Periodistas

Comunicado del candidato Víctor Mas a periodistas: denunciará ataques de la delincuencia en la FGE

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Víctor Mas, alcalde con licencia, que busca su reelección, ofrecerá una conferencia de prensa mañana luego de interponer una denuncia contra delincuentes que han afectado su campaña:

“A toda la prensa de Quintana Roo:
Ante los hechos delictivos donde mi comité y mi planilla se han visto vulnerados y atacados delincuencialmente; deseo convocar a todos los medios de comunicación e interesados, a la presentación de mi denuncia ante la Fiscalia del Estado de Quintana Roo por el atentado a la democracia y seguridad de mi equipo de campaña, el día de mañana jueves 13 de mayo del 2021 a las 10:15 am en las instalaciones de la Fiscalia del Estado con sede en Playa del Carmen y posteriormente a una Conferencia de Prensa a las 12:15 horas en el restaurante Café Nader en la avenida Nader de Cancún. Para hacer un pronunciamiento al respecto por los hechos delictivos de los que estamos siendo objeto.

Sin otro particular y en espera de su importante presencia, quedo de ustedes”.
Victor Mass Tah
Candidato a Presidente Municipal de Tulum, Quintana Roo.

 

Nace la unión de periodistas y medios digitales de Quintana Roo

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NACE LA UNIÓN DE PERIODISTAS Y

MEDIOS DIGITALES DE QUINTANA ROO

 

CANCÚN, 23 de abril de 2021.- Firmaron el acta constitutiva de la nueva Unión de Periodistas y Medios Digitales de Quintana Roo (UPD) hoy los socios fundadores en la Notaría Pública Número 41 a cargo del titular licenciado Adrián Samos Medina.

 

Fue toda una hazaña consolidar la unión de colegas periodistas porque siempre había prevalecido la desunión, además fue un hecho histórico y sin precedentes porque lo conforman comunicadores de los 11 municipios del estado de Quintana Roo.

 

Se impuso el alto interés de luchar por la libertad de expresión, las garantías de seguridad para el desempeño de la noble profesión de informar y por un país donde prevalezca el estado de derecho.

 

Los socios fundadores acudieron al medio día a la notaría con sede en Playa del Carmen a protocolizar el acta constitutiva número 16,690, volumen 153 tomo D con fecha 23 de abril de 2021.

 

Integran la mesa directiva el presidente Santos Gabriel Us Ake, vicepresidente Ricardo Torres Ojeda, secretaria general Cristina Flores, tesorera Heydi Jiménez Hernández, presidente del Consejo de Vigilancia Cecilia Solís Martín, entre otros.

 

La agrupación la componen afiliados de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Solidaridad, y están en proceso de registro periodistas de los demás municipios del estado.

 

Después de la firma los socios fundadores se tomaron la fotografía frente a la Notaría Pública Número 41 ubicada en la avenida Luis Donaldo Colosio supermanzana 50, manzana 33, lote 27, residencial Santa Fe.

Periodistas en la ‘Mañanera’ saltan en defensa de “Inteligencia México

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Ciudad de México.- Desde el miércoles 27 de enero, periodistas que acuden a las “Mañaneras” han querido entrampar a la Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero con el tema de la concesionaria de basura “Inteligencia México”, aunque sin mencionarla, al hacer alusión a que el Ayuntamiento de Benito Juárez supuestamente incumplió con una orden de un juez federal.

El reportero, quien no se presenta, desconoce que Cancún no es alcaldía, pues el municipio se llama Benito Juárez, explica que “inventaron una emergencia sanitaria”, cuando este hecho fue real en diciembre pasado, que hay abiertas “media docena de investigaciones por presunto desvío de recursos y lavado de dinero”, situación también aparentemente inventada.

El Cabildo de Benito Juárez determinó intervenir la concesión de la recolecta de basura, por incumplimiento de Inteligencia México. La empresa se amparó pero, de acuerdo al municipio, el juez puso como condicionante que la concesionaria pueda cumplir el contrato, algo que no ha podido, por falta de equipo.

La primera pregunta del reportero se relacionó “con una investigación que solicitó el presidente de México que se realizara en torno a un contrato multimillonario de 370 millones de pesos en la alcaldía de Cancún a una empresa, que se inventaron ahí una emergencia sanitaria. Y mientras se está realizando esta investigación, ya hay un juez federal, ya falló en contra, también echó atrás este contrato multimillonario en esta alcaldía”.

La titular de Segob, Olga Sánchez Cordero respondió que “Lo que tengo conocimiento de los hechos es… bueno, tendríamos que darle oportunidad a los funcionarios que llevan estos asuntos de que vinieran a informar puntualmente. ¿Tienes alguna información?, ¿no? Yo solamente a través de la prensa tengo esta información.”

Hoy, una vez más, el mismo reportero insistió con el tema de la basura en Benito Juárez (Cancún); “quiero apelar a su experiencia, su trayectoria dentro de la Suprema Corte (SCJN) y ya como Ministra en retiro, ¿qué pasa cuando una autoridad de cualquiera de los tres niveles de gobierno desacata una orden de un juez federal, que es un orden definitiva?, ¿qué pasa con esta autoridad, a qué está expuesta esta autoridad que está sujeta a un desacato? Lo digo porque eso está sucediendo eso en Cancún, se siguen infestando las calles de basura de este destino turístico, ¿qué sucede señora Ministra?”

Sánchez Cordero explicó que estos temas tienen que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los que señalan el desacato tienen que acreditar que no se cumplió con la orden del Juez; “una vez que se determina el desacato en el Tribunal pleno, porque no es en la sala, se resuelve por mayoría si esta persona efectivamente desacató y entonces se consigna ante un juez de distrito”.

Agregó que el posible desacato tiene que ser notificada a la autoridad que presuntamente lo comete, de ahí que tenga que aportar todos los elementos; hay que revisar el desacato, hay que darle vista a la autoridad para que en su derecho pueda argumentar en su favor.

“Hay que revisar el desacato, hay que darle vista a la autoridad para que la autoridad en su derecho pueda argumentar en su favor el tema del desacato o no. No nada más está el desacato y automáticamente se consigna ante el juez de distrito, hay que seguir un procedimiento muy claro establecido en la misma constitución, en la ley de amparo para poder resolver en consecuencia”, concluyó.

Seis periodistas han muerto por Covid-19 en Morelos

Reporteras y reporteros de la entidad exigieron medidas sanitarias durante conferencias de prensa, debido a que aún se realizan de manera presencial.

Redacción AN / ES

Tras la muerte de seis periodistas en Morelos a consecuencia de la Covid-19, reporteras y reporteros exigieron a las autoridades de instituciones gubernamentales, políticas y organizaciones civiles que se garanticen las medidas de seguridad sanitaria durante la cobertura informativa de sus actividades.Lo anterior, frente al incremento de contagios, decesos y ocupación hospitalaria registrada en la entidad. Y debido a que, sin importar la pandemia, son varias las autoridades y líderes sociales y partidistas que continúan convocando a conferencias de prensa presenciales en lugares cerrados y sin condiciones apropiadas que garanticen la sana distancias.

Incluso algunos actores políticos y sociales, entre los que resaltan diputados locales y federales, funcionarios de primer nivel del gobierno del estado y municipales, optan por retirarse el cubrebocas para que “se escuche mejor su voz”. Esto ha puesto en alto grado de vulnerabilidad a los trabajadores de los medios de comunicación.

La Red de Mujeres Periodistas de Morelos ha documentado hasta este momento el fallecimiento de al menos seis periodistas y comunicadores:

Miguel Ángel Garcia Tapia, quien por más de 30 años fue reportado en medios escritos y radiofónicos en Cuernavaca, falleció el  1 de mayo de 2020.

Rosendo Santos Merino, reportero por más de 30 años en el oriente de Morelos, falleció el 17 de junio de 2020.

Esteban Levy, periodista y comunicador en la zona sur de Morelos, murió el 4 de agosto de 2020.

Ricardo Hernández Gómez, periodista en Cuernavaca, falleció el 29 de noviembre de 2020.

Rigo Alemán, con más de una década de ejercer el periodismo en la zona sur de la entidad, falleció el 31 de diciembre 2020.

Carlos Félix Gaxiola, conductor de noticias, periodista y comunicador, murió el 1 de enero 2021 y se desempeñaba como coordinador de comunicación social del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Asimismo, se han registrado varios contagios entre hombres y mujeres periodistas, que afortunadamente, lograron vencer al virus.

Por tal razón, este sábado reporteras y reporteros organizados lanzaron un pronunciamiento en el que exigen lo  siguiente:

1. Que las conferencias de prensa se realicen en espacios abiertos y amplios, con acceso controlado, filtros sanitarios y registro de temperatura corporal de las y los periodistas y de quienes convocan, así como de sus colaboradores.

2. Que se disponga de material sanitizante por parte de los organizadores y que el uso de cubrebocas sea obligatorio durante todo el tiempo que dure el evento, incluso para quien o quienes encabecen la conferencia de prensa.

3. Que se cuente con equipo de audio para garantizar la sana distancia entre todas las personas asistentes.

4. Que además las conferencias de prensa sean trasmitidas en directo a través de internet, con el fin de que las y los periodistas que así lo decidan, cubran el evento desde sus hogares u oficinas.

5. Que las transmisiones se realicen con video y audio de calidad y que exista la posibilidad de acceder posteriormente al material multimedia del evento a través de servicios de mensajería.

6. Que la plataforma en la que será transmitida la conferencia de prensa sea anunciada desde el momento de la convocatoria.

7. Que se aplique cualquier otra medida que garantice el combate a la pandemia, que permita que su mensaje llegue y que el trabajo periodístico se desarrolle con la mayor seguridad sanitaria.

El documento va dirigido a los titulares de las Unidades de Comunicación Social de las instituciones públicas y privadas; asimismo a las asociaciones políticas, públicas y privadas, y también actores políticos, sociales y culturales.

Protege Gobierno de Q. Roo a 39 periodistas amenazados por desempeñar su labor

 

 

Cancún.- Elías Antonio Prado Laguardia, Subsecretario de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana de la Secretaría de Gobernación de Quintana Roo, aseveró que no se tolerará más actos violentos contra periodistas y defensores d ellos derechos humanos en Quintana Roo.

“Existen 46 expedientes entre periodistas (39) y defensores de derechos humanos (7), vamos a estar trabajando con cada una de las instancias, posiblemente vengan las recomendaciones, pero no nos vamos a esperar hasta ese momento, pues condenamos los actos del nueve de noviembre”, detalló el Sub Secretario.

Añadió que cada caso tiene una situación diferente, donde se guarda con secrecía la información, pues han sido amenazados en su mayoría de muerte.

La conferencia giró en torno a lo ocurrido el pasado 9 de noviembre en las manifestaciones feministas, que se llevaron a cabo a las afueras del Palacio Municipal de Benito Juárez, en el que la Policía adscrita al Mando Único ahuyentó a los manifestantes a balazos al aire y en el hecho hirió a periodistas.

“Cecilia Solís, Santiago Rodas, Roberto Becerril y María Elena Orozco fueron los compañeros lesionados, en el caso de Cecilia y Roberto fueron los que resultaron con heridas de bala, claro que existe un expediente”, concluyó.

 

JUSTIFICA CARLOS ORVAÑANOS SU PRESENCIA MEDIÁTICA

El coordinador de Comunicación Social del Gobierno del estado, Carlos Orvañanos Rea, justificó como parte de su trabajo el realizar conferencia de prensa, ante los señalamientos que se encontraba alzando su figura para aspirar a algún cargo público.

Actos que claramente pueden ser impugnables en caso que quiera ser candidato plurinominal o por elección popular.

“es parte de mi trabajo, ahora el gobernador tiene muy buena aceptación, tan es así que se encuentra entre los 10 mejores gobernadores y no es por mí sino por él, pero creo que se esta comunicando mejor que antes”, dijo.

Protestan periodistas por ataque a balazos a reporteros

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Cancún.- Un grupo de periodistas se congregó hoy en la avenida Tulum, a corta distancia del Ayuntamiento de Benito Juárez, para exigir justicia por sus compañeros lesionados en la represión policiaca de una manifestación, ocurrida anoche.

“¡Justicia para los periodistas y paz en Quintana Roo!”, fue el grito común emitido por los representantes de la prensa, quienes pidieron castigo ejemplar y que ya no vuelva a repetirse una acción como la vivida anoche, cuando dos reporteros resultaron heridos de bala y otros tres fueron golpeados por policías.

En el grupo, que superaba las 60 personas, había reporteros, fotógrafos, editores y otros trabajadores de los medios de comunicación de la zona norte.

Después de este acto, muchos de los presentes acudieron a una conferencia de prensa con la presidenta municipal, Mara Lezama Espinosa, ante quien expresaron su malestar y quien les dijo que contaban con su apoyo para avanzar en las denuncias.

Alrededor de 55 periodistas de países diferentes han fallecido por pandemia

Notimex. Ginebra, Suiza.- Al menos 55 periodistas han muerto en todo el mundo por la pandemia de COVID-19 en los últimos meses, dijo hoy la organización The Press Emblem Campaing (PEC, por sus siglas en inglés).

“Con motivo del Día de la Libertad de Prensa el 3 de mayo, PEC condena las numerosas violaciones de la libertad de prensa que han ocurrido en varios países desde el comienzo de la pandemia”. Las medidas de protección han sido insuficientes y al menos “55 periodistas en 23 naciones” han muerto desde inicios de marzo, precisó.

Dentro de los países con fallecidos se encuentra Ecuador como el más afectado con al menos nueve comunicadores fallecidos por la enfermedad, uno menos en Estados Unidos, cuatro en Brasil y tres en Reino Unido como España, respectivamente. México aparece entre los mencionados sin precisarse una cifra.

«Los periodistas corren un gran riesgo en esta crisis sanitaria porque deben continuar informando, yendo a hospitales, entrevistando a médicos, enfermeras, líderes políticos, especialistas, científicos, pacientes», agregó PEC.

De acuerdo con el secretario general de la organizaciónl con estatus consultivo de Naciones Unidas, Blaise Lempen, la emergencia sanitaria también se ha utilizado como pretexto por algunos gobiernos para “suprimir las libertades de expresión, reunión y manifestación”.

«Condenamos estas violaciones excesivas e injustificadas y llamamos a todos los Estados a respetar el derecho de los ciudadanos a la información y su derecho a la salud», subrayó Lempen en el texto.

Al finalizar la misiva, el PEC con sede en Ginebra denunció también la negativa de varios Estados a liberar a los periodistas encarcelados, poniendo en peligro sus vidas, a pesar de que las prisiones son un semillero para la propagación del virus.

«Estamos especialmente indignados por la negativa de las autoridades británicas a poner en libertad a Julian Assange, cuya salud ya está siendo gravemente dañada por su detención», dijo Lempen.

El fundador de WikiLeaks se encuentra actualmente en prisión de máxima seguridad en Belmar, al sur de Reino Unido, en espera de que se evalúe su extradición a Washington y su audiencia agendada para el 18 de mayo fue aplazada hasta el mes de septiembre debido al brote del virus en territorio británico.

Primer semestre de 2019: en el nuevo gobierno, cada 17.4 horas se agrede a la prensa en México

  • Durante el primer semestre del año, ARTICLE 19 documentó 249 agresiones contra periodistas.
  • 2019 ya rebasó el año anterior en número de periodistas asesinados, con 10.
  • Quintana Roo, CDMX, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, los estados con más agresiones.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2019.- En México se registra una agresión contra un o una periodista cada 17.4 horas. De acuerdo con la documentación de ARTICLE 19, se registraron 249 agresiones durante el primer semestre del año, incluyendo 7 asesinatos de periodistas. Y desde el inicio del gobierno federal en turno, se han registrado 277 agresiones.

El panorama para la libertad de expresión en el país es desalentador. No sólo se registraron el mismo número de asesinatos de periodistas que el primer semestre del año pasado; en lo que va de 2019, se han registrado 10, superando la cifra total de 2018, cuando se registraron 9. Además, en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 11. De continuar esta tendencia, a poco más de cuatro meses para terminar el año, 2019 podría ser el más letal para la prensa en México.

Para tener una perspectiva del riesgo que viven las y los periodistas es importante considerar los registros de años anteriores. La cifra de este año aún no supera la de 2016 (11 asesinatos) y 2017 (12 asesinatos, el registro más alto), sin embargo, hasta ahora es la misma que la de 2006, 2008 y 2010.

Hasta ahora, el nivel de violencia contra la prensa es similar al observado en la segunda parte del sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Los cinco estados que registraron mayor número de agresiones en contra de la prensa fueron: Quintana Roo, con 26; Ciudad de México, con 25; Guerrero, con 22; Oaxaca y Veracruz, con 19 cada uno. Es importante mencionar que los últimos cuatro estados, desde 2013, se mantienen como los más violentos.

Resulta preocupante el aumento de agresiones en Quintana Roo, que pasó de 12 a 26 agresiones, en el mismo periodo, de un año a otro. Cabe destacar que en este estado se registraron 2 asesinatos de periodistas.

Los tipos de agresiones que más se documentaron fueron los actos de intimidación, que representan el 25.7% del total, es decir 67 agresiones. Seguido por las amenazas, con 61, equivalente al 24.49%.

En 17 ocasiones se registraron campañas para desprestigiar a los periodistas al igual que los actos intimidatorios, que incluye toda acción donde se busca generar una inhibición del ejercicio periodístico a través de manifestaciones indirectas de oposición, desaprobación o agresividad hacia la labor periodística.

Con respecto a las amenazas, el 67.16% de éstas (45 casos) tienen el agravante de ser de muerte. En un país donde la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión es de más el 99.9%, ser víctima de amenaza de muerte genera un efecto de autocensura, debilitando así los derechos no solo de quienes reciben las amenazas, pero el derecho público a recibir información. Respecto a los ataques físicos se contaron en 25 ocasiones de las cuales 4 contaron con el agravante de ser intentos de asesinato.

El 60% de las agresiones en el primer semestre del año fueron perpetrados en contra de hombres periodistas. Del resto, 22% fueron en contra de mujeres periodistas y 18% en contra medios de comunicación.

En el caso de los hombres periodistas las agresiones más frecuentes fueron las amenazas de muerte, con 38 casos. A su vez, en el caso de las mujeres periodistas, las más frecuentes fueron actos de intimidación y hostigamiento. Entre los actos que se documentaron están la toma de fotografías de mujeres periodistas mientras trabajaban, la aparición de vehículos oficiales o particulares sospechosos afuera de su domicilio, y llamadas a directivos o jefes en los medios para preguntar por qué las periodistas abordan temas “de cierta manera”.

Diez de las 56 agresiones contra mujeres periodistas tienen un claro componente de género, donde los agresores, a fin de debilitar la credibilidad del trabajo de las periodistas, recurrieron a relacionarlas sentimentalmente de manera infundada con actores de oposición o de tratar de hacer escarnio de su imagen física o su vestimenta. A estos casos se les suma 1 caso de violencia sexual, 1 amenaza de violencia sexual y 1 campaña de desprestigio con connotación sexual.

Con respecto a las agresiones en internet, estas representan el 38% del total, con 94. De estas, el 22% se ejercieron contra mujeres periodistas. Esto es de especial preocupación, pues el espacio digital se ha convertido en un complemento a la participación en las protestas en las calles, asambleas y discusiones; en ese sentido, el objetivo de los ataques está claramente orientado a callarlas, sacarlas de las redes y amedrentarlas para que no ocupen los espacios de discusión pública

Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), menciona que “la violencia contra las mujeres, y en especial contra las mujeres periodistas, no son actos aislados, sino que son sintomáticos de un patrón de discriminación estructural contra las mujeres que tiene sus raíces en conceptos referentes a la superioridad y subordinación de las mujeres frente a los hombres”.

Respecto a los contextos de las agresiones, 18 se cometieron durante protestas, lo que demuestra el riesgo de este tipo de coberturas. Es importante recordar que, en un país que enfrenta una grave crisis de derechos humanos, las protestas son una forma de participación democrática, principalmente de grupos vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, lo que sucede durante una protesta resulta de interés público y es trabajo de la prensa difundir tal información. Para ello, las autoridades están obligadas a generar condiciones idóneas tanto para el derecho a la protesta como para el libre ejercicio periodístico.

Por otro lado, es importante destacar que mientras durante todo el 2018 se registraron 3 agresiones bajo un contexto de discriminación y racismo, en este semestre se registraron 8, las cuales se dieron principalmente al dar cobertura al conflicto migratorio, el cual es constantemente víctima de discursos de odio, así como la prensa que lo cubre.

En lo que se refiere a los bloqueos, alteración o remoción de contenido fueron registrados en 23 ocasiones. Las agresiones vinculadas al uso ilegítimo del poder público fueron 16 donde destacan 4 casos de hostigamiento judicial por la vía civil, casos donde los y las periodistas afectadas recibieron citatorios para declarar respecto a notas que publicaron y donde se les apercibía respecto a recibir multas en caso de no asistir. La existencia de estos actos que constituyen abusos de autoridad y violaciones al derecho constitucional a la protección de fuentes de información debilita la democracia del país y poner en riesgo a las y los periodistas, principalmente por las malas prácticas de las fiscalías de filtrar información.

Respecto a los perpetradores de violencia contra la prensa, el 42.16%, es decir 105 casos, fueron perpetrados por funcionarios públicos. De éstos, más de la mitad (56.19%) fueron funcionarios municipales El 28.57% con 30 casos, se trató de funcionarios públicos estatales, seguidos por los funcionarios federales con 16 casos, equivalente a más del 15%.

No omitimos señalar la necesidad de que las autoridades propicien un ambiente idóneo para ejercer la libertad de expresión. En ese sentido, ha sido una preocupación constante las declaraciones vertidas por las cabezas del Ejecutivo federal, estatales y municipales, los cuales de manera cada vez más recurrente atacan a la prensa y buscan mermar su credibilidad, cerrando con ello los canales de difusión de información, inhibiendo el debate y poniendo en riesgo a las y los periodistas.

Este año, a diferencia de los anteriores, después de funcionarios públicos, en 64 casos (25.70%) se registró una falta de elementos suficientes para señalar un responsable, lo cual tiene que ver principalmente con el aumento de agresiones digitales las cuales vuelven complicado identificar al agresor, así como a causa del ambiente polarizado en el país. El resto de las agresiones fueron perpetradas por particulares con 47 agresiones, equivalente al 18.87% del total de agresiones. Seguida de aquellas protagonizadas por algún grupo del crimen organizado con 27 casos, lo que representan el 10.8% del total de agresiones.  Finalmente 47 agresiones fueron realizadas por particulares y 6 por militantes de partidos políticos.

ARTICLE 19 registró en las coberturas de mayor riesgo para la prensa 126 agresiones hacia quienes cubren temas de corrupción y política, 74 sobre temas de seguridad y justicia, 33 agresiones en coberturas de derechos humanos y 6 de coberturas sobre tierra y territorio. Es decir, la violencia contra la prensa se ejerce con el fin de silenciar y censurar las voces que podrían afectar intereses políticos, económicos y redes de delincuencia en las q incluso pueden estar involucradas autoridades por lo que dicha violencia se alimenta de la impunidad que existe en México.

A casi un año del inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, es indispensable generar las condiciones para contrarrestar la violencia ejercida contra periodistas. La consolidación democrática del país pasa por garantizar la libertad de expresión y una acción decidida por parte del Estado para brindar las condiciones idóneas para el ejercicio de tal derecho.

A través de RCU Sistemas, Genaro García Luna “cuidaba” a 492 periodistas y 717 activistas amenazados por el Narco

Dentro de la enmarañada trama de corrupción, develada tras la detención de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, acusado en Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, surge otra arista de mayor preocupación: el ex funcionario no solo desvió recursos de la Secretaría de Gobernación, sino que conoció a la perfección la ubicación de Mil 209 periodistas y/o activistas con amenazas de muerte que se acogieron al programa de protección del gobierno federal.

Esta situación puso en riesgo a 139 periodistas mujeres, 353 periodistas hombres, 352 defensores de derechos humanos y ambientales mujeres y 365 defensores hombres, los que confiaron su seguridad al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los que desde el 2012 han sido vigilados, bajo el pretexto de su seguridad, por parte de la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V., la empresa subvencionada por el gobierno federal para esa labor.

RCU Sistemas S.A. de C.V., está relacionada con Genaro García Luna, a través de una de sus hermanas; esta es la empresa que sin licitación, desde el 2012, cuando fue creado el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, se llevó todos los contratos del gobierno federal, para ofrecer servicios de seguridad a los periodistas y activistas en riesgo.

Desde el 2012 hasta el 2018, se estima que RCU Sistemas S.A. de C.V. obtuvo contratos directos de la Secretaría de Gobernación, por el orden de los cinco mil millones de pesos, aun cuando la inversión realizada en la seguridad de periodistas y activistas no fue mayor a los a los mil 200 millones de pesos durante ese periodo.

El poder de Genaro García Luna sobre la Secretaría de Gobernación, aun cuando desde el 2013 dejó de ser parte de la esfera de gobierno, fue inmenso: durante el gobierno de Enrique Peña Nieto no solo se benefició con contratos directos para RCU Sistemas S.A. de C.V., sino que logró también contratos directos para otras de sus empresas que participaron en el ramo de la seguridad cibernética y en telecomunicaciones.

Otras de las empresas que se beneficiaron gracias a la influencia de García Luna, con montos globales por encima de los 10 mil millones de pesos, son Nunvan Inc., Icit Holding, Glac Security Consulting y Operadora Grupo Gas Mart, las que prestaron servicios de información, seguridad digital y sistemas de video vigilancia a diversos sectores empresariales, incluido el gobierno mexicano.

Por lo que hace a RCU Sistemas S.A. de C.V., según lo dio a conocer Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Genaro García Luna desvío recursos por el orden de los 2 mil millones de pesos, solo en lo que hace del 2016 al 2018, cuando incrementó sustancialmente el número de personas periodistas y defensores de derechos protegidas por el gobierno federal.

La protección de periodistas y activistas que fue entregada a la empresa de García Luna, cuando de este ya se sospechaba que estaba coludido con diversos grupos del narco –por diversos señalamientos hechos por periodistas independientes-, no tuvo reparo en confiar datos personales de las víctimas de agresiones de muerte, lo que evidencia el alto grado de riesgo en el que se encontraron, y aún se encuentran los perseguidos a causa de su trabajo.

A causa de la corrupción que permitió a la Secretaría de Gobernación entregar a RCU Sistemas S.A. de C.V., datos personales, como ubicación, dirección domiciliaria, número de teléfono, nombres de familiares y hasta rutinas de trabajo y movilización personal de los periodistas y activistas en riesgo, es que hoy se sabe el alto riego en el que se ubicaron durante años los protegidos por el sistema de seguridad del gobierno federal.

Solo así se entiende que de los 17 periodistas asesinados en el 2017, los 18 ejecutados en el 2018, y los 13 asesinados en lo que va del 2019, por lo menos 16 de ellos estaban “protegidos” con un botón de pánico, mediante el que eran monitoreados por RCU Sistemas S.A. de C.V., lo que abre la posibilidad a nuevas investigaciones para conocer el grado de participación de esta empresa en la comisión de esos asesinatos.

Hay que referir además que la posible participación de RCU Sistemas S.A. de C.V. en la comisión de agresiones a periodistas y defensores protegidos por el Mecanismo Federal, no se limita solo a los asesinatos de 16 periodistas y por lo menos otros siete defensores de derechos que fueron ejecutados y que igualmente contaban con un botón de pánico, sino que también puede caer en el hostigamiento del que siguen siendo víctimas decenas de protegidos por el sistema federal subvencionado.

A la fecha, por lo menos otros 20 periodistas y al menos cuatro defensores de derechos humanos, que son monitoreados por RCU Sistemas S.A. de C.V., han manifestado no solo irregularidades en por parte de esta empresa, sino que en muchos casos, a través del propio botón de pánico muchas de estas personas en riesgo, siguen recibiendo amenazas de muerte.

En la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR), al día de hoy existen al menos 16 denuncias penales presentadas por periodistas y defensores de derechos humanos, que señalan una posible responsabilidad de RCU Sistema S.A. de C.V. en relación a conductas impropias de la empresa, las que han puesto en mayor riesgo a las personas protegidas.

La misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también ha tomado conocimiento de por lo menos siete denuncias, solo en lo que va de este año, en relación a violaciones a los protocolos de seguridad en agravio de las personas protegidas por parte de la empresa relacionada con Genaro García Luna, donde la más frecuente es la exposición de los beneficiarios del Mecanismo de Protección a situaciones de riesgo al ser difundida su ubicación a instancias las policías locales.

A causa de la filtración de datos personales, ubicación y rutinas de las personas protegidas por RCU Sistemas S.A. de C.V., es que hasta diciembre del 2019, por lo menos 37 periodistas y otros 12 defensores de derechos humanos, ya habían renunciado voluntariamente al Mecanismo de Protección, al considerar que estaban expuestos a mayor riesgo al ser vigilados por esta empresa.

Fuente

México ya ocupa primer puesto en periodistas asesinados con administración de López Obrador

A un año del inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha registrado la muerte de 13 periodistas, cifra que alcanza a la de 2016, año en que más periodistas fueron asesinados.

El miércoles pasado, la recién designada presidenta de la CNDHRosario Piedra Ibarra, respondió al cuestionamiento de los medios de comunicación sobre los índices de ataques a reporteros con otra pregunta: “¿Han asesinado a periodistas?”

De acuerdo con cifras de la CNDH, con corte al 31 de octubre, en México suman 153 periodistas asesinados en 19 años, han desaparecido otros 21, y la administración con más casos fue la deEnrique Peña Nieto, con 59 comunicadores muertos.

El último caso del que dio cuenta la comisión tuvo lugar el 24 de agosto, cuando fue encontrado el cuerpo de Nevith Condés Jaramillo afuera de su domicilio, en TejupilcoEstado de México.

La comisión toma en cuenta cuatro homicidios ocurridos en el año 2000, durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Luego, en las administraciones panistas de Vicente Fox Quesada Felipe Calderón Hinojosa, se asesinaron a 81 comunicadores, 25 y 52, respectivamente. En la administración de Calderón, en 2009, se dio la primera cifra más alta de violencia: 12 periodistas muertos al año.

Luego vino el alcance de esa cifra, con 12 casos en 2015, ya en el gobierno priista de Enrique Peña Nieto; y el rebase de la misma, en 2016, cuando los asesinatos de periodistas rebasaron hasta 13 en ese año.

Al año siguiente, 2017, mataron a 10 periodistas más, entre ellos, Miroslava Breach, corresponsal de los diarios La Jornada El Norte, mientras esperaba a su hijo para llevarlo a la escuela, el 23 de marzo.

Semanas después, los medios reportaron otro asesinato que cimbró al gremio periodístico: el de Javier Valdez Cárdenas, editor del semanario Ríodoce y a quien el crimen organizado había amenazado de muerte en más de una ocasión.
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Durante el sexenio de Vicente Fox, la CNDH recibió 182 quejas por agravios, ataques y amenazas hacia periodistas; en la administración de Felipe Calderón se recibieron 522 quejas, y con Enrique Peña, 520.

El mismo miércoles, cuando Rosario Piedra Ibarra tomó protesta, la organización Periodistas Desplazados México presentó una queja ante la comisión contra la recién nombrada presidenta.

El grupo consideró como “lamentable” la declaración que hizo Piedra Ibarra sobre los asesinatos de periodistas en México que, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), es el país con mayor número de casos en 2019.

Según publicó EL UNIVERSAL, el pasado 30 de octubre, el Índice Global de la Impunidad del CPJ, nombró de nuevo a México como uno de los peores países para ejercer el periodismo, pues los niveles de impunidad en cada caso de amenaza y asesinato empeoraron desde 2008.

Sólo de 2007 a 2008, la cifra de asesinatos aumentó de cuatro a 10, respectivamente, y disminuyó a siete sólo hasta 2012. En el gobierno de Vicente Fox la cifra más alta fue de nueve periodistas muertos por el ejercicio de su labor, en 2006.

El sexenio con mayor número de periodistas desaparecidos fue el de Felipe Calderón, cuando se desconoció el paradero de al menos 15 profesionales de la comunicación. En el sexenio de Vicente Fox y de Enrique Peña sólo hubo tres en cada administración, y no se ha registrado ningún periodista desaparecido en el año de gobierno de López Obrador.

El pasado 31 de octubre, en la conferencia matutina, el presidente López Obrador usó la frase de Gustavo Madero: “Le muerden la mano a quien les quitó el bozal”, para criticar a algunos medios de comunicación por la cobertura del fallido operativo de Culiacán en el que se capturó y luego se dejó en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

El 6 de noviembre, una comisión de periodistas de 17 organizaciones internacionales preguntaron al Mandatario federal si podía comprometerse a usar un lenguaje que no estigmatice a los periodistas, pero se negó bajo el argumento de que él “actúa con respeto”.

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