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¿De dónde provienen de las armas que se usan en México?

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La violencia que azota a México se genera por diversas coyunturas sociales y económicas complejas, sin embargo el abastecimiento de armas hacia los grupos delincuenciales podría representar el problema de raíz para emprender una estrategia eficaz para mitigar la violencia producida por los grupos delincuenciales mexicanos.

 

Se desarrolló el 26 de agosto la primera conferencia sobre el Tratado de Comercio de Armas (TCA) en la Ciudad de Cancún, México, para analizar la perspectiva global de la sociedad civil sobre la necesidad de transparentar los informes de producción sobre armas y municiones para poder generar un seguimiento de las mismas en el caso de ser necesarias para una línea de investigación que permita focalizar y mitigar el tráfico ilegal de armas en el largo plazo.

En México se registraron 80.000 muertes violentas en los últimos 5 años y este fenómeno de violencia está asociado directamente con la proliferación de armas pequeñas y ligeras provenientes de las 7.000 tiendas de armas ubicadas en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, asentadas en los territorios de Arizona, Texas y California. Estos son los principales abastecedores de armas para el crimen organizado en México, según información de La Jornada.

Al contexto sobresale el polémico caso denominado “Rapido y Furioso” dado a conocer durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) por la plataforma wikileaks, donde se hizo público a través de las filtraciones de información, el caso de una supuesta operación encubierta que se fundamentaba en abastecer de armamento (2.000 armas) a los carteles de la droga y de esta manera desarrollar una investigación a cargo de la ATF  sobre los canales de distribución del armamento en el territorio mexicano.

Este caso generó gran indignación entre la sociedad mexicana y el expresidente Calderón Hinojosa hizo una solicitud frente al Congreso de los EE.UU. para que se detuviera el tráfico ilegal de armas en la frontera norte de México con su socio comercial y vecino, principal productor de armas en el mundo.

Parte del armamento con el que cuentan los grupos delincuenciales en México son los rifles A-15 de origen norteamericano, el subfusil uzi hecho en Israel y el legendario AK-47 (Cuerno de chivo) de origen ruso, herramientas de batalla equiparables con la de cualquier ejercito del mundo, según información de la BBC.

Finalmente los participantes de la conferencia señalan que el Tratado de Comercio de Armas (TCA) no tiene una proyección realista para concretarse en  el futuro próximo ya que no existe voluntad política por parte de los principales productores de armas que son EE.UU., Rusia y China para ratificar el acuerdo.

Los miembros de las ONGs señalaron que combatir el tráfico ilegal de armas provenientes de EE.UU. representa una estrategia contundente para mitigar el fenómeno social de violencia que tanto sufrimiento ha causado y que sigue dejando huella en la época contemporánea de México.

 

¿Por qué es inconstitucional la Ley de Periodistas aprobada en Quintana Roo?

¿Por qué es INCONSTITUCIONAL la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo? (Impulsada por Roberto Borge)

  • La CNDH considera que en esta ley, aprobada el pasado 3 de agosto por el Congreso del estado; “violenta el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho a la no discriminación, derecho a la seguridad jurídica y el principio de pro persona”.

 

  • La libertad de expresión es el derecho humano que tiene toda persona para difundir y publicar ideas u opiniones de toda índole, ya sea de forma personal o colectiva, sin que sea objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa o limitada directa o indirectamente, ni discriminada por razones de raza, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, idioma, origen nacional, a través de cualquier medio de comunicación”.

 

 

  • Periodista es “toda persona que hace del ejercicio de la libertad de expresión y/o información su actividad, de manera permanente con o sin remuneración. y que requiere garantías para ser protegida o protegido ante los riesgos que conlleva su labor profesional”.
  • La ley de Roberto Borge “excluye aspectos constitutivos de la prohibición de discriminación consagrados en el artículo 1 de la Constitución Federal”.
  • La ley de Roberto Borge y sus Diputados a modo violan la Constitución, ya que condicionan el concepto periodista como una actividad “permanente”, pues resulta violario de los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal, y disposiciones internacionales-.
  • La CNDH consideró que es inconstitucional solicitar acreditación de un medio de comunicación para acceder a actos de interés público.

 

 

Fuente: Recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el pasado 14 de septiembre de 2015 y admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el número de expediente 87/2015.

 

Mapamundi muestra el índice global de paz en cada país

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El color rojo indica en el mapa los lugares con mayores índices de violencia.

El Índice Global de Paz, emitido por el Instituto de Economía y Paz, ocupa 162 estados independientes que cubren el 99,6% de la población mundial.

Los 10 países más pacíficos

Islandia
Dinamarca
Austria
Nueva Zelanda
Suiza
Finlandia
Canadá
Japón
australia
Republica Checa
Los 10 países menos pacíficos

Siria
Irak
Afganistán
Sudán del Sur
República Centroafricana
Somalia
Sudán
República Democrática del Congo
Pakistán
Corea del Norte

 

¿Te sorprende que México no se encuentre?

¿Quien es este personaje de OHL? ¿Y por qué le habla así al Presidente de México?

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Se ha hecho viral en redes sociales la polémica imagen donde se muestra a José Andrés Oteyza Fernández, presidente del Consejo Administrativo de OHL México dirigirse al Presidente de México, Enrique Peña Nieto de una manera exaltada y en forma de reclamo.

Pero, ¿Que es OHL? Este grupo Obrascón Huarte Lain(OHL) es uno de los principales desarrolladores de infraestructura carretera del país, por el número de concesiones asignadas   igual forma se posiciona como la séptima compañía más grande del mundo en el sector de infraestructura del transporte.

Esta empresa española ha sido la consentida del Gobierno del Estado de México desde la época de Arturo Montiel y su sobrino, el actual Presidente Enrique Peña Nieto siguió esta tendencia de empoderar a dicha empresa de capital europeo que encabeza las obras mas representativas  de infraestructura del actual Gobierno Federal.

El medio SinEmbargo ha documentado una investigación periodística titulada; ” El EdoMex y OHL:15 años de un romance muy rentable” donde expone los vínculos cercanos al Grupo Atlacomulco en su desempeño político y financiero.

 

Quintana Roo XLI Aniversario

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Hoy en el marco del XLI (41) Aniversario de Quintana Roo es importante  reflexionar sobre la situación política y social de nuestro estado.

En Quintana Roo solo ha existido un régimen político que perdura hasta la fecha y se debe en gran parte a la juventud de nuestra entidad federativa y el modelo de desarrollo impuesto desde su comienzo en la década de los 70tas.

Toda la población que v
ive en Quintana Roo ha vivido bajo el paradigma de una administración gobernada por el Partido Revolucionario Institucional, quien ha ejercido el poder a la vieja ultranza que los mantuvo en la presidencia durante 70 años al frente de la Federación.

El régimen priista se caracteriza por enquistarse en el modelo económico a través de los sindicatos charros para controlar la fuerza productiva de los recursos humanos y los sectores del transporte y el comercio ambulante a través de las confederaciones creadas desde la época del Presidente Lázaro Cárdenas.

En pocas palabras, Quintana Roo vive en el pasado. Los avances democráticos que el país ha generado de forma paulatina a nivel nacional y que hoy parecen estar retroceso, en Quintana Roo nunca se han desarrollado.

El cambio y la transición política en Quintana Roo es un proceso inevitable. Sin embargo el viejo cacicazgo se niega a retirarse, no sin antes dejar una deuda pública ominosa e impagable que busca perpetuarlos en el poder a través del poder financiero.

La sociedad quintanarroense vive bajo la opresión de carácter dictatorial que ejerce el PRI para mantenerse en el poder, por lo que cualquier ciudadano que quiera prosperar dentro del sistema tiene que formar parte de la estructura del régimen.

El diagnostico es una sociedad paralizada que ha sido incapaz de organizarse para demostrar su inconformidad demostrada durante las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 cuando AMLO venció en las urnas de Quintana Roo.

La realidad es que la sociedad ha tenido que desarrollarse bajo este escenario que les ha impuesto el régimen en todos los aspectos de la vida pública del estado y es por esa razón que hemos creado este portal de noticias digitales para aportar a la democratización de los medios comunicación y de esta forma generar el pensamiento crítico que tanto necesita nuestra entidad para evolucionar socialmente. 

Foto X Ruben Espinosa

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Quintana Roo XLI Aniversario ¿Hacia donde vamos?

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Al cumplirse este 8 de octubre 41 años de elevarse a categoría de Estado Libre y Soberano, el Estado de Quintana Roo , aún contiene leyes de la época de las cavernas y arcaicas, pues tanto el código penal como la Constitución no reconocen en definitiva los derechos humanos de sus habitantes. Los siete gobernadores que han ostentado el poder poco o nada han hecho en el tema de los derechos humanos y en este marco arcaico, se mueve con mucha facilidad los intolerantes como Roberto Borge Angulo.

Con Ley y sin Amnistía

Por ejemplo, el director jurídico de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos (CNIOCDH) , Leonardo Kumul Salazar manifestó que desde la época de Mario Villanueva Madrid, en la VII Legislatura, se reformó e insertó la figura de la Amnistía  (reconocida en el Artículo 68 de la Constitución Local) en el código penal en el artículo 71 , sin embargo hasta la fecha ningún ciudadano puede acogerse a ella porque falta una ley que regule cómo debe otorgarse.

La Constitución de Quintana Roo solo se pronuncia por  las garantías individuales y no por los derechos humanos a pesar que debido al caso Rosendo Radilla Pacheco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obliga al Estado Mexicano y sus entidades  a modificar su     Constitución en ese sentido , pero en el sur solamente Yucatán y Campeche han cumplido y en Quintana Roo, sus legisladores ni siquiera saben del terma, expresó el abogado Kumul Salazar.

Esto se debe a que los legisladores que ha tenido Quintana Roo en su historia son individuos que vienen sin preparación y cultura jurídica, ignorantes de las leyes y convenios internacionales, insensibles y sin conocimientos académicos pero sobre con falta de voluntad en el tema sensible de los Derechos Humanos, subrayó el entrevistado.

Con Ley y sin CEAVQROO

Una pequeña chispa de luz se vio el  7 de abril de 2014,pues  se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, la cual prevé procedimientos para acceder a una justa reparación para personas víctimas de delitos y/o violaciones a derechos humanos. Sin embargo, a pesar de eso Roberto Borge Angulo , como jefe del Poder Ejecutivo , es responsable que el Sistema Estatal de Víctimas no funcione a más de un año de publicada la ley correspondiente.

Por ello, en el Punto Recomendatorio Quinto, de la Recomendación 13/2015, la CNDH solicita la instalación de la Comisión Estatal de Víctimas, pues el gobierno del estado incurrió en una omisión grave que va en detrimento de los derechos de las víctimas. Borge ni se acordaba que lo había aprobado, pues su negativa a la recomendación vía su consejero jurídico Raul Labastida demostró la ignorancia o cinismo de ambos.

Con ley y contra periodistas independientes

El gobernador Roberto Borge Angulo anunció el 27 de marzo de 2015   que presentará, por medio de la Consejería Jurídica, una iniciativa al Congreso del Estado para proteger y garantizar los derechos y la seguridad de quienes ejercen el periodismo en Quintana Roo.

“La protección de los derechos fundamentales es la vía constitucional para lograr la sana convivencia ciudadana, para garantizar la seguridad pública y jurídica por todos anhelada y es la forma de acceder al desarrollo social, económico y político. Así lo ha recalcado el presidente Enrique Peña Nieto”, explicó.

La Ley Borge sobre periodistas enseguida fue refutada por organizaciones como Artículo 19 y tuvieron que recular en su aprobación exprés debido a que era más ley mordaza que ley de protección. El Gobierno del Estado ,reaccionó mediante  simulación ,reporteros oficialistas y empleados del gobernador acudieron a las “consultas” y  tres organizaciones patito de periodistas, encabezadas entre otras por Virginia Betanzos, a quien el gobierno del Estado la Beneficiaría con un predio en Cancún -según publicó la revista Luces del Siglo-avalaron la ley Borge , la con que contiene disposiciones restrictivas para el ejercicio periodístico, que de acuerdo Artículo 19, constituye “un acto de simulación” de un gobierno que continúa agrediendo a periodistas críticos e independientes. Hoy Virginia Betanzos y su grupo están encargadas de denostar a la autora de Los Demonios del Edén, Lidya  Cacho , con un mamotreto que empezaron a circular hoy.

La nueva Ley de Quintana Roo deja a Canché o a Espinosa Becerril fuera de la protección: simplemente no califican como periodistas, según su criterio, porque no están (estaban, en el caso del fotógrafo) en una nómina. Rubén era “freelance” y Canché no está en ningún medio reconocido por el gobierno de Borge Angulo. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no es para ellos o para comunicadores como ellos, publicó la agencia de Noticias Sin Embargo el 5 de agosto de 2015

Artículo 19 denunció que en el artículo 3, fracción XII, de la Ley recién aprobada en Quintana Roo legislación, al definir el término “periodista”, se incorporan criterios restrictivos que no van de acuerdo con la concepción del periodismo como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, señalando que debe ser una actividad de carácter “permanente con remuneración”.

Lluvia de recursos y amparos contra Quintana Roo

Por ser una entidad de 41 años sin personalidades de criterio que gobiernen Quintana Roo,una lluvia de amparo y recursos está lloviendo en la entidad tropical,donde llueve sobre mojado,ejemplos:

La recomendación  ( es histórica en México por resguardar derechos de un comunicador maya)  13/2015 obliga a los poderes ejecutivo , judicial y al Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto a cumplir  15 recomendaciones . Ninguna cumplida.

La recomendación 17/2015 de la CNDH es histórica porque recomienda a la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Quintana Roo (CEDHQROO) a darle atención a queja de 9 internos a quienes el titular local Harley Sosa no le dio importancia.

Y además  la CNDH presentó el pasado 14 de septiembre de 2015  una serie de impugnaciones ante la SCJN en contra de las modificaciones a la constitución local a los artículos 3, fracción VI y XII, 6, fracción IX, 13, y 45 “toda vez que atentan contra derechos humanos tales como el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio, a la información, a la libertad de expresión, a la no discriminación, a la seguridad jurídica así como al principios.

Internamente también llueven amparos y un poco de luz de justicia ,pues el mes pasado ,35 elementos de la policía judicial de Quintana Roo y el capitán Arturo Olivares Mendiola, funcionario  del Gobierno del Estado con el cargo de subsecretario de la  Coordinación de las Policías Municipales, deberán enfrentar acción penal por los delitos de tortura y abuso de autoridad en contra de Héctor Casique , según resolvió el Doctor José Manuel Ávila Fernández , Magistrado de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado(TSJ) cuya resolución fue apoyada por el secretario de acuerdos, el licenciado Wiliam Antonio Pacheco Mendoza.

 

La Sala Constitucional ordenó de inmediato  al Procurador  General de Justicia en el Estado el 27 de Agosto de 2015 dar cumplimiento a esa resolución S.C.A /P/075/2015 consistente  en ordenar al agente investigador para dictar el ejercicio de la acción penal en contra de los 36 inculpados por los delitos de abuso de autoridad y tortura, determinando así también la presunta responsabilidad de los sujetos.

De igual manera,el director jurídico de la ONG CNIOFDH de derechos humanos, Leonardo Kumul Salazar informó que al no poder acceder su cliente Luis Manuel Álvarez Adan al beneficio del indulto o amnistía por las lagunas del Código Penal aprovechó los recovecos de la justicia federal y logró que se admitiera el amparo 1307/2015 Principal en el Juzgado Tercero de Distrito para que el Gobernador del Estado pueda crear la ley de acceso a la Amnistía, así como se amparan para que el Congreso Local lo apruebe y también el Tribunal Superior de Justicia la aplique .Álvarez Adan grabó al director en Quintana Roo del Diario Por Esto, Renán Castro Madera lo cual indignó al periodista y según el inculpado junto con el gobernador Roberto Borge orquestaron una denuncia.Entonces sus abogados al considerar que es un preso político y que ha sido torturado cinco veces debe acogerse al indulto.El vídeo lo publicó en yo tuve con el título niegan derecho de réplica a empresarios.

Son algunos ejemplos.

México simula derechos humanos en sus leyes, la realidad es otra

La asociación británica Open Democracy asegura que México ha sido calificado positivamente en rankings de derechos humanos ya que se ha evaluado su marco jurídico (leyes) y no la realidad que viven los periodistas y activistas que son asesinados en su territorio.

El análisis desarrollado por Jos Bartman, miembro de la Open Democracy se titula “Verdades mortales de México” e inicia su ensayo con esta afirmación: “El brutal asesinato de reportero gráfico Rubén Espinosa es el último de una larga serie de ejecuciones. Pero la comunidad internacional continúa malinterpretando las raíces de la violencia política de México”.

Para las organizaciones de derechos humanos internacionales China es un Estado represor de la libertad de expresión, ya que abiertamente  en sus leyes condiciona la libertad de expresión y castiga con cárcel a los críticos de su régimen político. Sin embargo, la realidad es que el contexto  de la libertad de expresión es mucho más represivo en México y sobre todo más violento.

Por un lado China tiene medios formales considerados “represivos” para silenciar las voces opositoras y por otro lado México tiene leyes impresas en papel que preponderan la libertad de expresión, pero la realidad es  que existe un régimen silencioso que acalla todas las voces opositoras de activistas o las denuncias de periodistas a través de ejecuciones extrajudiciales asociadas casualmente siempre con el crimen organizado.

La Open Democracy busca señalar a través del análisis; “Verdades mortales de México” la responsabilidad intrínseca del Estado Mexicano y de sus instituciones en la grave situación que afrontan los periodistas y todas aquellas personas que realizan críticas al régimen y a sus actores políticos.

 

En México desaparece 1 personas cada dos horas, 11 desaparecidos por día

 

Según cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan que en México han desaparecido 1.360 personas durante el primer cuatrimestre del año 2005 y la cifra total es de 26.000 personas sin rastro alguno.

El caso más emblemático de desaparición forzada en México, es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin embargo existen registrados 1.360 personas desaparecidas durante el primer cuatrimestre del año en curso, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas y de mantenerse la dinámica en la estadística podría alcanzarse la cifra de 4.015 desaparecidos sólo durante el año 2015, según publica Sin Embargo.

Las entidades federativas mexicanas con mayor índice de desapariciones forzadas son Tamaulipas (5.379 desaparecidos), Estado de México (2.215 desapariciones),  Nuevo León (2.215 desaparecidos) y Chihuahua (1.569 desaparecidos). Estados gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mismo partido del presidente Peña Nieto.

Existe un vacío de información y datos confiables para poder evaluar y discernir los diferentes casos de las personas desaparecidas y por ende no existen líneas de investigación que puedan diagnosticar eficientemente si se trata de tráfico de órganos, tráfico de personas u otra variable dentro del crimen organizado.

Según Mary Speck,  en entrevista para Sin Embargo, señaló que existe una impunidad dramática que deja en evidencia la incapacidad de juzgar y de investigar este grave problema en México.

Durante la presente administración del presidente Enrique Peña Nieto se creó la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos para establecer protocolos de búsqueda y se hizo el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, sin embargo esta estructura institucional es insuficiente ya que los familiares de las víctimas no realizan denuncias ante las autoridades por miedo a la complicidad que existe entre las autoridades y los grupos criminales, solo el 2% ha presentado una denuncia judicial (577 denuncias de 26.000 casos).

Los especialistas puntualizan que es necesario impulsar una Ley General de Desapariciones que tenga un seguimiento al estatus de una persona desaparecida y ejecutar una coordinación a nivel nacional para desarrollar una estrategia de búsqueda que genere resultados tangibles.

Finalmente los especialistas señalan que es imperante desarrollar una base de datos con información de ADN de los desaparecidos para poder implementar una búsqueda que genere resultados y para ello es necesario asignar recursos humanos capacitados e invertir en equipo técnico.

Por su parte la ONU ha recomendado al Gobierno de México garantizar el delito de desaparición forzada en los códigos penales de todos los estados y desarrollar una definición armonizada que contenga la normatividad internacional en materia de derechos humanos, así como establecer un programa nacional de búsqueda con protocolos de acción inmediata y a mediano plazo.