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Por: Mary Hernández

Fue turnado al Ejecutivo del Estado, Carlos Joaquin González los 10 nombres propuestos a Fiscal General, la Comisión de puntos constitucionales dio cabida a 10 licenciados con experiencia y capacidad comprobable dejando asi a 3 Licenciados propuestos con anterioridad. Los Licenciados José Alberto Bermejo, Gabriel Bueno Moreno y Leopoldo Cruz Navarro.

Se llevó a cabo en la sala de cabildo, la sesión para nombrar las propuestas de candidatos a Fiscal por cada uno de los partidos en la actual legislatura. Siendo asi la Comisión de puntos constitucionales representada por la Diputada de Morena, Silvia Vazquez Pech presento dichas propuestas.

Estas fueron las propuestas de las fracciones:

– Nueva Alianza- Oscas Jesus Buenfil Rojas y Luz Margarita González López

– PAN- Roxana Lili Campos Miranda y Miguel Ángel Pech Cen

– PVEM- Jorge Rodríguez Méndez y Leopoldo Cárdenas Lozada

– PRD- María Aracely Andrade Tolama y Roxana Lili Campos Miranda

– Morena-  María Aracely Andrade Tolama y Eduardo del Valle García

– PRI- María Aracely Andrade Tolama

– PES- Raúl Rafael Ojeda González y Ana Elizabeth Duk

Notandose que es la licenciada Maria Aracely Andrade Tolama la candidata a Fiscal propuesta por 3 fracciones en el Congreso. A su vez, La Licenciada Roxana Lili Campos Mirando a quien propusieron otras 2 fracciones.

Han sido 10 nombres los pronunciados por el Diputado Emiliano Ramos Hernández como candidatos a ocupar el puesto quedando de la siguiente manera:

1.- Maria Aracely Andrade Tolama

2.- Luz Margarita González López

3.- Roxana Lili Campos Miranda

4.-Miguel Ángel Pech Cen

5.-Jorge Rodríguez Méndez

6.-Leopoldo Cardenas Lozada

7.- Oscar Jesús Buenfil Rojas

8.-Eduardo del Valle García

9.-Raul Rarael Ojeda González

10.- Ana Elizabeth Tuc

Rafael Quintanar Titular del IEEA en el Estado, nombró a Miguel Jesús Esquivel Castillo como coordinador del IEEA en Felipe Carrillo Puerto.

Miguel Esquivel, militante del PRI y seguidor de Roberto Borge agradeció en su cuenta oficial de Facebook que Quintanar lo designara.

El diputado José Esquivel, tio del ahora coordinador no olvida sus raíces Priistas de acomodar en puestos importantes a la familia. Esquivel Castillo fue líder de campaña en la época de Gabriel Carballo y de Borge Angulo. Su madre, líder de colonia busco el voto por el candidato del PRI Mauricio Góngora. Quedara quien quedara la familia iba a tener entradas.

Es momento de pagar favores y Josè Esquivel sabe que necesita mover sus cartas si busca ser candidato de su partido. Las arcas del IEEA pudiera servirle como puente a las zonas rurales y promocionar su imagen por medio de su sobrino.

Se le olvidó a Rafael Quintanar su pensamiento izquierdista, o tal vez nunca lo fue. Ahora es Morena quien lo ha desechado por traicionar y ponerse la playera Joaquinista como berrinche al no saciar su deseo a ser candidato por el partido obradorista.

Lo que es evidente es que hubieron nada mas cambios de puestos pero no de mañas.

Licenciada en Derecho desde 1999 por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, madre de un hijo, especialista en atención a víctimas de violencia de género, violencia sexual y violaciones a derechos humanos.

Conferenciante y tallerista certificada por la Norma Técnica de Competencia Laboral y el Instituto Nacional de las Mujeres en temas de violencia hacia las mujeres, equidad e igualdad de género. En el Estado de Quintana Roo ha participado de manera directa en la tipificación de delitos como el de violencia familiar, acoso y hostigamiento sexual, delito de homicidio en razón del género y ahora feminicidio, así como en la Ley de Adopción, Ley contra la Trata de Personas, Ley de Justicia Indígena, entre otras.

Autora del Manual para Legislar con Perspectiva de Género y del Protocolo para Atender el Hostigamiento Sexual en la Administración Pública de Quintana Roo, ha realizado investigaciones para organismos internacionales como ECPAT U.S.A., trabajado cinco años con el Instituto Quintanarooense de la Mujer, colaboradora en el Observatorio para la Gobernanza de la Universidad del Caribe, organizaciones civiles como CIAM Cancún  y SUCIQROO A.C. e integrante del Colegio de Abogados Postulantes de Cancún A.C.

Dentro de sus casos más relevantes, se encuentra la defensa de legal de cuatro de las víctimas del pederasta de Jean Succar Kuri logrando una sentencia de 112 años de prisión, así como los emblemáticos casos de violaciones a la libertad de expresión cometidos contra Lydia Cacho por del “Gober Precioso” Mario Marín en Puebla, y Pedro Canché encarcelado por el ex gobernador de Quintana Roo.

Capacitada en el nuevo sistema penal acusatorio, reconocida por SEGOB como defensora de Derechos Humanos, incorporada desde hace año y medio al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Sin militancia partidista en el Estado.

Cuenta con amplia capacitación en temas de derechos humanos, especialmente en violencia a mujeres y libertad de expresión y criminología.

Requisitos cumplidos que establece el artículo 96 de la Constitución Política del Estado:

• Edad 43 años
• Residente en el Estado desde hace 13 años (comprobable)
• Licenciada en Derecho desde 1999 graduada por alto promedio, pero por escases de recursos pude titularme hasta 2004 (ambos aspectos comprobables con documentación)
• Antigüedad de Cedula Profesional 12 años
• Inscripción en el Registro estatal de profesionistas de Quintana Roo: 03 de marzo de 2009
• En pleno uso de mis derechos civiles y políticos
• Modo honesto de vivir (comprobable con documentación contable y cartas de recomendación)
• Nunca he sido condenada, ni siquiera denunciada por ningún delito, falta administrativa ni nada por el estilo.
• Conducta intachable en el litigio de asuntos penales en la Procuraduría del Estado, ahora Fiscalía, sin haber entregado ni solicitado nunca ninguna dádiva o acto de corrupción durante los 11 años que llevo litigando.
• Capacitada en el nuevo sistema penal acusatorio
• Reconocida por SEGOB como defensora de Derechos Humanos, incorporada desde hace año y medio al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
• Ampliamente capacitada en temas de derechos humanos, en especial violencia a mujeres y libertad de expresión y a la vez capacitadora en estos temas.
• No milito ni estoy inscrita en ningún partido político hasta el momento.

Por: Proceso

Nueve periodistas fueron asesinados en México en 2016, lo que convierte al país en el más mortífero para la prensa de entre todos los que no están en guerra, según se desprende del informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre la mortalidad en la profesión.

En total, 57 profesionales del periodismo fueron asesinados en el mundo a causa de su profesión, 10 menos que en el año anterior, a los que hay que sumar 9 ciudadanos que ejercían el periodismo de forma no profesional y 8 colaboradores de medios de comunicación.

RSF considera que el descenso registrado en el número de periodistas asesinados responde al hecho de que muchos de ellos han abandonado las zonas de conflicto, como Siria, Irak, Libia o Yemen, convertidas como consecuencia de eso en “agujeros negros informativos en los que reina la impunidad”.

A ello se suma, según el informe, a que la brutalidad ejercida por regímenes dictatoriales contra periodistas les ha llevado a aplicarse una autocensura por miedo a ser asesinados.

Tres cuartas partes de los asesinados habían sido amenazados previamente por sus actividades periodísticas, lo que prueba para RSF “el fracaso de las iniciativas internacionales destinadas a la protección de los periodistas”.

Las zonas de conflicto siguen siendo el principal escenario de asesinatos de periodistas, con Siria a la cabeza, con 19 muertos, seguido de Afganistán con 10, Irak con 7 y Yemen con 5.

En total, el 65 % de los asesinatos se produjo en esas regiones, una tendencia diferente a la registrada en 2015, cuando numerosos periodistas fueron asesinados en países en paz, como los del semanario satírico francés “Charlie Hebdo“.

Pero la organización llamó la atención sobre la situación en México en 2016, un país que no está en guerra pero en el que las actuaciones de los cárteles criminales, sobre todo de Los Zetas, “hacen reinar el terror en los estados del noreste del golfo de México”.

Su objetivo es, según RSF, “disuadir” a los periodistas de “meterse en sus asuntos”, para lo que “multiplican los secuestros y los actos de barbarie“.

Pese a esa persecución, “las autoridades policiales y judiciales, muy corrompidas, cierran los ojos”, cuando no contribuyen en la labor de represión de los periodistas, puesto que el informe revela que son agentes policiales los principales responsables de las agresiones a reporteros.

A nivel internacional, RSF señaló que solo 4 de los periodistas fueron asesinados fuera de su país.

La organización denunció el progresivo deterioro de la libertad de prensa en los últimos años en ciertas regiones del mundo.

En los últimos 10 años, 780 periodistas han perdido la vida en el ejercicio de sus funciones, con picos importantes en 2007 y 2012 (87).

El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia, está fuera de México, por lo menos desde principios de noviembre, afirmó su abogado en un escrito presentado ante el Juzgado 37 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al que el diario Reforma tuvo acceso. El pasado 13 de octubre, el priista pidió licencia como Gobernador y luego de despedirse utilizando un helicóptero del Gobierno estatal, no se volvió a saber de él. A finales de noviembre, un sujeto fue detenido en el Aeropuerto de Tapachula en posesión de dos pasaportes falsos con las fotos de Duarte y su esposa, Karime Macías.

Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia, se encuentra fuera del país desde principios de noviembre, afirmó su abogado en un escrito fechado el 4 de noviembre y presentado ante el Juzgado 37 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al que el diario Reforma tuvo acceso.

“El señor Javier Duarte Ochoa se encuentra fuera del país atendiendo diversas cuestiones, es cierto, razón por la cual mi representado no puede comparecer de manera personal”, dice el escrito citado por el medio de circulación nacional y que se encuentra en el expediente 912/2016 que presentó su defensa, Juan Carlos Cajigas Lozano.

El pasado 13 de octubre, Javier Duarte pidió licencia como Gobernador y luego de despedirse utilizando un helicóptero del Gobierno estatal, no se volvió a saber de él.

Ese mismo mes, Duarte se convirtió en prófugo de justicia después de que un juez ordenara su detención por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La PGR ofrece una recompensa de 15 millones de pesos por informes que lleven a su captura, la cual un juez federal ordenó el 18 de octubre por lavado de 439 millones de pesos y delincuencia organizada.

A finales de noviembre, un sujeto fue detenido en el Aeropuerto de Tapachula en posesión de dos pasaportes falsos con las fotos de Duarte y su esposa, Karime Macías.

El actual Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien asumió el cargo el 1 de diciembre, declaró a ese estado en “emergencia financiera”.

La Auditoría Superior de la Federación ha detectado desvíos por 35 mil millones de pesos entre 2011 y 2014, y el mismo órgano estatal ha presentado denuncias por desvíos que suman 23 mil millones de pesos. (Sin Embargo)

Un total de siete funcionarios que laboraron en la administración de Roberto Borge Angulo en Quinta Roo fueron demandados por manejo indebido y el desvío de dos mil 388 millones de pesos. El pasado viernes, el Partido Revolucionario Institucional acordó suspender al ex Gobernador sus derechos como militante de esa fuerza política, una decisión que supone el paso previo a la expulsión.

El Gobierno de Quintana Roo presentó siete denuncias penales por desvíos de recursos en contra de ex colaboradores del ex Gobernador Roberto Borge Angulo, informó el Secretario de Gobierno, Francisco López Mena.

En total, estas denuncias son por 2 mil 388 millones de pesos contra titulares de diversas áreas, como el ex secretario de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo, Fernando Escamilla Carrillo; Javier Federico Meza; Andrés Zarur; Eliezer Villanueva, de la Secretaría de Finanzas; Paulina García Chang, ex secretaria de Desarrollo Urbano; además de Mauricio Rodríguez Marrufo y Juan Pablo Guillermo.

Las denuncias fueron presentadas por los delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad, desvío de recursos y usurpación de funciones.

La administración estatal estimó que 14 denuncias adicionales podrían presentarse en las próximas semanas.

Por la mañana en entrevista con Carlos Loret de Mola, el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, adelantó que interpondría 7 denuncias por distintas causas, que se suman a las presentadas por la venta de 9 mil 500 hectáreas de reserva territorial.

Se trata, explicó el propio Gobernador en entrevista, de denunciar por renta de maquinaria, en 2013, por centra de 430 millones de pesos; además de otra por el mismo concepto, por un monto de 348 millones de pesos, toda vez que se trata de transacciones confusas, para las que no existe documentación ni evidencia de los servicios presentados.

Además de una denuncia por desempeño irregular de la función pública y abuso, por casi 41 millones de pesos, otra por usurpación de funciones, por 8.5 millones de pesos, contra funcionarios que se desempeñaron como tales aun cuando ya habían renunciado a sus cargos; habrá otras por desvío de recursos, porque el titular del agua potable desvío 507 millones de pesos a otra dependencia en un año, y al año siguiente el desvío fue de 1,055 millones de pesos, para estas transferencias.

Carlos Joaquín González dijo que llegarán al exG Roberto Borge, “si las investigaciones así lo concluyen”.

Destacó que su gobierno lleva un plan de austeridad, “hemos trabajado fuerte en la reestructura financiera, se veía de manera complicada evitar el desequilibrio, y hemos logrado salir con todos los compromisos del gobierno, aun cuando el inicio se veía complicado”.

Al ser cuestionado sobre la fiesta quee Secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Quintana Roo, Juan Melquíades Vergara Fernández, realizó con motivo de su cumpleaños número 50 y donde hubo relojes Rolex y Cartier de regalo y un día gratis en un campo de golf, el mandatario estatal dijo que se está investigando para transparentar si fue con sus propios recursos.

El pasado viernes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acordó suspender al ex Gobernador de Quintana Roo Roberto Borge (2011-2016) sus derechos como militante de esa fuerza política, una decisión que supone el paso previo a la expulsión.

El partido afirmó a través de su cuenta de Twitter que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria aprobó suspender los derechos partidarios del ex mandatario en una de las sesiones ordinarias de trabajo del organismo.

Borge está denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de la reserva estatal a sus familiares y colaboradores.

La denuncia federal fue presentada contra el ex Gobernador, familiares y ex colaboradores, así como contra la ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal, Claudia Romanillos.

Roberto Borge fue sucedido en septiembre pasado en el Gobierno de Quintana Roo por Carlos Joaquín González, a quien apoyaba una coalición formada por el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El caso de Borge se suma al del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte (PRI), hoy prófugo de la justicia, y el ex Gobernador de Sonora Guillermo Padrés (PAN), preso en una cárcel de la Ciudad de México, acusados ambos de actos de corrupción. (Sin Embargo)

Tres días después de que el PRI anunció la suspensión de derechos partidistas al exgobernador Roberto Borge, el Gobierno estatal anunció siete nuevas denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra exfuncionarios de tres secretarías y una paraestatal de la anterior administración que incluyen presuntos desvíos por casi dos mil 400 millones de pesos.

En conferencia de prensa en Chetumal, los secretarios de Gobierno, Francisco López Mena, y de la Gestión Pública, Rafael del Pozo, informaron que las principales acusaciones son por renta de maquinaria por 700 millones de pesos y mil 500 millones del pago de la contraprestación del sistema de agua potable y alcantarillado de Playa del Carmen.

López Mena precisó:

“Deseamos confirmarles que como producto de las auditorías efectuadas a la anterior administración, este gobierno ha presentado formalmente ya nuevas denuncias por diversos delitos cometidos en cuatro dependencias y entidades, delitos tales como peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad, así como usurpación de funciones públicas, todos ellos por un monto total de dos mil 388 millones 296 mil 558 pesos y 99 centavos”.

El exdiputado federal por el PAN, acusó la corrupción en la administración de Roberto Borge “no solo de manera generalizada, sino de también organizada”.

Pero además señaló que estos desvíos fueron empleados, entre otros destinos y usos, por un grupo para “perpetuarse en el poder”.

En tanto Rafael del Pozo, indicó que las denuncias son contra funcionarios de la anterior administración de las secretarías de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de Infraestructura y Transportes (Sintra) y Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), así como de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

Por cierto, el titular de la Seduvi, Mauricio Rodríguez, es actualmente titular de la Secretaria del Ayuntamiento de Benito Juarez (Cancún), dominado por el PVEM.
En Sintra, precisó el panista, se ha confirmado la renta de maquinaria de 700 millones de pesos, pero no hay evidencia de las empresas ni de las obras.
Además advirtió que habría irregularidades por un monto similar, para sumar mil 519 millones de pesos en renta de maquinaria a empresas fantasmas para obras que no se realizaron.

Por otra parte, señaló que en CAPA en primer lugar se halló un presunto desvío de mil 55 millones de pesos de la contraprestación única que cubrió la empresa Aguakán a la paraestatal por la concesión del sistema de Playa del Carmen.

Pero, además apuntó que se detectó otro presunto desvío de 506 millones de pesos de un crédito bancario obtenido por CAPA, que es un organismo descentralizado para obras de infraestructura, pero que en su totalidad fue transferido a Sefiplan y se usó para gasto corriente.

También señaló que otra de las denuncias es por para la venta irregular de patrimonio por parte de Seduvi, aunque no precisó los montos.

Además de las denuncias, apuntó que el gobierno “va dar la lucha para recuperar el patrimonio que le fue sustraído de manera ilegal”.

Sin precisar sus nombres, indicó que los presuntos responsables de estas denuncias son los anteriores titulares de Sefiplan, Juan Pablo Guillermo Molina, actual diputado federal suplente; de Sintra, Fernando Escamilla Carrillo, de CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz y de Seduvi, así como otros servidores públicos de menor rango”.

Pero, acotó:

“Desde luego que tiene mucha responsabilidad Roberto Borge. Es el gran responsable del desorden administrativo y cómo deplorablemente mermaron el patrimonio de Quintana Roo. Desde luego tiene un gran responsable y se llama Roberto Borge Angulo”. (Proceso)

Anuncia Harley Sosa Guillen, titular de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo declaró que en esta temporada vacacional habrá personal en las oficinas que él preside.

Las guardias vacacionales estarán de Lunes a Viernes en sus horarios de oficina y las guardias telefónicas en completo funcionamiento de Lunes a Domingo las 24 horas por si llegará a presentarse casos en contra de la violencia de los Derechos Humanos.

Durante dicho periodo, las Visitadurías Generales con sedes en Chetumal Cancún y Playa del Carmen contarán con una guardia física entre semana, que será cubierto con personal de la visitaduría.

Ésta época vacacional comenzará el dia 21 de Diciembre y finalizará el 3 de Enero del próximo año.

Recalcó que el numero de emergencias 075 esta en completo funcionamiento y se procura atender todas las llamadas que representen una violación a los derechos del ciudadano.