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Perdió Martín Cobos amparo, pero no ha sido detenido

 

Los Fake News no dejan de circular en Quintana Roo. Un usuario del grupo de WhatsApp Prensa DIF Quintana Roo compartió que Martín Cobos había sido detenido. Carlos Sánchez Fabro compartió una fotografía- al parecer editada- donde se ve al ex alcalde interino con un letrero con fecha 26 de Enero de 2018. 

Noticaribe y la agencia SIM publicaron la versión pero Noticaribe bajó la información y la agencia corrigió su información.

 

Tulum.- Martín Cobos Villalobos, ex secretario general del Ayuntamiento, quedó vulnerable a ser detenido, al serle sobreseído su recurso de amparo por un juez de distrito; sin embargo, no fue detenido, pese a los persistentes rumores de que esto había acontecido.

El extitular de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq), figuraría en la denuncia de la Auditoría Superior del Estado por el presunto desvío de 72 millones de pesos, entre pago a proveedores, créditos y falta de apoyo a deportistas durante su mandato.

Cabe recordar que en julio de 2017 el expresidente municipal interino de Tulum solicitó un amparo federal, para evitar la acción legal en su contra por posibles órdenes de aprehensión.

Este recurso, con expediente 197/2018, fue desechado ayer por el juez Cuarto de Distrito, con sede en Cancún, por sobreseimiento, según consta en los estrados del Poder Judicial.

Esta tarde, se comentó que Cobos Villalobos habría sido detenido por la Fiscalía General del Estado, pero esto fue desmentido por el organismo, que informó que en su contra no hay orden de aprehensión alguna girada por un juez.

Cobos Villalobos fue el secretario general de la administración actual, de Romalda Dzul Caamal, hasta que fue removido junto con el director de Ingresos, Ricardo Suárez; este último fue ejecutado en días pasados, en un caso que todavía no se ha aclarado.

 

Amparo de Borge en Cancún le cuesta 59 mil pesos; lluvia de amparos de su gabinete

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Por 59 mil pesos amparan a Roberto Borge

AGENCIA SIM

Cancún.- Los abogados del exgobernador Roberto Borge Angulo preso en Panamá, desde el 14 de julio interpusieron un amparo exploratorio ante el Juzgado Quinto de Distrito, para conocer si en Quintana Roo existe una orden de aprehensión en contra de su cliente, cuyo costo fue de 59 mil pesos.

Aunque en principio de cuentas la administración actual denunció a todo el gabinete de Roberto Borge Angulo, los defensores del exgobernador quieren estar seguros que esa denuncia no sea causal de aprehensión; aunque de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el juez de control puede negar que exista dicha orden, pero luego la obsequie después de rendir el informe.   

Al consultar los estrados electrónicos del Poder Judicial de la Federación, el expediente con el número 1096/2017, principal e incidental, se puede leer que es “contra actos del juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Othón P. Blanco y otros”. La audiencia constitucional está señalada para el miércoles 2 de agosto.

OTROS AMPAROS EN JUZGADOS FEDERALES

Son varios los exfuncionarios y funcionarios que tienen trámite de amparo para protección de la justicia federal: Gonzalo Abelardo Herrera Castilla, extitular de la Secretaría de la Función Pública; Fernando Escamilla Carrillo, exsecretario de Infraestructura y Transporte (Sintra); Mario Castro Basto ex delegado estatal de la Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo S.A. de C.V. (Diconsa); César Celso González Hermosillo y Melgarejo, socio de Barcos Caribe. También se ampararon por si las dudas, el expresidente municipal de Othón P. Blanco, Eduardo Espinosa Abuxapqui; Juan Pablo Guillermo Molina, ex Secretario de Finanzas; Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del desaparecido Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (Ipae); Fredy Marrufo Martín, expresidente municipal de Cozumel y actual delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Claudia Granados Méndez, exdirectora de Obras Públicas del Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Con anterioridad presuntamente se ampararon: Gabriel Medicuti Loria, Mauricio Góngora Escalante, Fabián Vallado Fernández, Martín Cobos Villalobos, José Alberto Alonso Ovando, Gustavo Guerrero Ortiz. Luis González Flores, Rosario Ortiz Yeladaqui, Román Quian Alcocer, Javier Diaz Carbajal y Pedro Flota Alcocer.


AGENCIA INFORMATIVA MULTIMEDIA

Tramitó un amparo y le salió el tiro por la culata a Hugo Bonilla, el suplente borgista. Anda prófugo

CANCÚN, MX.- (Noticaribe). El aún auditor suplente de la Auditoría Superior del estado (Aseqroo) y  ex director de Ingresos del Ayuntamiento de Benito Juárez, Hugo Favio Bonilla Iglesias, presentó desde el pasado 28 de marzo, un amparo exploratorio contra diversas autoridades ante una posible orden de aprehensión.

Como es común, el Juez admitió la demanda y le otorgó, de trámite, la suspensión provisional.

Y la orden de aprehensión contra el ex colaborador del ex alcalde Paul Carrillo, fue obsequiada por el Juez de Control tres días después, el 31 de marzo, y este oficio fue recibido formalmente por el Misterio Publico, el 1 de abril.

Ese proceso contra el ahora funcionario prófugo inició el pasado 7 de marzo, cuando el regidor perredista Antonio Meckler Aguilera, presentó ante la Fiscalía General del Estado, una denuncia penal por daño patrimonial en contra de quien resulte responsable del presunto desvío de casi 49 millones de pesos durante la anterior administración municipal presidida por el priista, Paul Carrillo de Cáceres.

De acuerdo con el Concejal, el principal autor material de este desvío es el ex director de ingresos, Hugo Favio Bonilla Iglesias, quien presuntamente, en contubernio con otras autoridades tanto del municipio como otras, entre ellas el entonces titular del Aseqroo, Emiliano Novelo, modificaron de manera arbitraria e ilegal la tabla de valores catastrales, sobre la cual se calcula el impuesto predial, para favorecer a propietarios de predios con valor real de millones de pesos y así pagaran una mínima cantidad de impuesto predial.

En la administración de Remberto Estrada, del PVEM, Bonilla Iglesias pasó a director de Ingresos Coordinados, aunque en junio de 2014 fue electo dentro del ‘paquete de impunidad’ como Auditor suplente del Aseqroo, mientras que como titular de ese organismo autónomo, quedó Javier Zetina González.

Tras la renuncia de Zetina González, el 15 de marzo, Bonilla Iglesias se perfilaba, por ley, para reemplazar al cozumeleño al frente del Aseqroo, con todo y que enfrentaba la denuncia penal interpuesta por el regidor Antonio Meckler.

El 28 de marzo, Hugo Favio Bonilla presentó un amparo exploratorio que recayó en el Juzgado Quinto de Distrito.

De inmediato, como suele ocurrir en los amparos ‘exploratorios’, el juez Ciro Carrera Santiago le otorgó la suspensión provisional al ex funcionario municipal y determinó el 11 de abril, para la audiencia incidental.

Empero, la orden de aprehensión fue obsequiada tres días después.

El 31 de marzo, la Juez de Control de los Jugados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, resolvió la orden de aprehensión decreta contra Hugo Favio Bonilla Iglesias por su probable participación en el delito de desempeño irregular de la función pública en agravio del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Y el 1 de abril de 2017 a las 17:29 horas, el Ministerio Público dio por recibido la orden de aprehensión contra Hugo Favio Bonilla. (Noticaribe)

Admite juez federal, amparo contra gasolinazo

Admite juez federal, amparo contra gasolinazo
Por Antonio Ortiz
Cancún. 04 Febrero.- El Juzgado Séptimo de Distrito, en Cancún, admitió el amparo en contra del incremento de los combustibles, de acuerdo al expediente 86/2017 II, adelantó en exclusiva a Pedro Canché Noticias el portavoz de la agrupación civil Por un Mejor Quintana Roo, Severo Arellano Sánchez. Una de las asociaciones que han organizado desde el mes de Enero varias manifestaciones pacíficas en Cancún y Quintana Roo contra el gasolinazo.

Aunque indicó que la aceptación del amparo, promovido el mes pasado, está condicionado, ya que el juez de Distrito les pidió que le proporcionaran más información la próxima semana.      

Lo anterior, indicó, ya que en otros juzgados de diferentes estados de la República, entre ellos la Ciudad de México, no han sido admitidos o desechados, bajo el argumento jurídico de ser “improcedentes”, pues no pueden ser dirimidos por el Poder Judicial, ya que los amparos no son la vía para decidir si es o no correcta la política pública en materia económica, implementada por los diputados federales.

“Ya nos dieron entrada a nuestro amparo, nos hicieron recomendaciones. Se va a ampliar la información, vamos a agregar lo que nos pidieron. Pero sí nos dieron entrada”.

Severo Arellano mencionó que como sucede con todo amparo, el juez lo aceptó con ciertas reservas.

Explicó que la Secretaría de Hacienda hasta el momento no ha fijado los precios a la gasolina y diésel, pese a ser su facultad u obligación, y lo dejará a las leyes del mercado, pero va en contra de lo que mandata la Constitución mexicana.

Adelantó que ya están recabado la información solicitada; y dejó en claro que no cejarán en sus manifestaciones pacíficas en contra de la decisión de Enrique Peña Nieto de incrementar el precio de los combustibles, luego de que el nuevo incremento lo pospusieron hasta el 17 de febrero próximo, y no este sábado cuatro como estaba previsto.

Atole con el dedo
“El anuncio para posponer la nueva alza a la gasolina y diésel es una distracción. Porque ellos (Gobierno) no han quitado el dedo del renglón, pues vienen más aumentos, y que la demanda fije los precios. Es más de lo mismo, es atole con el dedo”.
Arellano Sánchez afirmó que gracias a la presión social contra del gasolinazo, el Gobierno federal tuvo que posponer la nueva alza, pero con la baja del dólar no creen que sea necesario que continúen con el gasolinazo. “El trabajo que estamos haciendo en todo el país, es para revertir el aumento a los combustibles. No se vale que nos quieran colgar a las sociedad un hueco que tiene el gobierno federal en sus finanzas, a través de nuevos impuestos”.

Formato para ampararse contra el gasolinazo

SI EXISTE ALGUNA SUGERENCIA PARA ENRIQUECERLO ESTOY ABIERTO A SUS OPINIONES Y SI LES SIRVE USENLO HAY QUE PONERLES UN ALTO

C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO
CANCUN, QUINTANA
P R E S E N T E.
; por mi propio derecho, en mi carácter de Quejoso y señalando como domicilio para oír notificaciones y recibir documentos el ubicado en y con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo autorizo al C. Licenciado en Derecho para tal efecto, ante usted respetuosamente comparecemos para exponer:
Que vengo a solicitar el AMPARO y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL, así como la SUSPENSION PROVISIONAL y en su momento la DEFINITIVA, en contra de los actos de autoridades que enseguida enunciaré y que considero violatorios de mis garantías individuales.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, me permito manifestar a su Señoría lo siguiente:
I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO: Ya quedó precisados.
II.- NOMBRE y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO:
(no existe)
III.-AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como ordenadoras a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CAMARA DE SENADORES Y CAMARA DE DIPUTADOS por la aprobación de la reforma energética deficiente.
Como ejecutoras a la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA,, COMISION REGULADORA DE ENERGIA, así como su publicación por parte de la Secretaria de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación.
IV.- ACTO RECLAMADO: La INEQUIDAD y DESPROPORCIONALIDAD de las tarifas establecidas sobre el costo de la GASOLINA, mismas que generaran desestabilidad económica y carestía afectando a todo el pueblo mexicano, en especial a las clases vulnerables.
V. PRECEPTOS CONSTITUCIONES QUE CONTIENEN GARANTÍAS VIOLADAS: Los artículos 1, 2, 4,25, 26, 27, 28 y 123, así como la fracción IV del artículo 31 Constitucionales.
VI. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: Manifiesto que constituyen antecedentes del acto reclamado y fundamentos de los conceptos de violación los siguientes:
HECHOS:
Que con fecha 26 de diciembre del año 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. Mismo que de conformidad con el considerando quinto el 1º de Enero de 2017entra en vigor el decreto por el cual de manera infundada e inmotivada y de manera desproporcional el gobierno de la república por medio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, pone en vigor el decreto por el cual se libera el precio de las gasolinas, afectando con esto la economía de los mexicanos en especial de la gente marginada y de escasos recursos ya que con este aumento desproporcionado se disparan los precios de la canasta básica y de artículos de primera necesidad, así como el del transporte público y de servicios, aunado a que la situación económica del país no es alentadora debido a políticas económicas carentes de visión a corto plazo y que únicamente benefician a las transnacionales y pequeños grupúsculos del poder.
VII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN:
PRIMERO.-La inequidad y desproporcionalidad de los elementos esenciales sobre la tarifa actual que versa sobre la Gasolina en toda la República Mexicana, misma que entro en vigor el primero de enero del presente año lo cual torna inconstitucional el sistema impositivo por la fracción IV, del artículo 31 constitucional, pues en el numeral reclamado no se establece variable alguna aplicable a los elementos en cuestión cuya inconstitucionalidad, en su caso, podría producir la concesión del amparo a fin de que se remediara el vicio de la variable, con lo cual no se afectaría todo el mecanismo para determinar el pago del derecho correspondiente, lo que en el caso no ocurre.
SEGUNDO.- La inequidad y desproporcionalidad que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no guarda, en forma alguna, una razonable reciprocidad o justa proporcionalidad entre el costo o valor del servicio de carácter administrativo proporcionado por el ente público, y el monto de la contribución a cubrir. Es así pues el costo en el servicio es completamente sobresaliente de los límites de proporcionalidad y calidad que exige un esfuerzo uniforme de la administración pública a través del cual pueden satisfacerse todas las necesidades que se presenten sin aumento apreciable en el monto del servicio, por el valor consignado en los actos de pago.
TERCERO.- La ley debe otorgar un trato igualitario a los sujetos que, con independencia del valor intrínseco del costo de la gasolina, deben recibir por parte del Estado un mismo servicio que, en su caso, se reduce sólo a lo referido en la fracción IV, del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es inconcuso que la contenida en dicho precepto se aparta del marco constitucional, toda vez que es notoria la desproporcionalidad e inequidad del acto reclamado.
CUARTO.- Resulta violatorio de la fracción IV, del artículo 31 en cita, porque el costo del servicio que presta la administración pública municipal se encuentra determinado por elementos ajenos al objeto real del servicio, como lo es el valor consignado en los actos, contratos o resoluciones judiciales sobre la tarifa impuesta sobre la Gasolina; siendo que la clase de derechos como los que se analizan, deben determinarse en función de lo que le cuesta a la administración la prestación del mismo, entre los cuales están el pago de sueldos, sobresueldos y compensaciones del personal empleado para la prestación del servicio, más no de aquellos elementos referidos, que no guardan relación con la prestación del servicio, puesto que tratándose de derechos, siempre se debe guardar un equilibrio con la tarifa a cubrir por parte de los contribuyentes.
QUINTO.- Violan las responsables lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 28 constitucional que a la letra establece “Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.”
Lo cual no sucede en este caso y el aumento desproporcionado e inequitativo que hace el gobierno federal con respecto a los precios de las gasolinas genera incertidumbre y alza descontrolada en los precios de la canasta básica y de primera necesidad afectando con ello a las clases desprotegidas y marginadas y en general a toda la población.
SEXTO.- De igual manera dicho aumento desproporcionado, inmotivado e infundado vulneran la economía de todos y cada uno de los habitantes de la República Mexicana, violentando con ello lo establecido en el artículo 4º, 2º 1º, ya que deja en estado de indefensión y de forma precaria la sustentabilidad económica de las familias mexicanas , logrando con eso que no se puedan llevar a cabalidad lo establecido en el artículo 4º constitucional con respecto a la alimentación de calidad, así como el de protección a la salud a vivienda digna etc. Ya que con dicho decreto de manera desproporcionada se incrementaran los precios de la canasta básica y será imposible alcanzar dichos fines con el raquítico salario mínimo que hoy rige en el País. Así mismo establece diferencias en el precio dependiendo de la zona , lo cual es violatorio al artículo 1º constitucional toda vez que dicho artículo prohíbe la discriminación de cualquier tipo.
SEPTIMO.- El titular del ejecutivo en su campaña por la presidencia de la república y reiteradas ocasiones se comprometió a velar por la economía familiar, lo cual a la fecha no ha ocurrido, así mismo con la mal llamada reforma energética, se había prometido el alto al incremento de las alzas al precio de los combustibles lo cual de la misma forma no ha ocurrido sino que ha empeorado la situación económica de los habitantes de la República Mexicana. Violando con esto lo establecido en los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales.
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO
A efecto de conservar la materia del amparo, con fundamento en los artículos 107,108, 125, Y 126 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, vengo a solicitar la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados en este juicio de amparo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado,
A USTED C. JUEZ, atentamente pido se sirva:
PRIMERO.- Tenerme por presentado en mi carácter de quejoso y por interpuesto el juicio de garantías que hago valer.
SEGUNDO.-Conceder la suspensión provisional y en su momento definitiva para que cesen los actos reclamados.
TERCERO.–Señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia incidental.
CUARTO.- Señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional
QUINTO.- Con las copias simples que se acompañan, correr traslado a las autoridades responsables para que produzcan su contestación en términos de ley.
SEXTO.-Se conceda la suplencia de la queja en base al articulo 79 fraccion II Y VII de la Ley de amparo en vigor ya que de continuar con el aumento desmedido y desproporcionado en el precio de las gasolinas se pone en riesgo a los grupos vulnerables y de escasos recursos.
SEPTIMO.-En su oportunidad, conceder el amparo a en contra de los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables
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PROTESTO LO NECESARIO
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CUNDE EL MIEDO: Se ampara otra borgista

Cancún.- La ex titular del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) Claudia Romanillos Villanueva, acusada por el gobierno de Carlos Joaquín como involucrada en el remate ilegal de predios públicos en beneficio de un selecto grupo de familiares y personajes afines al ex gobernador Roberto Borge Angulo, se amparó para evitar ser detenida, según revela hoy el periódico Luces del Siglo.

La solicitud de amparo de Romanillos Villanueva le tocará resolverla al Juez Séptimo de Distrito, Darío Alejandro Villa Arnaíz, a través del expediente 1721/2016.

Romanillos fue secretaria particular de Roberto Borge y cuando este asume la gubernatura, la nombra en 2011 como titular del IPAE.

Durante las administraciones de Félix González Canto y Roberto Borge, el IPAE vendió y regaló discrecionalmente terrenos del patrimonio estatal a familiares, funcionarios y amigos de los ahora ex gobernadores para hacer negocios privados y para el fortalecimiento de su grupo político en el PRI.

Días antes de concluir su periodo fue llamada a comparecer por el Congreso estatal para que informara sobre el manejo discrecional con que se habían operado remates y regalos de bienes públicos.

El pasado 21 de Septiembre, en sesión de Comisiones de la actual XV Legislatura, Roamnillos Villanueva no supo responder qué responder ante las pruebas documentales que le presentaron los diputados ante estos malos manejos, y evidenció que desconocía totalmente sus propias funciones.

El otro que buscó amparo es el borgista incrustado como secretario del Ayuntamiento que preside Remberto Estrada y protegido por los verdes y la mafia de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.

Ante denuncias de Carlos Joaquín, se ampara el borgista Mauricio Rodríguez secretario de Remberto Estrada

El borgista Mauricio Rodríguez Marrufo, actual secretario del Ayuntamiento de Cancún, acusado penalmente de varios delitos contra el patrimonio del Estado, se amparó buscando la protección de la justicia federal en contra de posibles actos de la Fiscalía General de Justicia y, por orden de turno, el asunto fue enviado para su resolución en el Juzgado Séptimo de Distrito, bajo el expediente 1792/2016.

El Portal Luces del Siglo publicó hoy que el borgista se ampara luego que el gobierno de Carlos Joaquín anunció sendas denuncias contra colaboradores de Borge, entre ellos el hijo del ex procurador de justicia Bello Melchor Rodríguez ya que por su paso por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) en el gobierno de Roberto Borge remató bienes públicos para hacer negocios privados, particulares o de grupo.

El pasado martes 20 de Diciembre, el titular de la Secretaría de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, anunció que se había detectado un desvío de más de 2 mil 300 millones en cinco dependencias públicas, y por lo mismo fueron promovidas siete denuncias en contra de ex funcionarios borgistas que presuntamente participaron en estos ilícitos.

Regidores de Cancún pidieron su renuncia por estar envuelto en esta denuncia sin embargo, el secretario del alcalde Remberto Estrada dijo no temer y que estaba limpio.

El 22 Luces del Siglo publicó un reportaje  donde Mauricio Rodríguez sí autorizó ilegalmente remates de predios propiedad del Estado hasta en un 75% de descuento para favorecer a la mafia de Borge, siendo que no estaba facultado para ello.

Hoy con su amparo despacha con miedo, pero  protegido por el alcalde Remberto Estrada.

 

 

 

Duarte se ampara hasta contra la Interpol

El gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, interpuso una demanda de amparo en contra de la ejecución de una orden para aprehenderlo que fue girada a petición de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda, por operaciones con recursos de procedencia ilícita e ilícitos fiscales, entre otros.
Se trata del primer amparo que busca Duarte luego de que solicitó licencia para separarse de la gubernatura del estado, y mientras está prófugo.
Datos del Poder Judicial de la Federación, a los que Animal Político tuvo acceso, indican que la demanda de amparo fue promovida por la defensa de Duarte el pasado 16 de noviembre ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México.

El caso quedó radicado bajo el número de expediente 1031/2016.

Públicamente los datos de este procedimiento se encuentran reservados en la página de expedientes del Consejo de la Judicatura a petición del quejoso (Javier Duarte) pero la información que este portal pudo revisar indica que Duarte interpuso la demanda en contra de al menos doce autoridades distintas que pudieran ejecutar la orden de captura.

Entre esas autoridades se encuentra la Policía Internacional (Interpol), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Ministerial de Veracruz y la Agencia de Investigación Criminal.
En la demanda, Duarte señala que dicha orden es derivada de investigaciones realizadas en su contra por la PGR, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

El Juzgado Sexto de Distrito aceptó a trámite la demanda de Duarte y le concedió una suspensión provisional pero solo para efectos de que si es detenido se respeten sus derechos y quede a disposición del juez que lo requiere. El juez no ha concedido recurso alguno que frene la orden de captura.

El pasado 20 de octubre, Animal Político publicó que un juez de control del nuevo sistema penal acusatorio concedió a la PGR una orden de aprehensión en contra de nueve personas, entre ellas el gobernador con licencia Javier Duarte, por varios delitos entre ellos operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La referida orden fue solicitada por la PGR, quien acusa a Duarte, al empresario Moisés Mansur y a otras personas de conformar una red de prestanombres y empresas fantasma para desviar recursos públicos de áreas como Salud y Educación que fueron utilizados en múltiples propiedades, entre ellas un rancho en La Mesa estado de México.

Hasta ahora solo dos personas de esas nueve han sido detenidas y se trata de dos hermanas que aparecen como accionista de una de las compañías involucradas.

El Servicio de Administración Tributaria por su parte ha presentado más de 30 denuncias en la PGR por la operación de una red de compañías fantasma reveladas por Animal Político, las cuales recibieron cientos de millones de pesos en contratos de al menos cuatro dependencias. El SAT confirmó que estas empresas simularon las operaciones que facturaron en complicidad con la administración de Duarte.