Libertad

Recupera Carlos Mimenza su libertad

 

Playa del Carmen.- El empresario y aspirante a político Carlos Antonio Mimenza Novelo, quien estaba recluido en el Centro de Retención Municipal de esta ciudad, recuperó su libertad hoy, luego de ganar un amparo.
El polémico empresario originario de Cozumel estaba con prisión preventiva, luego de que violara su arresto domiciliario, ordenado como parte de su proceso, acusado de extorsión.
Fue este día cuando fue excarcelado, hecho mantenido en completo hermetismo por parte de las autoridades.
Mimenza cobró notoriedad por enfrentarse en redes sociales con distintos políticos, además de fundar unos supuestos “autodefensas” y lanzarse como precandidato independiente a la presidencia de la República. También presuntamente incurrió en amenazas en contra de al menos tres periodistas, así como contra una oponente política (en una rueda de prensa, invitó al crimen organizado a que la fueran a visitar). Él se convirtió en la primera persona en ser condenado por amenazas en contra de un integrante de la prensa.
Además, encabezó una manifestación que terminó en violencia en Chetumal, y de realizar otra en Playa del Carmen, en la que agredió a otro periodista.
En medio de una abierta confrontación mediática con autoridades estatales y de la Fiscalía General del Estado, el empresario se dio a la fuga y fue detenido en noviembre de 2020 en Mérida, Yucatán, aunque logró obtener el arresto domiciliario en octubre del año pasado.
Después de una nueva serie de publicaciones en redes sociales, acusando y hasta amenazando a funcionarios de gobierno, Mimenza Novelo se quitó su brazalete y viajó a la Ciudad de México, para intentar ingresar a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin lograrlo.
El empresario regresó a Quintana Roo, ya prófugo, siendo detenido en Tulum en febrero de este año.

Mara Lezama garantiza su libertad de expresión, dijo fiscal Montes de Oca a reporteros amenazados en Cozumel

• Acompañado por la presidenta municipal, Juanita Alonso; el secretario estatal de Seguridad Pública, Rubén Oyarvide y autoridades de la FGE Quintana Roo, refrenda el compromiso de la gobernadora Mara Lezama de respetar el derecho fundamental de la libertad de expresión

• Ofrece el Fiscal General implementar estrategias con el fin de atender las quejas e inquietudes de los periodistas, así como brindar apoyo para una correcta aplicación de la ley

Cozumel, Quintana Roo, a 04 de octubre de 2022.- El titular de la Fiscalía General del Estado, Óscar Montes de Oca, sostuvo una reunión con representantes de diversos medios de comunicación, en la que atendió sus peticiones y garantizó el derecho fundamental de la libertad de expresión para quienes ejercen el periodismo, no solo en la isla sino en todo Quintana Roo.

En la reunión, en la que estuvieron presentes la presidenta municipal de Cozumel, Juanita Alonso; el secretario estatal de Seguridad Pública, Rubén Oyarvide, y autoridades de la FGE Quintana Roo, se refrendó el compromiso de la Gobernadora Mara Lezama de salvaguardar la integridad de los comunicadores, así como de toda la población y visitantes.

“Como primera medida, en coordinación con el Ayuntamiento de Cozumel y la Secretaría de Seguridad Pública, impartiremos cursos de sensibilización al personal policiaco, para que sepan cómo actuar en caso de crisis”, expresó Óscar Montes de Oca.

Por su parte, los reporteros expresaron sus inquietudes en materia de seguridad, a la vez que solicitaron a las autoridades presentes se les brinden las garantías para el ejercicio de su profesión.

Al término del encuentro, el Fiscal General ofreció implementar estrategias con el fin de mantener una comunicación directa, a fin de atender las quejas e inquietudes, así como brindar apoyo para una correcta aplicación de la ley.

Víctima de violación denuncia al Juez Diego Peniche por poner el libertad a su agresor

Cozumel. – La joven cozumeleña Vivien Withington denunció un caso de corrupción por parte del juez de control Diego Emmanuel Peniche Caro, por dejar en libertad a Daniel Levitan, sujeto acusado de violación en agravio de la joven en abril pasado, al interior de un hotel de Playa del Carmen

En conferencia de prenda la afectada declaró que “el 2 de abril fui a la Fiscalía de Playa del Carmen a denunciar el delito cometido, dentro de la Fiscalía tomaron mi declaración, me hicieron el examen médico perital al igual que el exámenes psicológico por la Fiscalía, dentro de estos reportes se encontraron daños internos vaginales y físicos, los cuales tardaron semanas en sanar”.

Sin embargo, el miércoles 21 de julio, el juez Diego Emmanuel Peniche Caro decidió arbitrariamente darle libertad a la hombre acusado.

El suceso tuvo lugar en el Hotel Panamá Jack, luego de un encuentro entra la joven y el sujeto extrajeron que conoció por medio de la aplicación Bumble. El 27 de marzo el hombre pidió verse en persona y la chica aceptó, viajo de Cozumel a Playa del Carmen para verlo. La cita fue en Coco Bongo. Allá se conocieron y convivieron para después irse al hotel mencionado.

Entraron a la habitación y fue cuando el hombre abuso de ella y la grabó sin su consentimiento. El acusado borró el vídeo en ese momento para que no haya prueba del delito. La afectada le pide retirarse pero no lo hizo, por lo que inteligentemente pide salir al snack bar y fue cuando aprovechó para pedir ayuda en la recepción del hotel.

Al día siguiente se regresó a Cozumel y procedió a denunciar lo sucedido.

En primera instancia, el juez Fernando León determinó que habían datos suficientes para acreditar el delito mediante violencia física y por ello ordenó prisión oficiosa por tres meses para Daniel Levitan; sin embargo, este mes el acusado cambió de abogados y solicitó una nueva audiencia de sobreseimiento que el primer juez rechazó.

La defensa de Deniel Levitan insistió y apenas el pasado 19 de julio se anunció una nueva diligencia para este miércoles en la que el juez Diego Emmanuel Peniche Caro aceptó como prueba adicional un examen médico de un particular que contradice los resultados del primero, elaborado por peritos, y en consecuencia devolvió la libertad al presunto agresor.

“Mis abogados están en el proceso de apelación, pero fue muy claro y evidente que fue un hecho de corrupción por el juez Diego Emmanuel Peniche Caro. Exijo justicia y pido un llamado a las autoridades que revisen el caso y la falta de ética y profesionalismo del juez de control Diego Emmanuel Peniche Caro en el desempeño de sus funciones”, expresó la joven cozumeleña.

El abogado defensor de la afectada César Ake, detalló que Peniche Caro argumentó que la denuncia no procedia ya que la agraviada no presentaba las huellas de violencia en el cuello.

Ante esta situación, la afectada ha pedido a las autoridades intervenir en el caso para supervisar las acciones del juez Diego Peniche, y así evitar que continur cometiendo otross actos de corrupción e impunidad.

¿Hasta dónde va la libertad de expresión de las autoridades del Estado?

Por: Leopoldo Maldonado

(Dialógo Derechos Humanos) La respuesta a la pregunta planteada en el título parece bastante obvia. Efectivamente las autoridades gozan del derecho a ejercer la libertad de expresión, sobre todo porque es parte de su función primordial informar sobre los actos de gobierno en aras de garantizar el derecho a saber de la sociedad. Sin embargo, en el contexto mundial y regional actual, el uso de este derecho por parte de autoridades, se ha vuelto problemático ante las descalificaciones y estigmatización que profieren jefes de Estado y otros integrantes de la administración pública contra medios de comunicación y periodistas que les son incómodos.

Hoy en día la estrategia de comunicación como arma del poder político se ha potenciado ante los grandes retos que enfrentan los Estados latinoamericanos en contextos de suma violencia, impunidad, corrupción y desigualdad. Pareciera que la imposibilidad de resolver problemas estructurales y coyunturales encuentra en la comunicación política una forma de distorsionar el debate público para que los mensajeros/as y no el mensaje, sean el centro del debate. En esta disputa por la narrativa la condición de autoridad del enunciante tiene un peso mayor que el de cualquier sujeto. Sin duda hay una ventaja basada en el poder formal y simbólico de quien habla frente al objeto y receptores de ese mensaje. Vamos a los ejemplos.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha instaurado un modelo de comunicación gubernamental basada en conferencias matutinas diarias. Durante prácticamente 180 minutos al día, el Jefe del Ejecutivo habla, pontifica, juzga, persuade, absuelve, desestima evidencia y descalifica a sus adversarios. Entre dichos adversarios están, por supuesto, la prensa que el califica como “conservadora”, “fifí” (elitista), “neoliberal”.  Cuando hay indicios de actos de corrupción por parte de sus alegados, el presidente simplemente profiere una letanía de calificativos que desvían el debate del punto central.

Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador, ha hecho lo propio. En los últimos meses se ha enfrascado desde su comunicación oficial en una serie de ataques públicos en contra del medio digital El Faro. La cosa no ha parado ahí. El titular del Poder Ejecutivo salvadoreño ha llegado al extremo de anunciar investigaciones penales en contra del medio crítico que reveló negociaciones de su gobierno con la pandilla conocida  como la Mara Salvatrucha.

Último ejemplo. En una escalada de descalificaciones que se agudizó con la pandemia de COVID 19, el presidente brasileño Jair Bolsonaro se “sube al ring” para menospreciar el trabajo periodístico y acusar a la prensa de mentir al “sobre dimensionar” los efectos del virus SARS-Cov2.

Lo que tienen en común gobernantes como los citados es su considerable popularidad y la subsecuente movilización de ciudadanos y ciudadanas dispuestas de dar una batalla en redes sociales contra los medios de comunicación tradicionales. Todo esto pudiera considerarse parte de un debate robusto y desinhibido. Pero no es así si tomamos en cuenta que la prensa se encuentra históricamente bajo asedio en nuestra región. Aún más preocupante cuando la batalla contra la prensa calificada como “corrupta” o “elitista” se basa en hechos manipulados o sin evidencia suficiente.

La violencia contra periodistas en América Latina encuentra su forma más extrema en el asesinato; los controles estatales sutiles de las líneas editoriales mediante el pago discrecional y opaco de publicidad oficial; la concentración mediática en unas cuantas manos. Esos son algunos factores que nos permiten vislumbrar los efectos nocivos de una discursividad oficial anti-verdad y anti-prensa. De esta manera, la virulencia social contra la prensa prodigada desde el poder público provoca un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de prensa y logra imponer en el imaginario colectivo un absoluto desdén por la verdad.

Como botón de muestra tenemos que en México se agrede a la prensa cada 10.75 horas. Entre las agresiones con intención censora tenemos que se han asesinado a 6 periodistas en lo que va del año. Con ese telón de fondo, los ataques virulentos de funcionarios y particulares avanzan en un ambiente que se sobrentiende permisivo (“el presidente lo hace, porque yo no”), redundando en una escalada de violencia contra periodistas.

Este debate no es nuevo en la región. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en el caso Kimel vs. Argentina que las limitaciones a la libertad de expresión de las autoridades, consisten en considerar que los funcionarios públicos “deben  constatar  en  forma   razonable,   aunque   no   necesariamente   exhaustiva,   los   hechos   en   los   que   fundamentan  sus  opiniones y deberían  hacerlo  con  una  diligencia  aún  mayor  a  la  empleada  por  los  particulares,  en  razón  de  su  alta  investidura,  del  amplio  alcance  y  eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población”.

En cuanto a la afectación de los derechos fundamentales de otros/as el Tribunal Interamericano señaló en el caso Ríos y otros vs. Venezuela que las autoridades “[…] tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos […]. Este deber de especial cuidado  “se  ve  particularmente  acentuado  en  situaciones  de  mayor  conflictividad   social,   alteraciones   del   orden   público   o   polarización   social   o   política,   precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado”.

La Corte ha señalado puntos clave sobre el tema que nos ocupa. Uno, la necesidad de identificar la posición del eminente del discurso. Dos, una mayor obligación de informar con veracidad. Tres, atender a los derechos que se ponen en riesgo mediante ciertos discursos que son considerados oficiales. Cuatro, atender al conjunto de riesgos que detonan las declaraciones públicas en contextos de conflictividad social y polarización social.

En suma, las autoridades sí gozan de libertad de expresión, pero son responsables de sus dichos que en tanto detentan la calidad de garantes de otros derechos. Si el ejercicio de su libertad de expresión conlleva colocar en peligro los derechos de la población – particularmente de las y los periodistas- es evidente que se configura un abuso del derecho. Ello se agudiza cuando las declaraciones públicas de funcionarios o funcionarias del Estado manipulan los hechos y se emiten en contextos de fuerte convulsión social, peligros para el orden público o (como hoy día) en un contexto de emergencia sanitaria.

En el complejo tráfico de relaciones jurídicas que implica la libertad de expresión, encontramos que el ejercicio de la libre manifestación de ideas de las autoridades no se equipara al del común de la población. Mientras las personas particulares gozan de una amplia protección a cualquier discurso y podemos ser sumamente mordaces, críticas y hasta ofensivas de cara a la función pública; las autoridades están sujetas al escrutinio público por la naturaleza de su cargo. Ello también incluye lo que declaran: no pueden simplemente hablar y decir cualquier cosa que confunda a la población o lesione derechos.

De hecho, encontramos que sus dichos como autoridades públicas conlleva grandes responsabilidades legales y políticas y son sujetos a ese escrutinio de la sociedad y la prensa. Un recordatorio pertinente y oportuno cuando una oleada de tergiversaciones de la realidad y descalificaciones de voces críticas desde la palestra pública se torna una peligrosa epidemia que embate nuestras débiles democracias.

La agencia de noticias Reuters afirma que México se comprometió a capturar a líder de cartel a cambio de la libertad de Cienfuegos


(Fuente: Aristegui)
“México se comprometió a colaborar con Estados Unidos en la captura de un objetivo primordial“, dijo la fuente, quien solicitó el anonimato por no estar autorizada a declarar sobre el tema, antes de agregar que el delincuente ha traficado grandes cantidades de fentanilo a Estados Unidos.

Daniel Millán, portavoz del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo a Reuters que “lo que acordamos fue mantener un frente unido contra el crimen y la cooperación que respete la soberanía de cada país”. Agregó que no tenía información de un acuerdo sobre una captura de alto nivel.

Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a comentar y remitió a Reuters a declaraciones anteriores que decían que el caso contra Cienfuegos fue desestimado en una señal de confianza en la justicia mexicana y debido a consideraciones diplomáticas.

El gobierno mexicano no ha aclarado cómo surgió el plan para traer de vuelta a Cienfuegos a México, ni cuándo solicitó su regreso.

La fuente, junto con otro funcionario de alto nivel del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijeron que William Barr propuso primero retirar los cargos contra Cienfuegos en una llamada con Ebrard a principios de noviembre.

El delincuente ha traficado grandes cantidades de fentanilo a Estados Unidos, dijo un alto nivel del gobierno mexicano, quien solicitó el anonimato.Reuters informó a principios de este mes que el fiscal de EU habló con Ebrard para tratar de reducir las tensiones por el arresto. Ebrard confirmó esta semana dos llamadas con Barr, una en octubre y otra el 6 de noviembre.

“Las propuestas (…) son del fiscal general Barr (durante una llamada de noviembre), sostuvo la primera fuente.

Millán dijo que México solicitó que se retiren los cargos en Estados Unidos contra Cienfuegos, pero no pudo confirmar cuándo o si la solicitud ocurrió antes de la llamada del 6 de noviembre. Un portavoz del Departamento de Justicia no pudo comentar sobre las conversaciones.

Uno de los funcionarios, junto con otra fuente del Gobierno, aseguraron que la administración de López Obrador pudo haber planteado trasladar la investigación de Cienfuegos a México antes de que Barr lo sugiriera en la llamada. No quedó claro de inmediato a través de qué canales se habría hecho la solicitud.

Otras tres fuentes gubernamentales mexicanas dijeron que México solicitó que Cienfuegos fuera devuelto para enfrentar la justicia en su país. No especificaron cuándo se hizo la solicitud.

Estados Unidos llevó a Cienfuegos de regreso a México el miércoles, luego de que una jueza de distrito retirara los cargos en su contra a petición del fiscal Barr. Según el acuerdo, ahora será investigado en México.

La decisión de liberar al exfuncionario de Defensa de mayor rango jamás acusado en Estados Unidos de colusión con un cártel, provocó conmoción en la comunidad policial estadounidense y la ira de los exagentes de la Administración de Control de Drogas (DEA).

El arresto de Cienfuegos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en octubre fue el resultado de una investigación de varios años que utilizó escuchas telefónicas para rastrear a una figura militar apodada “El Padrino” por traficantes de una facción del cártel de los hermanos Beltrán-Leyva.

Los investigadores concluyeron que “El Padrino” era Cienfuegos y que había ayudado al cártel a mover toneladas de narcóticos. El militar se ha declarado inocente de los cargos.

El gobierno mexicano, enojado por no haber sido advertido sobre la investigación, calificó el regreso de Cienfuegos como un logro diplomático y una victoria para la soberanía de la nación.

Ebrard y López Obrador han negado especulaciones de que la decisión de regresarlo estuviera vinculada a la negativa del mandatario de reconocer hasta ahora a Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, una medida que López Obrador sostuvo como “políticamente prudente”.

Ni la oficina de López Obrador ni la DEA respondieron a una solicitud de comentarios de inmediato.

“Interés más amplio”

El año pasado, tras la condena en Estados Unidos del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, la atención se ha volcado hacia su rival Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio “El Mencho” Oseguera, por el que la DEA ofrece 10 millones de dólares de recompensa.

El Mencho.

El Cártel de Sinaloa es dirigido por Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de Guzmán han escalado hasta tomar un papel cada vez más preponderante.

La DEA señaló a ambos cárteles como dos de los principales responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

El fentanilo es un poderoso opioide sintético que a menudo se mezcla en el mercado negro con heroína o analgésicos farmacéuticos de dudosa procedencia. Es la principal causa de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

No estaba claro por qué Barr optaría por renunciar a un caso tan importante. México ha trabajado anteriormente en estrecha colaboración con Estados Unidos para perseguir a los principales capos de la droga, aunque con López Obrador la estrategia de seguridad se ha enfocado en reducir las tasas de homicidios.

Un funcionario mexicano dijo que no se podía considerar que la captura de un capo fuera un requisito vinculante dado que tales detenciones dependen más de la buena voluntad del Gobierno, incluida la suerte y el trabajo de inteligencia a largo plazo.

Sin embargo, la DEA ha dicho durante mucho tiempo que México podría hacer más para atrapar a los capos del narcotráfico.

Si bien la administración del presidente saliente Donald Trump prometió debilitar a los cárteles mexicanos, hubo pocos arrestos de alto perfil en los últimos cuatro años antes de la captura de Cienfuegos.

(Diego Oré, Frank Jack Daniel y Mark Hosenball / Reuters)

Logran rescatar a periodista Carlos Guillermo García que había sido privado de su libertad

Notimex/De Peso

Elementos de la Policía Estatal despliegan un operativo de búsqueda y localización del periodista Carlos Guillermo García, director del periódico digital “El Clarín”, quien este viernes fue privado ilegalmente de la libertad en el municipio de Nanchital, informaron autoridades estatales.

En sus cuentas de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal indicó que mantiene comunicación y coordinación con la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

LOGRAN RESCATARLO

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, informó que ya fueron rescatados el periodista Carlos Guillermo García, director del periódico digital “El Clarín”, y su acompañante, quienes habían sido privados de la libertad.

En su cuenta de Twitter, @HGutierrez_M, el funcionario publicó que como resultado del operativo de búsqueda, la SSP, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Policía Ministerial, llevaron a cabo el rescate.

“Reiteramos nuestro compromiso en favor de la integridad y seguridad de las y los periodistas veracruzanos”, añadió

Fuente

Mario Villanueva, con permiso de irse a casita gracias a la 4T. Sólo falta que un juez le de luz verde

Por Abraham Gorostieta

Cancún, Quintana Roo.- La historia criminal de Mario Villanueva salió a relucir en marzo de 1998 con el llamado “Maxiproceso”. Como enemigo era temible e implacable. Con sus fieles era generoso y hasta bondadoso. Le decían a sus espaldas “El chueco”, pero de frente siempre fue “don Mario” y con sus amigos era un tipo de palabra. Derecho hasta decir basta. Sólo que un día se le acabó la buena suerte. Un juez federal giró un centenar de órdenes de aprehensión en contra presuntos miembros y colaboradores del Cártel de Juárez, entre ellos el gobernador Mario Villanueva.
A principios de 1999 la Procuraduría General de la República ejecutó la orden que involucraba a los principales jefes del Cártel encabezado por el extinto Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.
Mario Villanueva vivía momentos de gran esplendor. Gozaba del apoyo del presidente Carlos Salinas de Gortari y de la protección de su hermano Raúl Salinas de Gortari.
Como gobernador Villanueva gastaba cantidades millonarias en publicidad para glorificar su imagen, pero con la llegada del nuevo gobierno de Ernesto Zedillo comenzó su desgracia.
Lejos, pero muy lejos de lo que ocurría con otros gobernadores, Mario Villanueva se vanagloriaba del poder que ejercía con mano dura. Sus vínculos con Raúl Salinas de Gortari lo hacían sentirse intocable y vaya que lo era.
Tan sólo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari 17 gobernadores fueron cesados o renunciados. Así, cayeron, entre otros: en Nuevo León, Sócrates Rizzo; en Tabasco, Salvador Neme García; en Michoacán, Luis Martínez Villicaña y Eduardo Villaseñor; en Yucatán, Víctor Cervera Pacheco; en San Luis Potosí, Fausto Zapata Loredo (quien sólo permaneció 13 días) y Gonzalo Martínez Corbalá (quien únicamente estuvo un año); Teófilo Torres Corzo (también otro año); Guillermo Cosío Vidaurri (por las explosiones del alcantarillado de Guadalajara); en Chiapas, Patrocinio González Garrido, Elmar Seltzer Marselle y Eduardo Robledo Rincón.
Mario Villanueva fanfanorreaba por su gran cercanía con el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Y sobretodo con su hermano Raúl, “Mister ten percent”, como era conocido por pedir el 10 por ciento en cada negocio que el gestionaba con el Presidente.
Las cosas cambiarían drásticamente para Villanueva con la llegada de Zedillo, quien comenzó con mano dura su mandato. Le abrió un proceso y metió a la cárcel a Raúl Salinas de Gortari por el asesinato de Mario Ruiz Massieu.

Caído en desgracia

Así los Salinas cayeron en desgracia y Mario Villanueva quedó desprotegido. Fue entonces que los medios de comunicación nacionales comenzaron a presentar pruebas que lo involucraban con el narcotráfico, señalando que daba facilidades para el transporte de droga de Colombia a Estados Unidos a través de Quintana Roo.
En 1994 la PGR documentó la entrada en operación del cártel de Amado Carrillo Fuentes “El señor de los cielos” en el estado, ese mismo año Villanueva se habría coludido con la organización de Carrillo Fuentes.
Fue la propia investigación difundida por la PGR la que afirma que Villanueva Madrid recibió entre 400 mil y 500 mil dólares por permitir la libre manipulación de cargamentos de droga en la entidad. El contubernio habría durado de 1994 a 1999, años en que la fortuna del mandatario se “volvió sospechosa” para las autoridades. La PGR aseguró que el entonces gobernador, manejó cuentas en bancos de Estados Unidos, Suiza, Panamá y Bahamas.
Villanueva siempre negó los cargos, pero desde el Gobierno Federal se iniciaron investigaciones llegando incluso a interrogarlo en el Palacio de Gobierno de Chetumal.
Ante las pruebas encontradas por la PGR, todo hacía suponer la detención de Villanueva en el momento en que entregara el cargo de Gobernador a su sucesor Joaquín Hendricks Díaz, el 5 de abril de 1999.
Pero Mario Villanueva desapareció dos días antes, llegando incluso a estar ausente en la ceremonia de transmisión de poderes. Permaneció prófugo de la justicia dos años, hasta que finalmente fue capturado el 24 de mayo de 2001 en Cancún en la región de Alfredo V. Bonfil.
Villanueva Madrid enfrenta una sentencia por el proceso penal 101/2003 en el que es acusado de los delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa e intimidación, por lo que habrá de cumplir con una sentencia que como mínimo establecía 22 años en prisión.
La justicia mexicana lo mantuvo preso en la Cárcel del Altiplano en Almoloya de Juárez y luego lo trasladó al Reclusorio Norte en la capital mexicana. Inicialmente un juez lo sentenció en 2008 a 36 años con 9 meses de cárcel. El 8 de mayo del 2010 salió de la cárcel mexicana para ser entregado en el aeropuerto de Toluca a la justicia estadounidense en un proceso de extradición ordenado por el juez Víctor Marrero, de la Corte del Segundo Distrito Sur de Nueva York, para cumplir una condena de 131 meses tiempo que podría reducirse considerando que tenga buena conducta en la prisión de Lexington Kentucky por los delitos de narcotráfico y la lavado de dinero.
Las autoridades en Estados Unidos lo acusaron de haber aceptado millones de dólares en sobornos por parte del cártel de Juárez a cambio de facilitar la exportación de 200 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Villanueva Madrid enfrentaría una sentencia mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua por los cargos de tráfico de drogas, y un mínimo de 20 años por cada una de las 14 acusaciones que enfrentaba por lavado de dinero.
Sólo y sin los apoyos de sus protectores políticos, Mario Villanueva enfrentó el proceso penal en su contra. El exgobernador cumplió una condena en prisión de 113 meses por el delito de lavado de dinero en el país norteamericano, impuesta por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York.
En paralelo, Raúl Salinas de Gortari después de 10 años en la cárcel salía libre, sin que se probara su autoría en el asesinato de su cuñado Mario Ruiz Massieu. A finales del gobierno de Vicente Fox y ya en el mandato de Enrique Peña Nieto el juez XIII de Distrito en Materia Penal exoneraba al hermano incómodo de Salinas. El 19 de julio de 2013 la PGR desistía al no poder lograr acreditar la procedencia ilícita de sus bienes. Ese mismo año la revista Forbes a través de una encuesta de percepción ubicó a Raúl Salinas como una de las “10 Personas más corruptas en México”.

Se declara culpable de lavado de dinero

Mientras el calvario para Mario Villanueva continuaba después de que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo se había comprometido a terminar con los políticos intocables. Así en el mandato de también fueron renunciados los gobernadores de Morelos, Jorge Carrillo Olea y Jorge Morales Barud; el de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, debido a la matanza de Aguas Blancas, y Julio César Luis Ferro, en 1998 después de la masacre de Acteal.
Villanueva estuvo seis años y siete meses encarcelado en Estados Unidos, pero un juez decidió concederle la libertad al considerar su buena conducta y los nueve años pasados en una prisión de México.
Durante su proceso en Estados Unidos, la corte del distrito de Manhattan, N.Y., le otorgó el acceso al expediente para que analizara y tradujera los cientos de libros de pruebas así como grabaciones de voz que se le hicieron cuando fue gobernador del Estado de Quintana Roo.
La demanda firmada por el abogado James B. Comey, en representación del gobierno de americano, estableció que Mario Villanueva Madrid y su hijo Luis Ernesto Villanueva Tenorio y la Sra. Consuelo Márquez participaron en lavado de dinero en instituciones financieras de los Estados Unidos, y realizaron movimientos ilegales por cerca 30 millones de dólares los cuales insertaron en el sistema financiero de ese país de manera fraudulenta.

El exgobernador Villanueva se declaró culpable ante la Corte Americana el 2 de agosto de 2012: “De 1993 al año 2001 participé en una conspiración para organizar transacciones financieras, sabiendo que se trataba del producto de una actividad ilícita, para ocultar el carácter y el origen de ese producto”, declaró ante el juez de la causa Víctor Marrero. Así lo difundió el diario Reforma, El Universal (http://www.eluniversal.com.mx/notas/862491.html) y la revista Proceso. De acuerdo con la carpeta de investigación, las autoridades de EU aseguraron 19 millones de dólares de Mario Villanueva, producto de actividades ilícitas.
De acuerdo con la revista Contralínea, Mario Villanueva, utilizó el sistema financiero mexicano, para lavar al menos 100 millones de dólares, mismos que utilizó en complicidad con el ex alcalde de Cancún, Rafael Lara y el ex Secretario de Finanzas, Chejin Pulido. Este último, Testigo protegido de la DEA.
Para evitar que esos fondos fueran rastreados y se localizara su origen ilícito, tuvieron la asistencia de Consuelo Márquez que, en su calidad de representante registrada de Serfin Securities y Lehman Brothers, coordinó el establecimiento de esas cuentas off shore.
Algunas cuentas estaban a nombre de Carlos Patiño, Brígida Patiño y Felipe Patiño, que Consuelo Márquez abrió utilizando información falsa de los beneficiarios. Abrió otra cuenta en Banamex, Inc, en Nueva York, a nombre de Lehman Brothers Private Clients Services, sin conocimiento de Lehman Brothers. Otra más, abierta en esa firma, a nombre de Bank One Investment Management and Trust Group, que utilizó Consuelo Márquez para depositar los recursos procedentes del narcotráfico como una cuenta temporal antes de transferir sus fondos a otras cuentas.
Después de cumplir su sentencia
En junio de 2013 un juez de Nueva York sentenció a Mario Villanueva a pasar 11 años en prisión. Lo culparon de confabularse para importar cientos de toneladas de cocaína y de lavar millones de dólares en sobornos. Mario Villanueva se declaró culpable del delito de lavado de dinero. La fiscalía de Manhattan, de Nueva York le retiró 13 de los 14 cargos por los que lo acusaba.

Pide el arresto domiciliario

En México, en contra de Mario Villanueva Madrid está pendiente una Sentencia Condenatoria emitida, en segunda instancia, dentro del proceso penal 101/2003 del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
Según el juicio radicado en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Villanueva, también fue acusado del delito contra la salud, sin embargo, en 2007, se le dictó sentencia absolutoria por este delito en particular.
Después de cumplir su condena en Estados Unidos, acabado políticamente y enfermo Mario Villanueva fue liberado a mediados de enero de 2017 y trasladado a México por autoridades migratorias de Estados Unidos que repatriaron a Villanueva, quien fue recibido en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por personal de la Agencia de Investigación Criminal, adscrito a Interpol México, y del Instituto Nacional de Migración.
Tan pronto pisó territorio mexicano Mario Villanueva Madrid fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial ubicado en el municipio de Ayala, Morelos.
Entonces Mario Villanueva movió las pocas influencias que tenía. Le pidió a un periodista abogar por él y este le dio focos y cámara a nivel nacional. Mario Villanueva, en entrevista con Ciro Gómez Leyva pedía pasar el resto de su condena en prisión domiciliaria.
Villanueva no cumple con los requisitos para obtener este beneficio, sin embargo fue trasladado a Quintana Roo al penal de Chetumal. De cumplirse la pena, el exgobernador debería cumplir su pena y salir de prisión a los 91 años de edad.
Pero don Mario quiere apelar a la misma suerte con la que corrió el narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto” quien salió de la cárcel a los 86 años de edad al terminar su sentencia de 40 años y por motivos de salud.

Lo mandan a casita, sólo falta permiso de Juez

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a través de una rueda de prensa informó que el exgobernador Mario Villanueva Madrid cumple con todos los requisitos de ley para recibir el beneficio de prisión domiciliaria.
La funcionaria explicó que fueron tres requisitos los que se revisaron y se constató que, el exgobernador acusado de narcotráfico, cumple: tiene más de 70 años, salud precaria, y no representa peligro público, indicó la funcionaria federal. Por ello, únicamente falta que un juez resuelva su asunto a favor.
“El hombre tiene casi 20 años privado de su libertad, estuvo incluso en prisión en Estados Unidos; tiene los requisitos de ley para acabar de cumplir lo que falta de su condena en prisión domiciliaria”, mencionó.
La Cuarta Transformación ya le hizo “justicia” a Mario Villanueva.

OBSERVATORIO: Tribunal ordena a Carlos Mimenza acudir voluntariamente al CERESO para cumplir su condena de 8 meses 2 días

Por Pedro Canché

Y en caso de no acudir máximo el 15 de Julio, se ordenaría su reaprehensión.

Carlos Mimenza perdió el juicio en el sentido literal. Y es que la sentencia de pasar 8 meses 2 días en la cárcel por amenazar al director del portal El Quintana Roo Mx, Amir Ibrahim, se volverá pronto realidad al perder sendas apelaciones.

Es más, corrió a su abogado Leonardo Kumul sin que se conozca hasta ahora si tiene un equipo que le presente un amparo de última hora.

Un tribunal le dio el plazo de cinco días hábiles- que corren a partir de este martes 9 de Julio- para internarse voluntariamente en el Centro de Reinserción Social (CERESO) del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo “a efecto de dar cumplimiento a la pena de prisión de ocho meses 2 días que se le impuso en la carpeta administrativa citada al rubro, y en caso de no hacerlo, se ordenará su reaprehensión”.

Otra victoria de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Pero sobre todo, Victoria en los tribunales para la Libertad de Expresión.

Góngora Escalante ‘a un pie’ de obtener su libertad

CHETUMAL, Q. ROO.- El ex presidente municipal de Solidaridad y ex candidato a la gubernatura del Estado, Mauricio Góngora Escalante, quien se encuentra recluido en la cárcel municipal de Solidarida, está a punto de recuperar su libertad, debido a que jueces han desestimado el proceso por falta de causas en una de las cuatro carpetas de investigación abiertas en su contra, dio a conocer su abogado defensor Miguel Angel Torres Fritz.

Según el abogado, en las audiencias que se han realizado en contra del ex presidente municipal de Solidaridad, se ha demostrado que no cumplen con los requisitos para llevarlo a juicio, por lo que ha solicitado a la autoridad judicial no tomar en cuenta los elementos presentados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Mauricio Góngora no ha podido ser vinculado a ningún caso de corrupción imputados por la Fiscalía Anticorrupción, porque cada vez que está presenta alguna de las carpetas inmediatamente son desestimadas, durante la investigación.

Asimismo, Torres Fritz expresó que han ganado cada una de las instancias, incluso la del caso VIP Saesa, y únicamente tienen tres denuncias por presunto peculado, de las cuales han salido victoriosos en dos amparos-relacionacionadas con las carpetas de investigación 227 y 229.

Por el caso que se lleva en la carpeta de investigación 253, un juez le concedió el arresto domiciliario, se ha ganado el tercer amparo, y está en revisión; consideramos salir victoriosos, por las pruebas aportadas.

Cada una de las denuncias interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción no han tenido fundamento, incluso el caso VIP SAESA el cual fue descartado, subrayó.

En caso que alguna de las denuncias procediera, Góngora Escalante podría estar libre en un año, dijo.

En el peor de los casos, de proceder alguna de las tres carpetas restantes y que se lleve a juicio a Góngora Escalante, podría salir libre a mas tardar en un año, dijo Torres Fritz.

(Tomado de Noticaribe)

El efecto peje saca de la cárcel a Elba Esther Gordillo

CDMX.- El efecto peje ayudó a Elba Esther Gordillo. Esta madrugada, el abogado de la ex lideresa sindical Marco Antonio del Toro, anuncio informó que  quedó en absoluta libertad de las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero a las que era sujeta.

Esta absolución se dio mediante una notificación del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, que se entregó a las 23:30 horas del martes, por lo que ya es una mujer libre y ya no pesan las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada que le fincó el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

La acusación tenía una cantidad, mil 978 millones de pesos, que tras un litigio sexenal peñitas que la mantuvieron en prisión, de los cuales los últimos meses los pasó en su domicilio de la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Fuente : Internet

La carta de Elba Esther leído por su abogado

“El día de hoy (7 de agosto) a las 23:30 horas recibí por parte del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad, debido al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la que me encontraba sujeta.

“Sin embargo, debido a la muy larga situación de asilamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emocionesque se derivan de un hecho tan importante en lo personal.

“Por lo anterior, he decidido no tener ningún contacto con medio de comunicación nacional o extranjero alguno, pues considero que esta etapa que me ubica en una nueva circunstancia debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia.

“El próximo lunes 20 de agosto habré de convocar aquellos medios de comunicación que tengan interés en conocer mi opinión y posición sobre los sucesos relativos; con oportunidad informaremos lugar y hora”, señala la carta de la ex líder de la SNTE.