AGENCIA SIM
Chetumal.- Las diputadas y diputados del Congreso de Quintana Roo aprobaron reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) con el objetivo de reestructurar la operación y el sistema de justicia penal en este órgano descentralizado.
En su vigésima primera sesión ordinaria, los legisladores votaron de manera unánime a favor de la iniciativa propuesta por la gobernadora Mara Lezama. La iniciativa tiene como finalidad agilizar las operaciones y procesos de la FGE para mejorar el manejo de sus responsabilidades.
Como parte de esta reforma, se llevará a cabo una reorganización geográfica de las fiscalías, dividiendo el estado de la siguiente manera: Fiscalía de Distrito Norte (que incluye Benito Juárez y la zona continental de Isla Mujeres), Fiscalía de Distrito Centro (que abarca Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum), y la Fiscalía de Distrito Sur (que cubre Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Othón P. Blanco).
Además, se han establecido 18 fiscalías especializadas, las cuales se encargarán de investigar y perseguir todos los delitos que requieran una investigación especializada, según las leyes generales correspondientes, así como aquellos delitos de gran impacto social y protegidos jurídicamente que necesiten un enfoque similar en la investigación.
Entre las fiscalías aprobadas se incluyen: la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, Fauna y Desarrollo Ambiental, la Fiscalía Especializada en Delitos de Recursos de Procedencia Ilícita, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata Contra Niñas, Niños y Adolescentes, y la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes.
Los legisladores destacaron principalmente la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, Fauna y Desarrollo Ambiental.
“Las invasiones y la venta irregular de terrenos han hecho tanto daño a nuestra sociedad; esta fiscalía viene a resolver un tema que había estado ausente durante décadas en materia de desarrollo urbano”, indicó el diputado del PT, Hugo Alday.
“Me parece que tener todo un marco jurídico que permita abordar todos estos delitos nos llevará a una nueva fase en la procuración de justicia”, señaló el diputado independiente Julián Ricalde.
“Los ejidatarios siguen vendiendo terrenos que ya fueron vendidos y los siguen revendiendo. Con esta fiscalía, estamos dotando de herramientas a los jueces para evitar un desgaste en la procuración de justicia en este tema inmobiliario”, destacó Susy Hurtado del PVEM.
