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Habrá vivienda digna para quien más lo necesita: Carlos Joaquín

Chetumal.-VQ. Se promete a las personas necesitadas una vivienda digna de una persona, se identificarán a éstas mediante estudios socioeconómicos del estado de Quintana Roo

 

Chetumal.- “A través de una gestión eficiente en atención a la gente, como lo es la revisión de documentos y estudios socioeconómicos, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) vigila que los recursos públicos del ‘Programa de Acciones para la Vivienda Digna’ lleguen a quienes más lo necesitan”, informó hoy el gobernador Carlos Joaquín

“Hay gente que lleva más de 16 años esperando un lote para que pueda construir su casa o un programa para mejorar la que tiene y pueda vivir mejor con su familia, porque los gobiernos anteriores prefirieron beneficiar a un grupo de privilegiados a costa de las mayorías”, explicó el gobernador de Quintana Roo.

El gobernador de Quintana Roo indicó que, a través de este “Programa de Acciones para la Vivienda Digna”, se proyecta la aplicación en todo el estado de 10 mil 120 acciones en beneficio de igual número de familia. Nueve mil 420 de estas acciones corresponden a lotes con servicios y 700 ya están siendo destinadas como apoyos a la vivienda, consistentes en construcción de pisos, techos y paredes para que la gente tenga más y mejores oportunidades de vivir mejor.

De acuerdo con información de la SEDETUS, este año el programa contempla recursos del orden de los 100 millones de pesos para obras de infraestructura, calles, banquetas, drenaje, agua potable y energía eléctrica.

“La gente al fin accede a estos programas, porque este gobierno implementó una estrategia de combate a la corrupción y de rendición de cuentas para evitar que esos recursos se queden en manos de los funcionarios, como sucedió en el pasado. Ahora, con la revisión de documentos, su verificación y estudios socioeconómicos se da más y mejores oportunidades para que quienes más lo necesitan reciban beneficios de los programas”, añadió Carlos Joaquín.

La señora María Dolores Kantún Chim, beneficiaria del programa en la isla de Cozumel, señaló: “Llevo 16 años solicitando un terrenito para construir el patrimonio de mis hijos; he presentado toda la documentación y hoy estoy contenta, porque me avisaron que se me dará un lote con servicios. Qué bueno que ahora se le da a la gente que más lo necesita, nosotros tenemos más de 16 años en espera y de verdad lo necesitamos.”

“Se ve que el gobierno del cambio está dando prioridad a quien verdaderamente lo necesita. Por fin, después de 10 años de estar tramitando y cumpliendo con los requisitos, ya tendré un espacio propio donde construir mi vivienda; el programa es excelente, pues entregan los lotes con los servicios básicos”, expresó, por su parte, Carlos Alberto Manrique Acosta, beneficiario de Cozumel.

Carlos Joaquín dio a conocer que, actualmente, personal de la secretaría trabaja en la recepción de documentos, la gestión de recursos para obras de infraestructura y la atención a las familias que requieran de estos beneficios para, posteriormente, comenzar con la entrega de los mismos, bajo un proceso de transparencia y honestidad en el manejo de los recursos que garantice que se beneficie a la gente y no se queden en unas cuantas manos.

El titular de la SEDETUS Carlos Ríos Castellanos dio a conocer que, independientemente de las oficinas en Chetumal, Cancún y Cozumel, se han instalado módulos de atención y recepción de documentos en Tulum, Akumal y Playa del Carmen, donde el personal atiende a la ciudadanía.

Entre los requisitos que los solicitantes requieren para acceder a un lote con servicios figuran contar con la nacionalidad mexicana, ser mayor de 18 años, que tanto el solicitante como el cónyuge no cuenten con propiedad o posesión legal alguna y tener un mínimo de residencia de dos años en la localidad.

http://vocero.qroo.gob.mx/habra-vivienda-digna-para-quien-mas-lo-necesita-carlos-joaquin/

Revelan más corrupción y abusos en el IEEA de Quintana Roo

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Luego de que Pedro Canché Noticias revelara un reportaje sobre corrupción que impera en el Instituto Estatal de Educación para Adultos y Jóvenes (IEEA) de Quintana Roo, práctica transexenal permitida durante la fugaz incursión del ex perredista Rafael Quintana González y los 12 años del priista Francisco Novelo Ordóñez; se recibieron varias denuncias en cuenta electrónica señalando a funcionarios destituidos y vigentes en ese instituto que aupados en sus cargos públicos, incluso han presumido ser amistades personales del preso de Panamá, Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo. Tres denuncias que solicitaron omitir sus nombres por temor a represalias vinculan a Paulino Adame Torres, quien ingresó al IEEA el 16 de mayo de 2011 y fue renunciado en noviembre de 2016, así como a Julio de Jesús Méndez Paniagua. Ambos se ostentan con grado académico de licenciatura, pero según la indagatoria no lo son.

En el caso de Paulino Adame Torres, quien publica en su cuenta personal que recién ingresó a la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) en febrero de 2017, siendo coordinador de Zona 03 en Cancún e Isla Mujeres autorizó el pago durante más de dos años a una persona identificada en documentos como Margarita Santos Martínez, con clave SAMM77050807M5 con un salario quincenal de dos mil 500 pesos. “El hecho es que esta persona estuvo cobrando durante todo el tiempo que él estuvo en el cargo, pero sin hacer nada, sólo llegaba con mucha frecuencia a su oficina y allí se encerraban. Por horas”.

Margarita Santos Martínez cobraba como Técnico Docente en Cancún, pero las auditorías practicadas por la Secretaría de la Contraloría estatal y la Auditoría de la Federación durante el proceso de entrega-recepción del IEEA, no localizaron pruebas fehacientes de su productividad, ni siquiera de sus horarios de entrada o salida. Los documentos que constan la revisión tienen el aval de Ángel Rodríguez Tapia, quien fue enlace del Gobierno del Estado ante la Auditoría Superior de la Federación y el analista Alfredo Hernández May, en coparticipación con personal de la Dirección General de Auditoría de Recursos Federales Transferidos, encabezados por José Pilar Tristán Torres, Raymundo Montiel Patiño y Arnoldo Miramontes Flores. “Nadie la conocía en el área de su competencia”. Caso similar ocurrió con otro ex trabajador, identificado como Victoriano Zacarías Bazán Chan, quien se desempeñaba como chofer del coordinador Paulino Adame, pero el resto de los empleados lo recuerdan como un personaje que siempre dijo estar a cargo “de un rancho particular del licenciado Paulino”.

También señalan a Rogelio Canseco, quien fungió como Técnico Docente en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Cancún, de enfrentar demanda por acoso sexual a jóvenes internos y personal adscrito a la Coordinación de Zona 03 del IEEA; así como a Alejandro Argüello Lara, vinculado por la auditoría en falsificación de firmas en documentación de usuarios de servicios educativos del IEEA.

En julio de 2013, el ex presidente municipal de Isla Mujeres (2002-2005) Paulino Adame Torres se amparó para desaparecer sus antecedentes penales con miras a ocupar un cargo en la administración del priista Agapito Magaña Sánchez, quien derrotó en las urnas a la panista Alicia Ricalde Magaña. La intención la continuó hasta colocarse como coordinador de Zona 03 en Cancún e Isla Mujeres del IEEA de Quintana Roo.

En Isla Mujeres, municipio donde el gobierno ha sido catafixia entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), los isleños conocen que Paulino Adame es una hechura del ex gobernador Félix González Canto y un alfil dentro del pasado quinquenio, con Roberto Borge Angulo.

De acuerdo con expediente en poder de la Fiscalía General del Estado (FGE), en 2013 Paulino Adame buscaba anular antecedentes penales por sentencia ejecutoriada, que lo hizo responsable del delito de portación de arma de fuego sin licencia y que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos prevé y sanciona en su Artículo 81.

De Julio de Jesús Méndez Paniagua, actual coordinador de Zona 09 Benito Juárez, la fuente señala que ante el personal se ostenta con licenciatura, pero en realidad aún es estudiante de derecho en el sexto cuatrimestre de la Universidad Kukulkán, en Cancún, los días sábados en horario de 7 horas a 13 horas. “Pero él se siente licenciado y no lo es”.

Quizá en ese ánimo y pese a que según el formato de nómina Plantilla del Personal de Base, Confianza Federal, Confianza Estatal y Honorarios Estatal y Federal del IEEA, Julio de Jesús Méndez Paniagua percibe 19 mil pesos en efectivo (incluidos viáticos de gasolina), aún así envió a la Dirección de Tránsito municipal en Benito Juárez el oficio IEEA/DAJ/0021/2017 “SOLICITUD DE DESCUENTO DE TRÁNSITO” fechado el 24 de febrero de 2017, dirigido al C. Director Martín Guadalupe Estrada Sánchez, para que se condone o haga un descuento en la expedición de licencias de conducir a 11 trabajadores del instituto, entre los que se incluyó él mismo.

Según el oficio en poder de Pedro Canché Noticias, el coordinador José Julio Méndez Paniagua abogó para que les echaran la mano a: Dulce maría Vázquez Guadarrama, Gabriel Cervantes Palma, Vanessa Tlapa Martínez, Celeste morales Arias, Ángel Alfaro Poot, Guadalupe Morales Arias, Julio de Jesús Méndez Paniagua, Vicente Segovia Acevedo, José Manuel de Atocha Palma Durán, Brenda Torres Valencia y María de la Paz Mendoza Pérez.

Más aún. Según el sitio web www.mendezyasociados.com.mx, una firma de abogados con sede en Cancún, lo encabeza en su lista de prestadores de servicios profesionales Julio de Jesús Méndez Paniagua sólo que sin tener la validez legal para la práctica litigante. En el listado figuran también los licenciados: Carlos Ignacio Méndez Paniagua, Andrea Canales González, José Miguel Méndez Mena, Claudio Sánchez Torres, Óscar Carvallo Samperio, Rodrigo Taboada Jiménez, José Daniel Trejo May, Javier Navarrete Ortiz y Cristina del Carmen Rosado Zapata. “El buen juez por su casa empieza”, es el lema del bufete.

La nueva relación prensa-Carlos Joaquín

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POR BASILIO ARÉVALO

Publica el sitio web de La Jornada Maya –franquicia editorial que hoy alquila en Playa del Carmen la maquinaria, instalaciones y un reducto de trabajadores del extinto Diario Respuesta, propiedad de Roberto Borge con el que se hicieron macronegocios con dinero oficial—, una fotografía de la nueva relación de empresarios de medios de comunicación con el contador Carlos Joaquín González, el gobernador de Quintana Roo. El gobernador del cambio.

El fotoperiodista Fabrizio León Díez, que en su conocimiento inocuo de Quintana Roo involuntariamente redactó mal alguna información (incluso apellidos) en su crónica titulada “Nunca hay que dejar de informar”, muestra este martes 12 de septiembre una fotografía de su autoría en el desayuno y comida con Carlos Joaquín y empresarios de medios de comunicación, en el marco de su Primer Informe de Gobierno. Fabrizio retrata a la diestra del dueño del periódico QueQui.

La fotografía de León Díez, documentalista de nota roja y fotógrafo fundador del decano rotativo mexicano, omite las maquiavélicas estrategias empresariales de los personajes que han hecho increíble negocios con sus empresas de medios que al parecer ya son pocos los que ven, leen o escuchan. La lente de León Díez los muestra: los anquilosados, los enquistados y los nuevos en una nueva relación con el gobernador en turno. El experimentado ojo de León no capta (o no conoce) de los excesos empresariales que posiblemente habría de pagar esta nueva relación, ahora de Carlos Joaquín con los empresarios editoriales (3 ó 4 se autonombran magnates).

La fotografía llegó a mis redes sociales el pasado domingo. La veo publicada hoy, en el sitio web de La Jornada, mas no en el impreso que se paga alquilando la misma tinta que asestó la embestida principal de desprestigio al otrora candidato de la alternancia en Quintana Roo. No muestra la crónica de León que, esos empresarios, son ahora como las notas de una melodía que saben muy bien cómo cambiar de intérprete, soslayando los abusos cometidos contra su personal. O las falacias en las líneas editoriales y el papel y tinta pagado con dinero de los quintanarroenses. Un grupo de ellos, recién los he visto en los informes de los presidentes municipales. De líneas y empresas aupadas gobierno tras gobierno parecen ser ahora “íntimos” en esta nueva relación con Carlos Joaquín. Jocoso, haberlos visto retirarse en grupito. La escena no despierta más cuestionante sino ¿cuáles son los méritos de la nueva relación gobierno-medios que en resumen no se ven tanto, no se escuchan y menos se leen?

Filas atrás en el informe, los diputados priistas y verdes admiten que son “una nueva orquesta para atacar al PRI y al Verde” que antes fueron sus clientes. Sus primeros amos.

Cita la crónica de Fabrizio León que los directivos de periódicos, radio y televisión estuvieron con Carlos Joaquín en un desayuno el viernes 8 de septiembre, y en una comida el sábado, donde también acudieron 500 invitados en Chetumal. “Una amplia reunión con aroma de festejo y señales únicas, pues el gobernador representa un modelo exitoso de alianza opositora al PRI”.

El gobernador citó a la veintena de empresarios y responsables de la prensa estatal a los que prolijó ejemplos de lo que han publicado. Se basó en las “pruebas” (así lo llamó) mostradas por los Consulados particularmente de recortes de periódicos informando de manera alarmante los titulares sobre cualquier tipo de crimen registrado.

“Cuando sale en primera plana un asesinato sanguinario en esta zona, a quien afecta no es al gobernador, es a los hoteleros, restauranteros y demás trabajadores del ramo”, subrayó Carlos Joaquín cuando estaba por terminar el desayuno.

Pedro Canché, periodista y activista maya (reprimido por el borgismo) fue uno de los primeros en exhibir la anterior relación de los empresarios de medios con el gobernador. Algunos evolucionaron, otros asumieron el mediano o bajo perfil y otros fulguran ya como los promisorios y millonarios dueños de un medio. Editora de Medios MAPA, S.A. de C.V., representada por Norma Madero Jiménez, con el gobierno del cambio cobra un millón 392 mil pesos mensuales. Aparece en la fotografía detrás de Carlos Joaquín. Televisora de Cancún. Televisora de Cancún, S.A. de C.V. propiedad de Grupo SIPSE, representada por Gerardo Gabriel García Gamboa. No aparece en la fotografía de Fabrizio León, pero sí el gerente general Marco Lozano Ocman, funcionario del gobierno de Félix González Canto, que vía Novedades Quintana Roo cobra al gobierno del cambio un convenio de 2 millones 875 mil 73 pesos pagaderos a través del contralor del rotativo Marco Briseño Narváez. Pero también cobran al gobierno del cambio a través del proyecto Novedades Chetumal, facturas tramitadas por Denise Loría Acevedo. Meta Medio, S.C. la camaleónica firma del ex presidente municipal interino de Benito Juárez, Carlos Canabal Ruiz, que aunque no aparece claro cuánto se embolsa del gobierno del cambio al menos en el listado que paga el Congreso de Quintana Roo aparece con 232 mil pesos mensuales. Una fuente al interior de la Contraloría estatal señala que podría ser también el propietario de Megapublicidad Distribución, S.A. de C.V., firma que también cobra 232 mil pesos mensuales. Periodistas que trabajaron en el rotativo La Verdad Quintana Roo, propiedad del cuestionado Carlos Canabal, sostienen que es relativo el monto de lo que acostumbra cobrar “es el mismo tabulador ayuntamiento por ayuntamiento. Es una forma de juntar una millonada”. Carlos Canabal Ruiz, abogado de nexos conocidos con Félix González y Roberto Borge, está retratado en el primer asiento de izquierda a derecha. Detrás de él la directora de Radio Ayuntamiento durante el trienio porril de Paúl Carrillo de Cáceres en Cancún y coordinadora de Cancún para el periódico de Borge, Respuesta: La esbelta Irma Ribbon fue favorecida con una Subdirección Editorial en lo que era el semanario La Voz de Quintana Roo. Irma se sacó la rifa del tigre tras la desastrosa intervención de un “maestro periodista” para encaminar el Quintana Roo Hoy que terminó por ahuyentar a los directivos fundacionales. Este rotativo cobra en el gobierno del cambio, supuestamente 181 mil 200 pesos mensuales, aunque el anhelo del propietario, el periodista (al que algunos llaman “bucanero del periodismo) Miguel Cantón Zetina es alcanzar los más de dos millones de pesos que cobra SIPSE. Falta en esa fotografía el naciente “periodista” Amir Ibrahim, autoerigido editorialista del QH de Cantón y del Novedades que a través de un ‘socio’ en el gobierno del cambio, ha trascendido ser beneficiado con un lucrativo convenio. No luce en el retrato orondo porque debido a lo que “escribe” está fuera del estado, supuestamente bajo amenazas. Fuera de Quintana Roo, con custodia y rentas pagadas con dinero público.

Para el gobierno del cambio, José Alberto Gómez Álvarez, del periódico QueQui, constituyó Grupo Informático Cancún, S.A. de C.V. El gobierno del cambio le aporta un millón 160 mil pesos mensuales (Pepe Gómez abraza a Marco Lozano en la fotografía). Cinco posiciones a la derecha y con su clásica pose faraónica la articulista Yolanda Montalvo, del Diario Imagen Q. Roo S.A. de C.V. representado por Jorge Ibarra Magaña que cobra 380 mil pesos por difundir el gobierno del cambio, aunque desde su llegada en 2011 a Quintana Roo tras la ruptura de sociedad entre Samuel Cantón Zetina y Jorge Luis Montañez Aguilar, el verdadero dueño de Diario Imagen ofrecieron tapete y mosaico al PRI y a Roberto Borge. En el Estado de México, donde nació este rotativo, es conocido que su circulación es expresa para las dependencias, de forma gratuita. Es un rotativo que nace en cada sexenio y ha sido de los más favorecidos por el grupo de Enrique Peña Nieto.

Compañía Editorial del Sureste, representada por Enrique Puga Sansores, pero como dueño principal del Diario de Quintana Roo a Luis Antonio Contreras Castillo factura al gobierno del cambio un millón 160 mil pesos mensuales.

Cuando Pedro Canché solicitó documentar la fotografía no hice sino confesarle el profuso dolor de cabeza provocado. Cual si fuera una réplica telúrica, siento aún el mismo desagrado. Artículo 19 cita que es legal y es legítimo constitucionalmente devengar un recurso por la difusión de información oficial. Lo que no es legal es el exceso empresarial a costa de los trabajadores. En noviembre de 2016, el gobernador Carlos Joaquín subrayó al firmar la autorización para la firma de una plataforma de transparencia para el ejercicio de dinero público destinado a la comunicación social: “No más excesos en el gasto de publicidad en Quintana Roo. Este gobierno tiene que dar confianza y certeza a los ciudadanos”. Sea, pues.

 

Reingeniería administrativa, la infamia del borguismo

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POR BASILIO ARÉVALO.- El 2 de octubre de 2013, con la puesta en vigor del Decreto 306, el quinquenio de Roberto Borge Angulo inició la “reingeniería administrativa” cuyo objetivo toral fue echar a la calle a por lo menos mil 600 burócratas de los 16 mil que conformaban (en esa fecha) la administración de gobierno en Quintana Roo.

Dos meses antes, en agosto de ese año, el ex gobernador había anunciado que reduciría su salario, cosa que no hizo; en contraparte, lo que en el cinismo de su conducta política calificó como una “dura decisión”, provocó que para 2014 se registraran suicidios de personas por los despidos, aumento de enfermedades mentales, con altos índices de depresión y estrés, así como la pérdida patrimonial entre los más de dos mil 500 quintanarroenses que finalmente fueron despedidos, de los cuales algunos recurrieron al Poder Legislativo del Estado para ser reubicados porque habían casos de ex empleados que estaban a punto de llegar a la jubilación que por ley les correspondía.

De ese numeroso grupo de ciudadanos que fueron burócratas de toda la vida, 37 que laboraban en dependencias del Poder Ejecutivo durante el inicio de la recta final del borguismo, en nombre de sus demás compañeros acudieron ante los diputados del Congreso local para pedir apoyo a fin de que fueran reinstalados porque en muchos casos, por su edad, no habían obtenido otro trabajo, e incluso, argumentaron que con su experiencia podían apoyar al nuevo gobierno.

El secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría fue uno de los primeros responsables de consecuentar la infamia del borguismo. El autor de cínicas expresiones como “¡Félix no engañó a nadie!”, en referencia a las torvas estrategias políticas de su anterior patrón, Félix González Canto, gobernador de Quintana Roo antes que Roberto Borge, dijo que la reingeniería incluiría el despido del 8% de los 16 mil burócratas, “no más”, señalaba al reconocer que el gasto del gobierno era superior a los ingresos.

En julio de 2013, siendo diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN) Yolanda Garmendía Hernández denunció que entre 2005 y 2012 –los gobiernos de Félix González y Roberto Borge– se habían creado 12 nuevos órganos de gobierno que hacían mucho más gruesa e ineficiente la administración estatal, ya que le costaban al gobierno 600 millones de pesos adicionales en gasto operacional, declaró.

La esposa del ese entonces titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Salvador Arizmendi, subrayó que los órganos de gobierno saturados eran: Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública, la Unidad Especializada en Conservación de Playas y Sistemas Costeros; Secretaría de Cultura, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado, Secretaría del Desarrollo Social, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Urbano y la Procuraduría de Protección al Ambiente.

El 13 de agosto, el gobierno de Borge precisó que entre los órganos a desaparecer o fusionar estaban en la lista el Instituto de Fomento a la Vivienda del Estado (INFOVIR) que por mucho tiempo encabezó el porro Paul Carrillo de Cáceres, ex edil de Cancún y ex diputado local. El Consejo Estatal de Población, donde se empleó al hermano de Raymundo King de la Rosa, ex diputado federal y dirigente actual del Partido Revolucionario Institucional (PRI); la Comisión de Energía, la Comisión de Mejora Regulatoria, el Instituto Forestal de Quintana Roo, la Comisión para el Desarrollo de la Etnia Maya y Comunidades Indígenas, el Consejo de Planeación del Desarrollo estatal y el Fondo para el Desarrollo Económico.

El despido masivo, acción impregnada de soberbia, insensibilidad e infamia de Borge Angulo inició con correr a 400 empleados del INFOVIR; luego, otros 400 de la Secretaría de Cultura, donde estaba empleada la hoy diputada federal priista Arlet Mólgora Glover, que tampoco hizo por defender el patrimonio de los quintanarroenses que le dieron su voto, por el contrario, los humillaron incluso impidiéndoles el acceso a su centro de trabajo. Nótese: de una plantilla laboral de 546 trabajadores, sólo 100 conservaron el empleo y fueron reubicados dentro de lo que fue la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), la mayoría eran empleados sindicalizados.

La reingeniería administrativa fundamentalmente fue la desaparición de entidades públicas y el despido masivo de burócratas. Para muchos de los quintanarroenses, sobre todo para los que fueron cesados de la administración estatal no hubo ninguna justificación para racionalizar el gasto o profesionalizar el servicio público. Por el contrario, se trato de un intento de exprimir las arcas del estado para el dispendio de los favoritos, para la dilapidación del dinero público a manos de un grupo de borguistas que ofendieron y lastimaron a la ciudadanía, que pagó con el castigo en las urnas y generó por vez primera la alternancia política en la entidad.

MENDICUTI Y PAUL

Las quejas por las supuestas liquidaciones de ley que el Gobierno de Borge daría a los burócratas sucedieron en cascada. Decenas de empleados despedidos del gobierno denunciaron que tras 20 años de servicio les ofrecían liquidar con 75 mil pesos, cuando por ley correspondía más de 180 mil pesos.

Pero la reingeniería administrativa de Borge también incluyó reducir el 25% del salario del gobernador y funcionarios de la primera línea del gabinete, cosa que mucho se dijo no sucedió. Con la medida, Borge dijo que se ahorrarían 400 millones de pesos por año, 200 millones de pesos por fusión de dependencias y 188.6 millones de pesos por la aplicación del tabulador en el rubro de servicios personales. De todas estas acciones, el entonces secretario de Gobierno Gabriel Mendicuti Loría eludió toas y cada una, aduciendo que era una medida urgente que estaba aplicándose en todo el país.

Por su parte, Paul Carrillo de Cáceres, como presidente municipal de Benito Juárez donde se encuentra la ciudad turística de Cancún, siguiendo las órdenes de su jefe, Roberto Borge, echó a la calle a 700 burócratas. Llamó la atención que la mayoría fueron empleados que no pertenecían al Partido Revolucionario Institucional, instituto político al que pertenece Paul Carrillo. Incluso, el grupo de despedidos exigió que se revisaran los directorios de las dependencias municipales y se acudiera a constatar en los eventos públicos quiénes eran los que aparecían o llegaban a dichos eventos.

CHARITO ORTIZ YELADAQUI

La chetumaleña Rosario Ortiz Yeladaqui, perteneciente a la vieja escuela y amplia conocedora de las prácticas de la clase política, fungió como Oficial Mayor de Gobierno de Quintana Roo y ha vivido minimizando los reclamos que aún realizan más de mil personas que se desempeñaron en la burocracia, mujeres y hombres que fueron despedidos por la llamada “reingeniería administrativa” que impuso el hoy recluso Roberto Borge Angulo.

La también favorita del sexenio del ex gobernador Félix González ha dicho que está dispuesta a pagar el costo político de lo que denominó ajustes presupuestales al liquidar a miles de personas que, en sus propias palabras, calificó como “no son indispensables en la administración”.

Charito, como le llaman, goza de una holgada situación económica que le ha permitido señalar tal expresión. Sin embargo, en este “ajuste presupuestal” no consideró nunca a sus hermanos a quienes los chetumaleños han conocido siempre como “aviadores”. Trascendió que en esa lista de desempleados nunca figuró su hermano Rubén “Memin” Ortiz Yeladaqui, identificado por no pararse nunca en dependencia alguna para trabajar, a sabiendas que su negocio principal son la instalación y operación de bares con el respaldo de Charito. En el colmo del cinismo, el Gobierno del Estado lo premió con un reconocimiento por 20 años al servicio de la administración pública, cobrando un estímulo económico por 35 mil pesos.

En la lista de “gente no indispensable a la administración” tampoco apareció su hermana Neria Ortiz Yeladaqui, con sueldo de Subdirectora en la Secretaría de Cultura. Cuando Nora Jiménez de León fue directora administrativa del Instituto Quintanarroense de Cultura (IQC), Neria fue despedida por fraude y recibió una ofensiva liquidación, pero arropada por su hermana Rosario fue reinscrita en una lista de cobradores sin trabajar en la misma dependencia, respetándose su antigüedad como si el hecho no se hubiera registrado.

Ha trascendido que hay más familiares de Charito en la nómina estatal, en diversas dependencias. Rosario tiene más de dos décadas gozando de las comodidades que provee el erario público. Fue presidenta municipal de Othón P. Blanco de 1990 a 1993. Diputada local por el Distrito I de la Décima Legislatura del Congreso de 2002 a 2005. Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), directora del extinto Instituto de Fomento a la Vivienda (Infovir) cargo que ocupó hasta 2006 cuando Félix González la nombró secretaria de Gobierno estatal. También fue diputada federal por el Distrito II de Quintana Roo y oficial mayor del Gobierno del Estado incluso en el quinquenio de Roberto Borge Angulo, cargo en el que demostró inoperancia y sumisión.

Recientemente, en julio de 2017, fue vinculada como la responsable directa de la autorización de un contrato millonario para asignar miles de mochilas de útiles y paquetes escolares a siete mil trabajadores del Gobierno del Estado en 2015 y 2014.

Autoridades llaman a evitar el pánico en Holbox

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No caer en pánico en Holbox: Portilla

 

El período veraniego de julio-agosto representa para la isla de Holbox, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, un tránsito de 10 mil personas en un promedio de 3 a cinco días; la población es de dos mil 500 habitantes nativos y trabajadores dedicados a la industria turística.

A la problemática registrada que mantuvo en jaque a la isla el Gobierno del Estado hizo una atención inmediata, enfatiza Jorge Portilla Mánica, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA) entrevistado por este periódico digital apenas retornando de una jornada de 26 horas atendiendo el tema en la isla y emprendiendo el camino hacia Bacalar, adonde acude a otra encomienda del Ejecutivo.

El funcionario estatal señaló que el enfado entre la comunidad se debe a muchos años de rezago, pero la apertura del gobierno de Carlos Joaquín hace que ahora los quintanarroenses puedan exigir las cosas “eso no ocurría antes”.

Explicó que la primera línea del Gabinete se está apersonando. “Dimos la cara, obviamente el gobernador está 100% en contacto con nosotros durante el proceso de las platicas y la instrucción es darle la atención pertinente sin escatimar ninguna situación, pero no caer en pánico porque sí lo tenemos controlado”.

Expresó que se está cumpliendo y que se tiene una coordinación entre todas las dependencias, de manera cercana con la comunidad, escuchando y resolviendo las situaciones que se vayan registrando.

Descartó que exista una parálisis en el flujo de turismo. aclaró que se hará un estudio de carga de la isla porque se venía haciendo un desarrollo desmedido, el cual a final de cuentas significa un riesgo. En ese sentido, precisó que la gran campaña de promoción turística hecha para el Estado “ha estado rindiendo frutos y Holbox es un sitio importante turístico en Quintana Roo que día a día recibe a muchísimos turistas que llegan a disfrutar de ese maravilloso lugar”.

–¿Qué acciones se tomaron?

Nos coordinamos los diferentes Secretarios del Gabinete del Gobernador para darle la atención que merece esta ínsula, en la cual estaban en una etapa que necesitaban el apoyo 100% del Gobierno del Estado. Nos dirigimos con Sefiplan, con el director de CAPA y el subsecretario de Gobierno por instrucción del secretario Francisco López Mena y tuvimos las reuniones con los sectores de la isla.

-El agua potable, secretario

Nosotros ya habíamos previsto la situación de poder mandar pipas de agua potable por situaciones que se venían dando de falta del vital líquido. Se ha estado suministrando el recurso a través de pipas y así lo seguiremos haciendo hasta que se resuelva el tema.

-¿Qué mecánica utilizan, apoyo del ferry?

Tenemos el total apoyo del ferry: hay dos empresas una trabaja con nosotros las 24 horas para no dejar sin el servicio a la isla. A través de la CAPA se estarán haciendo los estudios pertinentes para ver qué es lo que pasó porque no habíamos tenido esta emergencia.

-¿La demanda rebasó el tema del agua potable o alguien se aprovechó?

En reuniones con empresarios hoteleros y diferentes sectores en Holbox nos manifestaban que habían personas que conectaban bombas a la red y eso que no estaban previstas en el consumo de la isla. Se le va a dar especial atención a todos y cada uno. Estuvo con nosotros el Superintendente de CFE para darle una atención especial y es  parte de los compromisos atención hubo compromisos signados ayer.

 

El equipo de Carlos Joaquín se pinta de azul

El equipo de Carlos Joaquín se pinta de azul

*David Pérez

A casi dos meses de que la coalición PAN-PRD se hiciera de la gubernatura de Quintana Roo de la mano del expriista Carlos Joaquín González, el gobernador electo presentó su equipo de transición donde los políticos de Acción Nacional y empresarios se hicieron de la mayoría de los cargos.

Para nadie fue una sorpresa. Aun cuando el sol azteca tendió el puente con el hermano del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, para que éste fuera su candidato, pero fue el PAN quien se hizo del control de la campaña y posicionó a Joaquín González como uno de los suyos.

El evento de presentación del equipo de transición tuvo que cambiar de sede por la expectación que causo el anuncio. A casi dos meses de tomar el cargo Carlos Joaquín comenzó a deslizar nombres y responsabilidades en un estado marcado por la persecución política, el desvió de recursos públicos y la falta de resultados en el rubro social.

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Carlos Joaquín macó la línea desde el principio, el coordinador del equipo de transición será Francisco López Mena, empresario y un ícono del panismo en Quintana Roo, diputado federal y candidato a gobernador. Una designación que evitará envidias en su equipo interno y un guiño para los panistas de mayor tradición en la península.

En tanto, diversos liderazgos perredistas se hicieron presentes en el salón sólo para constatar que en todo el equipo del próximo gobernador sólo habrá dos representantes, Julián Ricalde, ex presidente municipal de Benito Juárez y Gerardo Mora, cuyo mayor logro fuer ser el candidato a gobernador cuando Gregorio Sánchez fue a la cárcel.

Entre los perfiles que se manejaban para la secretaría de Gobierno fue Ricalde Magaña, el designado a la vinculación con esta área. En tanto que Miguel Ramón se encargará de la vinculación legislativa y el expriista Jesús Pool llevará a cabo los trabajos directamente con los gobiernos municipales.

También estuvieron los empresarios. Lejos de los Chapur y el Grupo Xcaret, quienes fueron de los grandes beneficiarios del sexenio de Roberto Borge Angulo.  Los que aparecieron fueron Juan Vergara, empresario turístico y de medios proveniente de Puebla; Máximo García Rocha, ex director de Turismo en Cancún y empresario del ramo;  Jorge Portilla Manica, hotelero de Tulum y Manuel García Jurado, empresario restaurantero con presencia en toda la península con su cadena La Parrilla.

Asimismo quedaron relegados los representantes del sur del estado; ahí está Candy Raygoza como enlace de desarrollo social: Martha Silva coordinadora de la mesa de expertos; Pedro Pérez enlace de desarrollo rural y Manuel Alamilla Ceballos, enlace con la Oficialía Mayor.