Se violan derechos al medio ambiente sano, a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, al acceso a la información, poniendo en riesgo la cultura ancestral de comunidades mayas
Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020.- Ante las graves afectaciones al medio ambiente en la Península de Yucatán y la violación a diversos derechos de los pueblos originarios, provocadas por la presencia de granjas porcícolas, 52 ciudadanas y ciudadanos de 21 pueblos mayas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, presentaron una denuncia popular de carácter regional ante autoridades ambientales federales, para frenar esta situación y, en su caso, obtener desde la cancelación de los permisos, hasta la clausura definitiva de instalaciones que no cumplan con la legislación mexicana.
Con el acompañamiento de Indignación, Misioneros AC-Guardianes de las Semillas, Greenpeace México y Artículo- 19, las y los ciudadanos presentaron denuncia popular de carácter regional ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por las serias afectaciones ambientales en el agua de los cenotes en las zonas de influencia de las granjas, con base en el estudio “La carne que consume al plantea”, elaborado por Greenpeace México.
Al respecto, Lourdes Medina Carrillo, del área de defensa jurídica de Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., explicó que la denuncia regional presentada en las oficinas de las dependencias en la Ciudad de México, documenta las graves afectaciones al medio ambiente y sobre todo a las fuentes de agua de las comunidades, con la petición de que se revisen las autorizaciones de operación de las granjas industriales porcícolas, sin descartar la clausura definitiva, porque además no se realizó la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a los pueblos mayas en cuyo territorio se construyeron las granjas denunciadas.
Destacó que esta lucha jurídica forma parte de un conjunto más amplio debido al clima adverso que, en general, enfrentan las comunidades ante el avance de los megaproyectos de las granjas porcícolas. De eso es ejemplo la lucha que ha emprendido desde hace varios años la comunidad de Homún contra la granja de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), aparcera de Kekén, que hasta ahora había recibido de la justicia la suspensión definitiva.
Sin embargo, se teme que este viernes las magistradas que integran el Tribunal Colegiado en Materia de trabajo y administrativa en el Estado de Yucatán levanten la suspensión, permitiendo la operación de esta granja con capacidad para criar hasta 49 mil cerdos, lo que vulneraría seriamente los derechos del pueblo maya y en particular de las niñas y los niños de esta comunidad (quienes presentaron la solicitud de amparo original) para defender sus derechos al agua, la salud y al medio ambiente sano, perdiendo la oportunidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decida sobre el principio precautorio.
En su oportunidad, Viridiana Lázaro Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático de Greenpeace México y coautora del estudio que se usa como base técnica para documentar los daños ambientales denunciados, recordó que está demostrada la contaminación del agua para uso humano, a causa de la actividad de las granjas porcícolas industriales, de las cuales, el 90 por ciento carece de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), lo cual forma parte de las demandas de las comunidades.
En representación de Misioneros, organización que acompaña a Guardianes de las Semillas, Margarita Noh Poot, explicó que esta denuncia es en realidad un tema mucho más profundo que sólo la exigencia de que se cumplan los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de un ejercicio que busca el cuidado de la milpa en su conjunto, incluyendo los sistemas ancestrales de cultivo sustentable, cultura y tradición del pueblo maya.
De hecho, Carlos Raúl Llamá Ventura, habitante de Kinchil representante de las comunidades, explicó que el reclamo que realizan como miembros del pueblo maya es ante las violaciones flagrantes y consecutivas hacia los derechos sobre su territorio y sobre sus formas de vida en relación con la tierra y el agua en la que subsisten.
La primera violación que las autoridades cometen en contra de nuestros pueblos es el irrespeto hacia nuestra existencia, hacia nuestra forma de vida y hacia nuestro territorio, del cual pretenden despojarnos sin mesura alguna de forma criminal. Un ejemplo de ello es la instalación de las granjas de keken en una zona no apta para esa actividad. Actuaciones realizadas y valoradas por los gobiernos y las autoridades que dicen proteger el medio ambiente, a nuestras espaldas y con miras a exterminarnos. Hoy sufrimos parte de las consecuencias. Los últimos temporales, sin llegar a ser huracanes como tal, nos han afectado de manera terrible. Nuestros apiarios y nuestros ganados están muriendo por la gran cantidad de agua que permanece acumulada más de lo normal.
Además, debido a que las granjas carecen en muchos casos de los requisitos que exige la ley para otorgar los permisos y las Manifestaciones de Impacto Ambiental, se ha observado que las granjas recurren a prácticas como llevar consultas médicas gratuitas a las poblaciones aledañas. Cuando la gente, obligada por la necesidad, toma las consultas, el personal de las empresas porcícolas le pide a las personas que firmen un documento supuestamente por la atención médica, pero se teme que esas firmas que “documentan” sean utilizadas para acreditar una supuesta consulta a la población, que nunca se realizó.
En este sentido, ARTICLE 19 México y Centroamérica, hace hincapié en las omisiones respecto al ejercicio del derecho a la información de pueblos indígenas del estado de Yucatán. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reconocido que el derecho a la información es un derecho clave que permite el ejercicio de otros derechos. En este caso, la falta de garantía del derecho a la información ha derivado en el nulo reconocimiento del derecho de los pueblos mayas a la consulta indígena, libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada antes de autorizar y construir las granjas industriales porcícolas.
Lo anterior, tiene como consecuencia daños al medio ambiente que hoy son irreparables, sin que a la fecha las comunidades hayan obtenido garantías de acceso a la justicia, reparación, y no repetición. Tampoco existe información ambiental, científica, suficiente, en un lenguaje y formato culturalmente adecuado sobre el proyecto y los impactos a corto, mediano y largo plazo. Destacamos que el derecho a la consulta y el consentimiento es un requisito en materia de estándares internacionales; así como el acceso a la información es fundamental para garantizar el derecho a la libre determinación, así como a otros derechos, y para que los pueblos originarios puedan tomar decisiones acertadas, para salvaguardar su vida, su salud, medio ambiente sano, así como la protección de su patrimonio tangible e intangible.
Sobre los daños causados por las granjas en las comunidades mayas, Guadalupe de Jesús Chan Poot, habitante de Tabi, municipio de Sotuta, explicó que este pueblo se encuentra entre dos granjas (Sotuta y Yaxcabá), siendo la de mayor afectación la de Sotuta, la cual no respetó los límites o la mensura que hay entre Sotuta y Tabi, ya que al parecer han tocado parte del monte que le corresponde a Tabi, además han acabado con muchos árboles y están contaminado algunos de los cenotes de la región.
Ante tales circunstancias, se espera que las autoridades ordenen desde el centro de la República una revisión minuciosa de la situación en todas estas instalaciones. Desde la forma de adquisición de grandes porciones de tierras, hasta las formas de conseguir sus permisos ambientales. En la denuncia se pide que las comunidades locales tengan acceso a datos ciertos que les permitan tomar decisiones informadas para asegurar el bienestar de sus poblados y, en el caso de que tras la revisión de la situación de las granjas porcícolas industriales se configuren delitos ambientales, se presenten las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.
