Enrique Huerta

La Secretaría del Trabajo ha golpeado a trabajadores y patrones, pero se limpiará: Catalina Portillo

La titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión y Previsión Social estatal, Catalina Saarvelia Portillo Navarro, aceptó que se han cometido abusos desde esta dependencia hacia trabajadores y empresarios con laudos y juicios ilegales, por lo que su misión inmediata consistirá en recuperar el prestigio de esta dependencia.

“La Secretaría de Trabajo y Previsión Social es una secretaría, vamos a decir, que ha golpeado al sector productivo, tanto a los trabajadores como a los patrones, a los empresarios, propietarios de inmuebles, empresas a las que les han congelado, sustraído el dinero de manera indebida, con laudos millonarios, que han sido apócrifos”,

-En la secretaría se han descubierto muchos fraudes hacia los empresarios, les han quitado casas, negocios, hoteles a través de laudos falsos, hay gente incrustada ahí, hay aviadores, ¿en cuánto tiempo podrá limpiar la secretaría para volver a ser respetada, en recomponer la situación?

-Esta es una labor paso a paso. No va a ser lento, esto tiene que ser a la velocidad posible, porque como escuchaste en el evento masivo de la toma de protesta del señor gobernador, que dijo que las personas quieren justicia, entonces tenemos que actuar a la brevedad para dar la justicia que pueblo de Quintana Roo requiere, en el sentido de recomponer todo lo que realizaron indebidamente o de manera ilegal dentro de esta Secretaría del Trabajo.

Portillo Navarro dijo que por el momento no puede decir la cantidad de las personas afectadas por esta situación, debido a que continúa el proceso de entrega-recepción. “Tenemos 30 días para concluir este proceso, ya en el gabinete en funciones”.

-¿Ha descubierto quema de documentos ahí?

-Por el momento no, pero sí documentos extraviados. En un momento dado tendremos que hacer una búsqueda exhaustiva para fincar responsabilidades a quien corresponda, porque esto no puede quedarse de esta manera.

Detalló que cuenta con un equipo especializado en administración pública, auditores, que trabajan con la Auditoría, para hallar irregularidades y darles el cauce legal correspondiente.

-¿Hay notarías envueltas en juicios ilegales?

-Sí, por supuesto que hay notarías y también del Registro Público de la Propiedad, el cual cada una de las dependencias tendrá su participación y responderá por los actos correspondientes.

La nueva secretaria del Trabajo estatal recomendó a aquellos que enfrentan laudos en las Juntas de Conciliación y Arbitraje de gente que no tiene relación laboral, que, según la etapa de cada proceso, los afectados pueden acudir a los juzgados de distrito o a los tribunales colegiaos federales para interponer sus juicios de amparo en contra de dichas anomalías o juicios ilegales.

-¿Usted prevé  que vaya a haber encarcelamiento de funcionarios, empezando por Patricio de la Peña y asociados, que se prestaron a lo que pedía Borge, para fabricar laudos falsos?

-Primero tenemos que detectar quiénes participaron en dichas conductas ilícitas. Una vez que se tenga detectado, ahora sí hay que levantar las denuncias penales correspondientes ante las autoridades y, en su caso, las carpetas de investigación y de ahí, lo que resulte.

Comparación Quintana Roo-Estado de México

La nueva titular de la Secretaría del Trabajo, Catalina Saarvelia Portillo Navarro, detalló que ya tiene experiencia en la administración pública, cuando radicaba en el Estado de México.

Aseguró haberse desempeñado en cargos como abogada de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, fue directora jurídica en la  Dirección de Desarrollo de los Trabajadores en la Secreatría del Trabajo en el estado de México, jefe de la oficina regional del Registro Civil.

“De ahí, emigro a Cancún, tengo 28 años en Cancún. Inicié en el sindicalismo, en la CTM, en la sección 123 de Gastronómicos, estuve dos años, después implementé mi propia firma legal, hasta hace tres meses que estaba en la firma. He dejado todo porque creo en el proyecto del señor gobernador Carlos Joaquín”.

-Comparando con lo vivido como funcionario en el Estado de México, ¿aquí sí se pasaron, ¿cómo ve esta situación?

-Son gobiernos y estados diferentes, de otra idiosincrasia. En el Estado de México hay demasiada cultura, también de la legalidad; aquí vamos a retomar una nueva cultura laboral, dentro de un marco de legalidad, certeza y seguridad jurídica, tanto para los derechos de los trabajadores, que les den lo que les corresponda y el patrón se lo respete, como también el digno respeto a los trabajadores en cuanto a sus bienes, que sea el justo medio.

Nada cambia para Uber, Sintra continuará la caza contra sus choferes

Por Enrique Huerta

 El nuevo secretario de Infraestructura y Transporte (Sintra), Jorge Portilla, confirmó que en Quintana Roo continuarán los operativos para detener los vehículos que laboren para la empresa trasnacional Uber.

Explicó que la caza de Uber´s continuará, debido a que la ley de transporte estatal no permite que operen este tipo de taxis por no tener concesión del gobierno estatal.

“La ley prohíbe que una persona brinde servicio sin concesión, de tal manera no permitiremos que se dé el servicio sin concesión y seguiremos los operativos. Por ley no está permitido que sigan operando”, ahondó el recién nombrado titular de Sintra.

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Portilla dijo que el nuevo gobierno es muy respetuoso de la ley y que la única condición de que esta situación cambie es que haya alguna modificación, la cual no está en sus manos, sino en la del Congreso de Quintana Roo.

Aclaró que el nuevo gobierno promueva la anulación de los candados impuestos contra Uber en la Ley de Transporte de Quintana Roo porque se afectaría a los taxistas.

Asimismo, informó que mantienen un diálogo con el Sindicato de Taxistas para que no haya más violencia contra los presuntos choferes de Uber.

“Obviamente, un servidor se sentará con todos y cada uno de los líderes sindicales”, aseguró Portilla.

Un día antes, en su toma de posesión, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que revisarán la ley y tratarán de llegar a un acuerdo para que no perjudique ni a los trabajadores del volante locales  ni a los usuarios del transporte.

A 2 años, aún hay esperanzas de encontrar vivos a los normalistas de Ayotzinapa: Emilio Navarrete, padre de uno de los 43

Por Enrique Huerta

 Emilio Navarrete, papá de José Ángel Navarrete, es de baja estatura, pero corpulento. Moreno por las jornadas de trabajo bajo el sol abrazador de Guerrero, ahora su tiempo se va en la búsqueda de su hijo, quien es uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecido en Iguala desde hace dos años.

Tras la marcha en Cancún, que partió del Malecón Tajamar -lugar donde ocurrió un gran ecocidio- hacia la explanada del Palacio Municipal y en la que participaron alrededor de 150 personas, a este hombre todavía le quedó el temple de hablar sobre su hijo, sobre las esperanzas de encontrar vivos a los 43 muchachos y de las omisiones y trabas que durante dos años el gobierno de Enrique Peña Nieto ha puesto para resolver su caso.

“(Mi hijo) era un joven que ingresó a la escuela normal de Ayotzinapa y, pues, fue desgraciadamente privado de su libertad por elementos del gobierno federal”, comentó Emilio Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, mientras eran recolectadas las 44 antorchas que iluminaron la noche cancunense en conmemoración de los 43 jóvenes.

-¿Su hijo era activista, estaba en alguna organización política?

-No, para nada. Él era un joven que salió de la preparatoria, no traía ningún ideal, su único interés era estudiar, nada de involucrarse en nada.

-¿Cuántos años tiene su hijo?

-18 años.

-¿Cómo describiría a su hijo?

-Es un joven tranquilo, le gusta jugar al futbol y jugaba con un hermano que tengo, desde que tenía ocho años jugaba con los que tenían 14 o 15, nunca jugaba con chicos de su edad. Es un joven tranquilo y por eso igualmente me duele lo que le han hecho- detalló tratando de que el nudo que se hace en su garganta no deshaga en llanto.

-Platíquenos cómo fue esa noche en que su hijo no llegó a casa

-Mi muchacho llevaba dos meses en la normal; se quedaba casi a dormir en la escuela. El 24 de septiembre fue a la casa diciéndome que les darían un día -el día 26 de septiembre- para llegar a casa. Entonces, platiqué con él, estuve platicando en la mañana cuando fui a almorzar a la casa y le dije: “Hijo, te quiero mucho. Pepe, te quiero mucho, a donde quiera que estés voy a ir por ti”. Jamás imaginé que fuera a pasar algo así- respondió con una mirada perdida, cargada de nostalgia.

-¿Qué siente que a dos años de la desaparición de su hijo, el gobierno federal en vez de investigar, presente omisiones e, incluso, haya obstaculizado las investigaciones del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no resuelva este caso?

-Es algo muy decepcionante porque nosotros llegamos al gobierno federal, que nos dé ese apoyo, que lo resolverían, no que nos dijeran una mentira. Nos quedamos así como “fuimos a ver al presidente de la República y mira con lo que sale”. No entendemos porqué esa actitud del gobierno federal hacia nosotros.

-Como usted dijo en el mitin, mentira tras mentira, acusaban a los jóvenes de narcotraficantes y luego de guerrilleros, ¿qué opina de eso?

-Es un agravio porque los señalan de estar involucrados en grupos delictivos, en los robos que dice el gobierno que hubo, pero yo le digo al gobierno: “Bueno, pues compruébalo”. Yo conozco bien a mi hijo, no tengo nada que esconder. Si quiere investigar, pues adelante, las puertas están abiertas y lo único que me interesa es saber la verdad. Nunca han hecho nada, sólo poner barreras para poder llegar a la verdad, por eso hemos solicitado la ayuda internacional y hemos podido tumbar la verdad que dijo (el exprocurador de Justicia) Murillo Karam en su momento.

-¿Qué opina de la “verdad histórica” del extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam?

-Mira, yo no fui de los padres que me quedara sentado, esperando respuestas, busqué a mi hijo desde el principio, independientemente de los rumores que decía la gente de haberlos visto en tal lado; yo fui a varios lugares, lo busqué, después me integré con el gobierno federal en la búsqueda, llevar información. Cuando dijo Murillo Karam, el gobierno federal no tenía evidencias de que hubiera habido algo ahí (el supuesto incendio en el basurero de Cocula) y de repente Murillo Karam salió con eso, entonces descontroló esa investigación y ahí se estancó.

-Con las limitaciones que sufrió el GIEI, ¿aguardan esperanzas con la llegada de la comisión investigadora de la ONU?

-Pues mira, para nosotros poder llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que mandó a los expertos, bueno… No estuve en el alto comisionado de la ONU cuando fue a la Normal, pero por lo que tengo entendido sólo hace recomendaciones, por lo que no tienen mucho el poder para exigirle al gobierno mexicano que resuelva el caso, sólo sugerencias. Pero hemos logrado pedir un mecanismo especial para Ayotzinapa de la Comisión Interamericana, después de mucho trabajo; tenía que llegar el 25 de agosto, no sabemos porqué se ha retrasado, pero llegará en los próximos días para que el gobierno retome las líneas de investigación que dejaron los expertos.

Dijo que además de esperar que se retomen las investigaciones desde donde las dejaron los expertos del GIEI, los padres de Ayotzinapa continuarán peleando por la vía política para que se resuelva el caso.

“Nuestro único interés es que tengamos resultados”, aseguró Emilio Navarrete.

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Indiferencia local, apoyo foráneo

 El padre de José Ángel Navarrete, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desapareció hace ya dos años, señaló que a pesar de que en su comunidad no encuentra un apoyo, sí lo ha hallado en otros lugares de México y el mundo, con las marchas de solidaridad, como la que se llevó a cabo en Cancún o en Playa del Carmen, donde hubo varias actividades lúdicas.

-¿Cómo trastocó la desaparición de estos jóvenes en su comunidad?

-Mira, yo soy de Tixtla, cerca de la Normal, y hay poco apoyo en mi comunidad. Hay una pequeña organización de maestros y otros colectivos, pero la mayoría es un poco indiferente. Son apartidistas.

 -¿Qué siente del apoyo nacional e internacional?

-He encontrado una gran familia de mexicanos que me han levantado, que estamos aquí a dos años. Del apoyo internacional, de organismos independientes y de personas con conciencia que donde quiera que están se manifiestan en los consulados mexicanos y están apoyando. Son todos ellos los que no te dejan caer, porque a veces tienes que pasar etapas y a veces quisieras tirarte, dormir y nunca despertar. Es el pueblo el que nos ha dado esa fuerza de estar de pie.

-¿Todavía hay esperanzas en los padres de familia de encontrarlos vivos?

-Mira, esperanzas hay muchas, lo que pasa es que desafortunadamente el gobierno mexicano no tiene la voluntad de apoyar en el caso, ha habido trabas, pero sí tenemos esperanzas de encontrarlos con vida porque no existe evidencia alguna de lo que ellos han dicho. Yo le he pedido a la procuradora, a Arely (Gómez) que me diga en la cara si en verdad cree la “verdad histórica” de Murillo Karam, que lo diga públicamente.

Al preguntarle sobre qué les depara en el camino a los padres y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, Emilio Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, miró fijamente y aseguró que sólo queda seguir luchando hasta que aparezcan vivos sus hijos o sepan qué pasó con ellos y acabe este suplicio de incertidumbre.

PGR sólo ha atendido 8 de 47 recomendaciones por caso Ayotzinapa

 La Procuraduría General de la República (PGR) admitió haber atendido a sólo 8 de 47 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 29 en vías de atención; detalla que ha entregado información “en más del 78 por ciento de las observaciones” que “implican más de 800 evidencias”, según el portal Aristegui Noticias.

Sobre las 941 peticiones formuladas por el GIEI, afirma que se han atendido ya en un 93 por ciento.

El sábado, afirmó que este caso es tratado con “prioridad” y que la investigación contemplará “todas las líneas” de investigación, pues “se mantiene abierta la investigación para conocer a plenitud lo ocurrido con los jóvenes”.

También se comprometió “al desarrollo de nuevas líneas de investigación, atendiendo en todo momento los planteamientos, propuestas y peticiones de los familiares de las víctimas directas, de la coadyuvancia y de los organismos nacionales e internacionales que han venido dando seguimiento al caso”.

Y finalmente, asegura que cualquier controversia “por diferencias de criterios técnicos, se procurará sea aclarado en su momento, mediante los mecanismos legales aplicables” y en acuerdo previo con los familiares.

¡Tenía que ser! El tío Borge sale en defensa de su sobrino

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Por Enrique Huerta

 El exgobernador de Quintana Roo, Miguel Borge, dijo que la megadeuda pública que pesa sobre Quintana Roo, que asciende a más de 21 mil millones de pesos, no es exclusivamente responsabilidad de su sobrino, Roberto Borge, quien recién terminó su mandato.

“La deuda es un proceso que se ha venido acumulando durante varias administraciones. No sólo es deuda de él, es producto también del éxito de Quintana Roo. Nosotros tenemos grandes necesidades qué cubrir y el presupuesto no es suficiente por parte del gobierno federal”, argumentó.

Dijo que este proceso de endeudamiento data “desde la tercera administración”, es decir, de cuando él era gobernador de la entidad, pues Miguel Borge fue el titular del Ejecutivo entre 1987 y 1993.

Sin embargo, datos de la Secretaría de Hacienda federal, indican que el exgobernador Félix González Canto dejó una deuda de más de 10 mil millones de pesos, mientras que su sucesor, Roberto Borge, dejó un saldo de más de 21 mil millones de pesos en pasivos.

No perdió “Beto”, perdió el PRI

El exmandatario de Quintana Roo, Miguel Borge, también exculpó a su sobrino de la derrota electoral del PRI en las elecciones del pasado 5 de junio.

-¿En las elecciones pasadas, perdió el PRI de Borge?

-Perdió el partido, perdió el PRI.

En una entrevista a la salida de la toma de protesta del nuevo gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, Miguel Borge aseguró que la alternancia no se dio por los escándalos de su sobrino, sino más bien por ser “natural en un orden democrático”.

-¿Cómo deja el estado Roberto Borge?

-Bien, bien. Trabajando perfectamente bien la obra en infraestructura- aseguró el tío de Roberto Borge, el también exmandatario Miguel Borge.

Caos en Solidaridad desmiente a su presidente municipal, Rafael Castro

Por Enrique Huerta

El presidente municipal de Solidaridad, Rafael Castro, elogió la obra pública realizada en esta demarcación. Sin embargo, la próxima regidora, Norma Angélica Ríos, señaló que esto la percepción de un municipio desarrollado por el edil, no es compartida por el grueso de los habitantes, quienes sufren la falta de servicios públicos.

“La percepción de los ciudadanos de Solidaridad no corresponde a las declaraciones de Rafael Castro”, señaló en entrevista la regidora emanada de Morena, luego de que el funcionario aseguró que Solidaridad mantiene “la ruta del progreso enfocado en atender las necesidades de los ciudadanos con el mejoramiento de la infraestructura urbana”.

-¿Entonces los hechos contradicen a Rafael Castro?

-Así es. No entiendo el porqué de esas declaraciones, pues las obras que menciona Rafael Castro no corresponden a la realidad que se observa en la geografía municipal.

La entrevistada señaló que las pocas obras que se ven no fueron suficientes para satisfacer las necesidades de la población y enumeró:

“Las principales avenidas de la ciudad siguen en malas condiciones, ya que las obras de bacheo que se realizaron no aguantaron ni las primeras lluvias.

“El alumbrado público sigue siendo un pendiente que demanda la ciudadanía, pues en diversas colonias, principalmente donde habitan las familias de menos recursos económicos, tales como la Ejidal y la Colosio.

“Hay un total abandono en el mantenimiento de parques, jardines y camellones”.

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Asimismo, Norma Angélica Ríos dijo que el presidente municipal de Solidaridad omitió un tema importante, que ha ocupado espacio en los medios de comunicación: las fallas en la recoja de basura, que incluso ocasionaron que pobladores dejaran grandes bolsas negras rellenas de sus desperdicios frente al Palacio Municipal.

“Un tema que omitió mencionar el edil es el referente a la basura; la falta de ese servicio ya es un grave problema de salud pública”.

Sin embargo, dijo que a partir del 30 de septiembre, con el cambio de administración y la integración de los regidores de Morena, el municipio de Solidaridad tiene la posibilidad de mejorar los servicios públicos para beneficio de sus pobladores.

Sospecha Semáforo Delictivo de cifras maquilladas de la PJG de Quintana Roo

Por Enrique Huerta

Para el proyecto social ciudadano Semáforo Delictivo, la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, al mando de Carlos Álvarez Escalera, está maquillando la información que envía al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional.

En su evaluación correspondiente al mes de agosto, se explica que la sospecha radica en que no hay “justificación de porqué han descendido radicalmente los delitos y con una gran diferencia contra la percepción ciudadana”.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, que retoma las cifras de la PGJ, Quintana Roo se encuentra en el lugar 26º a nivel nacional de homicidios al igual que en extorsiones, en secuestro a nivel 27º y en robo de auto se ubica en la casilla 31.

Estos números contrastan con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, elaborada por el Inegi, sólo una de cada tres personas se siente seguros en su ciudad.

Con estos números, y en base a su tasa, el Semáforo Delictivo determina el color de alerta: Rojo máxima, Amarillo media y Verde mínima.

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Luz roja en homicidios, luz verde en demás delitos

A Quintana Roo le va bien en los Semáforos Delictivos, de ocho tipos de delitos, sólo en uno sale luz roja, por sus altas tasas de incidencia.

Según las mediciones, en agosto se registraron 18 asesinatos en la entidad. Sin embargo, los focos rojos se ubican en los municipios de Benito Juárez, Cozumel y Tulum.

El Semáforo Delictivo indica que en agosto no se cometió ningún secuestro en la entidad; de hecho, el último que registra fue denunciado en marzo. En extorsión también se marca que sólo hubo uno en todo el estado, el cual ocurrió en el municipio de Othón P. Blanco.

Sin embargo, la cifra crece en el delito de robo a casa, en el cual se reportaron 90 incidentes en la entidad, aunque el semáforo marca verde, que indica que no hay alarma. Pero ya en la cuestión municipal, Othón P. Blanco tiene luz roja, porque registró 80 casos de este crimen.

En robo a negocio hubo 15 en todo Quintana Roo, lo cual también le dan luz verde, pero una vez más el municipio de Othón P. Blanco es el que más casos aporte, con 12, pero debido a su baja tasa, el semáforo le da también la luz verde.

En lesiones se reportaron 28 a nivel estatal -luz verde-, aunque siete de ellas fueron en Bacalar, lo que por su tasa lo pone en rojo.

Asimismo, Quintana Roo reporta 12 violaciones, de las cuales seis ocurrieron en Solidaridad y cinco en Othón P. Blanco, pero tienen luz amarilla. A pesar de tener un caso, por su tasa Bacalar tiene luz roja.

Otro despojo de Borge a través del IPAE: esta vez las víctimas fueron dos hoteleros españoles

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Por Enrique Huerta

Las empresas españolas Galapazul y G.A. Sol fueron despojadas de un terreno de 467 mil 904.86 metros cuadrados, localizado en las bahías de Xcacel- Xcacelito, por el gobierno de Roberto Borge, a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de Quintana Roo (IPAE), para vendérselo a la empresa “Desarrollo de Xcacel y Protección de la Tortuga S.A. de C.V, al cual le dejaron el metro cuadrado en 50 pesos.

Según un reportaje del diario El Universal, escrito por Adriana Varillas, se encuentra en una zona emblemática que, además de poseer la playa de mayor anidación de tortuga marina, está dentro de la zona de influencia del área natural protegida de carácter estatal “Santuario de la Tortuga Marina de Xcacel-Xcacelito”, en la localidad de Chemuyil, municipio de Tulum.

La compra-venta del terreno en cuestión se firmó el 22 de diciembre del 2011 en Chetumal, ocho meses después de que Borge Angulo asumiera el cargo de gobernador. Signaron el contrato la directora del IPAE, Claudia Romanillos Villanueva y Santiago Samuel Jiménez Moreno, representante legal de “Desarrollo de Xcacel y Protección a la Tortuga Marina” y director de expansión de Corpogas.

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La copia del contrato, indica que el IPAE se asumió como “posesionario originario y legítimo propietario” del inmueble, a pesar de que los dueños eran las empresas Galapazul y G.A. Sol.

La venta del terreno costero -de 467 mil 904.86 metros cuadrados- fue a título privado, es decir, no inscribible en el Registro.

“Desarrollo de Xcacel y Protección a la Tortuga Marina”, pagó la cantidad de 23 millones 395 mil 243 pesos al gobierno del estado que, a través del IPAE, le vendió el metro cuadrado a sólo 50 pesos, pese a tratarse de un terreno con playa, en la zona de anidación más importante y mejor conservada de la Riviera Maya y del estado.

Por concepto de enganche se pagó el 20 por ciento del monto total de la operación, equivalente a 4 millones 679 mil 48 pesos; el depósito se hizo a una cuenta del IPAE, con número 4050897008, del banco HSBC.

El saldo restante fue de 18 millones 716 mil 194.40 pesos y se obligó a la empresa a liquidarlo al Instituto en 24 pagos mensuales de 779 mil 841.44 pesos, garantizados con pagarés.

Para la transmisión del predio, los compradores debieron pagar por concepto de titulación y gastos de administración, un millón 637 mil 667 pesos; el IPAE se comprometió a emitir el título de propiedad correspondiente.

El despojo

Faustino Martínez Esteban, representante legal de Galapazul y G.A. Sol, dijo que a través de una maniobra ilegal, se cancelaron los datos registrales del inmueble en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), despojándoles y enajenando el predio a un tercero.

“Desde el inicio del sexenio del señor Borge, a través del IPAE, por medio de un contrato privado, con cláusula de confidencialidad, se despojó a Galapazul y a G.A. Sol de terrenos en Xcacel”, indicó Martínez Esteban.

El fideicomiso de Galapazul que fue borrado, estaba inscrito en el Número 50 y 51, fojas 290-299 del tomo CCCXX, Sección Primera del Registro Público de Chetumal.

“Cuando fuimos a indagar qué pasaba en el Registro Público de Playa, nos dijeron que no traspasaron la información del Registro de Chetumal; fuimos a Chetumal y nos dicen que no se puede dar información porque ya se canceló la inscripción. Pedimos un certificado de gravamen y del motivo jurídico de la baja y se nos negó.

“Los fideicomisos los desaparecieron del Registro Público y como por tratarse de Quintana Roo, la inscripción en el Registro tiene efectos constitutivos en actos translativos de dominio, sobre bienes inmuebles, es tanto como desaparecer el título de propiedad. Aquí estamos hablando de que se cometió un despojo, en perjuicio nuestro y un fraude inmobiliario, al adquiriente”, explicó el empresario español.

La bahía de los mil despojos

Desde el 2000, Galapazul y G.A. Sol, son empresas que junto con Mogan Promociones, Corporación Hotelera Hispano Mexicana y Aldeas de la Costa Maya, buscaron infructuosamente construir cinco hoteles en Xcacel-Xcacelito, en un predio de 164.51 hectáreas.

Los predios se los vendió, cuando fue gobernador, Mario Villanueva, a través de la extinta Fidecaribe; tiempo después decretó la zona como área natural protegida de carácter estatal, denominada “Santuario de la Tortuga Marina”, el 21 de febrero de 1998.

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La comunidad se opuso al megaproyecto debido a que Xcacel-Xcacelito ha sido ubicada como la principal zona de anidación para la tortuga marina. Aun así, el quinteto de empresas obtuvo una autorización para llevar adelante el megaproyecto, pero ésta fue impugnada por ambientalistas.

En 2001, ante las protestas sociales, la Semarnat determinó que el proyecto tendría que evaluarse por segunda ocasión; se efectuó una segunda consulta pública, se evaluó el proyecto y, finalmente, en ese año la dependencia concluyó que el megadesarrollo no era viable en los términos en que estaba planteado.

Para compensar a Corporación Hotelera Hispano Mexicana (Sol Meliá) y a Mogan Promociones –ex socios de Meliá-, por el rechazo del megaproyecto, el gobernador Joaquín Hendricks les permutó los terrenos que poseían en la bahía, por otros en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, en donde construyeron un hotel.

Años después, durante la administración del entonces gobernador, Félix González Canto (2005-2011), los terrenos de Xcacel, que eran propiedad de Sol Meliá y que pasaron al patrimonio estatal, fueron cedidos a la Universidad de Quintana Roo (UQROO), aunque no por mucho tiempo.

La secretaria técnica del Gabinete, Cecilia Loría se asumió como propietaria de un predio que correspondía a la casa de estudios, en Tulum, en donde se pensaba construir un campus universitario.

La UQROO y la funcionaria litigaron el caso jurídicamente; el entonces rector, José Luis Pech Várguez, sostuvo que la institución era legítima propietaria del predio de 36 hectáreas en Tulum, con valor catastral -en 2006- de 97 millones de pesos.

Como solución, González Canto instruyó al IPAE, entonces representado por Gina Patricia Ortiz, para ofrecer una permuta de terrenos a la UQROO.

A cambio de las 36 hectáreas en Tulum, el IPAE ofreció 90 hectáreas, con mil 200 metros de playa en Xcacel-Xcacelito, a favor de la UQROO, con valor de más de 180 millones de pesos.

La operación incluía un predio de 20 hectáreas en Playa del Carmen para la construcción de campus universitario –actualmente en operación- y 10 millones de pesos en efectivo, a cambio de las 36.8 hectáreas perdidas en Tulum, con valor catastral de 97 millones de pesos. Pech Várguez, aceptó en 2007.

En 2013 la entonces rectora de la UQROO, Elina Coral Castilla, anunció que en las 90 hectáreas de Xcacel, que se entregaron a la institución, se instalaría el Centro de Monitoreo e Investigación de Costas de la Península de Yucatán, un ambicioso proyecto al que se destinarían 60 millones de pesos, pero que se quedó congelado.

El predio en Xcacel, de Aldeas de la Costa Maya, propiedad de los hermanos Juan, Raúl y Mauro González Angulo -primos del ex gobernador, Félix González Canto y del saliente mandatario, Roberto Borge Angulo- también fue permutado por un terreno en Cozumel.

En cuanto a Galapazul y G.A. Sol decidieron no aceptar ninguna permuta y conservar sus predios, hasta que el gobierno de Borge Angulo los ofreció y vendió.

Prepara ONG denuncia penal contra Roberto Borge por enriquecimiento ilícito

Por Enrique Huerta

Cuando deje de ser gobernador constitucional de Quintana Roo, Roberto Borge, la organización Somos tus Ojos Quintana Roo lo denunciarán penalmente por el delito de peculado, aunque con miras de que se amplíe a enriquecimiento ilícito.

“Roberto Borge queda sin fuero y por lo tanto vamos a ejercer acción penal en el ámbito local. Y de ahí solicitaremos la atracción a la Procuraduría General de la República”, informó Fabiola Cortés, miembro de dicha organización.

-¿De qué delitos acusan a Roberto Borge en esta acción legal que ustedes ejercerán?

-De peculado, en un inicio, pero nos estamos allegando las pruebas para ampliarla, en el transcurso de la semana, por enriquecimiento ilícito. En el caso de peculado se configura el delito por la venta de los 24 predios por los cuales lo denunciamos y que fueron ampliamente difundidos en televisión nacional y que están a nombre de empleados del gobernador, del abogado y amigo de la familia, quien es supuestamente el dueño de Barcos Caribe.

Cortés explicó que en meses pasados se interpuso ante la Cámara de Diputados un juicio político en contra de Roberto Borge, el cual no se ha iniciado, pero que quedará sin efecto cuando sea sustituido en la gubernatura de Quintana Roo por Carlos Joaquín González mañana a mediodía.

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-¿Además de Roberto Borge, habrá acciones legales contra otros funcionarios?

-Claro que sí. En la denuncia por delito de peculado está implicada como cómplice Claudia Romanillos, que es la titular del Ipae, ella es copartícipe en esta venta de predios que sus subavalúos afectaron el patrimonio del estado. También activaremos una denuncia contra Juan Pablo Guillermo por el desvío del dinero que se recauda al Impuesto al Hospedaje”

De hecho, agregó Cortés, esta organización ya había iniciado una denuncia de juicio político en contra del responsable de las finanzas locales ante el Congreso, sólo que había quedado congelada por el fuero del que gozaba, a pesar de que hay un amparo contra ello, del cual aún no hay noticias de su admisión.

-Bueno, pero terminando el mandato de Borge, el fuero se elimina, ¿no?

-Claro, sin embargo, nosotros quisimos continuar con esta acción porque, como asociación civil, es sintomático que si logramos que regrese esta petición al Congreso, pues éste tendrá que tomar una postura sobre este funcionario. Es decir, que tendrá que pronunciarse sobre la procedencia de este juicio y, por tanto, si existen o no elementos; eso para nosotros es importante, pues evaluaremos al Congreso.

-El diputado Emiliano Ramos mencionó ayer que también denunciarían a Romanillos y a Guillermo por las omisiones en sus comparecencias en el Congreso, ¿hay un acercamiento entre el Legislativo y Somos tus Ojos?

-No, nosotros como asociación hemos hecho nuestra investigación aparte y más bien fueron ésas las que derivaron en que otros actores empezaran a sumarse a este escrutinio hacia los funcionarios. Si se requiere nuestro apoyo, pues por supuesto que estamos dispuestos a colaborar y a ofrecer todo nuestro apoyo con lo que nosotros tengamos, pero de antemano nosotros tenemos la información que ya se hizo pública y que se puede consultar y descargar en nuestra página- ofreció Fabiola Cortés.

Busca Congreso quitarle sus terrenos a mamá de Borge y BP Promotions y encarcelar a funcionarios mentirosos

Por Enrique Huerta

 El Congreso de Quintana Roo busca enajenarle los terrenos a B.P Promotions y a María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del gobernador, Roberto Borge, a quienes les fueron rematados y regalados, respectivamente, por parte del Instituto de Patrimonio Estatal de Quintana Roo (Ipae), dirigido por Claudia Romanillos, informó el diputado local Emiliano Ramos.

Detalló que se procederá para que la Fiscalía investigue y pueda fincar el delito ante los funcionarios responsables de rematar o regalar el patrimonio quintanarroense.

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 Además, por su lado, la Comisión de Hacienda del Congreso también realizará un avalúo para contrastar dichos análisis.

“Después de la comparecencia de Claudia Romanillos, es solicitar un avalúo del predio de Akumal para ver su valor real y, con este valor real, tener claridad de qué tamaño es el boquete al patrimonio de los quintanarroenses para, de ahí, plantear una ruta para la enajenación de bienes, para poder a su vez denunciar penalmente a estos funcionarios”. En ese mismo sentido se procederá en el caso de la señora María Rosa Yolanda Angulo Castilla

Emiliano Ramos señaló que se investigará a fondo la actuación de la titular del Ipae, porque parecer ser que podría haber más casos, sobre todo en los últimos meses, por lo que también habrá un panorama más amplio de boquetes en el patrimonio público.

“El Ipae puede hacer ventas del patrimonio público, lo que no está permitido que remates o regales a precios muy bajos terrenos”.

Dijo que ahora, con el nuevo gobierno, los diputados locales sabrán de qué tamaño es el daño patrimonial al estado, independientemente de si sean o no parientes de algún alto funcionario.

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El caso de B.M. Promotions, propiedad de Pablo Piñero, se refiere al remate que realizó el Ipae a un terreno público de más de un millón 630 mil metros cuadrados en Akumal. El precio total fue de 107 millones de pesos, es decir, 65 pesos cuadrados.

El otro caso, dado a conocer por Televisa, señala que el 3 de diciembre de 2013, el Ipae le vendió otro terreno de 11.7 hectáreas de una reserva territorial en Cozumel a María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del mandatario estatal, a 137 pesos por metro cuadrado.

Dudas sospechosas

El legislador perredista Emiliano Ramos indicó que no sólo la comparecencia de Claudia Romanillos ante el Congreso dejó dudas, sino que esa fue la misma tónica de la mayor parte de los funcionarios.

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“Ve la comparecencia del de Sintra (Fernando Escamilla), de Juan Pablo Guillermo, que en su comparecencia le mostramos un documento donde él le pidió a CAPA más de mil millones de pesos para obra pública, y ahora que estuvo el de Sintra le dijimos que por ley tenía que destinar ese dinero a obra pública y no supo contestar, declaró una cantidad muy por debajo de ese dinero, ¿o Juan Pablo Guillermo está incurriendo en falsedad de declaraciones? Vamos a ver. Se está destapando la cloaca de lo que estos funcionarios hicieron y tomar acciones legales, penales, enajenación de bienes”.

Además, explicó, que la comparecencia tiene un valor legal al declarar bajo protesta de decir verdad.

“Entonces, de entrada, podemos fincarles responsabilidades por falsas declaraciones”, señaló.

Cárcel de Cancún es una bomba de tiempo: alerta alcaide a Carlos Joaquín

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Por Enrique Huerta

Fermín Cortés Burgos, encargado de dirigir la cárcel de Cancún, advirtió al próximo gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, que este penal es una bomba de tiempo a estallar sino se atienden sus carencias.

“La cárcel de Cancún está mal planeada, mal organizada, con construcciones a medias, instalaciones deterioradas, personal contratado como vigilante haciendo funciones y que no han cobrado casi 15 quincenas y que viven aquí en el penal, en condiciones laborales que no me parecen, pero no está en mis manos solucionarles porque no manejo recursos”.

-¿Este penal puede echar a perder la imagen del gobernador entrante?

-Si no se ponen las pilas con este penal, de hacerle las adecuaciones, los operativos, la planeación y el traslado que se tienen que hacer para contenerlo, este penal va a ser un problema grave para cualquier administración. Yo la única solución viable que veo, es un penal nuevo, éste ya es inadecuado.

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Detalló que un punto a considerar es que la cárcel de Cancún está construida para albergar 900 reos, pero hay mil 900. Esto es un riesgo si se compara con el número de guardias que se tienen, que son alrededor de 60 en total, divididos en grupos de dos por turnos de 24 por 24, cuando la mínima internacional de la ONU para el sistema penitenciario es uno por cada 10 interno, es decir, se necesitan 190 custodios.

Además, el personal que labora ahí también tiene grandes deficiencias, detalla Cortés Burgos.

“Este penal es compartido, la mitad de la base de custodios es municipal y la otra mitad es estatal y hay conflicto por la leve diferencia salarial que hay entre ellos, por la antigüedad también, lo más antiguos son los municipales. Es más, hay agentes municipales que tienen 25 o 30 años de servicio y que ya no están aptos para esto y los siguen teniendo aquí. Tengo señores de la tercera edad que nomás están sentaditos durmiéndose, no los ponemos a hacer servicio, pero son plazas que necesitamos y ni os pensionan ni les dan salida de acá.

“Como esto ya está denominado Cereso, lo que tendrían que hacer es incorporar a los policías municipales a sus labores en el municipio y abrir esas plazas para policías estatales, porque hacen falta custodios, pues con los que tenemos no cubrimos ni la mitad de lo que tenemos que cubrir”.

Dice que ante los riesgos de inseguridad, les recomendó a los custodios vigilantes a no intervenir en ninguna riña o motín.

“Si ven algún incidente, se me van para afuera. Porque ellos no tienen ningún seguro de vida que los cubra, ni cuentan con servicio médico.Yo no me puedo responsabilizar de perder una vida o de que sufran una lesión grave o permanente por la irresponsabilidad de tenerlos trabajando dentro del penal”

Por eso, explicó, los que entran al penal cuando hay un evento violento de ese tipo son los policías municipales, estatales, judiciales; el Ejército sólo resguarda el perímetro o entra a hacer labores de rescate a petición del gobernador.

-Entonces si hay un motín lo único que hacen es…

-Gritar auxilio y que vengan todos. No puedo arriesgar al personal.

 -¿Cómo se puede mejorar esta cárcel ahora con el nuevo gobierno?

-Solución hay, lo que pasa es que aquí la sobrepoblación es muy grande y el margen de traslado es mínimo, los únicos internos que son posibles de trasladar, salvo que estén amparados, son los federales, que no nos competen directamente a nosotros, pero los salvaguardamos por los acuerdos que hay con la Federación, pero el volumen de federales es mínimo, el desahogo sería mínimo.

Por ello, instó al gobernador Carlos Joaquín a hacer las gestiones necesarias con la Federación para trasladar a los reos federales -que se calcula que hay entre 50 y 60- de la cárcel de Cancún a prisiones de máxima seguridad.

Cortés recordó que la precariedad de la cárcel de Cancún no es nueva, que lleva muchos años así.

“Yo hice un recorrido cuando asumí el penal y las condiciones se me hacen extremadamente inseguras. Bueno, hasta el general Villa (exsecretario de Seguridad Pública estatal) cuando estuvo aquí, fue sincero y me lo dijo después de entregarme la dirección fue: ‘Aquí te dejo en tu penal, sentado en un barril de pólvora, con la mecha de este tamaño. Ahí te ves’. Y tiene razón”.

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La solución, otra cárcel

Ante la delicada situación de la cárcel de Cancún, su encargado, Fermín Cortés Burgos, recomendó que lo mejor sería construir una cárcel nueva.

“Es urgente que construyan el otro reclusorio, adecuado para sustentar la capacidad, pero tomando en cuenta la estadística criminal creciente que hay en esta zona. Tienen que construir un penal modular, con la base de 2 mil internos que podamos tener, con miras a que podamos crecer, como el de Cozumel, que se puede ampliar”.

Recordó que el gobierno estatal presentó una propuesta para edificar una nueva cárcel, incluso pidió un presupuesto de más de 2 mil millones de pesos, pero se canceló el proyecto.

“Eso pasó porque ellos no presionaron”, consideró.

Fermín Cortés Burgos, quien estuvo dos meses al frente de la cárcel de Cancún en 2013, señaló que hay poco margen de maniobra en el actual Cereso de la ciudad.

“A este penal, lo único que podemos hacer es irle tapando los baches, es todo, porque el problema sigue creciendo, necesitan que se pongan las pilas porque va a generar un problema más grande. En estas condiciones es un riesgo inminente, este penal puede echarle a perder su imagen a quien venga de Seguridad Pública”.