Gobernador de Quintana Roo, asistió a la XLIII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Ciudad de México.- Carlos Joaquín, Gobernador de Quintana Roo, presente en la XLIII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, declaró: “En esta administración, el gobierno de Quintana Roo trabaja en materia de seguridad pública para que los ciudadanos vivan en armonía, para garantizar a mujeres y hombres su seguridad personal y la de sus patrimonios”,
Los gobernadores de los estados del país, Carlos Joaquín, entre ellos, asistió al Palacio Nacional donde Enrique Peña Nieto dirigió esta sesión, en la que se expusieron y autorizaron puntos relacionados con la pelea contra el tráfico de armas y el trabajo de la fuerza policial.
El gobernador Carlos Joaquín, recalcó que, desde el principio de su gobierno, se trabaja en el apuntalamiento de procesos de prevención del delito, en otorgar equipo y servicios tecnológicos de punta a las instancias de seguridad, en la incorporación de procedimientos y tácticas policiales, en combinación entre los diferentes niveles de gobierno.
Se le da importancia al apoyo en la enseñanza, la profesionalización y el examinar de trabajo de los cuerpos de seguridad, así como la optimización laboral de los integrantes, para que tengan más y mejores condiciones de vida con sus familias.
Carlos Joaquín informó que suministró equipo, con un monto de siete millones 770 mil 360 pesos, que consiste en 200 armas cortas y largas, cargadores, municiones, granadas, entre otros. Y notificó que se abrió una base de operaciones de la Policía Estatal en Cancún, entregando constancias de profesionalización de la cuarta fase de Certificación Policial, diplomas a los policías y mandos que se prepararon en los diplomados de Derechos Humanos, Sistema Penal Acusatorio y Certificación Policial.
Conformado por los secretarios de Gobernación, de Defensa Nacional y de Marina; el procurador general de la república; los 32 gobernadores de cada entidad; el jefe de gobierno de la Ciudad de México; el comisionado nacional de Seguridad Pública y el secretario ejecutivo del SNSP; el Consejo Nacional de Seguridad pública es el órgano superior del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ciudad de México.- “En esta administración, el gobierno de Quintana Roo trabaja en materia de seguridad pública para que los ciudadanos vivan en armonía, para garantizar a mujeres y hombres su seguridad personal y la de sus patrimonios”, señaló el gobernador Carlos Joaquín en el marco de la XLIII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Carlos Joaquín, al igual que los gobernadores de los estados del país, estuvo en el Palacio Nacional donde el presidente Enrique Peña Nieto encabezó esta sesión, en la que se plantearon y aprobaron puntos de acuerdo relacionados con el combate al tráfico de armas y a la actuación de la fuerza policial.
El gobernador de Quintana Roo precisó que, desde el inicio de su administración, se trabaja en el fortalecimiento de esquemas de prevención del delito, en la dotación de equipo e infraestructura tecnológica de punta a los cuerpos de seguridad, en la alineación de procedimientos y estrategias policiales, en coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno.
También se apoya la capacitación, la profesionalización y la evaluación de desempeño de los cuerpos de seguridad, así como la mejora de las condiciones laborales de los elementos, para que tengan más y mejores oportunidades de vivir mejor con sus familias.
Carlos Joaquín recordó que hace unos días se abrió una base de operaciones de la Policía Estatal en Cancún, entregó constancias de profesionalización de la cuarta fase de Certificación Policial, diplomas a los policías y mandos que se capacitaron en los diplomados de Derechos Humanos, Sistema Penal Acusatorio y Certificación Policial; y entregó equipo, por un monto de siete millones 770 mil 360 pesos, que consiste en 200 armas cortas y largas, cargadores, municiones, granadas, entre otros.
El Consejo Nacional de Seguridad pública es el órgano superior del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), conformado por los secretarios de Gobernación, de Defensa Nacional y de Marina; el procurador general de la república; los 32 gobernadores de cada entidad; el jefe de gobierno de la Ciudad de México; el comisionado nacional de Seguridad Pública y el secretario ejecutivo del SNSP.
En Palacio Nacional, los gobernadores de los 32 estados dan apoyo a Ley de Seguridad Interior
Se llevó a cabo la 43ª. sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en la capital del país, dirigida por el Presidente y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Enrique Peña Nieto.
El Consejo Nacional de Seguridad pública es el órgano superior del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se conforma por los secretarios de Gobernación, de Defensa Nacional, Marina, el procurador General de la República, los 32 gobernadores de cada entidad; el jefe de Gobierno de la capital, además del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y el secretario ejecutivo del SNSP.
Miguel Ángel Osorio Chong al inicio de la sesión, mencionó que “hace poco más de una década la inseguridad se convirtió en uno de los mayores flagelos para el país”.
El Secretario de Gobernación, agregó: “Esta delincuencia mutó, desarrolló capacidades para diversificar y crear nuevos mercados ilícitos para controlar comunidades y lucrar con el temor de las familias”.
Detalló “mostraban signos de desgaste y en algunos casos se encontraban rebasadas para cumplir su función”, expresó.
Se sometieron a evaluación de los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad los acuerdos respecto a la instauración de acciones para prevenir y atender la violencia ocasionada por el uso de armas, sosteniendo las diversas medidas de seguridad y resguardo de armas de fuego, tanto como el apuntalamiento de las campañas de canje de armas.
En Palacio Nacional, los gobernadores de los 32 estados apoyaron la muy discutida Ley de Seguridad Interior en un ambiente delictivo nunca antes visto desde que se tiene registro, posicionando al 2017 como el año más violento.
José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, se refirió que tal ley le da certeza jurídica a las fuerzas armadas para poder estar en las calles, alineandose al respeto de los derechos humanos.
Aprovechó para decir que es necesario garantizar la profesionalización y efectividad de las fuerzas policíacas, pues de los 2 mil 440 municipios que agrupan todos los estados, 600 de ellos no cuentan con una instancia policíaca; mientras que en mil 600 su policía cuenta con menos de cien personas, lo que deja un fuerte atraso para pelear contra el crimen.
Miguel Ángel Mancera se manifestó referente a los convenios tomados en la sesión dirigidos al tema de la Ley de desaparición forzada que:
“Todos y cada uno de los gobernadores de la República hemos manifestado de manera expresa la total disposición por llevar a cabo las acciones necesarias para implementar satisfactoriamente las líneas y los objetivos de esta ley”.
El gobernador electo en 2016 en el Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, dirige una de las entidades federativas más violentas del país, expresó que “la mayor aspiración de una sociedad es tener la certidumbre y certeza de que sus derechos y libertades están protegidos por la ley”.
En la declaratoria de clausura Peña Nieto dijo que “garantizar la seguridad de las familias mexicanas es una labor que exige corresponsabilidad entre los poderes públicos y entre los tres órdenes de gobierno con la participación activa de la sociedad”.
El presidente de la república detalló que su gabinete ha atendido el reto de la seguridad como un asunto de estado y no sólo de gobierno, representando el problema de la seguridad pública como un problema que atañe a todos los que conforman la sociedad mexicana.
Pues en su dirigencia, lo números delictivos registrados, ha sufrido un aumento nunca antes registrado en la historia del país como lo muestran los censos hechos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Así también se inclinó sobre la Ley de Seguridad Interior, “soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible para la vida pública del país”, dijo Enrique Peña Nieto.
“Distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos han expresado que, a su criterio, el contenido de la ley es inconstitucional. Como sabemos corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, agregó el Presidente de la Nación.
