Política- Pagina 55

Por Enrique Huerta

 Los problemas no acaban para los  gobernadores de Quintana Roo y Veracruz, Roberto Borge y Javier Duarte, respectivamente, ya que fueron excluidos de una reunión de mandatarios priistas, además de que son investigados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Para una reunión de mandatarios en funciones y electos, convocada por el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, no fueron invitados los gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, Roberto Borge, Javier y César Duarte, respectivamente, informó el diario Milenio.

En este cónclave, los tricolores analizaron la jornada electoral del pasado 5 de junio, en el que coincidieron que deberán de trabajar conjuntamente en pos de la unidad.

Asimismo, el líder tricolor instó a los mandatarios a tener una “estrecha comunicación del partido con la sociedad”.

Igualmente les pidió que se manejen con transparencia y que combatan la corrupción e impunidad.

A la reunión acudieron los mandatarios del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas; de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda; de Sonora, Claudia Pavlovich; de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; de Colima, Ignacio Peralta; de Hidalgo, Francisco Olvera y  Omar Fayad.

También estuvieron presentes los gobernadores de Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí y Durango, Aristóteles Sandoval, Carlos Lozano de la Torre, Juan Manuel Carreras y Jorge Herrera Caldera, respectivamente.

Además de Egidio Torres, de Tamaulipas; Héctor Astudillo, de Guerrero; Mariano González Zarur y Marco Antonio Mena, de Tlaxcala; Rolando Zapata, de Yucatán; y Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello, de Zacatecas.

Sólo faltaron los polémicos Roberto Borge, Javier y César Duarte, quienes están en proceso interno para una posible expulsión del PRI.

Investigados

 Aristóteles Núñez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que están bajo investigación el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el de Sonora, Guillermo Padrés y el de Quintana Roo, Roberto Borge.

En declaraciones para Radio Fórmula, Núñez mencionó que es para verificar que no existan actos “que pudieran representar una irregularidad fiscal”. Sin embargo, la atención está puesta en Duarte y Padrés.

Del primero, detalló Núñez, se investiga sobre la presunta firma de contratos  del gobierno de Veracruz con empresas “fachada”, que tenían domicilios fiscales falsos, y sin que se verificara que entregaran los bienes para los que se solicitó sus servicios.

Sobre el mandatario de Sonora, dijo que la auditoría busca verificar que no existan irregularidades entre los montos declarados al SAT y los depósitos bancarios registrados en las cuentas de Padrés de 2009 a 2012, por una cantidad superior a un millón 800 mil pesos.

Por Enrique Huerta

 En Tulum, de 2011 a la fecha se han invadido y desalojado 28 predios, 26 hoteles y 13 cabañas privadas con valor de casi 500 millones de dólares, indicaron afectados de despojos, según CNN Expansión.

Por ello, pequeños hoteleros y propietarios de casas exigieron la intervención tanto de las autoridades federales como del gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín, para frenar estos desalojos violentos de propiedades.

En su visita al Senado de la República, Eddie Villareal, empresario y fundador de la Asociación de Colonos AC de Tulum, señaló que está situación daña la imagen del país, pues en la franja costera que fue afectada hay inversiones de ciudadanos mexicanos y de otros 15 países, cuyas embajadas y cónsules están en alerta por la forma en que se llevaron a cabo los desalojos.

Un ejemplo de ello fue el último desalojo –el más grande que se haya llevado a cabo–  realizado el pasado 17 de junio, cuando actuarios del Juzgado Civil de Playa del Carmen ejecutaron la orden de desalojo en cuatro hoteles, dos casas particulares y cuatro lotes baldíos en la zona de Punta Piedra, en el municipio de Tulum, todo ello con el apoyo de policías municipales y guardias privados, quienes desalojaron a turistas y habitantes.

Fernando Dávila Nelson, fundador de la Cooperativa de Pescadores de Tulum,  no olvida ese violento desalojo.

“Fui lanzado por delincuentes que amañadamente vinieron a interponer un juicio fraudulento para sacarnos de nuestras propiedades, y apelo al estado de justicia y a las instituciones mexicanas para que se me respete el derecho que tengo a ser vencido en juicio y a ser oído en juicio”, recordó.

Esto ocasionó que las embajadas de Francia, Italia, Portugal y Países Bajos en México mostraran su molestia y preocupación a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), además de solicitar a la Cancillería para que realizara una “profunda y seria investigación” sobre el caso.

Por su parte, la senadora del PRD, Luz María Beristain, consideró a los despojos realizados en Tulum como “una situación muy delicada”, que incluso le han acarreado reclamos de cónsules.

“Yo he recibido quejas del embajador de Italia en México por las afectaciones a sus ciudadanos, me los encontré en Palacio Nacional y me dijeron que era lamentable la forma en que se dio el despojo”, comentó la legisladora por Quintana Roo.

Alertó que, de continuar esta situación, podría haber una alerta internacional contra Quintana Roo.

“No están midiendo lo que puede pasar, porque de aquí puede salir un ‘warning’ (de países) que le digan a 20 millones de turistas que van anualmente al estado de Quintana Roo que no vayan, porque los turistas fueron lanzados a la calle con todo y maletas. Por un lado, le estamos diciendo a los presidentes de países que inviertan y por otro lado vemos que gente que vino y sí invirtió y que a la fuerza son sacados de su predios sin un juicio previo para que por lo menos se pudieran defender”, agregó.

Los senadores Luz María Beristain  y el panista Daniel Ávila, ambos integrantes de la Comisión del Turismo de la Cámara Alta, se comprometieron informar al secretario federal del ramo, Enrique de la Madrid, sobre esta situación.

También dijeron que llamarán a la secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, Rosario Robles, y al gobernador electo para que establezcan una mesa con los afectados para atender la problemática en el estado.

“Hacemos un llamado a que volteen los ojos hacia Tulum, hacia Quintana Roo, y de una vez por todas se terminen estos despojos y se termine esta violación flagrante a los derechos de los inversionistas tanto mexicanos como extranjeros. Los propios inversionistas y empresarios lo dicen: esto trascendió a nivel nacional, pues cónsules y embajadores de otros países están alertando a los propios empresarios e inversionistas (de que) no hay un estado de derecho en Quintana Roo. Por ello, vamos a apoyar a estos empresarios”, aseguró el senador Ávila.

Sospechosismo

Para la senadora Luz María Beristain los desalojos injustificados de hoteles y predios en Tulum hay algo detrás de estos despojos, la mayoría violentos.

“Aquí hay algo detrás, yo percibo que como ellos (los pequeños hoteleros despojados) son el antídoto contra el ‘todo incluido’, o sea, ellos como la parte de Quintan Roo que aún se salva, que aún quiere tener los hoteles boutiques donde hay una exclusividad en el trato, todos ellos son hoteles que tienen 10, 15, 11, 12 habitaciones, es ese trato exclusivo que hay un parte del mercado del turismo que busca ese sector, lo pintoresco de Quintana Roo que quiere llegar realmente a México y que quiere llegar a lugares sustentables, amigables con el medio ambiente, que construyen todo con materiales propios de la región”.

Sin embargo recalcó que no tiene elementos para probar dicha hipótesis, pero dijo que “el asunto huele feo”.

“Entonces todo pareciera, digo, no tengo con qué probarlo, pero todo pareciera una embestida brutal contra todo lo que quiere ser genuino, real, auténtico, contra todos los inversionistas que con mucho sufrimiento y con muchos sudor de su frente están logrando tener un espacio dentro del turismo”.

Señaló que en esta situación “todos están bajo sospecha, todos, el presidente del Tribunal, todos están bajo sospecha, porque es imposible de la noche a la mañana lleguen y los desalojen con el invento de un juicio de que una empleada laboralmente los demandó a 17 hoteles, eso es imposible”.

En su intervención, la senadora perredista expresó que se le hizo extraño que dentro de los predios desalojados en Punta Piedra, no hayan tocado las propiedades de Roberto Palazuelos, actor y presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum.

“Todo esto está manejado, amañado, y detrás hay intereses muy grandes que quieren apoderarse de ellos y qué raro que al señor Palazuelos que también está dentro de ese predio no lo desalojaron”.

Por Enrique Huerta

 El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, heredará a su sucesor, Carlos Joaquín, una entidad que permanece en los primeros lugares de focos rojos en materia de endeudamiento público, según revela un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Según el Reporte de Deuda Subnacional correspondiente al segundo trimestre de 2016, al 30 de junio de 2016, la deuda de Quintana Roo ascendió a 22 mil 435 millones 900 mil pesos.

Esta cifra equivale al 250 por ciento de las aportaciones que la entidad recibe del gobierno federal, lo que la ubica en el primer lugar en ese rubro, según este informe que retoma datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tan sólo en el último año –de junio de 2015 a junio de 2016–, la deuda directa del gobierno estatal aumentó en 225 millones de pesos.

En el medidor más importante para el IMCO, que es la relación de los pasivos con el Producto Interno Bruto (PIB) local, la deuda de Quintana Roo es del 7 por ciento, lo que lo ubica en segundo sitio en ese rubro, sólo por detrás de Chihuahua, que tiene 8.8 por ciento con relación a lo producido dentro de dicha demarcación.

Quintana Roo también es segundo lugar en la relación deuda-ingresos, con el 94.1 por ciento. Coahuila es el primero en esta categoría, con 96.1 por ciento.

En la medición de deuda por habitante, Coahuila vuelve a dejar en segundo lugar a Quintana Roo, ya que mientras cada coahuilense debe 12 mil 382 pesos, cada quintanarroense debe 12 mil 69 pesos y 3 centavos.

La contribución de los municipios

De los 22 mil 435 millones 900 mil pesos de deuda pública que registra Quintana Roo, 19 mil 549 millones 400 mil pesos corresponden al gobierno estatal, mientras que los otros 2 mil 886 millones 500 mil pesos son responsabilidad de los municipios.

El IMCO destaca en su informe sobre deuda subnacional que Quintana Roo tiene dos municipios que se encuentran dentro de los 20 más endeudados del país.

Benito Juárez (Cancún) se ubica en el sexto lugar nacional de municipios más endeudados, con pasivos que alcanzan los mil 229 millones de pesos.

Solidaridad se encuentra en el lugar 13 de la lista, con 756.6 millones de pesos de deuda pública.

El primer lugar en esta lista fue Tijuana, Baja California, con pasivos que alcanzan los 2 mil 671 millones de pesos; seguido de Guadalajara, Jalisco, con 2 mil 225 millones de pesos, y Monterrey, Nuevo León, con mil 908 millones.

Por Enrique Huerta

 El exgobernador  Mario Villanueva presentó una denuncia ante un juez federal en contra del presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, Pedro Flota Alcocer, y de Benjamín Vaca González, director de Procesos Legislativos.

Según una carta escrita por la Asociación Civil Mario Villanueva Madrid –que también suscribió la denuncia– y dirigida a todos los diputados de esta Legislatura,  Flota ha incurrido en acciones ilegales y omisiones que entorpecen la labor de la Comisión Especial y Temporal para la Investigación del caso del exgobernador (CET), lo cual ha violado la Constitución Política federal y estatal, así como la Ley de Amparo, la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno interior del Poder Legislativo y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Quintana Roo.

“El conflicto jurídico con el diputado Flota se debe a que él, con dolo y mala fe y, en contubernio con el licenciado Benjamín Vaca González, Director de Procesos Legislativos del H. Legislatura, a quien la CET le ha encomendado la ejecución de acciones relativas a la investigación sobre el caso del suscrito, ha incurrido en ilegales acciones y omisiones que han afectado el avance de la investigación, causándonos grave perjuicio”, señala el escrito, disponible en el portal web de la asociación.

Además, el exgobernador denunció que personal de su organización ha solicitado entrevistarse con el diputado Pedro Flota, quien ha puesto pretextos para evitar dichas reuniones, incluso sobre una petición expresa por el gobernador Roberto Borge.

“A pesar de las reiteradas solicitudes que le hicimos al diputado Flota, fue hasta enero de 2015 en que, únicamente por la orden que le dio el gobernador del estado, por petición que hizo a este el suscrito, el diputado accedió a otorgar una audiencia a nuestros representantes, pero contestando con negativas a nuestras solicitudes”, expresa la misiva pública.

En el documento se señala que incluso la asociación civil envió cartas –fechadas los días fechas 8 de marzo, 31 de mayo y 13 de junio del presente año– al diputado local para agendar una entrevista, pero hasta el momento la negativa persiste.

Incluso, señala la carta,  Pedro Flota presuntamente mintió a un juez quien ordenara que se llevara a cabo dicha audiencia.

“(Por lo que) el 18 de julio pasado presentamos ante el Juez Primero de Distrito, con sede en la ciudad de Chetumal, una demanda de amparo solicitándole que ordene al diputado Flota diera respuesta a nuestras peticiones.

“Con una conducta totalmente dolosa y de mala fe, y con el fin de evadir la acción de la justicia federal, el diputado Flota, con auxilio del licenciado Benjamín Vaca González, el día 16 de este mes de agosto, en el informe que rindió al Juez de Distrito, además de exponerle varias falsedades, le presento copia de dos oficios, de fechas 14 y 21 de junio pasado, dirigidos al suscrito, en los que supuestamente dio respuesta a nuestros escritos en tiempo y forma, afirmando con ello que no son ciertos los actos que reclamamos de él, de no haber contestado nuestras peticiones y que la demanda de amparo carece de sustento, entendiéndose con ello que incurrimos en falsedad al presentarla ante el Juez”.

Sin embargo, advirtió la AC, los oficios con fecha de 14 y 21 de junio de 2016, “indican que habrían sido elaborados hace dos meses y dos días el primero, y el otro hace exactamente dos meses”. Además, aseguraron que nunca fueron entregados dichos oficios, por lo que acusan al diputado Pedro Flota de mentir a un juez.

“El engaño está a la vista, no solo porque no se nos entregaron esos oficios, sino porque, ambos son anteriores en un mes a la fecha de la presentación de nuestra demanda de amparo, demanda que no tendría sentido que la hubiéramos presentado, si ya se nos hubiera dado la respuesta del diputado, pero es obvio que esos dos escritos de respuesta fueron fabricados por el diputado Flota con fecha postfechada, con la intención de ponernos ante el juez como mentirosos y actuando con falsedad, por presentar una demanda que no procedía porque supuestamente ya se tenía una respuesta. Y de esta manera, lograr el sobreseimiento del juicio de garantías en mi perjuicio”, explica la misiva.

Aquí la carta publicada por el exgobernador Mario Villanueva Madrid y su AC:

http://media.wix.com/ugd/ae2aba_1d175521af844c10a5c16ab0af22b682.pdf

En dos días, la petición para retirar el título de licenciado en Derecho al presidente Enrique Peña Nieto, subida a la página de internet change.org, cuenta con más de 110 mil firmas en dos días, informa el portal web de Proceso.

Luego de darse a conocer un reportaje publicado en el portal Aristegui Noticias que indicaba que el 29 por ciento de la tesis del titular del Ejecutivo fue plagiado al no acreditar debidamente citas ni darle crédito a los estudiosos que refiere en su trabajo, Guillermo Luna, un exalumno de la Universidad Panamericana (UP), publicó la petición para exigir a las autoridades de esa institución que le retiren su título de abogado a Peña Nieto.

El exalumno argumenta en la petición que precisamente que este escándalo “genera que muchos equivocadamente tachen a la UP como una Universidad barca, fácil, vendida y a nosotros sus alumnos como gente sin preparación, tramposa y floja”.

Asimismo, demandó a la UP que una vez que corrobore las pruebas presentadas en el reportaje, le retire a Enrique Peña Nieto su título, pues “nosotros como Alumno no merecemos que él sin esfuerzos ni ética, cuente con un título con el mismo valor al nuestro”.

La polémica tesis del presidente Enrique Peña Nieto fue publicada en 1991 con el título de El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón. Para la Presidencia, este no es un caso de plagio, sino de “errores de estilo”.

Hace dos días, la UP dio a conocer que revisará el trabajo de titulación del presidente de México, Enrique Peña Nieto.

“La Facultad de Derecho de la Universidad está a cargo de revisar lo concerniente a este tema”, dijo la universidad en un comunicado.

Además,  la Universidad dijo que tiene los procedimientos para que los procesos de titulación cumplan con los requisitos previstos en la normatividad avalada por las autoridades correspondientes, pero no detalló cuáles son.

Salta la Sociedad de Alumnos de la UP

 Por su parte, Alejandro Marín, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho en la Universidad Panamericana (UP), aclaró en un video que nunca se consultó a esta institución para dicho trabajo periodístico.

“Primero que nada es importante resaltar que esta institución jamás fue consultada respecto a la veracidad de esta nota periodística”, dijo en un video dado a conocer por el portal Aristegui Noticias, que también publicó dicha nota que ya trascendió fronteras.

Asimismo, señaló que la UP “cuenta con los más altos estándares en los procedimientos de titulación, avaladas por las autoridades competentes”.

Dijo que tanto el personal académico, como los estudiantes y egresados de esa universidad, cuentan con una formación ética sólida, por lo que finalizó el video –que dura más de un minuto– asegurando que está orgulloso de formar parte de la Universidad Panamericana.

*Con información de Proceso y Aristegui Noticias.

El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a apoyar y trabajar conjuntamente con el gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

En una reunión llevada a cabo en la sede presidencial de Los Pinos, ambos mandatarios dialogaron sobre la situación actual de la entidad.

Según un comunicado, otro de los temas tratados fueron los diversos proyectos que emprenderá la nueva administración estatal, que entrará en vigor a partir del próximo 25 de septiembre “para elevar los niveles de bienestar de la población”.

El presidente de la República felicitó por su triunfo a Carlos Joaquín, quien tuvo que renunciar a la subsecretaría de e Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo federal y al PRI, para poder ganar la gubernatura con la alianza de los partidos de oposición PAN-PRD.

Asimismo, Peña Nieto refrendó la voluntad y el compromiso del gobierno federal para respaldar las acciones del nuevo gobierno.

Esta reunión forma parte de los acercamientos que ha comenzado a sostener el presidente Enrique Peña Nieto con los gobernadores electos en los comicios del pasado 5 de junio.

Esta es la tercera reunión que sostiene el titular del Ejecutivo federal con los nuevos mandatarios. Los anteriores dos fueron el panista José Rosas Aispuro, quien encabezará el gobierno de Durango, y el priista Alejandro Tello, de Zacatecas.

Por Enrique Huerta

 Manolo García, candidato del PAN-PRD para la presidencia municipal de Puerto Morelos, es contundente: ante las omisiones de los órganos electorales estatales ante las irregularidades cometidas por el PRI y PVEM –que le permitieron ganar a su aspirante, Laura Fernández–, su petición de impugnación y anulación de los comicios fue a la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Procedimos a la parte legal, a las facultades que tenemos legales e impugnamos la elección ante el Teqroo (Tribunal Electoral de Quintana Roo) para meter un juicio de nulidad para que se pudieran repetir las elecciones, ya que hubieron muchas anomalías, muchas ilegalidades.

“Desafortunadamente, pues como ya lo sabíamos, era bola cantada, sabemos que tanto el Ieqroo (Instituto Electoral de Quintana Roo) como el Teqroo son instituciones tristemente manipuladas por un sistema y que realmente sabíamos que el Teqroo no nos iba a dar la razón, aun y con todas las evidencias de todos los agravios que presentamos ante esta instancia del Teqroo, que al final ya esperábamos esa respuesta negativa”, comentó en entrevista.

Por ello, explicó Manolo García, su equipo legal recurrió a la siguiente instancia, la federal, que en primer lugar corresponde a la Sala Regional de Xalapa, ubicada en Veracruz, en donde esperan que su impugnación proceda.

“Ya presentamos en Xalapa y que el día lunes próximo, el 29 a las 2:00 de la tarde hay una reunión con los magistrados de Xalapa para llevar más agravios y pruebas  verbales de todo lo que hubo y la molestia que hubo con respecto a la impugnación del Teqroo que impugnamos”.

-¿Cómo fue que llevaron este proceso hasta Xalapa, pues en Quintana Roo se presentaron muchas impugnaciones y ninguna fue a favor de la oposición?

-Son instancias que tenemos por ley. Primero Ieqroo, Teqroo, luego la Sala Regional de Xalapa y, posteriormente, la Sala Superior de la Ciudad de México. Creo que son las instancias que tenemos para la cuestión electoral.

García criticó el fallo en contra de su solicitud de anular la elección por parte del Teqroo.

“Ni siquiera consideraron muchas pruebas; una resolución muy infantil, sencilla. Al final, vamos a Xalapa, hay mucha confianza de que se nos dé la razón porque nos sobra la razón legal y tenemos todos los argumentos legales, los agravios, en la cual podamos tener una resolución agradable en la Sala Regional de Xalapa”.

-¿Qué dice el gobernador electo, Carlos Joaquín, sobre esta impugnación?

-Todo el apoyo de Carlos Joaquín, hemos platicado con él respecto a eso, tenemos su respaldo y llegaremos hasta las últimas consecuencias referente a la impugnación y respecto a lo que estamos haciendo ahorita. Hay apoyo también de Eduardo Martínez, del PAN, y que estamos trabajando en ese asunto. No nos vamos a dejar porque sabemos que nos asiste la legalidad y que llegaremos hasta las últimas consecuencias con esta impugnación de la elección del 5 de junio.

Explicó que lo que buscan con este proceso es una elección nueva, que los habitantes decidan realmente a quién quieren como su primer presidente municipal electo.

“No queremos la imposición de un sistema, no queremos que alguien venga, a fuerzas, a imponer a una persona y, obviamente, la población quiere a alguien que vive o que ha vivido acá y que conozca las necesidades y no alguien que no vive, ni ha vivido, ni conoce las necesidades ni cómo ha crecido Puerto Morelos. Eso es lo que estamos repitiendo, que se vuelva a repetir, pero con árbitro neutral”.

Dados cargados

 Manolo García, quien contendió en los comicios del pasado 5 de junio por la alcaldía de Puerto Morelos, aseguró que la contienda electoral no fue pareja desde un principio.

“(El) Ieqroo que es el que llevó a cabo la elección el 5 de junio en Puerto Morelos y que da muchos dados cargados; el descaro de parte del Ieqroo en un inicio, de parte de esta licenciada, Mayra San Román, quitaron mi registro diez días.

-¿Por qué le quitaron su registro?

-Por una supuesta inhabilitación, que por supuesto no hay. Se armó un expediente, el sistema, el gobierno del estado, sin notificación ni nada, inhabilitándome de manera indebida. No hubo razón exacta (de la inhabilitación), todo fue corrompido por ellos. Armaron un expediente, del cual nunca fui notificado; lo firmó Alonso Alonso, que es el contralor municipal de Benito Juárez y con ello, con la facultad que tienen ellos de manosear todo, pues sacaron una inhabilitación y lo sacaron el día que me iban a entregar mi registro. Obviamente la licenciada Mayra San Román no es autoridad para poder decir si estoy o no inhabilitado, pero pues como te digo, está manipulado por todo el sistema, pues me negó mi registro.

Detalló que ante ello, él y su equipo legal decidió acudir a la Sala Regional del TEPJF, el cual falló a favor de García, a quien le devolvió el registro para poder competir en los comicios.

“Y ahorita es lo mismo; si hubiéramos podido ahora meter impugnación directamente a Xalapa, lo hubiéramos hecho, pero tenemos que seguir las leyes electorales para poder llegar a Xalapa. Sabíamos que ir al Teqroo es un caso perdido, porque están bien manipulados por el sistema. Tristemente, porque ya Quintana Roo no cree en las autoridades electorales, en donde se da una manipulación exagerada, de una manera que, afortunadamente ha caído ahorita el sistema, por lo mismo, por ser una bola de corruptos”.

Omisión total

 Miguel Ángel Kin, abogado que apoya el proceso de impugnación de García ante la Sala Regional de Xalapa, acusó que el Teqroo no valoró las casi 30 pruebas de irregularidades cometidas durante las elecciones

-¿Fueron rechazadas por el Teqroo?

-No, ni siquiera fueran rechazadas. Ni admitidas. No hubo una valoración como está obligado el Tribunal en decir “sí te sirven, no te sirven”, “te las admito o no te las admito”. No hay un pronunciamiento al respecto sobre eso, y es otra violación al proceso.

-¿Entonces fue una omisión total?

-Exactamente, una omisión. Creemos que lo hicieron… bueno, no puedo decir con qué fin lo hicieron, pero no fueron válidas (las pruebas del PAN) y que es parte de la impugnación que estamos haciendo valer.

Detalló que el equipo legal blanquiazul presentó pruebas técnicas, testimoniales, fotográficas y documentales, como lo establece la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Quintana Roo, pero que no valoró el Tribunal Electoral del estado.

Si bien dijo que no puede asegurar que la priista Laura Fernández haya comprado votos, sí hay pruebas que indican que el Partido Verde Ecologista de México lo hizo.

“El Partido Verde compraron 480  personas, les prometieron mil pesos por su voto y una espensa a cada uno. Entonces, es una prueba de que está documentada en un video, está en un acta ante el Consejo Electoral y, sin embargo, el Teqroo tampoco valoró ni tomó en cuenta. Si te das cuenta ahí hay varias anomalías legales que estamos haciendo valer en la Sala Regional y estoy seguro que vamos a obtener el triunfo. No es una cuestión de presunción, sino de precisión, que se valoren las pruebas y todo”.

Kin aseguró que la actitud tanto del Ieqroo como del Teqroo violaron los principios constitucionales de neutralidad, equidad, legalidad y certeza durante la elección, por lo que buscan la nulidad de esos comicios.

Sobre qué harán en caso de que sus argumentos sean rechazados en la Sala Regional, ambos entrevistados coincidieron en que revisarán el fallo para ver si no habrá omisiones, pero de haberlas, acudirán a la Sala Superior del Tribunal Electoral federal.

Por Enrique Huerta

 Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal –subordinados al presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo– se negaron a intervenir en el proceso de entrega de una diligencia de embargo, ordenada por un juez, al diario Quequi, tras perder tres demandas de daño moral interpuestas por Eustacio Ordaz Paredes.

“En virtud de que la policía municipal no intervino, porque no se solicitó a tiempo, para la próxima vez recurriremos a la Gendarmería”, explicó el perito médico en asuntos jurídicos.

Y continuó: “Usted sabe que este periódico está protegido por el gobierno del estado, está super protegido, es más, fue el que usó para atacar al nuevo gobernador (Carlos Joaquín González). Lo uso a diestra y siniestra para decirle hasta lo que no al ciudadano electo gobernador. Lo que se les ocurrió, le dijeron. Éstos son sicarios”.

A mediodía del viernes se presentó el señor arriba mencionado y un equipo de abogados en las instalaciones de dicho periódico, acompañados de una funcionaria del Juzgado Primero Civil para entregar dicho documento. Sin embargo, se toparon con las rejas cerradas y con dos presuntos abogados del diario –quienes no se acreditaron– y de tres elementos de seguridad privada, quienes les negaron el paso.

Tras las rejas, en lo que vendría siendo el interior de las instalaciones de dicho diario, los abogados explicaban a la funcionaria que no podían recibir dichos documentos, debido a que el lote que indicaba donde se entregaría una diligencia de embargo.

Y es que el documento señalaba que debía entregarse en el lote 25, mientras que las instalaciones del Quequi cuentan con dos lotes que indican que son el 8 y el 10, por lo que indicaron que no podían recibir dicho aviso.

-Parece una argucia legaloide- se le preguntó

-Sí, sin duda. Digo que estamos con delincuentes. Estos señores son delincuentes, nos queda claro a todo el estado de Quintana Roo- respondió Ordaz Paredes.

-¿Qué sigue después de esto?

-Posiblemente una denuncia penal por ese manejo turbio y sucio que están haciendo.

-¿Solicitará la fuerza pública otra vez?

-Sí, sin duda- respondió Eustacio Ordaz, quien aseguró que no sabe cuándo volverán, ahora sí con la fuerza pública, porque eso depende del  “tiempo que tengan los juzgados”.

El estira y afloja argumental de la funcionaria y de los trabajadores del diario siguió más de una hora y media, ya que estos últimos señalaban que contaban con un documento que los amparaban de cualquier embargo.

“El amparo que presentaron los abogados del Quequi fue nada más con el efecto para que no los desposeyeran del inmueble, del edificio, nada más, en ese aspecto, mas no para la diligencia de embargo que estaba programada para hoy. Eso es todo. No podían realizarnos que no se realizara porque no se pueden amparar por algo que no ha sucedido todavía, que es el embargo, que son cosas muy diferentes. Eso es lo que quiero que quede claro”, explicó el abogado Javier Navarrete, quien forma parte del equipo legal que asesora a Ordaz Paredes.

Esta entrega de diligencia de embargo se dio entre duelo de cámaras. Mientras el equipo de Noticias Pedro Canché grababa el incidente, salió un empleado del diario y comenzó a grabar a quienes estaban el otro lado de la reja que separaba las instalaciones del periódico propiedad de José “Pepe” Gómez, y la calle.

Eustacio Ordaz explicó que ganó tres demandas por daño civil al Quequi por daño moral. Cada una de éstas por un millón de pesos y, aseguró, que todavía faltan más, pues interpuso otras 12 demandas en contra de este diario.

Mientras tanto, aseguró Ordaz: “(“Pepe” Gómez) está condenado al pago de 3 millones de pesos; un millón por cada demanda y son tres demandas”.

Y detalló que: “En todas estas demandas (12) estamos pidiendo una cantidad millonaria, que con todos sus bienes, no las paga. Le explico: en un caso mío estoy demandando un millón de pesos por cada periodicazo, y en este sentido estoy demandando: un millón de pesos como médico cirujano, un millón de pesos como médico anestesiólogo, un millón de pesos como perito médico cirujano, un millón de pesos como perito médico anestesiólogo, un millón de pesos como licenciado en Derecho, un millón de pesos como máster en Derecho Penal. Entonces, si usted le suma, estamos hablando como 70 u 80 millones de pesos. Entonces yo no sé cómo los va a pagar”.

El origen del pleito

 El denunciante en contra del diario Quequi, Eustacio Ordaz, señaló que los periodicazos salieron en 2012 y que continuaron hasta 2014, para sumar 70 periodicazos.

“Eran tres periodicazos a la semana, firmados por ‘El Chafirete’; eran los lunes, los miércoles y los viernes”.

Añadió que interpuso dicha denuncia a partir del año en el cual comenzaron los presuntos ataques, mientras que ayer interpuso una última denuncia.

“Los señores me echaron 70 periodicazos; en varios de ellos usaron mi fotografía”.

Señaló que dentro de las demandas contra el periódico propiedad de José “Pepe” Gómez, se encuentran el uso de su imagen sin autorización expresada.

Ahora, el equipo que representan a Ordaz aseguró que investigaran la dirección de las instalaciones del Quequi en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, ya que ahí vienen las direcciones o en Catastro, para averiguar la verdadera dirección del Quequi.

Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, informó que ya avisaron a los gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, Roberto Borge, Javier y César Duarte, sobre el inicio de su proceso en contra, el cual podría derivar en su expulsión de las filas del tricolor.

Asimismo, Elías Calles informó que la comisión que preside también admitió una solicitud contra el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien fue vinculado a proceso por uso indebido de funciones.

Luego de haber aceptado la solicitud de expulsión de estos cuatro políticos por presuntos actos de corrupción, la Comisión partidista pidió a los órganos estatales pruebas sobre los señalamientos en contra de ellos, según el diario Reforma.

“Se les pide recabar pruebas porque (el proceso) exige que presenten las pruebas. Las pruebas (de la denuncia) son las que le acompañan a la prensa, y le requerimos a cada Estado que nos informe”, indicó.

Detalló que hasta el momento las acusaciones se sustentan con trabajos periodísticos.

Los procedimientos son a raíz de denuncias presentadas por el consejero político nacional Armando Barajas, en las que pidió la suspensión de sus derechos como militantes y, en su caso, la expulsión de los cuatro priistas.

Sin precisar un plazo, señaló que, una vez que reciban la información, los mandatarios y Medina serán citados a una audiencia para que respondan a los alegatos en su contra, tras lo cual los siete miembros de la Comisión tomarán una decisión.

“Les tenemos que notificar que han sido denunciados y, como tenemos la obligación de darles el derecho de audiencia, estamos en proceso para entonces fijarles en su caso para que ellos puedan alegar lo que a su derecho convenga”, explicó.

En el caso de los gobernadores, la solicitud se basa en anomalías en sus gestiones, las cuales están por concluir, y denuncias interpuestas por la propia Auditoría Superior de la Federación.

Los estatutos del PRI y su Código de Justicia Partidaria establecen, entre las causales de expulsión, cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones públicas.

Para el caso de Medina, por estar sujeto a proceso, el Código señala que podría determinarse la suspensión temporal de sus derechos como militante en tanto se dicte una resolución definitiva.