FGE- Pagina 30

Cancún.- Una investigación periodística, que reveló que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, contrató a los mismos abogados que utiliza el actual fiscal general de lo República, Alejandro Gertz Manero, de paso también sacó a la luz un testimonio de uno de abogados, en el que se afirmó que el actual fiscal quintanarroense, Oscar Montes de Oca, como subprocurador de averiguaciones previas en Ciudad de México, confesó un manejo político para dar “carpetazo” a una investigación por un posible homicidio culposo.
En un amplio reportaje publicado por el portal de noticias Animal Político, se menciona que el hoy titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, nombró como apoderados legales al abogado Javier Coello Trejo y su hijo Javier Coello Zuarth, luego de la muerte de su hermano, en 2015, para que denunciaran penalmente a la pareja de éste, Laura Mora Servín.
La denuncia fue hecha, pero un año después el Ministerio Público cerró el caso, por lo que, en 2016, estos mismos abogados denunciaron a los tres agentes del MP encargados del caso, por denegación de justicia, investigación que igualmente quedó estancada.
Todo cambió cuando Gertz Manero llegó a ser fiscal general de la República, pues apenas en marzo de este año, su abogado, Javier Coello Zuarth, testificó ante un juez, el caso fue trasladado a una “Fiscalía Especial” y en solo dos meses se giraron órdenes de aprehensión en contra de estos tres agentes del ministerio público, por denegación de justicia.
Lo llamativo es que en este testimonio, aparentemente instrumental para acelerar la acusación, el abogado reveló que sostuvo una conversación con Oscar Montes de Oca, quien le confesó llanamente que la investigación por la muerte del hermano Alejandro Gertz Manero no avanzaría, pues así lo había ordenado el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pues la mujer acusada, la ya mencionada Laura Mora Servín, de 92 años de edad, es la abuela de la esposa de Alfredo del Mazo, hoy gobernador del Estado de México y además primo del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
“Me dijo que la determinación que se tomó (de cerrar el caso) fue por órdenes de él, en cumplimiento a su vez de instrucciones que recibió tanto del Procurador como del Jefe de Gobierno, y me manifestó de forma contundente que este asunto no sería analizado ni resuelto en la vía judicial, ya que era un asunto de índole político”, señaló.
Poco después de esta charla, los agentes efectivamente cerraron el caso, según manifestó el abogado.

Actualmente, estos tres agentes del ministerio público están amparados contra las órdenes de aprehensión emitidas, apenas en mayo de este año. Montes de Oca, para entonces ya había emigrado para Quintana Roo, donde fue nombrado fiscal general del Estado.
Este testimonio, en el que se acusa directamente al hoy fiscal quintanarroense de participar en un “carpetazo” por órdenes políticas, situación equiparable a abuso de poder y corrupción, surgió ayer en una investigación de Animal Político, pues el abogado acusador, quien actuaba en representación legal del Fiscal General de la República, es hoy también el abogado de Emilio Lozoya, prófugo de la justicia y perseguido por este mismo fiscal.