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Foto: Red de Periodistas de Juárez

Daniela Pastrana

@danielapastrana

Pasamos enero con saldo blanco. Luego pasó febrero. Tranquilos, sin los sobresaltos de los años anteriores, en los que apenas arrancaba el año y ya sumábamos compañeros caídos: Gregorio Jiménez de la Cruz, Moisés Sánchez, Marcos Hernández Bautista, Anabel Flores… de hecho, lo más duro del arranque de este 2017 había sido comprobar lo fácil que se nos borra la memoria. Que los aniversarios de sus asesinatos apenas merecieron algunas menciones en el Facebook.

Pero llegó marzo y despertó al monstruo. El primero en caer fue Cecilio Pineda, un reportero de Tierra Caliente, en Guerrero, al que el Mecanismo Federal de Protección a Defensores y Periodistas le quitó hace seis meses las medidas de protección que tenía porque su riesgo había bajado y porque no se quiso desplazar a un refugio de la Ciudad de México.

Dieciocho días después fue Ricardo Monlui, en Córdoba, Veracruz. Otra vez Veracruz, el lugar del planeta en el que más periodistas han muerto en la última década. Y ahora que ya no está Javier Duarte para echarle la culpa, el primero de la cuenta del “nuevo” gobierno de Veracruz.

Y ahora, Miroslava Breach, una institución del periodismo de Chihuahua, donde cubrió desde las batallas por la democracia de 1986 hasta los abusos del Ejército en la sierra Tarahumara. Muchos la leímos durante años como corresponsal de La Jornada.

Su muerte cala, por la seriedad y profesionalismo con el que trabajaba. Por la impunidad con la que se realizó (recibió 8 balazos, iba a dejar a su hijo a la escuela). Porque es un estado que se pintó de esperanza con el nuevo gobierno, encabezado por Javier Corral. Porque su perfil, similar al de la veracruzana Regina Martínez (asesinada en su casa hace 5 años, también en marzo), nos hace sentir vulnerables a todos los periodistas de este país.

Entonces, cuando un asesinato de esta envergadura nos conmociona, volvemos a la cuenta incómoda, esa que nunca queremos recordar: que 2016 fue el año en el que más periodistas fueron asesinados en la historia de México y que superó por uno a los aciagos años de 2008 y 2010, cuando la maldita realidad nos sacó a la calle para exigir justicia para los (entonces) 60 periodistas asesinados.

Fue justo la marcha de #LosQueremosVivos en 2010, la movilización de las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y la presión que hizo el Comité para la Protección de Periodistas sobre Felipe Calderón (el expresidente se negó a reunirse con los relatores para la libertad de expresión de la ONU y la OEA ese año, pero si recibió a la directiva de la organización estadunidense) lo que originó la creación del Mecanismo de Protección, que finalmente entró en funciones junto con Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012.

Entrar en una discusión sobre lo que ha hecho o no el mecanismo en estos años me parece inútil frente a la contundencia de los resultados: no sólo no se han detenido, ni las agresiones, ni los asesinatos de periodistas, sino que, por el contrario, van en aumento.

Todo lo demás que se diga es irrelevante ante la crudeza de las cifras que nos hemos repetido hasta el cansancio: 103 periodistas asesinados en los últimos tres sexenios, desde que entramos al carrusel del nuevo siglo y la alternancia; 103 periodistas asesinados, insisto, distribuidos en 20 de los 32 estados del país, con Veracruz en el imparable primer lugar, seguido de Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Guerrero.

A ellos se suman 23 periodistas desaparecidos, que están en el limbo, abducidos, y que hacen de la extravagante democracia mexicana un lugar, quizá el único en el mundo, que cuente periodistas desaparecidos sin ser un régimen dictatorial.

Eso, además, con una tendencia que no deja de subir desde 2013, justo el año en el que comenzó a funcionar el mecanismo.

Ese año, gracias a la presión de muchos periodistas y de las organizaciones de la sociedad civil, había logrado reducirse a 4 el número de periodistas asesinados. En 2014, fueron 5; en 2015, la cifra aumentó a 7 y en el fatídico 2016 llegamos al histórico récord de 11 periodistas asesinados, casi uno por mes.

Pero, a diferencia de otros años, en 2016 no hubo grandes movilizaciones de periodistas.

¿Qué pasó? ¿Nos cansamos? No, nunca dejaremos de protestar. Y lo haremos cuantas veces sea necesario. Sólo entendimos que los periodistas tenemos que hacer periodismo. Y que para protegernos ya se crearon en estos años instituciones del estado que tienen una legislación robusta, recursos económicos suficientes, y asesores (varios años estuvo en México Freedom House asesorando al mecanismo federal) para la protección de periodistas. Y sobre todo, que tienen el mandato de hacerlo.

Porque hay que decirlo así: garantizar las condiciones para que medios y periodistas puedan trabajar con independencia y seguridad, es obligación del Estado. Las organizaciones de la sociedad civil pueden gestionar, asesorar, visibilizar, apoyar, acompañar, pero no es el trabajo de ninguna organización hacerse cargo del trabajo del Mecanismo.

El problema es que, después de 4 años, el Mecanismo no funciona. Su cara más inoperante (y la banalidad con que se ha tomado la protección a los periodistas en México) la mostró justo con el asesinato de Cecilio Pineda: a un reportero que cubría temas de narco en una de las zonas del país que hace años está controlada por grupos criminales, que había sufrido un atentado en septiembre de 2015, que en su primera evaluación de riesgo se consideró a extracción y un refugio para él y su familia por su condición de “altísimo riesgo”, le quitaron las medidas de protección (que consistían básicamente en rondines) cinco meses antes de que fuera asesinado.

Pero todavía peor fue la explicación de las autoridades responsables de protegerlo de por qué dejaron de hacerlo. Primero, la Unidad de Evaluación de Riesgo del Mecanismo determinó concluir su caso (en octubre de 2016) por “la inexistencia de riesgos”; luego, cuando denunció nuevas amenazas, se negó a trasladarse a un refugio “en tres ocasiones”.

“El beneficiario señala que no le es posible trasladarse al refugio, por lo cual la Junta de Gobierno le comunica que cerrará el expediente y que en el momento en que pueda aceptar la medida, se le implementaría, incorporándolo una vez más al Mecanismo”, dice el boletín No. 049/17 de la institución.

Para decirlo facilito: según los responsables de proteger a los periodistas, la única opción efectiva de protección es que dejemos de hacer periodismo.

El periodista que acude al mecanismo de protección no tiene más opciones que chalecos antibalas, botones de pánico, rondines, vigilancia y refugio. Nada de medidas políticas que ayuden a quitarle a otros las ganas de matarnos. Nada de apretarle las tuercas a las fiscalías (especialmente la FEADLE, que tiene una responsabilidad legal en el tema) para que investiguen la actividad periodística o a los gobiernos estatales para que realmente investiguen. Nada de mapas de actores políticos o estrategias que permitan prevenir las agresiones.

El mecanismo ha boicoteado sus propias iniciativas de protección y en otros casos, como la Alerta Veracruz de 2015, no ha mitigado nada las agresiones, como queda claro con el asesinato de Ricardo Monlui.

En el fondo, el problema es que el Mecanismo no fue creado para proteger, sino para simular que se protege. Y la simulación de la protección en el gobierno federal nos sale muy cara.

Por eso hay que reclamar una y otra vez que funcione. Porque hasta ahora, después de más de 4 años de existir, no hay una sola política pública que pueda parar la embestida contra la prensa en México. Hasta ahora, el Mecanismo se asemeja a Roz, ese personaje de Monsters Inc. que solo piensa en “el papeleo” mientras la trama de corrupción y miedo se desarrolla a su alrededor.

Y la mala noticia es que esto no va a mejorar. Primero, porque las benditas épocas electorales en este país siempre acarrean más problemas que soluciones. Y segundo, porque por suerte para la sociedad, cada vez se hace mejor periodismo en México. Y cada vez hay más periodistas preparándose para aprender a documentar la corrupción, para desentrañar los mecanismos que la generan y mostrar sus consecuencias. Y cada vez hay más periodistas hartos de tener miedo que están metiendo la nariz donde la gente de poder no quiere que lo hagan.

Por eso, señores del Mecanismo, es necesario que dejen de ser Roz, la mujer del papeleo, y busquen medidas que realmente sirvan para proteger a los periodistas. Por eso es urgente que ya se pongan a trabajar.

Fabiola Cortés, periodista y representante de la organización “Somos Tus Ojos”, ha presentando diversas pruebas de los desfalcos cometidos por el ex gobernador Roberto Borge. Aún cuando éste era el mandatario, en Agosto de 2016, Fabiola detallo en sus investigaciones lo que Borge había estado haciendo con el patrimonio del Estado, cómo, cuánto y donde lo hizo, a quienes beneficio, las fechas, en fin. Las pruebas se las presento perfectamente bien justificadas al Congreso del Estado en la anterior legislatura cuando los diputados del PRI todavía tenían las riendas de Quintana Roo.

Lo que mas resaltó en la investigacón fue la venta de centenas de predios a precios de remate que obtuvieron sus familiares, amigos, políticos y demás funcionarios.

“Roberto Borge tenía la obligación de vigilar y conservar los bienes inmuebles del patrimonio estatal, y además ‘autorizar’ las enajenaciones, por lo que su responsabilidad sobre el remate de los mismos es directa”, plasmó la periodista dentro del mismo paquete de investigaciones que formuló.

Toda la información obtenida habían sido solicitudes a diversas dependencias que por ley se les obliga a responder dicha solicitud con los datos requeridos.

A mediados de 2015, Quintana Roo habría dejado de tener en su patrimonio a 308 predios repartidos de la siguiente manera dentro de los municipios:

102 en Cozumel; 69 en Othón P. Blanco (Chetumal, Mahahual, Bacalar); 99 en Solidaridad (Playa del Carmen y Tulum); y 38 en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

La suma total por la venta de los predios habría superado los mil millones de pesos, esa cantidad aún cuando fue excesivamente  bajo el precio por cada metro cuadro.

La solicitud de Juicio Politico contra el aliado de Félix González, Borge, condenada la violación de diversos articulos que exigen que el patrimonio del Estado sea procurado por sus gobernantes.

En especifico, 44 predios documentados reflejan que los precios eran de regalo, increiblemente se vendía a “cero pesos” el metro cuadrado, lo que fuera entonces una donación a su familiar.

Entre los beneficiados por el “remate” territorial de predios aparecen empresarios, políticos, amigos y familiares de ambos ex gobernadores.

La organización “Somos Tus Ojos” fue quien comenzó a desmantelar al aún gobernador y a sus cómplices. Las demandas fueron entregadas a órganos Estatales y Federales. (Con información de Luces Del Siglo)

El ramo empresarial en el Estado es un número muy importante en la estabilidad economica en Quintana Roo donde su principal entrada de recursos es el turismo. Se da en estos tiempos un empoderamiento muy importante a la mujer y a sus esfuerzos que se proyectan en negocios propios. La mujer empresaria asume la responsabilidad de generar mas empleos, mas  recursos y mas oportunidades a la sociedad femenina. Es por tanto, que se da ahora un importante lugar a las empresarias. El Gobierno de Carlos Joaquín ha estrechado un lazo permanente con esta sociedad.

Juntos, las mujeres de la iniciativa privada y el gobierno, podemos hacer crecer la economía”

“Hoy en nuestro gobierno reconocemos el trabajo de la mujer, la impulsamos en los espacios públicos y privados; aliados con otras instituciones podemos seguir detonando el desarrollo entre el norte y el sur del estado y restablecer la convivencia social que necesita Quintana Roo” señaló el Gobernador Carlos Joaquín al tomar la protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias A.C, (AMMJE), Capítulo Riviera Maya, que preside Adriana Bravo Mena para el periodo 2016-2019.

Ante la presencia de la presidenta de AMMJE Nacional A.C, Ana María Sánchez Sánchez el Gobernador de Quintana Roo reiteró el apoyo de su gobierno para trabajar en generar condiciones de mayor apertura, créditos, financiamientos, apoyos y programas que impulsen el desarrollo económico con más y mejores oportunidades para todos.

Reiteró su decisión de aumentar el número de mujeres dentro de su administración ya que actualmente el 42 por ciento de los mandos superior y medios lo ocupan féminas, “porque queremos ver a más mujeres empresarias exitosas en Quintana Roo y en Solidaridad”, dijo.

Acompañado de la secretaria de Desarrollo Económico (SEDE), Rosa Elena Lozano Vázquez, y la presidenta municipal de Solidaridad, María Cristina Torres Gómez, el Jefe del Ejecutivo destacó que somos un estado líder en materia turística. Aseguró también que en Quintana Roo no podemos rezagarnos, por ello se continúa en la búsqueda de inversiones que permitan equilibrar la economía en el estado, para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres.

La presidente de la AMMJE A.C, Capítulo Riviera Maya, Adriana Bravo Mena, expresó que juntos, sociedad, empresarias y gobierno, se deben cuidar los recursos naturales y empleos que son el sustento de la entidad. (Con información de Gobierno del Estado)

Policias Municipañes detuvieron a dos sujetos armados que presuntamente se encontraban en el popular bar “La Choperia” en la Plaza de Toros de Cancún mientras exigían la cuota por el derecho de piso.

Fue el Gerente de este establecimiento quien logró dar parte a las autoridades este Jueves a la media noche  con una llamada de auxilio reportando sobre la llegada de estas personas que arribaron al lugar con la intención de salir con el pago.

Los detenidos fueron identificados co,o L.A.S.H de 20 años y M.M.L de 35 años de edad provenientes del Estado de Veracruz, ambos se declaran inocentes aún cuando se les decomisaron sus armas tipo escuadra

Posteriormente, fueron llevados a la Secretaria Municipal de Seguridad Pública donde permanecen detenidos para llevarlos a proceso con las autoridades correspondientes.