Levi Hernández

De acuerdo a información de La Palabra del Caribe, Carlos Carrillo, abogado del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, en Panama, presentó un incidente de objeciones por la probable violación a la regla de especialidad dentro del proceso de extradición a México, en agravio de Borge Angulo, ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, el seis de septiembre, en contra de la resolución 1261 expedida el pasado 21 de julio por la Cancillería de aquella nación, para aplicar la excepción al principio de especialidad.

Desde el 19 de mayo de 2020 el gobierno de México solicitó el levantamiento de la regla de especialidad, ante la existencia de un nuevo proceso penal en contra de Borge, aunado a los otros cuatro ilícitos que se le imputan originalmente y que fueron materia de su extradición, concretada el cuatro de enero de 2018.

El nuevo delito por el que se pretende imputarlo es el de delincuencia organizada, identificado en la causa penal 541/2019, con la finalidad de cometer delitos relacionados con Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita.

Al autorizar la excepción de la regla de especialidad, el gobierno mexicano podrá juzgar a Borge también por ese nuevo delito.

El documento promovido por Carrillo Gomila, solicita que se revoque y niegue la orden de ampliación de extradición que presentó el gobierno mexicano, ante la probable violación de la regla de especialidad.

Cabe mencionar que para imputarle nuevos delitos, estos debieron ocurrir luego de la extradición, pero si son anteriores a ésta se debe conseguir el consentimiento del gobierno de Panamá, lo que se conoce como excepción al principio de especialidad, el cual fue otorgado por la Cancillería de aquel país el pasado 21 de julio.

En consecuencia, la defensa de Borge señala que para levantar la regla de especialidad se violentaron algunos requisitos, entre los cuales está la inexistencia de una orden de aprehensión en contra del exmandatario estatal, girada por el gobierno mexicano en torno al delito que se pretende imputarle.

En una nota girada por la propia embajada de México, el nueve de mayo de 2020, se reconoce que a Roberto Borge “aún no se le ha vinculado formalmente al proceso identificado como 541/ 2019”.

También se hace referencia a otra nota diplomática del ocho de junio de ese año, que versa sobre la existencia de una orden de comparecencia para poder formular la imputación a Borge, lo cual es desmentido dentro del proceso de amparo indirecto promovido ante el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Morelos, que pide exhibir la orden de aprehensión, comparecencia o citación en su contra.

En el informe previo y justificado -oficio 35/ 2020- emitido por el mismo Juez, citado por la Embajada mexicana se indica que “no existe tal orden de comparecencia y que, inclusive, se dejó sin efectos la audiencia inicia hasta que se autorizara la ampliación de la extradición”.

Otro de los agravios que, a juicio del abogado, violentan el debido proceso y el Tratado bilateral entre Panamá y México, es que con el nuevo delito se pretende acusar a Borge por los mismos hechos por los que fue extraditado el cuatro de enero de 2018 y que están contenidos en la causa penal federal 381/ 2017, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El abogado detalla que, a la petición de extradición original, por la causa penal federal 381/ 2017, se agregaron otras tres del orden local -peculado (159/2017), aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública (151/ 2017) y ejercicio indebido de la función pública (154/ 2017)- como parte de la ampliación de solicitud de extradición.

En ese caso se cumplieron todas las formalidades de ley porque Borge se encontraba aún dentro de territorio panameño y se exhibió orden de aprehensión librada por la autoridad competente por esos delitos, distintos al inicial.

Ahora, conforme a la lectura del abogado, la Fiscalía General de la República (FGR) pretende subsanar una deficiencia, al conjugar los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, para configurar el de delincuencia organizada como un nuevo delito.

Conforme al razonamiento de la FGR y, de acuerdo con la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, primero se configuró el delito de peculado, luego el de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, finalmente, “al análisis de esos dos, se llega a la conclusión que igualmente las conductas desplegadas por los imputados, entre ellos Borge, configuraron inicialmente el delito de delincuencia organizada”.