lanz Montejo, dijo que analizarán las pruebas presentadas para esclarecer las discrepancias en los estados financieros, ya que existe una diferencia incuantificable que podría reflejarse en faltante de recursos que tendrán que ser justificados, o de lo contrario, se le iniciará un procedimiento administrativo y hasta acciones penales por daño al patrimonio municipal, como desvíos de recursos o peculado, o en su caso, por ser cómplice de “maquillar” las cifras.

“El punto clave es que la contabilidad no nos está cuadrando, no está concediendo la información que él nos proporciona con relación a lo que se tiene en el Sentre; el monto no se puede determinar porque no hay una cifra clara”, indicó Palomo Tuyub.

De igual forma, dos funcionarios de la Dirección de Desarrollo Urbano comparecieron por la tarde por varias horas.

El ex contralor Manuel Ucam, y ex director de relaciones públicas, Jimmy Cerecero, también se presentaron a la Contraloría con documentación para aclarar y ampliar la información sobre la entrega-recepción, así como también para solventar parte de sus observaciones.

Mientras que Billy Jean, ex presidente del comité organizador del Carnaval, se presentó para firmar su acta de entrega-recepción.

Finalmente Maritza Valencia, quien fuera directora de la Policía Municipal Preventiva, también se apersonó, aunque se desconoce los motivos. (Julián Puente / QUINTANA ROO HOY)

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI alista la suspensión y  posible expulsión de los  ex gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge, y de Chihuahua, César Duarte. Así lo aseguró Armando Barajas, quien solicitó desde julio pasado sacar a los mandatarios de las filas del tricolor por la presunta comisión de actos de corrupción.

El consejero nacional adelantó que es cuestión de días para que el órgano interno del PRI falle en contra de los ex  mandatarios  señalados  por malos  manejos  de recursos  públicos, presunto daño patrimonial y  excesivo endeudamiento de las arcas estatales, tal y como lo ha documentado LUCES DEL SIGLO desde hace meses.

“En el caso de Borge y en el caso de Chihuahua están a punto de dar la resolución. Está próximo a resolverse y no pasa de días que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria sesione para esos dos casos”, dijo.

“Los comisionados se han estado reuniendo para hacer el análisis del fallo sobre la suspensión y expulsión de estos personajes. Hay avances en el caso de Borge y también de César Duarte. Se solicitó información sobre las empresas fantasma tanto en el caso de Borge y del ex Gobernador de Chihuahua”, agregó Barajas.

Sobre las causales que podrían derivar en la expulsión de los ex gobernadores, Barajas consideró que existen suficientes elementos para determinar que ambos actuaron con falta de probidad. “En estos casos, lo que se está estimando es que la falta de probidad en el desempeño en sus funciones como gobernadores trajo como consecuencia un menoscabo a la credibilidad del partido y agravio a los militantes. “Ese sería uno de los motivos por los que se espera que sean expulsados.

Hay dos hipótesis: falta de probidad o la comisión de ilícitos en el desempeño de sus funciones. En este caso también estamos hablando de que su conducta provocó la desunión al interior del partido por sus actos de corrupción”, agregó. Sobre la tardanza de cinco meses para que el PRI procese los casos de estos ex gobernadores, Barajas dijo que era necesario conseguir información sobre las irregularidades que se les imputan. Explicó que en el caso del veracruzano Javier Duarte, la expulsión se registró con mayor celeridad como consecuencia de la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR).

Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), aseguró que está vigente la posibilidad de que el PRI expulse de sus  filas  a los  dos  ex  gobernadores  señalados, Borge y Duarte. “Son asuntos  que no se acaban hasta que se acaban. En cada reunión siempre se trata y  se ve cómo va el avance de la investigación. No solamente es la palabra del presidente (Enrique Ochoa Reza) sino de todos los priistas”, sostuvo en entrevista. Por separado, la senadora y  secretaria general del sector popular priista, Cristina Díaz, afirmó que el proceso contra los dos ex gobernadores “debe estar abierto en estos momentos”.

(Luces del Siglo)

Son 36 nombres de personas Quintanarroenses que aparecen en la consigna por delitos electorales, de esta forma es el Estado con mayor numero de ordenes de aprehensión por cometer dichos actos delictivos.

Durante el pasado mes de noviembre, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República, consignó 122 Averiguaciones Previas en contra de 126 probables responsables por la comisión de diversos delitos Electorales.

De las 122 Averiguaciones Previas consignadas, 45 fueron presentadas en Veracruz, 36 en Quintana Roo, 17 en Sonora, 7 en la Ciudad de México, 3 en el Estado de México, Nuevo León y Yucatán; 2 en Puebla, 1 en Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Michoacán, respectivamente.

Asimismo, de los delitos electorales investigados 122 corresponden al ilícito previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal Federal, así como a la fracción I del Artículo 13 de la Ley General en materia de delitos Electorales, en sus hipótesis relativas a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración al Registro Federal de Electores o en la expedición ilícita de credenciales para votar; como lo estipulado en el artículo 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su hipótesis al funcionario partidista que se abstenga de rendir cuentas sobre el de gasto de eventos proselitistas de campañas de algún candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido dentro del ámbito de sus facultades.

Durante este mismo periodo, fueron notificadas 66 órdenes de Aprehensión, libradas por Jueces de Distrito, de las cuales: 36 corresponden al estado de Quintana Roo; 8 en Sonora; 5 en Puebla y Veracruz; 4 en Yucatán; 3 en el Estado de México y Guanajuato, respetivamente y, 2 en Jalisco.

Igualmente, se cumplimentaron 16 órdenes de Aprehensión: 5 en Sonora; 3 en Yucatán y Veracruz; 2 en Jalisco y, 1 en Guanajuato, Nuevo León y Quintana Roo. (gob.mx)

Por: Expansión

El gobierno de Quintana Roo interpuso denuncias penales en la Fiscalía General del estado en contra de cuatro titulares de juntas de Conciliación y Arbitraje, por llevar a cabo juicios laborales a modo para despojar de sus bienes a empresarios, ejidatarios y particulares en los municipios de Cancún y Tulum.

Se trata de cinco denuncias interpuestas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social local por los delitos de peculado e infidelidad de custodia de documentos, luego de que la nueva administración detectó 170 expedientes perdidos y 16 juicios laborales falsos o con irregularidades, explicó a Expansión la titular de la dependencia, Catalina Portillo Navarro.

Los exfuncionarios que fueron denunciados son Elide María Meriggi Pérez, Alexis Ayala Ávila y Javier Ernesto Rosado Sauri, presidentes de las juntas especiales 1, 2 y 3 de Cancún, así como Roberto Javier Ibarra Morales, de la Junta Especial de Playa del Carmen, quienes estuvieron al frente de estas instituciones mientras se realizaron los juicios laborales a modo.

De acuerdo con Portillo Navarro, si bien las denuncias son contra los extitulares de la juntas, no descartó que haya más personas involucradas en la red y adelantó que habrá más investigaciones.

“Hay más personas involucradas porque, en la juntas de Conciliación y Arbitraje, los que tienen fe pública para cada una de las actuaciones son los secretarios de acuerdos, los secretarios generales y los actuarios, que son los que ejecutan y dan fe de dicha diligencia”, dijo.

En julio, Expansión y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicaron una investigación que dio cuenta de una red de funcionarios auspiciados por el entonces gobernador, Roberto Borge,que se dedicaba a despojar de casas, departamentos, hoteles y dinero en efectivo a través de juicios laborales amañados interpuestos en las juntas especiales de Conciliación y Arbitraje de Cancún y Playa del Carmen.

En la investigación, publicada en dos partes, se pudo documentar más de una docena de casos,como los despojos de los departamentos de los condominios Lagoon Loft en el Club de Golf Pok Ta Pok y Maioris Tower, en Puerto Cancún —un desarrollo habitacional en una de la zonas de mayor plusvalía de Cancún—, las cuentas de banco vaciadas a empresas como Pochteca, la transnacional Nestlé, la desarrolladora Planigrupo, y los desalojos a los hoteles Playa Azul, Puerta del Cielo, Ixchel y Dos Ceibas, entre otros.

DENUNCIAS A DETALLE

La titular de Trabajo detalló que las denuncias por peculado se interpusieron luego de que en la juntas especiales 2 y 3 y en la de Playa del Carmen se encontró un faltante en conjunto por 678,191 pesos.

“Sellamos la cajas fuertes hasta que fuera la entrega-recepción y, al momento de abrir los sellos, las cantidades que habían depositado los patrones a favor de los trabajadores, por laudos, garantías de amparos o por subsistencias económicas, no estaban completas. Los presidentes son los encargados de guardar este dinero, se cotejó con los documentos y había faltantes”, detalló la funcionaria, quien señaló que donde se encontró un mayor faltante fue en la Junta Especial 2.

En el caso de la denuncias por infidelidad en la custodia de documentos, Portillo Navarro explicó que son 170 expedientes de juicios laborales los que están desaparecidos, siendo nuevamente la junta 2, que era dirigida por Alexis Zavala, la que más documentos desaparecidos tiene: 157.

En esta junta se radicó la mayor parte de los juicios que Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentaron, y fue donde los afectados coincidían en señalar que en la junta les hacían “perdedizo” su expediente e, incluso, debían acudir a amparos para conocer quién los demandaba.

La secretaria de Trabajo indicó que de los varios expedientes que no aparecen se han detectado diversas inscripciones en el Registro Público de la Propiedad (RPP), donde también se documentaron diversas irregularidades en su actuar, como es el resguardo y cierre de folios para consulta pública que correspondían a predios despojados.

“Hay inscripciones en el Registro Público de la Propiedad de embargos sobre dichos bienes inmuebles, pero no tenemos el expediente para poder cotejar”, indicó.

FRAUDES PROCESALES

La funcionaria consideró que los juicios simulados que se cometieron en las juntas especiales de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo no son otra cosa que fraudes procesales; no obstante, dijo que a la administración local no le corresponde denunciar por este delito, ya que éste fue cometido en contra de los afectados y no de la administración.

“En la entrega y recepción al momento del cese de los anteriores presidentes de juntas, nos vamos encontrando, lo sabíamos, ya sabíamos por la investigación periodística de Grupo Expansión”, expresó.

La secretaria dijo que hay varios casos en los que los mismos abogados que llevaron la demanda laboral son los que las firmaron con una supuesta carta poder; nunca firmaron los trabajadores y, en otros casos, los supuestos trabajadores de las empresas son hasta los abogados.

“Simulaban la notificación a los demandados, estos actuarios manifestaban que sí habían notificado, siendo que no lo hacían y trastocaban el derecho fundamental a una defensa adecuada y a ser oídos y vencidos en el juicio”, confirmó Portillo Navarro.

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO?

A poco más de dos meses de iniciada la actual administración, la secretaria de Trabajo subrayó que, aparte de investigar para poder iniciar las demandas penales, una de las primeras acciones fue instruir al pleno de la Junta de Conciliación —que está conformada por los seis presidentes de juntas, más los representantes del sector obrero y patronal— a que se emitiera un solo formato de citatorio a los demandados, para que tengan certeza de que las notificaciones son reales, además de que ya se está al día en la publicación de los estrados electrónicos.

“La primera notificación a juicio es toral para que ya no se vayan en rebeldía, que todos demandados sepan y conozcan en qué junta está registrada su demanda laboral para que puedan acudir a atenderla”, dijo la funcionaria.

“Estamos haciendo un programa de capacitación para actuarios, y los actuarios que no lleven a cabo los procedimientos adecuados, inmediatamente se actuará contra ellos”, aseguró.