Borge- Pagina 6

Julio César Pérez Vela, Perito de Borge recibe sentencia de 3 años y 10 meses por falso peritaje en contra de Pedro Canché

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Ciudad de México, a 1 de abril de 2019.- El Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo dictó sentencia de 3 años, 10 meses y tres dias de cárcel para el perito de Borge, Julio César Pérez Vela, que realizó un peritaje que sirvió para el injusto encarcelamiento del periodista Pedro Celestino Canché en 2014.

Canché, fue injustamente privado de su libertad acusado del delito de sabotaje por el simple hecho de documentar y difundir el desalojo violento de un plantón de pobladores de Felipe Carrillo Puerto, a las afueras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado el 20 de agosto de 2014. El 30 de agosto del mismo año, Pedro fue detenido e ingresado a la cárcel de la localidad, donde fue golpeado brutalmente por internos desde la primera noche aun cuando las autoridades en prisión debieron salvaguardar su integridad. Pese a las lesiones graves, nunca fue atendido debidamente en el Hospital General del municipio.

El pasado mes de mayo de dos mil dieciocho fueron detenidas la Agente del Ministerio Público encargada de investigar los supuestos delitos cometidos por Canché en agosto de 2014, así como el Juez que determinó que existían elementos suficientes para dictar formal prisión y seguir proceso contra el periodista maya. De igual manera, el perito Julio César Pérez Vela, quien emitiera un peritaje de criminalística de campo sin que existiera ni siquiera denuncia en contra de Pedro se le inicio proceso el mismo mes de mayo de 2018.

En su momento, el Grupo sobre la Detención Arbitraria de la ONU señaló en la opinión 18/2015 que “[e]l arresto, la detención y el proceso judicial contra el Sr. Canché Herrera son el producto de represalias contra sus actividades.” Calificó la detención de Pedro Canche ́ como arbitraria y solicitó al Gobierno Mexicano “Disponer la inmediata libertad del Sr. Canché Herrera y proveerle con una adecuada reparación, incluyendo, entre otros aspectos, el otorgamiento de una adecuada compensación y la provisión del tratamiento médico necesario”

De la misma manera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de la Recomendación 13/2015, señaló que Pedro Canché sufrió violaciones a sus derechos a la libertad de expresión, integridad personal y seguridad jurídica, mediante la detención arbitraria durante más de ocho meses en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con motivo de una acusación sin sustento del Gobierno de Roberto Borge.

Pedro Canché recuperó la libertad el día 28 de mayo de 2015 tras un arduo esfuerzo de su defensa implementada por ARTICLE 19. En su resolución, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Quintana Roo concluyó que no había pruebas suficientes para determinar responsabilidad por el delito de sabotaje ya que el periodista se encontraba en el lugar de los hechos únicamente para grabar las manifestaciones.

Esta resolución permitió confirmar que la detención de Pedro Canché respondió a un afán de inhibir su libre ejercicio periodístico, además de que en todo momento la acusación en su contra estaba sustentada en elementos sumamente contradictorios e inconsistentes.

Tales inconsistencias vulneraron los derechos de Canché a la libertad personal, la libertad de expresión, el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, y lo convirtieron en víctima de un montaje jurídico en su contra. Derivado de lo anterior, Pedro inició un proceso contra quien resultara responsable de la violación de sus derechos humanos y de los posibles delitos cometidos en su perjuicio ante la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.

El proceso contra Julio César Pérez Vela, un avance en la búsqueda de justicia de Canché.

La sentencia contra el perito Julio César Pérez fue dada a conocer el pasado jueves 28 de marzo, fecha en la cual integrantes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión informaron a ARTICLE 19 – que acompaña legalmente al periodista- el sentido de la decisión.

La sentencia se da luego de que Julio César Pérez Vela fuera procesado en el Estado de Quintana Roo desde el pasado mes de mayo de 2018, en dónde también fueran detenidos en cumplimiento de orden de aprehensión el Juez que giró orden de aprehensión y dictó formal prisión por el delito de sabotaje a Pedro Canché sin pruebas que acreditaran el supuesto delito, Javier Ruíz Ortega, así como la Agente del Ministerio Público Tila Patricia Galera León quien ejerció acción penal en contra de Pedro aún cuándo no existió ningún elemento que acreditara la existencia del delito que se le imputó.

En este sentido, el Juez Sexto de Distrito consideró penalmente responsable por delitos contra la administración de justicia a Julio César Pérez pues emitió un dictamen pericial en criminalística de campo un día antes de que se iniciara investigación por el delito de sabotaje en contra de Pedro Canché, dictamen pericial al que la Ministerio Público y el Juez le dieron pleno valor probatorio, a pesar de que el mismo no tuvo fundamento que sustentara sus existencia.

De este modo, el Juez Federal con residencia en Chetumal sentenció a 3 años y 10 meses de prisión y multa por la cantidad de $42,343.28 a Julio César Pérez Vela, decretando además su destitución e inhabilitación para realizar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por el mismo lapso, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos. De la misma forma, el ex funcionario deberá reparar el daño cometido a Pedro Canché por los actos que cometió en su perjuicio.

ARTICLE 19 celebra las gestiones hechas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, al tiempo que exige que continúe investigando a las demás personas que resulten responsables por los delitos cometidos contra Pedro Canché, antes, durante y después de su injusto encarcelamiento.

De la misma forma ARTICLE 19 ve con especial preocupación como el proceso que se ha llevado en contra de las y los funcionarios implicados en el injusto encarcelamiento de Canché en 2014, confirman el uso de los aparatos de procuración y administración de justicia como forma de castigo a las y los periodistas que ejercen su derecho a la libre expresión.

El Poder Judicial Federal debe continuar con las sanciones a los diversos funcionarios detenidos en mayo de 2018, es decir, la Ministerio Público Tila Patricia Galera León y Javier Ruíz Ortega, quien fuera secretario en funciones de Juez al momento de dictar a orden de aprehensión y formal prisión en contra de Pedro Celestino Canche Hérrera.

Por último, ARTICLE 19 hace un especial llamado al Poder Judicial Federal, en particular a las y los jueces y magistrados Federales con residencia en Quintana Roo a que garanticen el derecho a la justicia completa e imparcial a Pedro Canché, pues actos como el que anteriormente cometió el Juez Sexto de Distrito al cambiar su valoración de las pruebas y dejar en libertad a Javier Ruíz Ortega demuestran que la justicia continuará incompleta para el periodista hasta que se reviertan dichos actos que presumen parcialidad.

Nota para prensa

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ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

Roberto Borge se declara preso político

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Morelos.- En una treta más de su defensa jurídica, el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo, se declaró perseguido político del régimen federal encabezado por el priísta Enrique Peña Nieto y logró la ampliación del plazo constitucional para presentar pruebas por dos meses más.

En su publicación de este día el medionacional El Reforma, consigna que el séptimo gobernador constitucional de Quintana Roo, señaló en particular al ex Procurador Raúl Cervantes, de haber emprendido una persecución política en su contra.

Durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl, el ex Gobernador de Quintana Roo se declaró preso político y solicitó al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero revisar su caso.

Borge compareció, vía videoconferencia, desde una rejilla de prácticas del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos.

Borge Angulo intenta con esta treta legaloide, apegarse al “perdón” y borrón, que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esa estrategia de no permitir la violencia política en el país, que según dijo ha desgastado a los mexicanos.

Borge Angulo, acusado de lavado de dinero proveniente del narcotráfico o del crimen organizado y de desempeñófunción pública, lucía pálido, más delgado y nervioso. A cada momento golpeaba con los puños cerrados o con los dedos abiertos la plancha de concreto sobre la que estaba apoyado

“Por primera vez haré uso de la palabra. Primero que nada, recordándole a la audiencia que el 1 de diciembre del año pasado hubo un cambio de Gobierno. En cuanto a mi situación durante el tiempo en que se investigó por parte de la anterior Administración de la PGR, hoy quiero manifestar que me declaro inocente, preso político de la Administración anterior y hago responsable a la PGR, cuando fue dirigida por Raúl Cervantes, porque hubo motivos políticos”, dijo Borge.

“No habían podido acreditarme siquiera el motivo del lavado de dinero. Le quiero hacer patente que por lo demás, me declaro inocente, hago un exhorto al señor Fiscal Alejandro Gertz Manero para que pueda (revisar) la causa penal”.

Borge fue interrumpido por su abogada Sharon Hernández Colín, quien trató de reconvenirlo para que se concentrara en el tema estrictamente legal por el que había sido convocada la audiencia; es decir, para ampliar el plazo de la investigación complementaria.

“Preferiría que no abundara en estos temas”, le dijo su defensora.

En ese momento, intervino el Juez de control Artemio Zúñiga Mendoza, para explicarle del alcance que podían tener sus manifestaciones.

“Al margen de todo esto, es su derecho y usted puede hacer uso de la palabra”, le señaló el juzgador.

“Nada más solicitar esa revisión a las nuevas autoridades de la nueva Fiscalía y me declaro inocente”, cerró su intervención Borge Angulo, en una audiencia que inició a las 14:15 horas y tuvo una duración de 41 minutos.

En la misma audiencia, el Juez de control Artemio Zúñiga Mendoza concedió a Roberto Borge dos meses más de plazo para presentar pruebas de descargo contra la imputación de un presunto lavado que derivaría de un quebranto de 900 millones 99 mil 418 pesos al patrimonio de Quintana Roo.

En enero de 2018, tras ser extraditado de Panamá, se informó que Borge padecía de síncope vasovagal, problemas renales y depresión. Ayer, sus defensores dijeron al juez que sufre mayores síntomas que han agravado su salud.

Los abogados del ex Mandatario argumentaron que, por situaciones ajenas a la defensa, había sido imposible reunir todas las evidencias contra la imputación y por ello se vieron en la necesidad de solicitar una prórroga de la investigación complementaria.

Dado que los fiscales federales no se opusieron a la petición del imputado, el juzgador acordó que la fecha de cierre de la investigación bajo control judicial será el próximo 8 de abril.

Al mismo tiempo, el juzgador rechazó enviar al Centro de Justicia Penal Federal de Cancún el proceso contra Borge, al estimar que ya era un tema juzgado.

Dijo que cuando se asumió la competencia del caso en Nezahualcóyotl, se argumentaron motivos de seguridad y ante estos no proceden las incompetencias.

Esta última decisión fue tomada a raíz de que un tribunal ordenó que se tramitara en Cancún el proceso por lavado contra un coacusado de Borge, César Celso González Hermosillo y Melgarejo

OBSERVATORIO: Borge pedirá este viernes al juez una cuarta ampliación para reunir pruebas

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Cuautla, Morelos.- El exgobernador de Quintana Roo y su defensa comparecerán este viernes para solicitar una nueva ampliación para reunir pruebas de descargo.

Es la cuarta vez que solicitan ampliar el plazo, lo que retrasa el proceso del juicio que enfrenta por lavado de dinero por la 900 millones 99 mil 418 pesos y asociación delictuosa.

Ya anunciaba la Fiscal Anticorrupción de Quintana Roo, Rosaura Villanueva Arzapalo que la defensa del ex gobernador Roberto Borge estaba muy activa y es el caso que por cuarta vez recurre a recursos de este tipo para retrasar el juicio en su fase de presentación de pruebas.
La anterior Procuraduría General de la República ahora Fiscalía General (FGR) había presentado una demanda por presunta enajenación de 22 predios a precios muy por debajo de su valor real y que otorgó a familiares, amigos, ex colaboradores y personas de su confianza.

Entre estos 22 predios que formaban parte de la reserva natural de Quintana Roo, estaban al menos dos a nombre de su mamá, la señora Yolanda Angulo.

De acuerdo a la agenda del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, el ex gobernador Roberto Borge y su defensa comparecerán el próximo 8 de febrero a las 14:00 horas para solicitar un nuevo plazo de investigación para reunir pruebas de descargo a su favor.
Cabe señalar que fue la propia FGR instancia que en julio del año pasado informó que cerraba su investigación y que ya no tenía más diligencias que realizar para reunir más pruebas contra Roberto Borge Ángulo.
Cabe señalar que debido al amparo que le concedió el juez de distrito del Estado de México, el juicio contra Roberto Borge se encuentra detenido desde octubre de 2018. El amparo fue contra el auto de vinculación a proceso que lo mantiene recluido en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial de Morelos desde el 5 de enero de 2018.
Roberto Borge fue detenido en Panamá en junio de 2017.

OBSERVATORIO: Solo el 0.5 % de los recursos que se robaron los borgistas se han logrado recuperar

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Más de 13 mil 663 millones faltan por recuperar del saqueo que hicieron los borgistas al erario público, informó el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Manuel Palacios Herrera, que corresponden a las auditorías practicadas a instancias de gobierno en el periodo de los años 2015 y 2016.

La auditoría extraordinaria reveló que el saqueo preliminar es de 13 mil 663 millones 51 mil 38 pesos con 32 centavos y apenas la Fiscalía Anticorrupción ha logrado recuperar la cantidad de 69 millones de pesos, en 38 denuncias interpuestas que implican a 97 servidores públicos de los periodos 2015 y 2016.
Legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura se reunieron con Manuel Palacios Herrera, quien les informó sobre el estatus de las investigaciones correspondientes a las auditorías practicadas a instancias de gobierno de correspondientes a los años 2015 y 2016.
Durante la reunión que encabezó el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presidente de la citada Comisión, el Auditor Superior informó que las denuncias interpuestas, así como los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) derivados de la auditoría complementaria ordenada por el Pleno de la XV Legislatura a las cuentas públicas de la pasada administración, continuarán hasta sus últimas instancias.
El objetivo es, dijo el legislador, lograr la completa reparación del daño a la hacienda pública. El Auditor reiteró que, precisamente, ese es el principal objetivo de las denuncias que se encuentran en curso.
Ramos Hernández resaltó que para la XV Legislatura, es importante que la ciudadanía y los medios de comunicación conozcan cuáles son los avances y el resultado de la auditoría complementaria realizada a la pasada administración, así como el compromiso de los legisladores porque los procedimientos iniciados se concluyan hasta lograr la reparación del daño al estado de Quintana Roo.
Ante los diputados Luis Ernesto Mis Balam, Gabriela Angulo Sauri, Fernando Zelaya Espinoza, Javier Padilla Balam, Yamina Rosado Ibarra y Juan Ortiz Vallejo, el Auditor presentó los avances de la revisión casuística y concreta de las cuentas públicas 2015 de diversos entes fiscalizables del estado y los municipios de la pasada administración, solicitada por el Congreso del Estado en febrero de 2017.
Como se recordará, esta auditoría busca completar la revisión al 100 por ciento, de los informes de resultados de las cuentas públicas del 2015, cuyos informes fueron avalados por la legislatura anterior sin tener la certeza mínima requerida, con avances de apenas un 50 y 75 por ciento, en sus revisiones tanto financieras como física de las obras públicas.
Ante los legisladores, Palacios Herrera informó que la Auditoría Superior presentó un total de 15 denuncias por un monto de 8 mil 955 millones 615 mil 432 pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2015, donde se involucran a 64 servidores públicos de la pasada administración estatal y de las municipales.
Para el periodo 2015-2016 se interpusieron 14 denuncias por un monto de 1 mil 925 millones 874 mil 530 pesos, en la que se involucran a 18 servidores públicos. Mientras que del periodo 2016, se presentaron 9 denuncias que involucran a 15 servidores públicos, por la cantidad de 2 mil 781 millones 561 mil 75 pesos.
En total son 97 servidores públicos involucrados en 38 denuncias por un monto de 13 mil 663 millones 51 mil 38 pesos con 32 centavos de 2015 y 2016.
Además de las denuncias penales interpuestas, se han promovido 36 Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) ante los órganos internos de control de las dependencias donde se registraron estas irregularidades.
El Auditor Superior del Estado Manuel Palacios Herrera presentó también el Seguimiento del proceso de solventación del ejercicio fiscal 2016 que, de acuerdo con el corte al 31 de enero de 2019, se han registrado observaciones por 790 millones 940 mil 887 pesos de los cuales, se han logrado solventar 165 millones 934 mil 874 pesos, quedando un pendiente por 624 millones 407 mil 418 pesos.
Los datos ofrecidos por el titular de la ASEQROO corresponden al informe entregado en noviembre de 2018 a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, relativo al avance de la fiscalización de la cuenta pública de la actual administración, cuyo informe final deberá presentarse el próximo 20 de febrero de 2019

12 escuelas sin infraestructura la herencia de Borge

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CHETUMAL.– Pese a estar en asentamientos irregulares y no contar con servicios públicos, 12 escuelas están operando con todo y estas carencias, debido a la irresponsabilidad del gobierno anterior, que construyó estos edificios escolares en predios que no contaban con un título de propiedad.
El titular del Instituto de Infraestructura Educativa Física de Quintana Roo (IFEQROO), Abraham Rodríguez Herrera confirmó que en todo el estado existen 12 escuelas que no cuentan con servicios de agua potable, electrificación y seguridad donde estudian 720 alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria.
Estas 12 escuelas están ubicadas en zonas irregulares; los cuales son parte de la herencia de la pasada administración de Roberto Borge Angulo que no tramitaron en tiempo y forma su regularización.
Los planteles están ubicados: 2 en Chetumal, uno en Playa del Carmen y 9 en los alrededores de Cancún, que carecen de los servicios públicos elementales y que tampoco por normatividad oficial no se les dota estas zonas de agua potable, electricidad, pavimentación y seguridad.
La situación irregular se da por que los ejidatarios de diferentes puntos de la entidad subdividieron sus terrenos y los vendieron, por lo cual no existen títulos de propiedad y por ello las instancias como la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y en general todo el andamiaje gubernamental, aunque quieran, no pueden dotar legalmente a estos asentamientos y a las escuelas de los servicios.
En este sentido comentó que se ha estado realizando un trabajo, en primera instancia de supervisión para detectar los asentamientos irregulares que están en la entidad y que con ello se hagan las gestiones necesarias en coordinación con los ayuntamientos para atender la problemática.
Rodríguez Herrera agregó que las familias que llegan a estas zonas necesitan dichos servicios y aunado a ello también la necesidad de educación.
Se tienen identificados asentamientos irregulares en donde se requiere poner atención y solucionar el tema de la necesidad de educación y son: dos en Chetumal en las colonias Antorchistas, un asentamiento irregular en Playa del Carmen a más de 20 kilómetros de la zona urbana y 9 asentamientos irregulares en las inmediaciones de Cancún.
Mencionó que ante la falta de agua, en una primera instancia se han construido algunos pozos y se han implementado generadores de energía, aunque los maestros tienen que llevárselas porque pueden ser robadas.
El funcionario apuntó que se ha entregado la solicitud de las necesidades de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad para que se dote del cableado que se requiere que son más de 4 kilómetros en total.
Explicó que dentro de estos planteles existen diferentes niveles educativos, es decir, albergan preescolar, primaria y secundaria. Por ello se calculan que son 36 planteles operando y donde se tienen más de 720 alumnos en escuelas de asentamientos irregulares.

Convocará Congreso al Auditor Superior para que informe sobre investigaciones a Borgistas

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_+ Se solicitarán avances de los procedimientos interpuestos contra 84 ex funcionarios de la pasada administración estatal._

_+ “No podemos irnos sin haber concluido estos procedimientos”: Dip. Emiliano Ramos._

_+ En los próximos días la Fiscal Anticorrupción deberá rendir un informe ante la Legislatura._

Chetumal, Quintana Roo. – Para conocer el avance de las demandas y procedimientos resarcitorios iniciados contra 84 funcionarios de la pasada administración por mandato de la XV Legislatura, el Congreso del Estado convocará a una reunión de trabajo al titular de la Auditoría Superior del Estado para que informe al Poder Legislativo el estado que guardan dichos procedimientos dio a conocer el diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.

Entrevistado al término de la sesión número 6 de la Diputación Permanente, Ramos Hernández aseguró que los integrantes de la XV Legislatura no terminarán su encargo sin antes poder informar a la sociedad cuáles fueron los resultados de las demandas y procedimientos iniciados contra servidores públicos de las administraciones anteriores.

El diputado Emiliano Ramos recordó que, en 2016, la XV Legislatura tomó una decisión histórica al mandatar la revisión de las cuentas públicas de 2015, así como reabrir las cuentas públicas de 2016 de las entidades de gobierno y ayuntamientos, que habían sido aprobadas de manera exprés por la anterior legislatura.

“De ese mandato del Congreso, la Auditoría Superior del Estado en abril de 2017 presentó denuncias contra 84 exfuncionarios públicos, de las cuales en los próximos días tendremos a la fiscal anticorrupción para informarnos sobre el trabajo de su fiscalía y tiene que haber, por supuesto, un avance de las 27 denuncias contra 84 funcionarios por un monto de 13 mil millones de pesos que se logró acreditar”, explicó.

Ramos Hernández comentó que hay otro grupo de 30 o 40 funcionarios adicionales que, si bien su conducta no dio elementos para interponer una denuncia, sí hay elementos que permiten la inhabilitación y sobre todo, obligarlos a resarcir el daño a la hacienda pública.

Además de la comparecencia del Auditor Superior, para este mes de enero está contemplada una reunión de la Fiscal Anticorrupción ante la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos que preside la diputada Yamina Rosado Ibarra, como parte de las reformas constitucionales aprobadas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta aseguró que estos procedimientos son tardados, pues existen tiempos y plazos que deben cumplirse, así como respetar el debido proceso y el derecho de audiencia que tienen los ex servidores públicos involucrados.

“Sin embargo de lo que se denunció en abril de 2017 a enero del 2019, tiene que haber avances en estos procesos y es nuestra obligación como Comisión de Hacienda, vigilar que la Auditoría Superior del Estado haya avanzado en estas investigaciones para posibles sanciones, entonces es un proceso largo, pero tiene que haber un avance no podemos irnos sin haber concluido”, sentenció.

Sobre la solicitud de juicio político contra el extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) Juan Pablo Guillermo, Ramos Hernández dijo que están a la espera de que los jueces resuelvan los amparos que ha promovido el exfuncionario para que la Comisión Instructora emita sus conclusiones.

En la sesión número 6 de la Diputación Permanente, se dio lectura a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, la cual fue turnada a las comisiones correspondientes para su estudio y análisis.

A la sesión asistieron los diputados Emiliano Ramos Hernández, Jesús Alberto Zetina Tejero, Raymundo King de la Rosa, Ramón Javier Padilla Balam y María Yamina Rosado Ibarra.

Por chapucero le harán pruebas grafoscópicas a Roberto Borge y eso podría acelerar su llegada a Chetumal

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Chetumal.- Será el próximo 18 de enero cuando se realice una audiencia en donde peritos dactiloscopicos y mediante otros instrumentos comoputarizados, le realicen al ex gobernador, Roberto Borge diversas pruebas grafoscópicas.
Esta audiencia debió hacerse en el mes de diciembre
de 2018, pero a solicitud de la defensa de Roberto Borge, preso en el penal del Estado de Morelos se realizarán las pruebas grafoscópicas el próximo 18 de enero.
Roberto Borge Angulo, preso en el Ceferepsi del Estado de Morelos, por delitos de abuso de poder, desempeño irregular de la función pública y peculado, será sometido a esta prueba de cargo, recurso interpuesto por la Fiscalía General del Estado debido a una supuesta firma de amparo, que se dice no la estampó de puño y letra el ex mandatario estatal

Será mediante el peritaje grafoscópico como se determinará si hubo falsificación de firmas en diversos documentos, entre ellos un juicio de amparo, que alega no los firmó de puño y letra el ex mandatario.
La fiscal anticorrupción de Quintana Roo, Rosaura Villanueva Arzápalo, señaló de igual manera en días pasados que se recaba toda la información y expedientes a fin de ejecutar una de varias ordenes de aprehensión contra el ex mandatario quintanarroense.
Sobre la prueba grafoscópica, la primera audiencia se demoró un mes, debido a que la defensa del exmandatario interpuso un recurso para emplazarlo, no obstante indicó será el próximo 18 de enero cuando Borge Angulo enfrente una de las pruebas cruciales del caso, que de comprobarse que hubo falsificación de firmas, se iniciará un nuevo procedimiento legal en su contra.
Según la fiscal anticorrupción está prueba grafoscópica sería crucial para poder traer al exgobernador al estado, por lo que ya se estudia un recurso para que de la autorización por parte del juez federal para traer a Quintana Roo a Borge Ángulo y en audiencia se inicie el proceso desde la Fiscalía General de Quintana Roo.
Por ahora la Fiscalía del Estado solo coadyuva con la Procuraduría General de la República, que tiene preso a Borge Ángulo por presunto lavado de dinero y realizar operaciones ilícitas con dinero de dudosa procedencia, al parecer del narcotráfico.

Recibe, finalmente, fiscalía copia del expediente de Borge

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Chetumal.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recibió ayer apenas una copia del expediente con el proceso de extradición del ex gobernador Roberto Borge Angulo, mismo que estudiarán para alistar las estrategias legales para su futuro proceso en el estado.
Rosaura Villanueva Arzápalo, titular de esta fiscalía anticorrupción, indicó que recibieron las copias ayer por la tarde y todavía ni siquiera ha tenido oportunidad de sentarse a analizar estos documentos.
“En estos días los estudiaremos para ver la posibilidad de hacerlo comparecer”, indicó la funcionaria, quien señaló que ya tienen la autorización de un juez federal para realizar una audiencia con el ex gobernador, pero por medios electrónicos.
“Este personaje ha tenido una defensa muy activa”, comentó Villanueva Arzápalo, quien indicó que por mientras continuarán coadyuvando al Ministerio Público Federal e introduciendo los recursos legales a su alcance.
Por otro lado, afirmó que este 18 de enero tienen una audiencia en el que efectuarán un estudio de grafoscopía con Borge Angulo, pues la Fiscalía alega que los amparos que presentó la defensa del ex gobernador tienen su firma falsificada.
Borge Angulo se había rehusado a hacer la diligencia, pero el juez finalmente optó por poner la fecha para ella.
Los recursos de amparo fueron ingresados por la defensa de Borge cuando éste todavía estaba detenido en Panamá, por lo que su autenticidad es sospechosa.
Aclaró que es un proceso separado a los posibles recursos que ingresen para hacerlo declarar en Quintana Roo.
“Como ven, trabajamos hasta más allá de nuestras fuerzas para ganar la confianza y credibilidad”, declaró Villanueva Arzápalo, quien dijo que se enfrentan a “grandes monstruos” con defensas formidables.
Incluso, dijo que no podían dar a conocer su estrategia jurídica, porque ellos tienen “muchos ojos y oídos”.

Delfín de Borge, “Chanito Toledo”, es nombrado dirigente estatal de Movimiento Ciudadano

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Cancún.- El ex diputado local José Luis “Chanito” Toledo Medina fue designado como dirigente de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, de manera provisional.
El nombramiento fue dado a conocer por el secretario general de esta fuerza política, Jorge Álvarez Máynez, quien felicitó a Toledo Medina a través de su cuenta de Twitter, en una publicación acompañada de una fotografía de ambos.
El ex tesorero de Solidaridad contestó este tuit con uno suyo, en el que escribió: “Muchas gracias Jorge, pertenecemos a esta generación sería, independiente y libre para edificar un gran país, estamos listos, un abrazo”.
Por su parte, la regidora Ludivina Menchaca Castellanos también confirmó el nombramiento de Toledo Medina como coordinador estatal, ocurrido en la sesión ordinaria de Movimiento Ciudadano.

PGR pide una revisión contra amparo de Roberto Borge

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CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE NOVIEMBRE.- A poco tiempo para terminarse el plazo, la Procuraduría General de la República solicitó una nueva revisión para el amparo que presentó la defensa de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo.
Ese amparo, que entrará a análisis, desvincula al ex gobernador preso en un Cereso del Estado de Morelos, por el delito de lavado de dinero. Atenta al procedimiento, la Fiscalía de Combate Anticorrupción en Quintana Roo tiene preparados más estrategias legales para que, en caso de que Roberto Borge sea liberado, sea aprehendido de nuevo. Uno de ellos es la audiencia de señalamiento.
Aún así, los abogados Borge les queda esperar a que el Poder Judicial designe un Tribunal Colegiado para realizar el juicio después del recurso de amparo solicitado por la PGR. A Roberto Borge se le otorgó en octubre de este año el amparo 105/2018, por el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de México.
Con información de: Agencia Quadratín

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