Mary Hernandez

Pareja pecuniaria.

Denise Dresser
Preguntas para la pareja presidencial:
1) ¿Qué entienden ustedes, el Presidente y la primera dama, por “conflicto de interés”? ¿Podrían aclararnos por qué el pago del predial de un departamento a nombre de Angélica Rivera -por parte de alguien que quiere invertir en México- no lo constituye?
2) ¿Sabían que los conflictos de interés tienen una dimensión ética y reputacional, no sólo legal?
3) ¿Sabían que el conflicto de interés se da cuando el interés privado entra en contacto con una “función oficial”? ¿Y que en este caso el interés personal de Angélica Rivera al pedir prestado un departamento a un empresario y permitir que el mismo empresario le pagara el predial entra en conflicto con su función oficial de primera dama, que no puede aceptar favores?
¿Qué le otorgaron o prometieron otorgarle a Ricardo Pierdant a cambio del “favor”?
4) ¿Sabían que el libro “The Responsible Public Servant” de Ken Kernaghan y John Langford incluye “aceptar beneficios” como un ejemplo de conflicto de interés?
Según los autores, el tema de la confianza está en el corazón del conflicto de interés, porque involucra el abuso -actual o potencial- de la confianza. ¿Creen que ha aumentado o disminuido la confianza en ustedes a raíz de su comportamiento en torno al departamento en Miami?
5) ¿Por qué la operación inmobiliaria de Miami no apareció en la declaración patrimonial de ninguno de ustedes?¿Por qué Angélica Rivera logró pagar en efectivo lo que debía del departamento 45 días después de contraer matrimonio con Enrique Peña Nieto, cuando llevaba cinco años pagando una hipoteca a plazos?
¿Por qué Angélica Rivera incorporó una empresa para comprar el departamento y no lo adquirió como particular?
6) ¿Por qué creen que el periódico inglés The Guardian califica de “poco ortodoxa” la relación entre el empresario y Angélica Rivera?
¿Qué pasaría si en Estados Unidos saliera a la luz que a Michelle Obama un empresario le presta un departamento de lujo, que comparte la misma línea telefónica, del cual ella es dueña y que además le pagó el predial?
7) ¿No es demasiada coincidencia que el contratista Ricardo Pierdant compró el departamento que le presta a la primera dama, poco después de que ella adquiriera el suyo? ¿Y que esa transacción se parece mucho a aquella en la cual el Grupo Higa compró el terreno al lado de la casa de Angélica Rivera para construir allí la “Casa Blanca”?
8) ¿Cómo es que el empresario pudo pagar en efectivo por el departamento al lado del de la primera dama, cuando estaba atrasado con el pago de la hipoteca en otra propiedad? ¿Por qué el empresario se ha negado a hablar con los corresponsales de The Guardian, si no tiene nada que ocultar?
9) ¿El nuevo escándalo no constituye un ejemplo más de la “cuatitud” corrupta que ha caracterizado a este Gobierno y manchado su reputación?
10) ¿No sabían que según la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Angélica Rivera no puede aceptar dinero, donaciones o servicios? ¿No sabían que tanto el Presidente como su esposa deben declarar obsequios y donativos? ¿Reportaron el pago del predial o el préstamo del departamento?
11) ¿Sabían que el director de comunicación social de la Presidencia mintió al afirmar que el periódico The Guardian se ha disculpado por reportajes pasados sobre México cuando no ha sido así?
12) ¿Por qué no aprendieron del caso de la “Casa Blanca” que la simple percepción de conflicto de interés ya es en sí problemática?
13) ¿No es cierto que el empresario que le hizo el favor de pagar los impuestos de la primera dama tenía intenciones de participar en la licitación de la administración de puertos en México?
14) ¿A la luz de las nuevas revelaciones, la petición de perdón hecha por el Presidente parece un acto de contricción o de hipocresía?
¿No creen que nuevamente han dañado la imagen de México ante el mundo y la del Gobierno ante la ciudadanía?
15) ¿Qué se siente ser el Presidente con los índices de aprobación más bajos desde que comenzaron las encuestas al respecto?
¿Y qué se siente ser la primera dama a la cual la población resiente y compara con María Antonieta por su frivolidad e insensibilidad en tiempos de crisis?

Por: Jorge Ramos*

Cerca de Miami, en un cuarto piso, huele a corrupción. Otra vez se refuerza la percepción de que la familia presidencial mexicana se beneficia de su posición. La historia se repite. Y todo comenzó con reporteros haciendo su trabajo.

Un reportaje de José Luis Montenegro y Julio Roa de The Guardian asegura que un empresario mexicano, Ricardo Pierdant, le presta su apartamento en Cayo Vizcaíno a la familia presidencial. El apartamento en cuestión, 404, queda exactamente arriba del número 304 que la primera dama, Angélica Rivera, compró en el 2005. Ambos condominios, según el reportaje, se administran como si fuera uno solo, y comparten el mismo número de teléfono.

Pero hay más. Pierdant, a través de la compañía Biscayne Ocean Holdings, pagó $29,703 de impuestos prediales del año 2013 del apartamento de Rivera, dice The Guardian. En ese momento Peña Nieto ya era presidente de México.

El periodista Gerardo Reyes de Univisión Investiga informa que Ricardo Pierdant y Peña Nieto se conocen hace mucho – antes, incluso, de su matrimonio con Angélica Rivera. Ellos fueron compañeros en la Universidad Panamericana. Peña Nieto no puede decir que no sabía del apartamento.

¿Qué esperaba ganar el empresario a cambio de prestar su propiedad de 2 millones de dólares y pagar impuestos de la primera dama? No lo sabemos. Pero el diario británico asegura que la empresa de Pierdant (Grupo Pierdant) es un “contratista potencial” para construir puertos en México y “se espera que concurse por lucrativos contratos gubernamentales.”

La presidencia de México, a través de un comunicado, dijo que The Guardian, “faltó a la verdad” y que se trata de una “especulación” decir que Pierdant es un contratista potencial. Pero no negó lo esencial del reportaje.

Es muy preocupante que un empresario, con operaciones en Estados Unidos y en México, pague impuestos de la familia presidencial y les preste un apartamento de lujo. Más allá del problema de percepción, se trata de un gravísimo error de juicio. ¿Quién asesora al presidente de México sobre cuestiones de imagen y corrupción?

Menos mal que, en este caso, el gobierno no podrá presionar para que despidan a los reporteros de The Guardian (como hicieron antes con Carmen Aristegui y su equipo). Pero lo más lamentable es que el presidente y su esposa no aprenden. El ejemplo que dan es fatal. ¿Qué pasaría si todos los funcionarios públicos aceptaran favores como el presidente y su esposa?

Además, hay una cuestión legal. ¿Violaron el presidente y su esposa la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos? En el artículo 88 la ley prohíbe recibir dinero, donaciones o servicios. Y en el artículo 89 establece que un funcionario público – como el presidente – debe informar de “obsequios, donativos o beneficios en general”. ¿Lo hizo? Por eso hay que investigar. Sin embargo, es poco probable que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción se estrene con el presidente.

Hace poco Peña Nieto pidió perdón por la llamada Casa Blanca mexicana, valuada en 7 millones de dólares, y que su esposa compró a un importante contratista del gobierno. Realizaron una falsa investigación oficial – encargada a un subalterno – y dijeron no haber violado la ley. Pero el golpe a su reputación fue terrible. O eso creíamos.

Después de pedir perdón, la pareja presidencial debió haber arreglado todos sus asuntos y evitar otro conflicto ético. No fue así.

Luego del escándalo de la Casa Blanca, Rivera fue obligada a regresar la propiedad. Tras este nuevo escándalo, lo menos que pueden hacer ella y su esposo es desalojar el apartamento y reembolsar los impuestos. Pero ya me sé el cuento. Dirán que no hay nada ilegal en lo que hicieron y la vida seguirá igual.

Lo más triste es que uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido México será recordado no por grandes obras o ideas sino por la frivolidad de tratar de beneficiar a su familia con otra casa y otro apartamento.

Qué presidente tan pequeño. No es el líder que México necesitaba en estos momentos.

Roberto Borge… “se llevó todo el dinero”
POR SERGIO CABALLERO*

A menos de mes y medio de que el gobernador Roberto Borge Angulo abandone el cargo, la quiebra financiera y el dispendio en el manejo de los recursos estatales se evidencia cada vez con mayor fuerza.

Y es que en los últimos días se han ventilado las afectaciones a rubros prioritarios como el turismo y la dotación de agua potable por el mal ejercicio del presupuesto.

Sin embargo, el gobernador electo Carlos Joaquín González ha preferido mantener un bajo perfil sobre las acusaciones a su antecesor, sobre todo después de la reunión que ambos sostuvieron el pasado miércoles 3 para definir los términos del proceso de entrega-recepción.

Los prestadores de servicios en las playas de este destino turístico han culpado al gobierno de Borge por la falta de recursos para atender la “invasión” de sargazo en la zona, porque “se llevó todo el dinero y no hay recursos para atender esta situación”, aseguró el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHCPM), Carlos Gosselin Maurel.

La principal preocupación para los empresarios –agregó– es la falta de transparencia en el manejo de los recursos, pues hasta el momento se desconoce el destino que se le dio al dinero de un Fideicomiso para atender una eventual emergencia en las playas, como la presencia masiva de algas muertas.

Y advirtió que en la invasión de sargazo no es el único problema, pues tampoco hay recursos para el mantenimiento de playas, cuya recuperación en 2009, sostuvo, implicó una inversión de casi mil millones de pesos.

“El gobierno estatal que se va no dejó dinero, estamos buscando la manera en que se regrese ese recurso para pagar programas de mantenimiento y recuperación de playas”, subrayó Grosselin Maurel.

De igual manera, refirió que el gobierno federal entregó 150 millones de pesos para pagar la recolección del sargazo, y lo último que se le informó a la AHCPM fue que 60 millones de pesos se aplicaron en un programa de empleo temporal y 20 millones para pagar estudios de un programa piloto de investigación, “lo que significa que hay desaparecidos 70 millones de pesos”, subrayó.

Sin embargo, reconoció que pese a la carencia de recursos, la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) del ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) ha realizado trabajos para retirar las plantas acuáticas que han recalado en las playas.

Por su parte, trabajadores sindicalizados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) denunciaron que funcionarios de la dependencia han ocultado información sobre el proceso de retención de sus impuestos

Hasta ahora no se ha entregado a los empleados un formato para que puedan reclamar saldo a favor en el pago de su Impuesto Sobre la Renta ante las autoridades fiscales federales, detalló el líder sindical de los trabajadores de CAPA, Marco Sansores Medrano.

Además, dijo, desde el año pasado la paraestatal dejó de entregarles ropa y equipo adecuado para realizar sus labores, pese a que eso está estipulado en el contrato colectivo de trabajo.

Rechazo al ‘paquete de impunidad’

En Quintana Roo también se han incrementado los procesos y juicios contra el “llamado paquete de impunidad”, que en junio pasado fue aprobado en el Congreso local.

El pasado lunes 1, un grupo de activistas presentó en esta ciudad un amparo contra las reformas que permiten al gobernador saliente y a su familia contar con guardaespaldas durante 15 años, y también impugnaron la disposición para que los nuevos titulares de la Fiscalía General del estado (FGE) y Auditoría Superior (ASE) permanezcan en sus cargos nueve y siete años, respectivamente.

De acuerdo con el abogado José Gabriel Fernández Argüello, el objetivo del amparo es determinar si las reformas “que se hicieron al vapor y que comprenden el ‘paquete de impunidad’, cumplen con la Constitución”.

En Playa del Carmen, la Asociación de Abogados Quintanarroenses presentó en días pasados un amparo colectivo contra la inconstitucionalidad de los decretos expedidos por la XIV Legislatura en el llamado ‘paquete de impunidad’ para blindar la salida del gobernador Roberto Borge ante cualquier rendición de cuentas.

Los abogados precisaron que los primeros amparos se interpusieron el jueves 4 en contra de los decretos 407, 410, 411, 417,419 y 420.

Estos decretos, explicaron, “a todas luces se hicieron de manera obscura e irregular con el fin de proteger los actos de corrupción y de desvíos de recursos del actual gobernador Roberto Borge Angulo, para que éste no fuera investigado por la nueva administración”.

No querían pagar

En Chetumal, particulares ganaron un juicio al gobierno del estado por un adeudo correspondiente a la renta de un edifico donde funciona la Dirección de Servicios Generales de la Oficialía Mayor.

De acuerdo con los propietarios del inmueble, desde mayo de 2014 se les dejó de pagar la renta del inmueble ubicado en la esquina de las avenidas Álvaro Obregón y Francisco I. Madero.

A mediados de julio, tras un tortuoso proceso judicial, los propietarios lograron que el juzgado fallara a su favor, y en un plazo de 15 días la Oficialía Mayor deberá desalojar el inmueble y pagar el adeudo.

LOGRA BORGE IMPUNIDAD PARA LA ‘ROBADERA’: IMPONE REFORMA AL CÓDIGO PENAL Y AHORA EL DELITO DE PECULADO YA NO ES GRAVE Y ALCANZA FIANZA EN QR

En medio se severos señalamientos de corrupción, con anuencia de los diputados del Congreso local, el gobernador Roberto Borge logró la aprobación de su iniciativa de reformas al Código Penal del Estado que reduce las sanciones a los funcionarios acusados del delito de peculado.

La iniciativa fue aprobada en junio pasado dentro del “paquete de impunidad” con que Borge y colaboradores pretenden blindarse jurídicamente para no pisar la cárcel, de resultar responsables de los actos de corrupción que se le imputan, reveló hoy el periódico Luces del Siglo.

Las sanciones impuestas con las reformas de Borge a quienes cometan el delito de peculado no exceden los cinco años de prisión, lo que significa que todo aquel servidor público que sustraiga o disponga indebidamente recursos del erario público no podrá pisar la cárcel puesto que las reformas penales no lo consideran un delito grave y las penas son meramente simbólicas, denunció el abogado Karin de la Rosa Peláez, del despacho jurídico JFJ en Cancún.

La justificación para implementar dichas reformas, añadió, fue presuntamente para “homologar” las leyes penales del estado con las del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014.

“Los cambios del nuevo sistema de justicia penal acusatoria que se encuentra en vigor desgravaron los delitos de peculado que anteriormente se sancionaban hasta con 14 años de prisión”, explicó.

El artículo 223 del Código Penal Federal disponía: Comete el delito de peculado: Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.

El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.

Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades, y Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

Con las nuevas reformas federales el articulado anterior desapareció y en el Código Nacional de Procedimientos Penales re redujeron las penas para los delitos culposos o de querella.

“Si bien el gobierno estaba obligado a homologar la ley estatal con la federal, las reformas fueron aprovechadas para reducir las penas al mínimo, con lo que quienes en el futuro resulten responsables de usar recursos públicos para fines personales podrán salir bajo fianza”, reprobó De la Rosa Peláez.

De acuerdo con las nuevas leyes federales, los delitos considerados culposos (no graves) son el homicidio, las lesiones, el aborto, las lesiones por contagio, daño a la propiedad, ejercicio ilegal del servicio público en las hipótesis de destruir, alterar o inutilizar información o documentación bajo su custodia o a la cual tenga acceso.

Y las reformas al Código Penal del estado aprobadas por los diputados locales establecen en el artículo 209: Se impondrán de seis meses a cinco años de prisión y de treinta a trescientos días de multa, al servidor público que por sí o por interpósita persona: • A II. … Artículo 212.

Al particular que estando obligado legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos del estado y Municipios, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se le destinó, se le aplicará de seis meses a cinco años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días de multa.

Las mismas penas se aplicarán al que, a sabiendas,, adquiera indebidamente o haga figurar como suyos, bienes que un servidor público haya adquirido en contravención a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Quintana Roo.

“Es de risa, las nuevas sanciones por uso indebido de recursos públicos para fines personales significan: Robe ahora … pague después”, ironizó. (Fuente: Luces del Siglo)

(SinEmbargo)*

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está en crisis. El saldo de la elección del pasado 5 de junio en siete estados motivó la salida del anterior dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y su reemplazo con el ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, considerado un “desconocido” que tuvo que empezar a recorrer México para presentarse a la militancia.

Los resultados de los comicios, si bien previstos como complicados, sorprendieron aun así tanto en el Comité Ejecutivo Nacional del partido como en la Presidencia de la República, donde todavía hasta las seis de la tarde de ese domingo las encuestas de salida y los datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) les permitían esperar al menos nueve victorias.

Luego llegaron las noticias de las derrotas en Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Aguascalientes y Puebla, que fueron siete de las 12 entidades en disputa y, las cuatro primeras, lugares donde el Revolucionario Institucional no había perdido en sus más de 80 años de historia.

Para el CEN anterior, la principal causa de la debacle fue clara: hubo un castigo por parte de los electores, sobre todo a los gobernadores priistas con los más conocidos casos de corrupción y endeudamiento de las finanzas públicas, como Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz; César Duarte Jáquez, en Chihuahua, y Roberto Borge Angulo, en Quintana Roo.

El caso de Veracruz, sobre todo, ilustró el fracaso de la estrategia de la anterior dirigencia nacional para tratar de evitar las pérdidas y distanciarse de Duarte de Ochoa cuando, en febrero pasado, se promovió que el mandatario tomara licencia.

“Pero ¿qué pasó? Vino a Los Pinos, alegó lo que a su parte consideró y se quedó en su cargo, y nos hizo todo el daño que nos tenía que hacer”, dice una fuente del Comité Ejecutivo Nacional.

El motivo de esa falta de sanciones, plantea el entrevistado, es el “compromiso económico” que le generó al actual Presidente Enrique Peña Nieto el financiamiento de su campaña en 2012 en esos y otros estados –distinguidos también por el aumento en sus deudas públicas.

“Un grupo de priístas, empezando por quien era presidente nacional del partido entonces, Humberto Moreira Valdés; siguiendo con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, aparentemente hicieron un compromiso económico que ahora limita al Presidente para combatir la corrupción”, agrega la fuente consultada, quien narró la percepción de una parte de la dirigencia nacional con la condición de no ser citada.
La Comisión Nacional de Justicia del PRI recibió el mes pasado una solicitud para suspender los derechos políticos a los tres gobernadores más problemáticos (los dos Duarte y Borge); procedimiento considerado por la anterior presidencia partidista como parte del trabajo necesario para, ahora sí, tratar de marcar distancia antes de la elección de 2018.

La nueva dirigencia del tricolor, sin embargo, no ha dado respuesta. Por lo que, de continuar sin prevenir de nuevo un castigo de los electores por las constantes denuncias de corrupción, consideran priistas consultados, lo que les espera es la derrota en la elección presidencial de 2018.

La Jornada*

Gobierno de QR desocupa oficinas tras no pagar renta más de dos años
Arrendadores señalan incumplimiento de acuerdos e injerencia del gobernador para retrasar juicio
Dejan la deuda a la siguiente administración; pagaría tentativamente el próximo mes.

Cancún, QR.
Alrededor de 200 burócratas fueron desalojados de la Dirección de Servicios Generales porque la administración que encabeza el gobernador Roberto Borge Angulo no ha pagado renta durante más de dos años. El adeudo, de acuerdo con los dueños del inmueble –quienes pidieron anonimato por temor a represalias–, es superior a un millón de pesos.
En mayo de 2014 el gobierno del estado dejó de pagar el alquiler del edificio ubicado en la esquina de las avenidas Álvaro Obregón y Francisco I. Madero, en el centro de Chetumal.
A consecuencia se inició un juicio civil contra el gobierno del estado, el cual fue demorado en los juzgados por órdenes del gobernador, de acuerdo con los denunciantes, quienes en julio llegaron a un acuerdo por el cual se dieron a la Oficialía Mayor 15 días para desalojar el inmueble y pagar el adeudo.
El plazo venció el martes pasado, y el jueves, al acudir a verificar el cumplimiento, los propietarios del edificio constataron que el personal gubernamental sacaba enseres, computadoras, archivos y hasta equipos de aire acondicionado; sin embargo, del pago les dijeron que es un compromiso institucional y deberá ser pagado por el gobierno entrante, tentativamente a finales de septiembre.
En el edificio evacuado laboraban al menos 180 burócratas de cinco áreas: mantenimiento, áreas verdes, diseño, acción cívica y logística. Las cuatro primeras, junto con la dirección general, se cambiaron a una bodega sin servicios en la avenida Telecomunicaciones, entre las calles Érick Paolo y Maxuxac.
En cuanto al área de logística, trabajadores y representantes de los propietarios del inmueble denunciaron que el titular, Agustín Lara Souza, no se ha presentado desde hace más de dos años.
En sus nuevos edificios los burócratas carecen de energía eléctrica, teléfono, sanitarios e Internet, entre otros servicios. El gobierno estatal no ha dado su versión.

El desgaste de Peña Nieto arrastraría al PRI a la derrota electoral en México
Segun una encuesta a dos años de la votación, si hoy fueran las elecciones la derecha volvería al poder

El desgaste del presidente Enrique Peña Nieto, que aparece como uno de los políticos peor valorados del continente americano, arrastra también a su partido, el Revolucionario Institucional (PRI) que perdería el poder si hoy fueran las elecciones, según un sondeo publicada el domingo por el diario Reforma.

Según la encuesta, realizada a 1.200 mexicanos y con un margen de error del 3’3%, el conservador Acción Nacional (PAN) lograría la presidencia de México al obtener un 27 % de los votos frente al 22 % que conseguiría el PRI, a pesar de que ni siquiera tienen candidatos definidos.

Andrés Manuel López Obrador, al frente del Movimiento de Regeneración (Morena) sería tercero, con un 18 % de los votos, y el izquierdista PRD obtendría un 6 % de los sufragios.

Según esta encuesta López Obrador, en campaña permanente desde hace cuatro años, es el político más conocido pero no lograr transformarlo en votos. Aunque concentra una buena imagen también es quien acumula mayor rechazo entre los electores.

Medalla de bronce para el único aspirante que tiene claro que estará en las papeletas electorales de julio de 2018. El resto de formaciones PRI, PAN y PRD aún deben vivir la purga interna que supone elegir candidato.

Entre los candidatos preferidos por los electores; Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, es la persona preferida para representar a la derecha en las papeletas frente al emergente Ricardo Anaya. La diferencia de nueve puntos entre ambos se amplía a 13 cuando quienes opinan son exclusivamente simpatizantes del PAN. En el PRI, el actual Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong encabeza las encuestas. Osorio Chong saca 9 puntos al actual Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila. Cuando sólo se consulta a simpatizantes del partido en el poder la diferencia se reduce a seis puntos. Aurelio Nuño y José Antonio Meade, dos de los hombres de quienes más se habla, se hunden y sólo lograrían un 2 % de los apoyos en una contienda interna.

La encuesta, realizada a primeros de agosto, toma en lo más bajo de la curva al PRI después de perder siete de las 12 gobernaturas disputadas en las elecciones de junio. Erosionado por el hartazgo frente a la corrupción y la inseguridad, el PRI sufrió un inesperado descalabro y perdió Estados que jamás habían tenido otro partido gobernante (Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango). La enorme fuga de votos se refugió en manos del PAN que, con siete plazas ganadas (tres en alianza con el PRD), resurgió de sus cenizas y se proclamó vencedor. Acto seguido dimitió el todopoderoso presidente del PRI Manlio Fabio Beltrones.

Esta semana se conoció también una encuesta del mismo diario que señala que Peña Nieto tiene un nivel de aprobación del 23 %, similar al del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, muy golpeado por la escasez y la inflación y Juan Manuel Santos en Colombia, castigado por el largo proceso de paz en el que está envuelto el país.

Según la encuesta de Reforma sólo dos de cada diez ciudadanos aprueban la gestión del telegénico mandatario muy alejado del empuje y la vigorosidad mostrada en sus comienzos y que ha ido cediendo los reflectores a su Secretario de Gobernación, Osorio Chong, uno de los mejor colocados para competir por su sucesión.

De abril a agosto el mandatario mexicano perdió 7 puntos de popularidad, al pasar de un 30% que consideró que hacía bien su trabajo, a un 23%. A cuatro años de su llegada al poder, cuando se le preguntó a los ciudadanos como valorarían el trabajo del presidente en una escala del 0 al 10, su calificación fue de 3’9 puntos. En abril pasado fue de 4’4, y hace tres años, en abril de 2013, obtuvo una nota de 6’3.

Por: Pedro Canché

Hace un mes Fernando Mora, que dice pertenecer al equipo de Carlos Joaquín me llamó para sostener una reunión con José Gómez, o Pepe Gomez, como le gusta que le llamen. -Es rescatable, de todos los periódicos podemos rescatarlo-, afirmó Mora y me citaba a la oficina en Cancún de Gomez del pasquín QueQui quien me ofrecía según el dicho del intermediario de una plana o columna. Le dije si Pepe Gomez quería verme ahí estaba mi oficina en Felipe Carrillo Puerto. En el aniversario del QueQui, anunciaron con bombos y platillos la presencia del gobernador electo. Ahora sí era merecedor de los banquetes de la llamada prensa extorsionadora. Nunca llegó Carlos Joaquín. Solo Fernando Mora quien afirma ser la avanzada para limar asperezas con los pasquines.

Otro muy interesado en sentarme con Pepe Gomez es el venezolano, Jorge Brizuela. Muy seguro de hablar en nombre de Carlos Joaquín, este extranjero que ya se colocó a lado del gobernador electo, también repitió lo mismo que Fernando Mora. Y que solo el QueQui y el Novedades son “rescatables”. Pero no son únicamente cabilderos. Oficiales o no están aprovechando la circunstancia para asociarse con los pasquines. Saben que ahí está el negocio. E incluso, Jorge Brizuela se atreve a amenazarme.

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J“Hija del tigre pintito”; LOS HENDRICKS TRAIDORES.
Por Blanca Buenfil Vanegas* Joaquín Hendricks Díaz es en su sexenio de gobernador cuando nos comenzamos a dar cuenta que los políticos se adjudican la tierra que quieran de la geografía estatal, tal vez porque los nativos de Q.ROO no nos habíamos percatado que “tanto es tantito”. La voracidad de este mandatario estatal no tuvo límites, hoy queda muy claro. Por ambición cedió el poder político a los cozumeleños.
Joaquín Hendricks no es un buen hombre mucho menos buen político, si revisamos lo que aconteció en su sexenio lo constatamos con mucha claridad. Pero gracias a sus contactos que tuvo en la política nacional el PRI le dio un espacio a nivel nacional.
Y de esto se valió para dejar a su hija Leslie Hendricks Rubio como candidata a la diputación llevándola a hoy ser una de ellas una política a nivel estatal.

Hay un refrán “Hijo de tigre, pintito”, con el que se alude al parecido que tienen los hijos con los padres, generalmente, en la mayoría de sus aspectos. No lo olvidemos, Lesly Hendricks demostró de qué madera estaba hecha desde que no apoyo a quien le dio la vida en momentos críticos para su MADRE.
María Rubio es una mujer de carácter por eso hizo lo que hizo, era una mujer con una profesión, es una guerrera que se dejó vencer por apoyar a su hija, ella ha hecho más por esta que su padre el ex mandatario, aunque seguramente ella no lo ve así. Él le dio una puñalada certera a involucrar a su hija en este acontecimiento de marido y mujer, la venció.
Yo recuerdo aquella conferencia de prensa en donde el ex gobernador la cesó como presidencia honoraria del DIF estatal, y más cuando argumentó que la medida se debió a que María Rubio “está afectada emocionalmente”.
Es lo que le costó en este país de machistas misóginos acusar a su esposo de utilizar recursos públicos para divertirse con otras mujeres y de abandonar a los quintanarroenses durante el paso del huracán Isidore.
Esto lo que le valió que fuera destituida de la presidencia estatal del DIF y que su hija asumiera el cargo “Lo publicado, publicado está y lo dicho, dicho está; eso ya nada lo va a cambiar”, aceptó María Rubio dignamente cual debiera una mujer con esas “agallas”.

En el 2004 en abierto desafío a su todavía esposo, María Rubio de Hendricks anunció que mantendrá firmes sus intenciones de obtener la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Cancún –Benito Juárez–, luego de admitir que “los problemas familiares me han afectado” No obstante, dijo que “no guardo rencores”.
Pero Joaquín Hendricks , al término de una reunión con la clase política priista del municipio de B.J. Desmarcó a su esposa de la jugada política, pues sostuvo que su candidatura a la presidencia municipal “no es posible ética ni moralmente”.

Así fue como María Rubio una vez más fue arrinconada, no se le dejo ser, y enfrentarse a la clase política, a los priistas de la entidad supo no le sería nada pero nada fácil. Pero hoy Lesly Hendricks es diputada, los cancunenses se olvidaron del pasado de una mujer que traiciono a su propia madre por ir tras el poder y el dinero que ya vio atreves de su padre… $$$ deja la política.

Por Pedro Canché

Varios nombres de “periodistas” y “empresarios de la comunicación” están ligados a y forman parte de la corrupción, la descomposición, la podredumbre de las tres más recientes administraciones estatales en Quintana Roo. Joaquín Hendricks, Félix González y Roberto Borge crearon y fomentaron también una “clase” periodística cínica, voraz, avariciosa, ajena a los intereses de la sociedad, sumisa a los caprichos del gobernante en turno, siempre dispuesta a ofender y denostar al adversario del grupo en el poder político y a elogiar hasta el hartazgo y la desvergüenza al gobernador del momento.
Ni siquiera es necesario mencionar otra vez los nombres de esos “periodistas” y “empresarios de la comunicación”, la sociedad los conoce muy bien. Pero hay uno en particular que simboliza a la casta de bandidos cómplices y beneficiarios de la corrupción del grupo todavía en el poder estatal: David Romero Vara.
El director de Enfoque Radio, del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, simboliza la podredumbre que hay en el gobierno del Estado y los ayuntamientos de Quintana Roo. El atraco a los recursos públicos cometido por los últimos tres gobernadores del Estado tienen también a David Romero como uno de sus protagonistas, ha sido cómplice y beneficiario.
A Joaquín Hendricks nunca le perdonará Quintana Roo haber creado a David como otro depredador del presupuesto público y haberlo encumbrado para hacerlo símbolo de lo más podrido del periodismo en el Estado.
Como otros “periodistas” cómplices de la corrupción gubernamental, David pasó de humilde burócrata del gobierno de Miguel Borge a millonario con Hendricks y multimillonario con González y Borge. Se corresponden mutuamente, han sido tal para cual. Y no tienen límites en su avaricia y ni escrúpulos a la hora de atracar los recursos públicos.
Una muestra de lo que es capaz esta “clase periodística” es la siguiente: en los pasillos del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social se oye cada vez más alto la más reciente perla de David. Obligado a digitalizar su producción y su señal, la institución tuvo que adquirir, con gran esfuerzo, los equipos respectivos, entre ellos cámaras de vídeo, computadoras, reproductoras, consolas de mando de audio y vídeo, etc. Una parte de ese equipo, la mejor, fue instalada en Cancún para la producción y transmisión de Enfoque Radio. Pero una vez pasada la elección del 5 de junio y con ella el triunfo de Carlos Joaquín González, ha crecido la versión de que el nuevo gobierno ya no permitirá que David siga medrando desde la radio y la televisión del Estado, por eso hace unos días los trabajadores del SQCS se llevaron la sorpresa de que los técnicos fueron enviados de Chetumal a Cancún a desinstalar el nuevo equipo digital y a reinstalar el antiguo. Por supuesto, el equipo nuevo no volvió al SQCS. De ese tamaño, con todo cinismo, a plena luz del día y a la vista de muchos.
¿Se atreverá Carlos Joaquín González a poner orden o le temblarán la mano y las piernas y permitirá que ése y otros “periodistas” y “empresarios” de la comunicación que lo denostaron y ofendieron a su familia sigan atracando los recursos públicos? ¿Tomará Carlos Joaquín González la decisión de quitarle a David la radio y la televisión del Estado que él ha estado usando durante los últimos tres sexenios como si fueran suyas para enriquecerse con el dinero público? ¿Se atreverá y podrá Carlos Joaquín González? No falta mucho para saberlo.