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El Sistema Estatal Anticorrupción podría convertirse en un instrumento que podría ser manejado por interese políticos ajenos al interés común, consideró Eduardo Galaviz, presidente del Observatorio Legislativo.
Reconoció que que los diputados del Congreso de Quintana Roo no hicieron caso a las observaciones que las ONG`s hicieron sobre las leyes que conforman el sistema que servirá de punta de lanza para combatir la corrupción, por lo que podría degenerarse su objetivo. Para ello, puso dos ejemplos:
“A los contralores les piden que no sean militantes de algún partido político, incluso en algunos casos les pedían que durante dos años anteriores no hubieran sido militantes o hubieran manejado puestos en algún partido político; eso está bien. Pero al principal actor, que es el que va a controlar a todos los contralores, que es el contralor del estado, que es el titular de la aún Secretaría de la Gestión Pública, no le pusieron esos requisitos, es decir, puede ser militante y entonces eso puede desvirtuar todo el tema, porque va a depender de la voluntad de un partido político”.

Señaló que el otro caso se dará con la serie de nombramientos que vienen, ya que el Comité Coordinador estará formado por integrantes del gobierno estatal y sólo un representante del Comité de Participación Ciudadana.
“Ahí, ese órgano de gobierno nombra al secretario ejecutivo, que es el que va a operar todo, entonces si hay una junta de gobierno en donde la mayoría es dependiente del gobernador, pues no quiero ver a quién van a nombrar de secretario ejecutivo, que es quien va a operar todo el sistema, el que va a emitir convocatorias, el que tendrá el control ejecutivo y operativo”.
Incluso, dijo, el comité coordinador sólo podrá emitir recomendaciones y exhortos, es decir, no son instrucciones ni sanciones, las cuales el ente fiscalizado podrá valorar si lo toma en cuenta o no.
Galaviz reconoció que con ello se corre el riesgo de que este Sistema Estatal Anticorrupción se maneje con fines políticos y de que sólo sea una simulación de transparencia.
Y es que, consideró el entrevistado, todo este proceso inició mal, pues “principio pudieron haber desarrollado el Sistema Estatal Anticorrupción con mucho menos presión, hacerlo con más tiempo”, aunque luego aceptó que los diputados de la XV Legislatura asumieron el cargo con el tiempo del proceso ya encima.
Y aunque se dieron las consultas públicas sobre las diversas propuestas de ley, no hubo una claridad sobre cuál de ellas sería la base y se estudiaron todas las propuestas, dificultando el proceso.
Además, dijo, el plazo fue muy corto -de cinco días-. “Entonces ni ellos ni nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un cruce entre sí y eso va a causar, en nuestra opinión, muchos problemas en cuanto a la validación de algunas leyes”.
Sin embargo, Galaviz dijo que el Observatorio Legislativo no dejará que se quede así esta situación y buscará que se hagan las reformas pertinentes a los legisladores, así como hallar recursos legales por afectaciones, incluso de derechos humanos.
“Seguramente varias de las cosas que se aprobaron el viernes, serán modificadas en el transcurso de septiembre y octubre, porque van a ser incongruentes contra otras leyes”.

Coparmex se suma al sistema anticorrupción
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) anunció que participará en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción e, incluso, presentó la campaña #VamosPorMás.
El presidente de la Coparmex Cancún, Adrián López, dijo que la patronal reconoce que el aprobar el andamiaje legal del Sistema Nacional Anticorrupción es el primer paso, pero faltan muchos, por ello este gremio buscará participar en los nombramientos de aquellos quienes integren dicho órgano.
Y para ello, la Coparmex exigió contar con una Fiscalía General independiente y eficaz; que haya recursos suficientes que aseguren la independencia y funcionamiento de los Comités de Participación Ciudadana, del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de los sistemas locales; reformas a las leyes de Adquisiciones y Obra Pública y sobre las finanzas de los partidos.
“En Quintana Roo urgimos se discutan las Leyes Político- Electoral y la de Participación Ciudadana a más tardar en octubre como se ha acordado con nuestros diputados”, comentó López.

Pese a que las autoridades de los tres niveles de gobierno dicen que trabajan coordinadamente para mejorar la seguridad, la percepción de inseguridad crece en el país. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Inegi, el 74.9 por ciento de los mexicanos cree que su ciudad es peligrosa, esto es un aumento de dos puntos porcentuales con respecto a marzo pasado.

Cancún no es la excepción de esta tendencia, ya que el 79.3 por ciento de los habitantes de esta ciudad turística la consideran como peligrosa. Esta opinión subió en dos meses, cuando el porcentaje estaba en 76.5.

Y es que el aumento de 1.8 puntos porcentuales se debe, se da en el contexto de que, tan sólo en Cancún se han registrado al menos la mitad de los homicidios cometidos en Quintana Roo, que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son 158 homicidios en los primeros cinco meses del año.

Sin embargo, Cancún está lejos de la desconfianza que muestran otros habitantes hacia la seguridad de su ciudad. Por ejemplo, el número uno en “desconfianza” o donde la gente percibe mayor inseguridad es Villahermosa, Tabasco, con 96.6 por ciento de su población.

Después le sigue Ecatepec de Morelos, Estado de México, una de las ciudades más peligrosas del país, con 94.6 por ciento; Chilpancingo, Guerrero, con 94.1; Reynosa, Tamaulipas, con 89.6; Coatzacoalcos, Veracruz, con 89.5, y  Fresnillo, Zacatecas, con un 88.1 por ciento de su población que piensa que su ciudad es insegura.

Por otro lado, las ciudades cuya percepción de inseguridad es menor son Puerto Vallarta, Jalisco, con 29.5 por ciento y las ciudades de Coahuila Piedras Negras y Saltillo, con 30.7 y 35.7 puntos porcentuales.

Además, según la ENSU, el 81.3 por ciento de los mexicanos se siente más vulnerable a la delincuencia en cajeros automáticos localizados en la calle, seguido del transporte público, con 73.7; en el banco, 68.1 y en las calles por las que habitualmente camina, 66.1 por ciento.

El Inegi señaló que la sensación de inseguridad se genera por la influencia de diversos factores como la atestiguación de conductas delictivas o antisociales que ocurren en el entorno donde se desenvuelve la población, hasta el contenido de las noticias.

Y es que la proporción de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas cerca de su vivienda es: por consumo de alcohol en las calles (65.4%), por robos o asaltos (64.2%), por vandalismo en las viviendas o negocios (52.1%), por venta o consumo de drogas (42.2%), por bandas violentas o pandillerismo (35.1%) y por disparos frecuentes con armas (34.9%).

La Encuesta del Inegi tampoco muestra signos alentadores en cuanto a la percepción de la efectividad de las autoridades para resolver las principales problemáticas, son, a nivel nacional, de 23 por ciento, es decir, menos de un cuarto de la población del país cree que las autoridades sean capaces de solucionar alguna situación.

En Cancún, el nivel de confianza en las autoridades es aún más bajo, con 15.4 por ciento de su población.

Presuntos desvíos, como uno de 16 millones de pesos enviados por el gobierno federal para la construcción del Centro de Justicia para la Mujer, y omisiones de gobiernos anteriores estatales y municipales no permitieron a Quintana Roo entregar los trabajos pedidos por el grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim) para no decretar la Alerta de Género, que finalmente se dio, informó Silvia Damián, directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).

“No ha fallado nada, sólo que los tiempos no alcanzaron para entregar todo lo que se requería, entonces se cumplió. De acuerdo con nosotros, sí estaba en un 70 por ciento la primera entrega que se hizo al grupo, ¿qué sucedió después? Que simple y sencillamente, como ellos fueron calificando, no era lo mismo que nosotros veíamos”.

Señaló que ante el análisis de la Conavim, los trabajos estaban más rezagados de lo que se creía, por lo que el gobierno estatal, encabezado por Carlos Joaquín González, tuvo que apresurar el paso e, incluso abrir al público ciertas instancias, pese a que no están al 100 por ciento.

Ejemplo de ello, citó Damián, es el Centro de Justicia, el cual actualmente está funcionando, pero no totalmente, ya que “hace falta que esté terminado. Entonces, cosas que tú estás viendo que estamos a la mitad, a tres cuartos, a un cuarto y que necesitamos que realmente se puedan hacer”.

Dijo que después de que se decretó la alerta de género, hace falta completar lo que falta y hacer la vinculación con la Secretaría de Gobernación para estos trabajos.

Incluso, comentó, tampoco no han llegado los 8 millones de pesos para terminar el Centro de Justicia, ya que “ellos quedaron en que iban a mandar los 8 millones y hasta la fecha no lo han hecho. Se abrió con recurso estatal. Ese Centro de Justicia se debió haber hecho hace seis años, así debió haber sido, se mandó dinero; sin embargo, nosotros no sabemos qué pasó con ese dinero (…) Se supone que ya mandaron 16 millones de pesos, eso es lo que me dijeron, pero tampoco quiero decir que eso fue”.

Ahora, señaló Silvia Damián, al Centro de Justicia le hacen falta instancias dentro del Centro de Justicia para funcionar, como ministerios públicos y abogados, entre otras cosas.

“(Pero) se trató de abrir (el Centro de Justicia) para cumplir de alguna manera con este requisito que también se pedía, entonces por eso les digo que está como al 50 por ciento, falta mucho. Falta terminarlo y, para hacer eso, que manden todos los recursos que hacen falta”.

Otros que no cumplieron para proteger a las mujeres, según la directora general del IQM, algunos gobiernos municipales no cumplieron con sus obligaciones.

“Había muchas cosas, en algunas teníamos que esperar. Fue un   trabajo muy arduo y creo que para los seis meses que nosotros tuvimos, como nos dijeron en el grupo, fue un avance muy grande”.

Sin embargo, Silvia Damián reconoció que, en lo que va del año, se han registrado en todo el estado entre 12 y 15 asesinatos de mujeres, pero sólo dos de ellos han sido tipificados como feminicidios, por lo que podrían tomarse medidas.

“Las ONG`s acusan que las muertas no se han tipificado como feminicidios, sino como delitos pasionales, suicidios, por lo que habría que revisar los expedientes -como dice la alerta- para analizar su tipificación”.

De enero a mayo de este año, Quintana Roo registró 158 asesinatos, según el “Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2017”, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cabe resaltar que, pese a que no lo dice dicho informe, poco más de la mitad de estos homicidios se dieron en Cancún, en donde cada día se incrementa el número de homicidios. Hasta el cierre de esta nota, se contabilizan más de 80 en esta ciudad.

Pese a ello, el estado de Quintana Roo está muy lejos de ser una de las entidades con más homicidios, sean culposos o dolosos, ya que el primer lugar a nivel nacional en este delito es Guanajuato, con mil 690, seguido de Estado de México con mil 493 y Veracruz con mil 171.

Incluso si comparásemos a Quintana Roo con estados que viven del turismo, este estado está muy lejos de Guerrero y Baja California, que registran mil 194 y 940 asesinatos, respectivamente.

Con respecto a sus vecinos, Yucatán y Campeche, este estado sale perdiendo, ya que en el primero cuentan con 46 y en el segundo con 82.

En cuanto a homicidio doloso, que es aquel en el que tras una investigación las autoridades determinan que se cometió este delito con la intención de asesinar a la víctima-, Quintana Roo tiene 100 de los 11 mil 155 registrados en todo el país, mientras que el más altos son Estado de México y Guerrero, con 955 y 983, respectivamente.

En cuanto a sus vecinos, Yucatán y Campeche, tienen 26 y 33, respectivamente.

Sobre el delito de secuestro, en el país hubo 568 casos, de los cuales Quintana Roo aportó seis, siendo de los más bajos a nivel nacional, mientras que Tamaulipas y Veracruz son los líderes, con 105 y 84.

En cuanto a sus vecinos, Yucatán y Campeche, tienen 0 y 3. Y, con respecto a sus competidores, Guerrero tiene 28 y Baja California siete.

En cuanto a extorsión, en el país hubo 2 mil 480 casos, de los cuales Quintana Roo tiene 30, muy lejos de los 419 del Estado de México y de los 338 de Nuevo León.

Con respecto a sus vecinos sale más alto, ya que Yucatán tiene 25 casos y Campeche 13. Y, comparado con sus competidores en turismo, Quintana Roo es más seguro, ya que Guerrero tiene 69 y Baja California 85.

Cabe mencionar que este análisis toma en cuenta información proporcionada por las Procuradurías Generales y las Fiscalías de todas las entidades del país, por lo que estos números se refieren a las carpetas de investigación abiertas por dichos ilícitos, es decir, sólo los delitos que se han denunciado.

En sesión extraordinaria, el pleno de la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobaron las reformas en distintas leyes, las cuales serán el andamiaje legal que permita la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Esto se da a cuatro días de que se termine el plazo -el último día es el 18 de julio- para que las entidades que faltaban de armonizar sus leyes con el marco federal para construir su sistema local anticorrupción.

La diputada Mayuli Martínez Simón, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, pidió no cantar victoria, ya que este proceso para concretar una oficina anticorrupción no ha concluido, pues con este paquete de reformas sólo se cierra la fase de diseño legal. A partir de hoy comienza el periodo de implementación.

“Se da un importante paso hacia la meta, pero aún no la cruzamos”.

La legisladora del PAN aseguró que el Sistema Estatal Anticorrupción será una herramienta muy poderosa para enfrentar a los poderes fácticos “que por décadas se aprovecharon de la falta de solidez institucional, de los vacíos legales y la falta de voluntad política para perseguir y castigar la corrupción”.

El coordinador de la bancada del PRI, Raymundo King de la Rosa, expresó que el paquete de reformas aprobado está “en plena concordancia” con las normas federales.

Por su parte, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, aseguró que el trabajo de los contralores internos será dirigir con autonomía los organismos anticorrupción y declaró que “su trabajo es ver que se hagan bien las cosas y que se aplique bien el recurso público, los bienes y también fiscalizar”.

La aprobación del marco legal que permita la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción se da al tiempo que la construcción de este órgano a nivel federal atraviesa dificultades, toda vez que el Comité de Acompañamiento Ciudadano acusara al Senado de omisión para no nombrar al fiscal en la materia, cuando debió de haberlo hecho desde 2014.

Las reformas

Entre las muchas leyes que surgieron y cambiaron con el fin de construir el Sistema Estatal Anticorrupción, como la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

En ella se establece que el sistema estará integrado por un Comité Coordinador Estatal y un Comité de Participación Ciudadana, que a su vez será formado por cinco ciudadanos “de probidad y prestigio, que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción”.

Los integrantes de este Comité serán nombrados por la Legislatura a través de una Comisión de Selección y durarán en su cargo cinco años.

También surgió la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Quintana Roo, el cual sustituye al anterior marco jurídico en fiscalización.

El diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, dijo que una de las principales aportaciones de esta ley es que la fiscalía podrá revisar años anteriores al Ejercicio Fiscal en curso y, los que estén bajo la ley actual, seguirán su curso hasta que sean agotados.

“También va a entrar la fiscalización en tiempo real, pues los entes obligados tendrán que enviar avances de su gestión cada trimestre. Si en alguno de estos avances se detecta alguna irregularidad, la fiscalía podrá hacer una auditoría completa”.

El legislador perredista precisó que en esta ley se establecieron los requisitos para quien quiera ocupar los puestos de auditor superior, auditores especiales y unidades de vigilancia. También se especificaron mecanismos de remoción de estos funcionarios.

Asimismo, los diputados del Congreso estatal modificaron las leyes orgánicas del Poder Legislativo, del Instituto Electoral de Quintana Roo, del Tribunal Electoral, y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos.

El objetivo de ello es fortalecer el régimen jurídico respecto a los titulares de los órganos internos de control de los órganos públicos autónomos reconocidos en la Constitución local.

Con las reformas se establece que los contralores Internos de la Fiscalía General, del Instituto Electoral de Quintana Roo, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, entre otros, serán designados por el Congreso, a través de una convocatoria pública que emita la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos.

Nuevos órganos

De igual manera, se crearon nuevos organismos, como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuya designación del titular será a cargo del Congreso, el cual evaluará la terna enviada por el fiscal general. Los candidatos tendrán que comparecer ante el Legislativo.

También se aprobó la creación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que estará integrado por cinco magistrados, tres que integrarán la Sala Superior y dos magistrados unitarios, que estarán en los Tribunales Unitarios Regionales. La designación de los magistrados se hará previo a una convocatoria pública abierta, la cual estará sujeta a principios de paridad de género y máxima publicidad.

Pero estas nuevas reformas también trajeron cambios en la estructura del gabinete, pues la Secretaría de la Gestión Pública pasó a ser la Secretaría de la Contraloría, la cual se encargará del control interno de todas las dependencias del gobierno estatal.

El nombramiento del titular de esta dependencia, que estará a cargo del Ejecutivo y será ratificado por el Legislativo, auqnue se estableció que mientras tanto, el titular y servidores públicos de los órganos internos de control de las dependencias y entidades paraestatales que se encuentren en funciones, continuarán en su encargo hasta que se realicen los nuevos nombramientos.

También se aprobó que se deberá emitir un Código de Ética de los servidores públicos del gobierno estatal y otros documentos para el ejercicio de la función pública.